EDITORIAL: La prioridad nacional, cuando el bienestar deja de ser universal
La llamada “prioridad nacional” empezó a adquirir relevancia pública en el mes de abril con el acuerdo entre PP y VOX para investir a María Guardiola como presidenta de Extremadura. Desde entonces, se ha extendido a Aragón, Castilla-León y finalmente, también, a Andalucía con la entrada de VOX en el gobierno y un acuerdo de 150 medidas. Además de la incorporación en los presupuestos en la Comunidad Valenciana.
Como es conocido, el pacto firmado en Extremadura y que se replica para el resto de comunidades, también para Andalucía, viene recogido así: “Promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. Este mismo principio se aplicará para el acceso a la vivienda protegida y el alquiler social en el pacto firmado en Andalucía.
La prioridad nacional no habla solo de economía o gestión, sino de quién merece la protección del Estado. Vincula bienestar social con pertenencia nacional, no con residencia o necesidad.
La justificación de este principio es la supuesta escasez de recursos para sostener el Estado del bienestar. Desde esta perspectiva, la acción política debería evitar el colapso de servicios públicos ya tensionados como la sanidad, la educación o el acceso a la vivienda. Para ello, VOX sitúa la línea de exclusión en la nacionalidad española y el PP la desplaza hacia un concepto más difuso como el “arraigo”.
Conviene recordar que la “prioridad nacional” no es una invención de VOX, sino una seña de identidad de toda la extrema derecha europea desde hace décadas. Fue utilizada por primera vez, hace medio siglo, por el Frente Nacional francés y ha sido asumido como propio por el conjunto de la extrema derecha europea. Lemas como “primero los neerlandeses” o “primero los alemanes” han sido empleados por el Partido de la Libertad (PVV) o Alternativa por Alemania (Afd). En España, ideas similares han sido defendidas por grupos como España 2000 o por Hogar Social. No obstante, quien logró mayor éxito electoral con este planteamiento fue Josep Anglada, cuya Plataforma per Catalunya obtuvo 67 concejales en las elecciones municipales de 2011 con el lema “Primer, els de casa”.
Este enfoque también conecta con la corriente del “nativismo”, muy presente en ciertos sectores del movimiento MAGA en Estados Unidos, que combina nacionalismo y xenofobia, así como con el concepto de “welfare chauvinism” (chovinismo del bienestar), surgido en los países escandinavos y que ha influido no sólo en la extrema derecha del norte de Europa, sino también en sectores de la socialdemocracia.
¿Qué influencia tiene esta propuesta de VOX?
El mensaje de VOX cala más de lo que sectores de izquierda suponen. En el CIS de mayo se recoge que la propuesta de “prioridad nacional” es apoyada por el 44, 6% de los encuestados. Es decir, casi la mitad están de acuerdo o muy de acuerdo con que las políticas sociales se inspiren en este principio.
La propuesta de VOX está llena de supuestos implícitos que conectan con ideas, sentimientos y percepciones de la gente vinculadas tanto a la construcción histórica de los Estados nación como a la experiencia de crisis del Estado del bienestar. Son estos supuestos los que hacen que esta pueda aparecer como algo normal, natural (primaria), para algunos sectores de la población no necesariamente alineados con los principios de la extrema derecha.
En la iniciativa de VOX se contraponen dos concepciones de nación. Por un lado, una nación de carácter étnico, excluyente y particularista, donde la solidaridad se limita al grupo de pertenencia. Por otro, una nación democrática, construida, cívica, e inclusiva, basada en la ciudadanía y con proyección universalista. Para legitimar la primera, se construye un cierto paralelismo entre nación étnica (comunidad imaginada) y familia y amigos para presentar la prioridad nacional como algo normal. Es decir, en determinadas situaciones, nos comportamos sintiendo que tenemos “obligaciones especiales” hacia los familiares o amigos por los vínculos afectivos o relacionales que tenemos con ellos. Es lo que quería decir Le Pen (padre) cuando dijo “Yo quiero más a mis hijas que a mis sobrinas, y más a mis sobrinas que a mis primas, y más a mis primas que a mis vecinas” para justificar la idea de preferencia nacional de los franceses frente a las personas extranjeras.
Contrarrestar estos sentimientos no es fácil y acusar de racistas a las personas que los compartan no parece buena idea. También parece insuficiente decir que la propuesta no es constitucional, aunque sea verdad.
No se puede obviar la contradicción inherente a los Estados nación entre la lógica más excluyente y la lógica más universalista que atraviesa nuestro sistema político. Tras la Segunda Guerra Mundial, con la descolonización y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta tensión basculó en favor del universalismo. La idea de prioridad nacional es un retroceso en derechos respecto de los regímenes de protección social europeos construidos en la posguerra. Los llamados sistemas “universalistas” basados en la ciudadanía y la igualdad y no en la pertenencia a un grupo étnico determinado o nacionalidad. Una tendencia reforzada por la legislación internacional. En estos sistemas de redistribución, el criterio fundamental no es la nacionalidad del solicitante, sino sus necesidades. Hoy, esa conquista está en riesgo.
Junto a la concepción étnica de la comunidad política, el otro debate que se plantea es la relación entre Estado del bienestar y migración. La propuesta de VOX parte de suponer que existe una presión excesiva por parte de la población inmigrante (invasión) sobre los recursos públicos, alimentando la percepción de escasez. La respuesta es priorizar a los nacionales. Este enfoque no es nuevo, en otras ocasiones se ha expresado bajo la forma de inmigrantes “deseados” (los que aportan) o “no deseados” (son más un gasto). Aunque el debate adoptaba un formato técnico, de balance fiscal, conseguía hacer del Estado del bienestar un mecanismo de regulación migratoria, determinando cuántos inmigrantes podía acoger un país.
Sin embargo, lo que ahora se propone no es mejorar el sistema sino fragmentar el ya frágil principio de igualdad, estableciendo una jerarquía de derechos sociales en función de la pertenencia nacional que ahondaría la desigualdad existente. De tal forma que habrá ciudadanos de primera (la de los españoles), y una ciudadanía de segunda, la de las personas extranjeras y sus descendientes.
Además, VOX echa por la borda los esfuerzos que han hecho las personas migrantes en su proceso de integración y todos los años que llevan viviendo en España. Desprecia e ignora que los esquemas de bienestar son los principales mecanismos institucionales que intervienen en la integración social de las personas inmigradas y que el modo de entender la ciudadanía y la nacionalidad lo conforman, no solo las reglas de admisión y pertenencia a esta comunidad, sino también el trato y las oportunidades de inclusión que reciben los extranjeros asentados en el territorio nacional.
La "prioridad nacional", en cambio, congela al inmigrante en una identidad de origen permanente e inalterable, como si de un estamento estanco se tratara. Queda relegado a una posición inferior de forma estructural. No importa si aprende la lengua, si cotiza, si escolariza a sus hijos, si se integra en los códigos del país.
Aunque es fácil desmontar con datos estas ideas, no convendría obviar las transformaciones demográficas que está experimentando la sociedad española en este primer cuarto del XXI tanto por su intensidad como por su rapidez, y que no tienen parangón en ningún país europeo. Cambios que si no van acompañado de un refuerzo adecuado de los servicios públicos pueden generar tensiones y malestar social.
Además de los efectos nefastos señalados, la propuesta tanto de VOX como del PP no deja de presentar algunas paradojas difíciles de sostener.
¿Va a obligar VOX a los españoles que están en paro a trabajar en sectores con escasez de mano de obra, como el campo, restauración, el trabajo del hogar o del cuidado?. ¿La prioridad nacional también significa esto?
¿Puede un partido como Aliança Catalana acabar aplicando en Cataluña los principios de “prioridad nacional” y arraigo para discriminar al resto de los españoles?.
¿Se puede discriminar a aquellos españoles que por las razones que sean se desplacen a otras CCAA y su arraigo sea menor que el de otros españoles?
Algo parecido a la paradoja anterior es lo que ha ocurrido al admitir el TSJC a trámite una demanda contra el Gobierno de Canarias por su “prioridad nacional” en el tema del acceso a la vivienda pública, al exigir “residir en la Comunidad Autónoma de Canarias y acreditar una residencia ininterrumpida de al menos 12 años, o bien de 15 años si la residencia ha sido interrumpida”.
Es decir, ¿qué impediría que ese mismo criterio se volviera contra los propios españoles en otros contextos?
De lo que estamos hablando es de qué proyecto de sociedad y de país queremos construir. Está en juego qué modelo de convivencia queremos, así como los valores que van a guiar nuestras políticas, nuestras instituciones y nuestras relaciones como ciudadanos. Si uno, que avance en igualdad, inclusión, solidaridad como principio básico de cohesión social y que no deje a nadie atrás independientemente de su origen, condición social o circunstancias personales. U otro, que consolide privilegios en función de la pertenencia a determinados grupos, que profundice las desigualdades y que sea discriminatorio y racista.
EDITORIAL: Elecciones europeas. Y ahora, ¿qué?
Los resultados electorales en la UE muestran datos relevantes respecto a la composición de la Eurocámara que invitan a la reflexión sobre el futuro europeo.
Primero, si bien la suma de populares, socialdemócratas y liberales supone mantener la mayoría del 55% (396 miembros), hay que señalar la subida del Partido Popular Europeo hasta los 189 escaños (182 en 2019), mientras que bajan notablemente tanto los socialdemócratas hasta los 135 (154 en 2019), como los liberales a los 79 (108 en 2019).
Segundo, la extrema derecha logra avances importantes, siendo la fuerza más votada en seis países (Francia, Italia, Hungría, Austria, Bélgica y Eslovenia), y alcanzando el segundo puesto en otros seis países (Alemania, Polonia, Países Bajos, Rumania, Chequia y Eslovaquia). Son destacables los casos de Francia y Alemania. En el caso francés, la victoria de Reagrupamiento Nacional (Le Pen) ha provocado la convocatoria de elecciones en Francia. En Alemania, donde la Alianza para Alemania (AfD) ha sido la segunda fuerza tras la derecha del CDU, pero primera en todos los territorios de la antigua Alemania del Este, deja al actual gobierno de coalición en una debilidad manifiesta. Pero también su presencia parlamentaria podría alcanzar la cifra de 180 escaños juntando a los grupos de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), Identidad y Democracia (ID), y los no inscritos de Alternativa para Alemania (AfD), la húngara Fidesz de Orbán, Se Acabo la Fiesta del español Alvise, y otras formaciones del Este. Esto supondría tener una representación del 25% del Parlamento Europeo.
Tercero, el retroceso sufrido por los grupos de Verdes/Alianza por Europa, que pasa de 74 a 53 miembros, o de The Left-La Izquierda, con 36 escaños obtenidos frente a los 41 de la última contienda electoral, supone un importante traspiés para el desarrollo de políticas medioambientales o de defensa de los derechos humanos. En definitiva, se produce un retroceso de las fuerzas progresistas y un avance de las fuerzas de derecha y extrema derecha.
Cuarto, en lo que se refiere al estado español, la contienda electoral se salda a favor del PP con 22 representantes (9 más que en 2019), pero no ha logrado su ansiada victoria aplastante sobre el PSOE, que obtiene 20 escaños (uno menos que en 2019). Por lo demás, lo más llamativo es la irrupción del ultraderechista Alvise con su partido Se Acabo la Fiesta, ya que logra tres representantes, y alcanza los 800.000 votos. También Vox se sitúa como tercera fuerza con seis escaños. Mientras que los grupos coaligados de ámbito territorial mantienen su representación (3 para Ahora Repúblicas, 1 para Junts, y 1 para CEUS), el fracaso de Sumar y de Podemos con tres y dos miembros electos respectivamente ha generado una importante crisis en la izquierda española no perteneciente al PSOE.
Este panorama suscita interrogantes sobre cuáles pueden ser las tendencias respecto al desarrollo de la construcción europea, pero también invita a la reflexión acerca del avance de la ultraderecha y, en concreto, al fenómeno de Se Acabó la Fiesta o la AdF alemana, así como la relación entre el voto juvenil y la ultraderecha. Y es evidente la necesaria revisión crítica dentro de la izquierda no socialdemócrata, así como de las fuerzas medioambientalistas.
Así, si bien el acuerdo de la mayoría parlamentaria para la candidatura a los cargos de presidencia de la Comisión (Von der Layen), del Consejo (Costa) y Alta representación exterior (Kallas), puede significar cierta garantía de continuidad, la presión desde el PPE para adquirir mayor representación en los niveles dirigentes, y la exigencia desde los grupos de ultraderecha para obtener representación institucional, son contrapesos a tener muy en cuenta, ya que no es descartable alianzas entre unos y otros grupos para producir giros importantes en los temas que debe afrontar la UE. Pero, sobre todo, el objetivo de la ultraderecha es transformar la UE desde dentro, asentando unos valores contrarios a los que constituyen las bases de la construcción europea. El recientemente aprobado Pacto Europeo de Migraciones y Asilo es una buena muestra de esa influencia del modelo europeo como un ente étnico-cultural homogéneo, que rechaza la inmigración y cierra las fronteras. O la oposición frontal al Pacto Verde, aprovechando el descontento de agricultores por la PAC, fomentando el negacionismo climático. Esto se refuerza con el hecho de que la ultraderecha gobierna en Italia, Hungría y lo va a hacer en Países Bajos. Además, en Croacia, Eslovaquia y Finlandia forma parte de la coalición gubernamental con la derecha tradicional. La posición de estos gobiernos puede afectar a las decisiones comunitarias, por lo que es clave lo que ocurra en Francia, cuyo resultado electoral puede dar lugar a un gobierno de la ultraderecha con una presidencia macronista, y en Alemania. Estos dos países han sido el motor de Europa con un peso importante en la trayectoria comunitaria.
Los partidos de la izquierda europea y los ecologistas se enfrentan a una realidad compleja y desfavorable. Los primeros, si bien han mejorado en Portugal e Italia, han tenido un descenso que debilita su protagonismo en la Eurocámara. Los segundos han sufrido un mayor descalabro, sobre todo en Alemania. En todo caso, ambos tienen ante sí la defensa de los derechos humanos, de un pacto verde para un desarrollo medioambiental equilibrado, de unas condiciones de vida dignas garantizadas por el estado del bienestar o el combate contra la Europa Fortaleza que rechaza la inmigración.
En el caso español, la división de la izquierda del PSOE ha generado una delicada situación que afecta a las principales fuerzas que la componen, pero también a la posibilidad de conformar gobiernos progresistas en un cercano futuro.
El escenario europeo debe completarse con una visión internacional que no hace sino aumentar la incertidumbre y la complejidad de la realidad. El imprevisible desenlace de la guerra de Ucrania y los posicionamientos a favor de Ucrania o Rusia, la invasión emprendida por Israel en Palestina y su amenaza al Líbano, la posible victoria de Trump, la contienda electoral en Reino Unido y Francia, son asuntos notorios junto a los retos pendientes de la UE (inmigración, medio ambiente, financiación, ampliación, armamentismo, política exterior, cohesión social, entre otros).
En definitiva, todo este conjunto de factores nos invita al debate y a pensar sobre como ofrecer un pensamiento crítico y alternativo basado en ser conscientes de esta realidad social influenciada por la ideología ultraliberal donde impera la ley de “sálvese quien pueda”. La tarea es ardua, pero merece la pena intentarlo, ya que nos jugamos el mantener y consolidar los valores solidarios, igualitarios y democráticos para lograr una convivencia social basada en la libertad consensuada colectivamente para equilibrar lo individual con lo colectivo.
EDITORIAL: El voto de la población migrante, el gran olvidado
En estas elecciones municipales de mayo será la cuarta ocasión que tendrán algunos ciudadanos no comunitarios desde el inicio de la democracia española para poder votar. La primera vez que lo pudieron hacer fue en 2011. Desde entonces, pueden ejercer el sufragio activo (sólo pueden votar), no así el pasivo (no son elegibles).
Desde entonces, la participación en las elecciones de estos colectivos es muy minoritaria, muy por debajo de la de las personas con nacionalidad española. También el interés que esta cuestión despierta en la sociedad ha ido decayendo. En este sentido, es pertinente hacer una reflexión al respecto para identificar cuáles son las causas y, sobre todo, las consecuencias de mantener al margen de los mecanismos democráticos a una parte tan significativa de nuestra población.
Es importante destacar que para poder hacer uso de este derecho se deben de cumplir tres requisitos. El primero y más importante es que sólo podrán optar a este derecho quienes sean nacionales de un país con el que España haya firmado un convenio o tratado de reciprocidad en materia de voto municipal, de manera que los españoles residentes en ese país tengan, también, el derecho de sufragio activo. El segundo, en importancia, es que tengan su tarjeta de residencia en vigor y que hayan residido legal e ininterrumpidamente en España en los últimos 5 años. En tercer lugar, deberán manifestar su voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo (condición común también para los votantes comunitarios) mediante su inscripción expresa en el Censo Electoral.
Por tanto, reciprocidad, residencia e inscripción en el censo electoral, son las tres condiciones para ejercitar este derecho.
Antes de las elecciones de mayo de 2011, el Gobierno español logró la ratificación por el Congreso de los acuerdos de reciprocidad con 12 países: Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Paraguay además de otros países con un número mucho menor de población residente en España (Noruega, Islandia, Cabo Verde) o realmente muy poco significativa (Trinidad y Tobago, Nueva Zelanda). Desde entonces, sólo se han añadido dos países más: Corea y Reino Unido, lo que da idea de lo los límites de esta vía.
En datos totales, en las elecciones de 2023 podrán participar 455.024 personas extranjeras, según el INE, de 13 países. En 2019 fueron 280.316. Esta diferencia tiene que ver con que en 2023 se ha incorporado también el Reino Unido, tras el Brexit.
Sin embargo, las cifras de participantes en las elecciones, inscritas en el censo electoral, están muy por debajo de estos números y la tendencia parece ser a la baja. Si en el 2011 se inscribieron cerca del 15% de los que podían votar, en 2015 lo hicieron un 7% y en 2019 un 6%, según un estudio del Diario.es. No sabemos de éstos cuántas acaban votando o se abstienen. Para estas elecciones, tal como están discurriendo las cosas, no es muy aventurado pronosticar que seguirá bajando en número de inscritos.
Se impone una pregunta, ¿por qué participan tan poco en las elecciones municipales los ciudadanos no comunitarios?
Lo que más limita la participación es el requisito de reciprocidad pues deja fuera a los colectivos más numerosos en España, como es la población marroquí y china, que juntas suponen cerca del 40% del total.
Además, el criterio de la reciprocidad tiene otros inconvenientes graves. Además, de ser injusto por no tratar a todos las personas por igual, genera agravios comparativos entre las diferentes nacionalidades. Es muy insuficiente desde el punto de vista democrático, pues además de excluir a los colectivos más numerosos, implica que el derecho al voto quede condicionado al lugar de nacimiento de una persona, de forma que el hecho de residir de forma estable en España no es determinante porque no da derecho a formar parte de la comunidad política.
Asimismo, el tercer requisito, la inscripción obligatoria en el Censo Electoral, acaba constituyendo otro filtro disuasorio del ejercicio al derecho a voto ya que los plazos para inscribirse están muy alejados de la campaña electoral (terminaron el 15 de enero). Un momento en el que no hay candidaturas ni ambiente electoral que pueda estimular la participación. Tampoco la falta de información de la Administración y la poca atención prestada por partidos políticos y ONGs ayuda a promover las inscripciones.
Es, por tanto, la aplicación combinada de los tres requisitos (reciprocidad, residencia previa e inscripción en el censo) lo que explica la poca participación de las personas migrantes en las elecciones municipales.
Se impone una reflexión sobre los requisitos (en especial la reciprocidad) que condicionan la participación política de esta parte de nuestra población. La reciprocidad se introdujo en la Constitución española en una época en que España era un país de emigrantes, pensando en los españoles que estaban fuera. De ahí vienen sus limitaciones. Ahora somos un país de inmigrantes y la norma muestra graves carencias para adaptarse a este nuevo contexto. Por ello, la mayoría de los estudiosos consideran la norma un obstáculo insalvable y la reforma del artículo 13. 2 de la Constitución parece la única solución posible.
Si queremos seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria y democrática es necesario situar la residencia como un requisito principal para los derechos políticos y de acceso a la ciudadanía. Es necesario situar en el debate público la importancia de esta cuestión y recuperar la relevancia que tuvo en otros momentos con campañas como “aquí vivo, aquí voto”.