Los presupuestos andaluces confirman el retroceso en políticas sociales acordado por las tres derechas
18-julio-2019
Los presupuestos aprobados por el Parlamento de Andalucía ayer suponen la confirmación de una grave estocada a los derechos y libertades conquistados a lo largo de los últimos 40 años de democracia en Andalucía.
Desde accionenred Andalucía consideramos que la
aprobación de los actuales presupuestos implican la ratificación de las medidas
contenidas en el “Acuerdo para avanzar hacia una nueva política presupuestaria
en Andalucía 2019-2020”, firmado entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, el
pasado 13 de junio. Medidas que suponen una severa erosión de los principios
democráticos que guían nuestra sociedad. En particular, las que hacen
referencia a la igualdad de género, a las personas migrantes y las que se
relacionan con memoria histórica, son expresión de una ideología muy conservadora
que, de hacerse efectivas, contribuirían a deteriorar nuestra vida y nuestra
convivencia.
1.- Retroceso en políticas de igualdad
Observamos con preocupación varias de las medidas pactadas entre los tres partidos de derechas por su incidencia en las políticas de igualdad, orientadas claramente a provocar un retroceso en avances sociales que estaban asentándose en nuestra sociedad.Lo anterior puede constatarse en la medida número 2 de dicho pacto, que pretende modificar la nomenclatura de las políticas de igualdad excluyendo la noción de “transversalidad de género”. Esta propuesta está claramente inserta en un movimiento conservador y reaccionario que pretende convertir una categoría analítica (la noción de “género”) en una mera opción ideológica. Lo relevante de la categoría de “género” es que hace referencia a los comportamientos y significados culturales adjudicados como roles antagónicos y jerarquizados, ocupando las mujeres una posición subalterna. Adoptar esta perspectiva de género es esencial para identificar y poder erradicar las diferentes manifestaciones de discriminación, exclusión y violencia que padecen las mujeres y todas aquellas personas que no se someten a los roles de género impuestos.
La propuesta de PP, C´s y VOX pretende ignorar esta realidad, enmascarando lo que es su opción ideológica que impide seguir afianzando la igualdad y la libertad entre mujeres y hombres y entre todas las personas.
La medida número 9, versa sobre la creación de un teléfono de atención a las víctimas de lo que denomina “violencia intrafamiliar”. Sin duda debe ser bienvenido todo aquello que suponga ampliar los recursos de atención a una de las violencias más comunes, las que se producen en el ámbito intrafamiliar, y en todas las direcciones –de padres y madres a hijos e hijas, entre hermanos, de hijos o hijas hacia sus progenitores, de mujeres a hombres, hacia las personas mayores o dependientes-. Ahora bien, esto puede ser positivo siempre y cuando se trate de un recurso más y no persiga sustituir los actuales teléfonos de atención para casos de violencia de género. Como se ha razonado anteriormente, la violencia sexista por sus especificidades (causas, contexto social de desigual, etc) precisa de una atención especializada, con perspectiva de género. Las declaraciones desde el PP, C,s y particularmente de VOX negando la existencia de estas especificidades nos hacen temer que de lo que están hablando es de sustituir un recurso por otro.
En el mismo sentido que las anteriores, se plantea la medida número 10, denominada “Atención a las mujeres embarazadas con dificultades” dirigida a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo. Básicamente esta medida lo que persigue es “asesorar” a las mujeres que deciden abortar sobre posibles alternativas. Pero la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo ya regula la entrega obligatoria de información sobre los recursos existentes por lo que si se tratase de informar de ellos, este servicio es innecesario. Una vez más, se pone en evidencia que el objetivo es una intromisión intolerable en la vida de las mujeres, que pretende limitar su libertad y su derecho a decidir.
Si de verdad lo que preocupa es la natalidad, hay que atender a las familias que tienen hijos e hijas y cuentan con dificultades o están en situación de pobreza, a aquellas que quieren ser madres y no pueden por falta de recursos, colectivos de cuya situación da cuenta el VIII Informe FOESSA (2019) o el estudio de Save the Children “Mas solas que nunca” (2015).
El problema de las mujeres que deciden abortar forzadas por las circunstancias, no está en la información, sino en la inexistencia de alternativas reales. Sin embargo, las medidas no se orientan a combatir la pobreza infantil, a apoyar a las familias, en particular, las monomarentales, que son las que están en peor situación, o a posibilitar que puedan ser madres el elevado volumen de mujeres que por falta de condiciones no pueden, como se evidencia en todas las estadísticas.
La experiencia práctica en comunidades como la de Madrid son una muestra de cómo este recurso en manos de asociaciones anti-aborto, sin controles públicos y con amparo institucional, es utilizado para culpabilizar y entrometerse en las decisiones de las mujeres.
En el apartado “Plan de infraestructuras de Centros de Atención a la Dependencia”, se habla de “reformar, adaptar y mejorar las infraestructuras” pero no de ampliar y diversificar los recursos humanos y públicos existentes, absolutamente insuficientes. La atención a este problema es urgente y necesaria para garantizar una vida digna de las personas dependientes y aliviar la sobrecarga de muchos cuidadores, en su mayoría mujeres.
2.- Retroceso
en el respeto a los derechos humanos a través de la política migratoria
El apartado 4, dedicado a las medidas con incidencia presupuestaria en los ejercicios 2019-2020, se plantea una propuesta de convenio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de migración irregular que se formula como:
“Tramitación de una propuesta de convenio con las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado mediante el cual se proceda al apoyo económico y de
gestión de la administración de la Junta de Andalucía para el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de inmigración irregular, de forma que se cree
un órgano de coordinación en dicha Secretaría General para tal objetivo, y
permita mejorar la coordinación con el resto de Consejerías y entidades de la
Junta de Andalucía en las materias y objetivos que se desarrollen en el
Convenio”.
Este acuerdo da carta blanca a algunos de los objetivos que planteaba VOX en su documento del 8 de enero de 2019 (apartado 5, “Medidas contra la inmigración ilegal”) de exigencias para apoyar un Gobierno de PP y Cs en Andalucía. Es decir, se trata de colaborar con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados y terminar con el por ellos denominado “efecto llamada”, suprimiendo las ayudas a los inmigrantes en situación irregular administrativa. Este último objetivo se concreta además en detraer 600.000 euros de la partida destinada a las asociaciones relacionados con la promoción e inserción de personas inmigrantes y destinarlo a “edificios y construcciones judiciales”.
Más allá de la legalidad y viabilidad de este acuerdo (ya que no es competencia de la Junta de Andalucía),lo que sí está consiguiendo VOX es marcar la agenda política del gobierno andaluz en aquellos temas que son el centro de su campaña. Es una victoria política de VOX. Es decir, una victoria del racismo del que hace gala la extrema derecha.
Frente al proyecto ideológico reaccionario de las tres derechas está la realidad. El fenómeno de la inmigración irregular en Andalucía es muy reducido, suponiendo menos de un 0,5% de la población andaluza. Sin embargo, este acuerdo lo sitúa como si fuera uno de los problemas principales de Andalucía. Con ello contribuyen a criminalizar la inmigración y usarlo como chivo expiatorio de nuestros males, sin fundamento alguno.
De este modo, en vez de fomentar los mejores valores sobre los que construir nuestra sociedad como son la solidaridad, convivencia, respeto por los DDHH…lo que hacen es fomentar el odio, la desconfianza, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno y la violación de principios basados en los derechos humanos reconocidos internacionalmente.
3.-Retroceso en las políticas de
memoria histórica.
La dimensión profundamente ideológica, en un sentido retrógrado y conservador, puede observarse también en las medidas propuestas para una revisión de las políticas de Memoria, así como en una iniciativa ideada para embellecer el pasado colonial de nuestro país.
Así, en la medida número 14, dedicada a cuestiones de Memoria Democrática, no sólo se pone bajo sospecha a las asociaciones memorialistas y su importante labor en busca de la verdad, la reparación y la justicia de las familias represaliadas durante la dictadura franquista, sino que se pretende restringir la capacidad de dichas asociaciones para realizar su labor reduciendo las subvenciones que reciben, incumpliendo con ello los compromisos adquiridos con las mismas por parte de la Junta de Andalucía.
Con respecto al pasado colonial español, referido a la conquista y colonización de América, se pretende, a través de la medida 31 (llamada “Programa 1492: un nuevo mundo”) blanquear el triste legado de dominación realizado por la Corona española en territorios americanos. Si bien es cierto que puede hablarse de una “Leyenda Negra” sobre el período, no es menos cierto que circunscribirlo todo a una mera “empresa innovadora y colonizadora”, cargada de “hazañas” científico-técnicas, lanza una vergonzante cortina de humo sobre los muy perjudiciales efectos que la dominación española produjo sobre los pueblos indígenas americanos que cayeron bajo su yugo. Ensalzar la historia imperial española no es el mejor modo de engrandecer la historia de nuestro país, sino volver a épocas pasadas donde se justificaban actos lesivos con los derechos humanos bajo el paraguas de una supuesta labor “civilizadora” que ahonda sus raíces en lo peor de la historia de la dominación de unos pueblos por otros. Con ello se profundiza en el racismo, el etnocentrismo y la falta de respeto y consideración por sociedades y culturas que fueron sometidas a indignos procesos de sometimiento, esclavitud y explotación.
Las medidas regresivas no se agotan aquí y no está vinculadas tan sólo a los pactos con la ultraderecha. A modo de ilustración destacamos por ejemplo otras iniciativas impulsadas por el actual Gobierno andaluz como: “el apoyo a miembros de comunidades andaluzas en zonas con problemas en materia de inmersión lingüística” que contribuye a alimentar los esencialismos identitarios y el enfrentamiento en la cuestión lingüística catalana. En cuestiones medioambientales es especialmente llamativa la supresión de la actual Consejería de Medio Ambiente y su inclusión en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible que relega el valor de la cuestión ambiental. En estos momentos en los que se plantean nuevos problemas energéticos, donde la extinción de especies está en su momento más álgido, donde la explotación del agua en el entorno de Doñana está en su peor momento y donde el cambio climático es el mayor reto al que se enfrenta la humanidad en los próximos años, parece necesaria una Consejería de Medio Ambiente consistente y con más recursos propios.
En definitiva, aunque no conocemos con detalle cómo incidirá en las
políticas públicas que se implementen,
medidas que auguran retrocesos preocupantes en materia de igualdad,
memoria e inmigración, entre otras cuestiones.
El retroceso democrático se percibe, además,
en la desconfianza que destila hacia las organizaciones de la sociedad civil
dedicadas al avance de la cultura de la solidaridad, la atención a las personas
más vulnerables y la extensión de una cultura cívica. Estas medidas suponen sin
lugar a dudas un proyecto ideológico profundamentereaccionario que busca imponer el propio criterio sin respetar la
pluralidad de nuestras sociedades ni nuestros valores democráticos.
Desde acciónenred Andalucía
insistimos en la necesidad de seguir reforzando un tejido social resistente y
cohesionado que ponga freno al atropello de nuestros derechos y libertades y
apueste por sociedades más solidarias, integradoras y tolerantes donde este
tipo de políticas no tengan cabida.
acciónenred Andalucía, julio 2019
Editorial: “Ciudades habitables, ciudades sostenibles”
Desde accionenred Andalucía hemos emprendido en el último curso, 2017-2018, un acercamiento a los movimientos sociales que claman por una ciudad más verde, más habitable y más pensada para la ciudadanía en la ciudad de Sevilla.
El 55% de la población mundial viven en las ciudades y se estima que en 2050 este porcentaje será en torno al 65%. La gestión de las ciudades, que recae principalmente en los ayuntamientos, requiere de una mirada muy cercana, muy pensada para resolver y facilitar la vida de las personas, donde la ciudadanía sea el centro y la habitabilidad sea el componente esencial.
La habitabilidad hace mención a una serie de aspectos como son la salud ambiental, la presencia de zonas verdes, la sensación de naturalidad, la movilidad basada en transporte público asequible y desplazamientos sin motor, el acceso al agua, la reducción de residuos y la adecuada gestión de los mismos, la limpieza de las calles y plazas, las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, el uso y disfrute de los espacios públicos, la seguridad, la gobernabilidad y otras cuestiones referentes al bienestar del ciudadano.
Desde acciónenred Andalucía apostamos por unas ciudades donde:
- La calidad de la atmósfera sea alta y se reduzcan a cero los episodios de contaminación atmosférica por partículas, Ozono troposférico, NO2 y SO2. La Organización Mundial de la Salud cifra en unas 15.000 las muertes prematuras en España por esta causa, especialmente en las ciudades. El tráfico es el principal causante de esta situación.
- La movilidad en la ciudad sea verdaderamente sostenible. Para ello, deben incrementarse de forma considerable los transportes intermodales con precios asequibles para la población, con una inversión acorde con las posibilidades de la ciudad, y que conlleven una reducción del tráfico entre el 15-30% en los próximos 5 años. La promoción e inversión en medios como tranvía, metrobus o metro ligero en superficie están siendo las medidas principalmente adoptadas en ciudades europeas con reconocimiento en sostenibilidad (Nantes, Burdeos, Barcelona, Friburgo,..)
- Se fomenten los desplazamientos a pie y en bicicleta. Ello es factible invirtiendo en seguridad para estos vehículos, aumentando los carriles bici hasta zonas no accesibles e invirtiendo en conservación de los existentes. La promoción de la bicicleta es también dependiente de la existencia de corredores verdes que producen sombra y animan al uso de la bicicleta como medio principal de transporte.
- Se aumenten las zonas verdes hasta alcanzar los 50m2 por persona como ya disponen en muchas ciudades Verdes Europeas.
- Los espacios públicos sean seguros, amplios, verdes, con suficiente sombra, fuentes y listos para ser disfrutados por todas las edades. La peatonalización de calles de la ciudad transitadas a pie y la reducción del acceso del tráfico a los centros urbanos facilita el disfrute del espacio público.
- Se realice un plan de conservación de la biodiversidad, especialmente en nuestros parques y jardines y zonas arboladas. En muchas ciudades europeas se identifican los árboles, los arbustos, se cuidan los alcorques, se mantienen adecuadamente los árboles para evitar su tala. La tala de 500 árboles que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, en este mes de julio de 2018 muestra un abandono del cuidado de los árboles de esta ciudad en los últimos años.
- Se aumente la eficiencia en el uso del agua y la recogida de agua de lluvia y su uso para riegos.
- Se reduzca la producción de residuos y se fomente la recogida selectiva y el posterior reciclaje, informando a la población del destino de los residuos que recoge. El fomento de espacio de compostaje en parques y jardines implicaría a la ciudadanía en la gestión de sus residuos.
- Se disminuya el nivel de ruido en la ciudad. Esta medida tiene una alta relación con el tráfico en la ciudad, especialmente en las zonas céntricas y congestionadas.
Todas las medidas planteadas anteriormente son necesarias para mitigar el cambio climático y adaptarnos a los aumentos de temperatura previstos para las próximas décadas, que en el mejor de los casos será de 4ºC de media en el 2100.
Sevilla se ha postulado en los dos últimos años a Capital Verde Europea, el prestigioso galardón que otorga la Comisión Europea desde 2010. En ambas convocatorias no ha pasado el primer corte. Esto nos hace pensar que todavía estamos lejos de ser considerada una Ciudad Verde. Para serlo debemos incidir en todas las cuestiones anteriormente planteadas.
Desde hace unos meses varias organizaciones, entre las que nos encontramos, hemos iniciado un espacio de reflexión y acción donde reclamar al Ayuntamiento de Sevilla una ciudad más habitable, más verde y más saludable. Estamos reclamando que se proponga un Plan de Acción de Cambio Climático y Energía Sostenible real y acorde con las necesidades de la ciudad, y que se desarrolle un modelo de ciudad que realmente apueste por la energía limpia, los espacios habitables y la ciudad saludable que deseamos. Este curso seguiremos en esa causa y, a ser posible, haciéndola extensible a otras ciudades andaluzas.
