EDITORIAL: El voto de la población migrante, el gran olvidado
En estas elecciones municipales de mayo será la cuarta ocasión que tendrán algunos ciudadanos no comunitarios desde el inicio de la democracia española para poder votar. La primera vez que lo pudieron hacer fue en 2011. Desde entonces, pueden ejercer el sufragio activo (sólo pueden votar), no así el pasivo (no son elegibles).
Desde entonces, la participación en las elecciones de estos colectivos es muy minoritaria, muy por debajo de la de las personas con nacionalidad española. También el interés que esta cuestión despierta en la sociedad ha ido decayendo. En este sentido, es pertinente hacer una reflexión al respecto para identificar cuáles son las causas y, sobre todo, las consecuencias de mantener al margen de los mecanismos democráticos a una parte tan significativa de nuestra población.
Es importante destacar que para poder hacer uso de este derecho se deben de cumplir tres requisitos. El primero y más importante es que sólo podrán optar a este derecho quienes sean nacionales de un país con el que España haya firmado un convenio o tratado de reciprocidad en materia de voto municipal, de manera que los españoles residentes en ese país tengan, también, el derecho de sufragio activo. El segundo, en importancia, es que tengan su tarjeta de residencia en vigor y que hayan residido legal e ininterrumpidamente en España en los últimos 5 años. En tercer lugar, deberán manifestar su voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo (condición común también para los votantes comunitarios) mediante su inscripción expresa en el Censo Electoral.
Por tanto, reciprocidad, residencia e inscripción en el censo electoral, son las tres condiciones para ejercitar este derecho.
Antes de las elecciones de mayo de 2011, el Gobierno español logró la ratificación por el Congreso de los acuerdos de reciprocidad con 12 países: Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Paraguay además de otros países con un número mucho menor de población residente en España (Noruega, Islandia, Cabo Verde) o realmente muy poco significativa (Trinidad y Tobago, Nueva Zelanda). Desde entonces, sólo se han añadido dos países más: Corea y Reino Unido, lo que da idea de lo los límites de esta vía.
En datos totales, en las elecciones de 2023 podrán participar 455.024 personas extranjeras, según el INE, de 13 países. En 2019 fueron 280.316. Esta diferencia tiene que ver con que en 2023 se ha incorporado también el Reino Unido, tras el Brexit.
Sin embargo, las cifras de participantes en las elecciones, inscritas en el censo electoral, están muy por debajo de estos números y la tendencia parece ser a la baja. Si en el 2011 se inscribieron cerca del 15% de los que podían votar, en 2015 lo hicieron un 7% y en 2019 un 6%, según un estudio del Diario.es. No sabemos de éstos cuántas acaban votando o se abstienen. Para estas elecciones, tal como están discurriendo las cosas, no es muy aventurado pronosticar que seguirá bajando en número de inscritos.
Se impone una pregunta, ¿por qué participan tan poco en las elecciones municipales los ciudadanos no comunitarios?
Lo que más limita la participación es el requisito de reciprocidad pues deja fuera a los colectivos más numerosos en España, como es la población marroquí y china, que juntas suponen cerca del 40% del total.
Además, el criterio de la reciprocidad tiene otros inconvenientes graves. Además, de ser injusto por no tratar a todos las personas por igual, genera agravios comparativos entre las diferentes nacionalidades. Es muy insuficiente desde el punto de vista democrático, pues además de excluir a los colectivos más numerosos, implica que el derecho al voto quede condicionado al lugar de nacimiento de una persona, de forma que el hecho de residir de forma estable en España no es determinante porque no da derecho a formar parte de la comunidad política.
Asimismo, el tercer requisito, la inscripción obligatoria en el Censo Electoral, acaba constituyendo otro filtro disuasorio del ejercicio al derecho a voto ya que los plazos para inscribirse están muy alejados de la campaña electoral (terminaron el 15 de enero). Un momento en el que no hay candidaturas ni ambiente electoral que pueda estimular la participación. Tampoco la falta de información de la Administración y la poca atención prestada por partidos políticos y ONGs ayuda a promover las inscripciones.
Es, por tanto, la aplicación combinada de los tres requisitos (reciprocidad, residencia previa e inscripción en el censo) lo que explica la poca participación de las personas migrantes en las elecciones municipales.
Se impone una reflexión sobre los requisitos (en especial la reciprocidad) que condicionan la participación política de esta parte de nuestra población. La reciprocidad se introdujo en la Constitución española en una época en que España era un país de emigrantes, pensando en los españoles que estaban fuera. De ahí vienen sus limitaciones. Ahora somos un país de inmigrantes y la norma muestra graves carencias para adaptarse a este nuevo contexto. Por ello, la mayoría de los estudiosos consideran la norma un obstáculo insalvable y la reforma del artículo 13. 2 de la Constitución parece la única solución posible.
Si queremos seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria y democrática es necesario situar la residencia como un requisito principal para los derechos políticos y de acceso a la ciudadanía. Es necesario situar en el debate público la importancia de esta cuestión y recuperar la relevancia que tuvo en otros momentos con campañas como “aquí vivo, aquí voto”.
EDITORIAL: Una mirada crítica con la Ley del “solo sí es sí”
El pasado mes de septiembre se aprobó con amplia mayoría parlamentaria la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del «solo sí es sí». El revuelo jurídico y político sobre las penas que se ha generado tras su entrada en vigor no debería distraernos de una reflexión pausada sobre dicha ley.
En el ámbito legislativo era necesario hacer adaptaciones no contempladas en la LO 1/2004, es decir, la Ley Integral contra la Violencia de Género (LIVG), para incluir otras formas de violencia contra las mujeres más allá del marco de la pareja, como la sexual. Por otra parte, los juicios de La Manada crearon una alarma social relacionada con la tutela judicial que motivaron fuertes movilizaciones feministas y avivaron el debate sobre la necesidad de un mayor amparo para las víctimas de violencia sexual.
En este contexto, la norma se gesta poniendo el foco en las agresiones sexuales y primando el derecho penal, a pesar de que lleve por nombre Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Durante el trámite legislativo los dos ejes centrales del debate han sido el consentimiento formulado como «solo sí es sí» y la eliminación de la distinción entre violación y abuso, unificando en un tipo único básico de «agresión sexual» con agravantes.
En primer lugar, la definición del consentimiento se ha ido modificando en el transcurso de los debates de la ley[1]. El consentimiento es un precepto ético básico en las relaciones sexuales entre personas. No parece que el cambio pueda mejorar lo establecido con anterioridad en este tipo de delitos que ya se basaban en la prestación del libre consentimiento. Desde luego, no resuelve los problemas probatorios en el ámbito penal de este tipo de agresiones pues seguirá recayendo sobre la víctima poder demostrar que ha sido una relación no consentida. Por otra parte, no conviene ignorar que los obstáculos para denunciar y para poder atender adecuadamente este problema están directamente relacionados con que el 70-80 % de agresiones sexuales se produce en el marco de la familia y el entorno cercano a la víctima. En ese sentido, la idea en el imaginario colectivo del asalto en una esquina por parte de un desconocido o de las violaciones grupales como prototipo desenfoca el problema, legitima el abuso penal en la norma y dificulta orientar los recursos hacia la realidad de la violencia sexual. En algunos sectores feministas —desde la perspectiva de ensanchar los márgenes de libertad de las personas y en particular de las mujeres a quienes se les niega capacidad de agencia, de deseo e iniciativa sexual— se han formulado también críticas a que las conductas han quedado rígidamente atrapadas en el «solo sí es sí», ignorando las muy variadas formas de expresar lo que queremos y lo que no queremos en el ámbito sexual.
En segundo lugar, la unificación en un solo tipo básico de agresión sexualque hace esta ley ha supuesto ampliar los tipos punitivos, creando el delito de acoso callejero y ampliando el de acoso genérico[2]. Esta expansión punitiva sirve para justificar el supuesto proteccionismo estatal frente a la autonomía de las mujeres. Considerar punible «cualquier» comportamiento no consentido, uniformando como delito comportamientos que van desde «un tocamiento espontáneo protagonizado por desconocido en la vía pública» (tocar el culo, por ejemplo) hasta la violación múltiple, sirve para justificar la respuesta punitiva pero no para avanzar en el tratamiento diferenciado que la diversidad de conductas y situaciones realmente existentes requiere. La consideración de que todo es delito no será lo que consiga aminorar la violencia sexual, pero sí contribuye a individualizar un problema que es social y en el que solo podremos avanzar si hacemos retroceder los avales sexistas que lo potencian y sostienen. Por ello, habría que garantizar las medidas educativas y preventivas, así como el acompañamiento y el acceso a recursos psicosociales y económicos para las víctimas de agresiones sexuales.
La ley del «solo sí es sí» contiene una parte no insignificante de medidas como las citadas, que apuntan a problemas estructurales de esta violencia: educativas, formación de operadores (jurídicos, policiales, etc.), sensibilización, recursos de reparación (que incluye al Estado, no solo al agresor), investigación, derechos para las víctimas (de información, asistencia jurídica gratuita…) y medidas psicosociales y económicas, centro de crisis de 24 h, etc. Recursos importantes pero que en su mayoría estaban ya en la LIVG cuya implementación ha sido muy deficiente a diferencia de las medidas penales. Nada hay en la actual ley que permita pensar que no correrá la misma suerte.
Por nuestra parte, pondremos empeño en que sea esta vertiente de la ley la que se implemente y, paralelamente, mantendremos una perspectiva crítica que contribuya a modificar lo más negativo de esta norma y sus posibles efectos sociales. Además de la expansión punitiva y la individualización del problema que venimos cuestionando, esta ley se basa en un ideario feminista que, a nuestro entender, refuerza los estereotipos de hombre victimario, sujeto y deseante y mujer víctima, objeto, pasiva y necesitada de tutela estatal para enfrentarse a cualquier comportamiento sexista, aunque sea de menor gravedad. Mantiene también una posición abolicionista que empuja a las trabajadoras sexuales hacia la clandestinidad y empeora las condiciones de vida de las más excluidas, por ejemplo, incluyendo en los «ilícitos de la publicidad la que promueva la prostitución».
En resumen, la ley ha desaprovechado la oportunidad para que sea realmente una ley de libertad sexual y para dar un cambio de rumbo respecto a la expansión punitiva de la LIVG. Por ejemplo, resolviendo problemas de las mujeres más excluidas como las migrantes indocumentadas, que siguen en riesgo de ser expulsadas del país tras sufrir una agresión sexual, o las trabajadoras sexuales privadas de cualquier derecho y a quienes esta ley sigue marginando, o incluyendo medidas como la mediación para los casos menos graves y priorizando y asegurando medidas tan urgentes y necesarias como la educación sexual y la implicación ciudadana.
Por todo ello, será necesario mantener una actitud crítica ante esta nueva norma que haga frente al populismo punitivo.
[1] Finalmente queda así: Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona.
[2] En el anterior CP se exigía que el acoso pudiese causar una alteración grave de la vida de la víctima. Con la actual ley bastará una alteración de cualquier tipo de su vida cotidiana.
EDITORIAL: Elecciones andaluzas 2022 y la desconexión de la izquierda
Las encuestas, esta vez, han acertado. Las tendencias que se venían marcando se han cumplido, excepto en que la mayoría del PP ha sido aún mayor de lo previsto y es absoluta y que la subida de VOX ha sido menor de lo pronosticado. Así, se ha consolidado el giro a la derecha y Andalucía ha dejado de ser de izquierda, en términos electorales al menos. Veremos si este viraje electoral se traduce también en hegemonía social, como indican algunas encuestas.
Las derechas
La mayoría absoluta alcanzada por el PP es un resultado histórico. El mapa de Andalucía está teñido de azul sin excepciones por todos los municipios y provincias. Gana también apoyo entre los barrios más pobres.
El incremento de votos del PP y de diputados viene en su mayoría de Ciudadanos pero parece que también de la izquierda y de VOX. Para una parte de los votantes de la izquierda el voto útil ha sido votar al PP para evitar la entrada de VOX en el Gobierno. Falta saber si las cifras que manejaban las encuestas se cumplen y a qué otros partidos afectan.
Por su parte, Ciudadanos desaparece, perdiendo sus 21 diputados y VOX no cumple con sus expectativas, obteniendo 14 diputados, dos más que en 2018. No entran en el gobierno y el PP no tendrá excusas para plegarse a sus políticas reaccionarias. Esperemos que sea Andalucía la que marque el declive de VOX igual que en 2018 fue la primera en la que inició su vida parlamentaria.
Las izquierdas
La debacle de las izquierdas, tanto del PSOE como de Por Andalucía y Adelante Andalucía, no tiene paliativo. El PSOE obtiene su peor resultado en la historia de las elecciones andaluzas. Baja por primera vez del millón de votos que era la barrera que barajaban los dirigentes del PSOE para salvar los muebles.
Por Andalucía obtiene 5 diputados y Adelante Andalucía 2 diputados. Sumando los votos de las dos candidaturas suponen un 12% de los votos, en 2018 obtuvieron un 19% y 17 disputados. Se quedan sin representación en Almería, Huelva y Jaén, bajan en votos y diputados y, aunque hubieran ido juntos y sumando los mismos votos, habrían sacado 12 diputados y no está claro que hubiesen evitado la mayoría absoluta del PP. Han perdido más votos que el PSOE. La división entre ellos y las guerras internas retransmitidas en directo les ha pasado factura. Regresan a cotas previas a la irrupción de Podemos.
Desde 2015 la izquierda ha perdido cerca de un millón de votos. Parece claro que una vez más la abstención ha sido en su mayoría de votantes de la izquierda, cerca de 800.000 desde 2008.
Bloques
El bloque de la derecha suma el 56% de los votos y la izquierda suma el 36 %. En las elecciones de 2015 la derecha representaba al 36% de los electores y la izquierda representaba al 57%. Es a partir de 2018 cuando se da el cambio a favor de la derecha, tendencia que se consolida en estas elecciones.
Con estos resultados, Andalucía regresa a un momento político anterior a la crisis del bipartidismo, de los indignados del 15M. Da la impresión de que se cierra un ciclo de cambio. En las elecciones andaluzas de 2012, la suma de PSOE y PP fue el 80,2% del voto. En 2015, bajó al 62% y en 2018 se produjo un mínimo histórico, el 48,7%. En las elecciones del pasado domingo, la suma de PP y PSOE recupera posiciones, pues los dos grandes partidos llegan al 67,2%. Veremos si es algo coyuntural o no.
Éxito de la derecha
La imagen televisiva de celebración del PP de su mayoría absoluta la misma noche de las elecciones es todo un símbolo de lo que representa hoy el PP. Entre la gente que estaba celebrando la victoria predominaban las banderas andalucistas, acompañadas de las banderas españolas. El andalucismo ha dejado de ser patrimonio de la izquierda. El PP es tan autonomista como el PSOE. Moreno Bonilla ha puesto especial énfasis en cuidar la autoestima de los andaluces que ha sido siempre un valor político seguro.
La tesis de Norberto Bobbio puede resumir el relato de moderación y estabilidad que ha sabido construirse Juanma Moreno: “La moderación es la nueva radicalidad frente al populismo. Las formas en políticas son fondo, no solo estrategia. En estos tiempos duros de los arrogantes, la moderación y la templanza pueden ser la mejor arma para resistirlos y derrotarlos”.
Fracaso de la izquierda
Es más fácil explicar el éxito que la derrota. Hay acuerdo, entre los analistas, en las razones de la victoria del PP, mientras que las razones de la derrota de la izquierda son menos claras, más allá de lo que han evidenciado los resultados como que la división les perjudica y que la abstención es mayoritariamente de izquierda.
La izquierda en su conjunto necesita hacer una reflexión en profundidad sobre las causas de la crisis que atraviesa y que deben ir más allá del análisis electoral. Necesita entender los cambios de todo tipo que vienen aconteciendo en Andalucía: cambios generacionales (más del 50% de la población ha nacido después del referéndum del 28 de febrero de 1980), cambios de mentalidad, cambios socioeconómicos, cambios demográficos, cambios en el mundo rural,… Cambios, en definitiva, que hacen que el discurso de la izquierda planteada en términos de miedo a la derecha ya no funcione o de defensa del andalucismo frente al latifundismo suene extraño a las generaciones que no vivieron el 28F. Es decir, la izquierda se aleja del sentir mayoritario de la sociedad andaluza que no se mueve, tanto, en claves tan ideologizadas y que corresponde a otra Andalucía y a otro tiempo. Se está desconectando de las mayorías sociales.
Creemos que esta reflexión también debe afectar al conjunto del espacio social “progresista” y a las llamadas políticas de identidad y sus efectos más allá de los grupos referenciales.
Junto a estos aspectos propios de Andalucía, es necesario preguntarse por qué, a pesar de todas las medidas que está tomando el Gobierno de España, muchas de ellas con un contenido evidente de carácter social, no se traducen en apoyo social y electoral. ¿Falla el relato? ¿son insuficientes? ¿hay mucho ruido en el gobierno de coalición?
El binomio pobreza/abstención no es nuevo, pero sí lo es que el espacio de exclusión severa y moderada no deja de aumentar. Los estudios de Cáritas y la Fundación FOESSA alertan del aumento de la exclusión severa en Andalucía hasta 1,1 millón, y de 2,2 millones si hablamos de exclusión moderada, y con ello la desconexión de este sector de la población de la política y la abstención de los más humildes que llega hasta el 50% en algunos barrios. Si la izquierda no suma por el espacio de las clases medias y la gente con una situación más precaria se abstiene, el espacio de la izquierda no deja de reducirse.
Las elecciones andaluzas desde su convocatoria han tenido también una lectura en clave estatal. Por un lado, el PP ha querido extrapolar las victorias en las elecciones autonómicas de Madrid, Castilla-León y ahora Andalucía al resto de España y a las elecciones generales. Veremos qué pasa en 2023, un año cargado de elecciones: municipales, autonómicas y generales.
La otra lectura en clave estatal está ligada al proyecto de Yolanda Díaz y su relación con la coalición Por Andalucía. Su implicación ha ido a más durante la campaña, sobre todo al final. Sin embargo, los resultados obtenidos por Por Andalucía no permiten ser muy optimistas de cara al proyecto de unidad que encabeza Yolanda y (está por ver) que las desavenencias con Podemos no vayan a más.
Esperemos que los grupos de izquierda de los que depende el proyecto dejen de poner piedras en el camino y sean conscientes de que para que la izquierda pueda gobernar en España es necesario, además de que el PSOE saque un buen resultado, que lo haga también el espacio a su izquierda. Y ahora lo único que puede generar algo de simpatía es que ese espacio se presente unido, de lo contrario el fracaso está servido.
