Editorial: Y tras la COP26 de Glasgow ¿qué hacemos?

20-diciembre-2021

Tras 26 años de COP (Conferencia
de las Partes), la primera fue en 1994, los niveles de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) no han dejado de crecer a nivel mundial.

En 1992, en la Cumbre de la Tierra o también conocida como Cumbre de Río, se estableció la creación de la Convención Mundial de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, a la que se acogieron 196 países. Cuando esto ocurrió todavía no había tantas certezas de la influencia del  papel humano en las emisiones de gases de efecto invernadero. El panel de expertos sobre cambio climático (IPCC) ya había emitido su primer informe en 1990 y el objetivo de dicha Convención Mundial era “estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que impida interferencias antropógenas (inducidas por humanos) peligrosas en el sistema climático".

Casi 30 años después, y con unos GEI que siguen en un aumento, cerramos la COP26 de Glasgow  con la sensación de que todo sigue igual, y nada o poco cambia.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, inició la reunión recordando que el objetivo marcado en el Acuerdo de París era no superar los 1,5ºC pero que, según  el último informe del IPCC, nos dirigíamos directamente a un aumento mayor de 2,7ºC a final de siglo, algo catastrófico,  sino realizábamos un giro inmediato en nuestras políticas de combustibles fósiles.  Para acercarnos al objetivo deseado debemos reducir un 45% nuestras emisiones de CO2 antes del 2030, dentro de 8 años.

Tras 15 días reunidos, el Pacto Climático de Glasgow, firmado por casi
200 países, es el primero de este tipo que prevé explícitamente la
reducción del uso y explotación del carbón, el combustible fósil que más gases
de efecto invernadero genera, y la reducción de los subsidios a los
combustibles fósiles ineficientes. La propuesta inicial era la eliminación, no
la reducción, pero India, al final de la negociación, exigió el cambio de
objetivo.

Otro elemento clave ha sido solicitar a los países  actualizar a más tardar el año entrante, 2022,
sus metas de reducción de carbono para 2030. También fue incluido en el texto
final la promesa, no la obligación, de entregar más dinero a los países en
desarrollo para ayudarles a adaptarse a los impactos climáticos. Se hace
énfasis en la necesidad de "aumentar significativamente el apoyo" a
los países en desarrollo más allá de los 100.000 millones de dólares al año
comprometidos en París.

Otros acuerdos parciales fueron el que establecieron Estados Unidos y China. Los dos países anunciaron un acuerdo conjunto para hacer más a favor de reducir las emisiones esta década, y China se comprometió por primera vez a desarrollar un plan para reducir el metano, un potente gas de efecto invernadero, muy asociado a la agricultura, ganadería y gestión de residuos.

Los líderes de más de 100 países, incluidos Brasil,
China, Rusia y Estados Unidos, prometieron poner
fin a la deforestación para 2030
.

Todas estas promesas podrían
sonar bien hace unos años, pero la situación de emergencia en la que nos
encontramos hace pensar que son insuficientes. Principalmente por su falta de
concreción de plazos y cuantías, la falta de obligatoriedad y el
desconocimiento  de la procedencia de los
fondos para llevarlas a cabo.

No queda definido cuántas emisiones debe recortar cada país durante la próxima década y con cuánta rapidez. Se revisará de nuevo en la COP27,  en Egipto. Otro año más perdido. Quién otorgará a los países en desarrollo los fondos que necesitan para recurrir a energías menos contaminantes y enfrentar los desastres del clima cada vez más extremos es otro de los temas candentes que ha quedado sin resolver. Y quién compensará los daños producidos por el cambio climático en los países o áreas más vulnerables ha quedado en el aire.

Mientras, la sociedad civil organizada y no organizada ha asistido expectante al desenlace de esta cumbre. Organizaciones sociales y ecologistas, movimientos climáticos (especialmente de jóvenes), científicos y personas de a pie, todavía albergábamos alguna esperanza en que la ansiada COP26 fuera el arranque definitivo hacia un cambio en el modelo, hacia un descenso de las emisiones de GEI a nivel mundial, hacia la eliminación del carbón  como combustible fósil de referencia y reducción de los restantes, hacia una transición energética y ecológica real y palpable.

Greta
Thunberg
, Vanessa
Nakate,
y otras jóvenes activistas climáticas han liderado las
movilizaciones por el clima que se han producido en Glasgow y en más de 200
ciudades del mundo. El lema  de los
jóvenes en la cumbre de Glasgow,  “not
more blablabla”, deja claro cuáles son las sensaciones y conclusiones de la
reunión.

Los resultados no son los esperados, no se ha producido el compromiso real que la sociedad, o parte de ella, deseábamos. Tendremos que esperar a 2022, para intentarlo de nuevo. Mientras esto ocurre debemos, a pesar de la desesperanza, mantenernos activos, unidos y comprometidos. Las organizaciones que estamos en esta causa debemos establecer lazos más fuertes, generar más movilización y conciencia y trabajar en el ámbito educativo con los jóvenes y sus familias, apoyando sus iniciativas.  Los jóvenes ya han demostrado y siguen demostrando que este problema les interesa.

Es nuestra responsabilidad seguir instando a los gobiernos (desde municipales a estatales) a que cumplan sus obligaciones con la ciudadanía. Porque no estamos hablando de “Salvar el Planeta, ni salvar a las ballenas”, estamos poniendo en jaque la continuidad de nuestra especie, la posibilidad de una vida humana que pueda ser vivida dignamente.

Cientos de organizaciones y
personas siguen poniendo en marcha múltiples y diversas acciones que reducen la
contaminación, reducen los residuos y los impactos y generan una forma de vida
más acorde con nuestro planeta y sus recursos. Cooperativas energéticas,
ecohuertos urbanos y escolares, pequeñas empresas de reciclaje y reutilización,
iniciativas para movilidad sostenible, redes de apoyo a personas vulnerables,
iniciativas ciudadanas de revegetación de los espacios, sistemas para reducir
el desperdicio alimentario masivo, y muchas otras acciones son necesarias en
nuestras vidas, y nos marcan una senda a seguir, nos alientan para creer que el
cambio de modelo es posible, no sólo desde el ámbito institucional, sino desde
el ámbito ciudadano.

Por todo ello, desde accionenred Andalucía, seguiremos trabajando y movilizando, creando espacios de encuentro, favoreciendo intercambios, acercándonos a los jóvenes para recoger sus inquietudes y dándole altavoz a las múltiples iniciativas que nos dicen que la transición ecológica es posible. Queremos seguir transmitiendo a la ciudadanía que hay esperanza, que millones de personas ya están en el camino y que, independientemente de lo que se acuerde en las esferas institucionales, seguimos apoyando y trabajando por la transición hacia un modelo más justo y respetuoso con nuestro planeta y con las personas.


EDITORIAL: Exclusión y desigualdad en España. Urgencia social contra la pobreza

26-julio-2019

En
España la pobreza se hereda.  Cuanto mayor es la desigualdad menos
movilidad social hay y menor es la igualdad de oportunidades. La OCDE estima que
cualquier español que nazca en una familia con bajos ingresos tardará cuatro
generaciones, 120 años, en conseguir un nivel de renta medio. No sólo somos el
cuarto país más desigual de la UE
, sino que, tras Bulgaria, somos el
segundo país europeo en el que la distancia entre ricos y personas empobrecidas
ha aumentado más. Tras la crisis y a pesar de la recuperación, la sociedad se
polariza a costa de un adelgazamiento de las clases medias.

La
exclusión social en España es un fenómeno estructural, aumenta en las épocas de
recesión y no se recupera suficientemente en las épocas de bonanza. Tras diez
años del inicio de la crisis y pasado lo peor, conviven una cierta mejoría de
una parte importante de la población más afectada por la crisis (49%) con un
recrudecimiento de la situación de las personas más débiles. La recuperación está
siendo asimétrica, no llega a los hogares que peor están, hay un empeoramiento
de las personas más vulnerables. La
exclusión social severa se cronifica.

Según
el VIII informe Foessa, en 2018 hay más de 4 millones de personas que sufren
exclusión severa (8% de la población), lo que supone un 44% más que en 2007. Dos
de cada diez personas en exclusión severa es población extracomunitaria. El
perfil que definía y define la exclusión severa se caracteriza por algunas de
estas dimensiones: baja cualificación,
hogares encabezados por mujeres o pertenencia a minorías.

En
la Encuesta de Condiciones de Vida de 2018, la tasa AROPE (población en riesgo de pobreza o exclusión social)
afecta al 26,1% de la población
residente en España, frente al 26,6% registrado en 2017. En Andalucía la tasa
AROPE se sitúa en el 38,2%. .

Por
nacionalidad, el porcentaje de personas por debajo del umbral de riesgo de
pobreza o exclusión social es del 23,1% para los españoles, del 47,7% para los
extranjeros de la UE y del 56,0% para las personas extracomunitaria. La
población extracomunitaria está sobrerrepresentada en los espacios de la
exclusión severa y moderada, mientras que se encuentra infrarrepresentada en la
integración plena.

La
edad, junto con el género, son factores determinantes del mayor riesgo de
exclusión social. Casi un tercio de los menores y jóvenes, y de mujeres entre
16 y 30 años, se encuentran en riesgo de pobreza. Según
Save the Children, la tasa de pobreza que afecta a la población infantil es
mayor que la que afecta a cualquier otro grupo de edad en España, afecta a un
26,8% de los menores en España, 2,1 millones de niños y niñas. La
incidencia de la pobreza infantil es prácticamente el triple en los hogares de
origen inmigrante que en los hogares de origen no inmigrante.  

Los hogares sustentados por mujeres (hogares
monoparentales y mujeres solas en su mayoría), están especialmente
sobrerrepresentados en la exclusión social. Un 42,9 % de las familias
monoparentales en España están en riesgo de pobreza, y es- tas familias están
mayoritariamente encabezadas por una mujer sola. Entre ellas, destaca por su
gravedad la situación de familias jóvenes con menores, tener hijos es un
importante factor de riesgo de pobreza. La tasa de exclusión social severa de
los hogares monoparentales ha continuado en ascenso, hasta llegar al 14,4% en
2018.

Por
otro lado, el 30% de las personas con discapacidad se encuentran en situación
de exclusión social.

La exclusión social
es consecuencia de los procesos desigualdad que se consolidan.
La
desigualdad ya no se ciñe a la dimensión monetaria sino que es multidimensional
(mercado de trabajo, vivienda, salud, educación, desigualdad de género …) y
permite explicar la diferente incidencia de la exclusión social.

Entre
las causas de la exclusión y la desigualdad, en la actualidad,  destaca la mala calidad del empleo
(temporales, precarios, salarios bajos…), más allá del desempleo, que ha
disminuido. La mayor parte de la población excluida tiene empleos
“normalizados” (restauración, servicio doméstico o limpieza). Sin embargo, el
14% de las personas que trabajan no pueden vivir de su sueldo. Son los
trabajadores pobres.

En
segundo lugar, los problemas de acceso y mantenimiento de la vivienda que sigue
afectando al 11% de la población española (en 2018 se produjeron más de 37.000
desahucios y el precio del alquiler ha aumentado un 30%).

En
tercer lugar, hay que sumar la desigual incidencia de las políticas
redistributivas (más favorables en los mayores y en menor medida en la gente
joven) y el insuficiente resultado de las transferencias sociales para
disminuir la pobreza, que están infradotadas.

El nivel educativo también se ha mostrado en este tiempo como un
factor protector frente a la exclusión, aunque se está debilitando. Los
jóvenes con estudios superiores tienen en el último trimestre de 2018 una tasa
de paro 12 puntos menor que los que poseen estudios secundarios y 19 puntos
menor que los que cursaron niveles inferiores. A
mayor nivel educativo, menores son las tasas de exclusión social y, en
particular, de exclusión social severa.

Es
fácil deducir de las causas de la exclusión que hay una juvenilización de la
pobreza, con un claro empeoramiento de los jóvenes emancipados. Esto puede
considerarse uno de los principales cambios estructurales en el patrón de la
pobreza en España. La larga crisis ha desencadenado que al agotamiento de los
mecanismos de protección social se sume el debilitamiento del colchón familiar. Cabe destacar que más de seis de
cada diez hogares excluidos severos no tienen actualmente ninguna prestación, a
lo que hay que sumar los problemas de aislamiento social de los sectores más
excluidos que han aumentado.

La
exclusión social también se refleja en la política. La participación política
está condicionada por la desigualdad, a mayor grado de exclusión menor
participación en las elecciones, mayor abstención. La brecha entre ciudadanos
no es solo en términos económicos sino que se traslada también al plano
político.

Si
la exclusión social es un proceso
multidimensional, las estrategias para combatirla tienen que ser mantenidas en
el tiempo
y deben estar dirigidas a cada uno de los ámbitos que se han
señalado. España tiene mucho margen para mejorar, actuando tanto sobre las
causas de la exclusión con la puesta en marcha de medidas como: derogar la
reforma laboral, aumentar el salario mínimo, asegurar un empleo digno; ampliar
el parque de vivienda social y el alquiler asequible; y aumentar la inversión
en protección social. Especialmente bajo es el gasto en familias e infancia y
en la lucha contra la exclusión social. Para ello, es esencial que se priorice
siempre, como elemento vertebrador de la política social y económica, la
atención hacia aquellos sectores de la población que son más vulnerables. Sólo
de este modo será posible reducir los niveles de desigualdad y pobreza que
afectan a este país y garantizar unas condiciones de vida dignas para el
conjunto de la sociedad.


Los presupuestos andaluces confirman el retroceso en políticas sociales acordado por las tres derechas

18-julio-2019

Los presupuestos aprobados por el Parlamento de Andalucía ayer suponen la confirmación de una grave estocada a los derechos y libertades conquistados a lo largo de los últimos 40 años de democracia en Andalucía.

Desde accionenred Andalucía consideramos que la
aprobación de los actuales presupuestos implican la ratificación de las medidas
contenidas en el “Acuerdo para avanzar hacia una nueva política presupuestaria
en Andalucía 2019-2020”, firmado entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, el
pasado 13 de junio. Medidas que suponen una severa erosión de los principios
democráticos que guían nuestra sociedad. En particular, las que hacen
referencia a la igualdad de género, a las personas migrantes y las que se
relacionan con memoria histórica, son expresión de una ideología muy conservadora
que, de hacerse efectivas, contribuirían a deteriorar nuestra vida y nuestra
convivencia.

1.- Retroceso en políticas de igualdad

Observamos con preocupación varias de las medidas pactadas entre los tres partidos de derechas por su incidencia en las políticas de igualdad, orientadas claramente a provocar un retroceso en avances sociales que estaban asentándose en nuestra sociedad.Lo anterior puede constatarse en la medida número 2 de dicho pacto, que pretende modificar la nomenclatura de las políticas de igualdad excluyendo la noción de “transversalidad de género”. Esta propuesta está claramente inserta en un movimiento conservador y reaccionario que pretende convertir una categoría analítica (la noción de “género”) en una mera opción ideológica. Lo relevante de la categoría de “género” es que  hace referencia a los comportamientos y significados culturales adjudicados como roles antagónicos y jerarquizados, ocupando las mujeres una posición subalterna. Adoptar esta perspectiva de género es esencial para identificar y poder erradicar las diferentes manifestaciones de discriminación, exclusión y violencia que padecen las mujeres y todas aquellas personas que no se someten a los roles de género impuestos.

La propuesta de PP, C´s y VOX pretende ignorar esta realidad, enmascarando lo que es su opción ideológica que impide seguir afianzando la igualdad y la libertad entre mujeres y hombres y entre todas las personas.

La medida número 9, versa sobre la creación de un teléfono de atención a las víctimas de lo que denomina “violencia intrafamiliar”. Sin duda debe ser bienvenido todo aquello que suponga ampliar los recursos de atención a una de las violencias más comunes, las que se producen en el ámbito intrafamiliar, y en todas las direcciones –de padres y madres a hijos e hijas, entre hermanos, de hijos o hijas hacia sus progenitores, de mujeres a hombres,  hacia las personas mayores o dependientes-. Ahora bien, esto puede ser positivo siempre y cuando se trate de un recurso más y no persiga sustituir los actuales teléfonos de atención para casos de violencia de género. Como se ha razonado anteriormente, la violencia sexista  por sus especificidades (causas, contexto social de desigual,  etc) precisa de una atención especializada, con perspectiva de género. Las declaraciones desde el PP, C,s y particularmente de VOX negando la existencia de estas especificidades nos hacen temer que de lo que están hablando es de sustituir un recurso por otro. 

En el mismo sentido que las anteriores, se plantea la medida número 10, denominada “Atención a las mujeres embarazadas con dificultades” dirigida a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo. Básicamente esta medida lo que persigue es  “asesorar” a las mujeres que deciden abortar sobre posibles alternativas.  Pero  la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo ya regula la entrega obligatoria de información sobre los recursos existentes por lo que si se tratase de informar de ellos, este servicio es innecesario.  Una vez más, se pone en evidencia que el objetivo es una intromisión intolerable en la vida de las mujeres, que pretende limitar su libertad y su derecho a decidir.

Si de verdad lo que preocupa es la natalidad, hay que atender a las familias que tienen hijos e hijas y cuentan con dificultades o están en situación de pobreza,  a aquellas que quieren ser madres y no pueden por falta de recursos, colectivos de cuya situación da cuenta el VIII Informe FOESSA (2019)  o el estudio de Save the Children “Mas solas que nunca” (2015).

El problema de las mujeres que deciden abortar forzadas por las circunstancias, no está en la información, sino en la inexistencia de alternativas reales. Sin embargo, las medidas no se orientan a combatir la pobreza infantil, a apoyar a las familias, en particular, las monomarentales, que son las que están en peor situación, o a posibilitar que puedan ser madres el elevado volumen de mujeres que por falta de condiciones no pueden, como se evidencia en todas las estadísticas.

La experiencia práctica en comunidades como la de Madrid son una muestra de cómo este recurso en manos de asociaciones anti-aborto, sin controles públicos y con amparo institucional, es utilizado para culpabilizar y entrometerse en las decisiones de las mujeres.

En el apartado “Plan de infraestructuras de Centros de Atención a la Dependencia”, se habla de “reformar, adaptar y mejorar las infraestructuras” pero no de ampliar  y diversificar los recursos humanos y públicos existentes, absolutamente insuficientes. La atención a este problema es urgente y necesaria para garantizar una vida digna de las personas dependientes y aliviar la sobrecarga de muchos cuidadores, en su mayoría mujeres.

2.- Retroceso
en el respeto a los derechos humanos a través de la política migratoria

El apartado 4, dedicado a las medidas con incidencia presupuestaria en los ejercicios 2019-2020, se plantea una propuesta de convenio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de migración irregular que se formula como: 

“Tramitación de una propuesta de convenio con las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado mediante el cual se proceda al apoyo económico y de
gestión de la administración de la Junta de Andalucía para el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de inmigración irregular, de forma que se cree
un órgano de coordinación en dicha Secretaría General para tal objetivo, y
permita mejorar la coordinación con el resto de Consejerías y entidades de la
Junta de Andalucía en las materias y objetivos que se desarrollen en el
Convenio”.

Este acuerdo da carta blanca a algunos de los objetivos que planteaba VOX en su documento del 8 de enero  de 2019 (apartado 5, “Medidas contra la inmigración ilegal”) de exigencias para apoyar un Gobierno de PP y Cs en Andalucía. Es decir, se trata de colaborar con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados y terminar con el por ellos denominado “efecto llamada”, suprimiendo las ayudas a los inmigrantes en situación irregular administrativa. Este último objetivo se concreta además en detraer 600.000 euros de la partida destinada a las asociaciones relacionados con la promoción e inserción de personas inmigrantes y destinarlo a “edificios y construcciones judiciales”.

Más allá de la legalidad  y viabilidad de este acuerdo (ya que no es competencia de la Junta de Andalucía),lo que sí está consiguiendo VOX es marcar la agenda política del gobierno andaluz en aquellos temas que son el centro de su campaña. Es una victoria política de VOX. Es decir, una victoria del racismo del que hace gala la extrema derecha.

Frente al proyecto ideológico reaccionario de las tres derechas está la realidad. El fenómeno de la inmigración irregular en Andalucía es muy reducido, suponiendo menos de un 0,5% de la población andaluza. Sin embargo, este acuerdo lo sitúa como si fuera uno de los problemas principales de Andalucía. Con ello contribuyen a criminalizar la inmigración y usarlo como chivo expiatorio de nuestros males, sin fundamento alguno.

De este modo, en vez de fomentar los mejores valores sobre los que construir nuestra sociedad como son la solidaridad, convivencia, respeto por los DDHH…lo que hacen es fomentar el odio, la desconfianza, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno y  la violación de principios basados en los derechos humanos reconocidos internacionalmente.

3.-Retroceso en las políticas de
memoria histórica.

La dimensión profundamente ideológica, en un sentido retrógrado y conservador, puede observarse también en las medidas propuestas para una revisión de las políticas de Memoria, así como en una iniciativa ideada para embellecer el pasado colonial de nuestro país.

Así, en la medida número 14, dedicada a cuestiones de Memoria Democrática, no sólo se pone bajo sospecha a las asociaciones memorialistas y su importante labor en busca de la verdad, la reparación y la justicia de las familias represaliadas durante la dictadura franquista, sino que se pretende restringir la capacidad de dichas asociaciones para realizar su labor reduciendo las subvenciones que reciben, incumpliendo con ello los compromisos adquiridos con las mismas por parte de la Junta de Andalucía.

Con respecto al pasado colonial español, referido a la conquista y colonización de América, se pretende, a través de la medida 31 (llamada “Programa 1492: un nuevo mundo”) blanquear el triste legado de dominación realizado por la Corona española en territorios americanos. Si bien es cierto que puede hablarse de una “Leyenda Negra” sobre el período, no es menos cierto que circunscribirlo todo a una mera “empresa innovadora y colonizadora”, cargada de “hazañas” científico-técnicas,  lanza una vergonzante cortina de humo sobre los muy perjudiciales efectos que la dominación española produjo sobre los pueblos indígenas americanos que cayeron bajo su yugo. Ensalzar la historia imperial española no es el mejor modo de engrandecer la historia de nuestro país, sino volver a épocas pasadas donde se justificaban actos lesivos con los derechos humanos bajo el paraguas de una supuesta labor “civilizadora” que ahonda sus raíces en lo peor de la historia de la dominación de unos pueblos por otros. Con ello se profundiza en el racismo, el etnocentrismo y la falta de respeto y consideración por sociedades y culturas que fueron sometidas a indignos procesos de sometimiento, esclavitud y explotación.

Las medidas regresivas no se agotan aquí y no está vinculadas tan sólo a los pactos con la ultraderecha. A modo de ilustración destacamos por ejemplo otras iniciativas impulsadas por el actual Gobierno andaluz como: “el apoyo a miembros de comunidades andaluzas en zonas con problemas en materia de inmersión lingüística” que contribuye a alimentar los esencialismos identitarios y el enfrentamiento en la cuestión lingüística catalana. En cuestiones medioambientales es especialmente llamativa la supresión de la actual Consejería de Medio Ambiente y su inclusión  en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible que relega el valor de la cuestión ambiental. En estos momentos en los que se plantean nuevos problemas energéticos, donde la extinción de especies está en su momento más álgido, donde la explotación del agua en el entorno de Doñana está en su peor momento y donde el cambio climático es el mayor reto al que se enfrenta la humanidad en los próximos años, parece necesaria una Consejería de Medio Ambiente consistente y con más recursos propios.

En definitiva, aunque no conocemos con detalle cómo incidirá en las
políticas públicas que se implementen, 
medidas que auguran retrocesos preocupantes en materia de igualdad,
memoria e inmigración, entre otras cuestiones.

El retroceso democrático se percibe, además,
en la desconfianza que destila hacia las organizaciones de la sociedad civil
dedicadas al avance de la cultura de la solidaridad, la atención a las personas
más vulnerables y la extensión de una cultura cívica. Estas medidas suponen sin
lugar a dudas un proyecto ideológico profundamentereaccionario que busca imponer el propio criterio sin respetar la
pluralidad de nuestras sociedades ni nuestros valores democráticos.

Desde acciónenred Andalucía
insistimos en la necesidad de seguir reforzando un tejido social resistente y
cohesionado que ponga freno al atropello de nuestros derechos y libertades y
apueste por sociedades más solidarias, integradoras y tolerantes donde este
tipo de políticas no tengan cabida.

acciónenred Andalucía, julio 2019