EDITORIAL: Una mirada crítica con la Ley del “solo sí es sí”
El pasado mes de septiembre se aprobó con amplia mayoría parlamentaria la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del «solo sí es sí». El revuelo jurídico y político sobre las penas que se ha generado tras su entrada en vigor no debería distraernos de una reflexión pausada sobre dicha ley.
En el ámbito legislativo era necesario hacer adaptaciones no contempladas en la LO 1/2004, es decir, la Ley Integral contra la Violencia de Género (LIVG), para incluir otras formas de violencia contra las mujeres más allá del marco de la pareja, como la sexual. Por otra parte, los juicios de La Manada crearon una alarma social relacionada con la tutela judicial que motivaron fuertes movilizaciones feministas y avivaron el debate sobre la necesidad de un mayor amparo para las víctimas de violencia sexual.
En este contexto, la norma se gesta poniendo el foco en las agresiones sexuales y primando el derecho penal, a pesar de que lleve por nombre Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Durante el trámite legislativo los dos ejes centrales del debate han sido el consentimiento formulado como «solo sí es sí» y la eliminación de la distinción entre violación y abuso, unificando en un tipo único básico de «agresión sexual» con agravantes.
En primer lugar, la definición del consentimiento se ha ido modificando en el transcurso de los debates de la ley[1]. El consentimiento es un precepto ético básico en las relaciones sexuales entre personas. No parece que el cambio pueda mejorar lo establecido con anterioridad en este tipo de delitos que ya se basaban en la prestación del libre consentimiento. Desde luego, no resuelve los problemas probatorios en el ámbito penal de este tipo de agresiones pues seguirá recayendo sobre la víctima poder demostrar que ha sido una relación no consentida. Por otra parte, no conviene ignorar que los obstáculos para denunciar y para poder atender adecuadamente este problema están directamente relacionados con que el 70-80 % de agresiones sexuales se produce en el marco de la familia y el entorno cercano a la víctima. En ese sentido, la idea en el imaginario colectivo del asalto en una esquina por parte de un desconocido o de las violaciones grupales como prototipo desenfoca el problema, legitima el abuso penal en la norma y dificulta orientar los recursos hacia la realidad de la violencia sexual. En algunos sectores feministas —desde la perspectiva de ensanchar los márgenes de libertad de las personas y en particular de las mujeres a quienes se les niega capacidad de agencia, de deseo e iniciativa sexual— se han formulado también críticas a que las conductas han quedado rígidamente atrapadas en el «solo sí es sí», ignorando las muy variadas formas de expresar lo que queremos y lo que no queremos en el ámbito sexual.
En segundo lugar, la unificación en un solo tipo básico de agresión sexualque hace esta ley ha supuesto ampliar los tipos punitivos, creando el delito de acoso callejero y ampliando el de acoso genérico[2]. Esta expansión punitiva sirve para justificar el supuesto proteccionismo estatal frente a la autonomía de las mujeres. Considerar punible «cualquier» comportamiento no consentido, uniformando como delito comportamientos que van desde «un tocamiento espontáneo protagonizado por desconocido en la vía pública» (tocar el culo, por ejemplo) hasta la violación múltiple, sirve para justificar la respuesta punitiva pero no para avanzar en el tratamiento diferenciado que la diversidad de conductas y situaciones realmente existentes requiere. La consideración de que todo es delito no será lo que consiga aminorar la violencia sexual, pero sí contribuye a individualizar un problema que es social y en el que solo podremos avanzar si hacemos retroceder los avales sexistas que lo potencian y sostienen. Por ello, habría que garantizar las medidas educativas y preventivas, así como el acompañamiento y el acceso a recursos psicosociales y económicos para las víctimas de agresiones sexuales.
La ley del «solo sí es sí» contiene una parte no insignificante de medidas como las citadas, que apuntan a problemas estructurales de esta violencia: educativas, formación de operadores (jurídicos, policiales, etc.), sensibilización, recursos de reparación (que incluye al Estado, no solo al agresor), investigación, derechos para las víctimas (de información, asistencia jurídica gratuita…) y medidas psicosociales y económicas, centro de crisis de 24 h, etc. Recursos importantes pero que en su mayoría estaban ya en la LIVG cuya implementación ha sido muy deficiente a diferencia de las medidas penales. Nada hay en la actual ley que permita pensar que no correrá la misma suerte.
Por nuestra parte, pondremos empeño en que sea esta vertiente de la ley la que se implemente y, paralelamente, mantendremos una perspectiva crítica que contribuya a modificar lo más negativo de esta norma y sus posibles efectos sociales. Además de la expansión punitiva y la individualización del problema que venimos cuestionando, esta ley se basa en un ideario feminista que, a nuestro entender, refuerza los estereotipos de hombre victimario, sujeto y deseante y mujer víctima, objeto, pasiva y necesitada de tutela estatal para enfrentarse a cualquier comportamiento sexista, aunque sea de menor gravedad. Mantiene también una posición abolicionista que empuja a las trabajadoras sexuales hacia la clandestinidad y empeora las condiciones de vida de las más excluidas, por ejemplo, incluyendo en los «ilícitos de la publicidad la que promueva la prostitución».
En resumen, la ley ha desaprovechado la oportunidad para que sea realmente una ley de libertad sexual y para dar un cambio de rumbo respecto a la expansión punitiva de la LIVG. Por ejemplo, resolviendo problemas de las mujeres más excluidas como las migrantes indocumentadas, que siguen en riesgo de ser expulsadas del país tras sufrir una agresión sexual, o las trabajadoras sexuales privadas de cualquier derecho y a quienes esta ley sigue marginando, o incluyendo medidas como la mediación para los casos menos graves y priorizando y asegurando medidas tan urgentes y necesarias como la educación sexual y la implicación ciudadana.
Por todo ello, será necesario mantener una actitud crítica ante esta nueva norma que haga frente al populismo punitivo.
[1] Finalmente queda así: Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona.
[2] En el anterior CP se exigía que el acoso pudiese causar una alteración grave de la vida de la víctima. Con la actual ley bastará una alteración de cualquier tipo de su vida cotidiana.
EDITORIAL: Elecciones andaluzas 2022 y la desconexión de la izquierda
Las encuestas, esta vez, han acertado. Las tendencias que se venían marcando se han cumplido, excepto en que la mayoría del PP ha sido aún mayor de lo previsto y es absoluta y que la subida de VOX ha sido menor de lo pronosticado. Así, se ha consolidado el giro a la derecha y Andalucía ha dejado de ser de izquierda, en términos electorales al menos. Veremos si este viraje electoral se traduce también en hegemonía social, como indican algunas encuestas.
Las derechas
La mayoría absoluta alcanzada por el PP es un resultado histórico. El mapa de Andalucía está teñido de azul sin excepciones por todos los municipios y provincias. Gana también apoyo entre los barrios más pobres.
El incremento de votos del PP y de diputados viene en su mayoría de Ciudadanos pero parece que también de la izquierda y de VOX. Para una parte de los votantes de la izquierda el voto útil ha sido votar al PP para evitar la entrada de VOX en el Gobierno. Falta saber si las cifras que manejaban las encuestas se cumplen y a qué otros partidos afectan.
Por su parte, Ciudadanos desaparece, perdiendo sus 21 diputados y VOX no cumple con sus expectativas, obteniendo 14 diputados, dos más que en 2018. No entran en el gobierno y el PP no tendrá excusas para plegarse a sus políticas reaccionarias. Esperemos que sea Andalucía la que marque el declive de VOX igual que en 2018 fue la primera en la que inició su vida parlamentaria.
Las izquierdas
La debacle de las izquierdas, tanto del PSOE como de Por Andalucía y Adelante Andalucía, no tiene paliativo. El PSOE obtiene su peor resultado en la historia de las elecciones andaluzas. Baja por primera vez del millón de votos que era la barrera que barajaban los dirigentes del PSOE para salvar los muebles.
Por Andalucía obtiene 5 diputados y Adelante Andalucía 2 diputados. Sumando los votos de las dos candidaturas suponen un 12% de los votos, en 2018 obtuvieron un 19% y 17 disputados. Se quedan sin representación en Almería, Huelva y Jaén, bajan en votos y diputados y, aunque hubieran ido juntos y sumando los mismos votos, habrían sacado 12 diputados y no está claro que hubiesen evitado la mayoría absoluta del PP. Han perdido más votos que el PSOE. La división entre ellos y las guerras internas retransmitidas en directo les ha pasado factura. Regresan a cotas previas a la irrupción de Podemos.
Desde 2015 la izquierda ha perdido cerca de un millón de votos. Parece claro que una vez más la abstención ha sido en su mayoría de votantes de la izquierda, cerca de 800.000 desde 2008.
Bloques
El bloque de la derecha suma el 56% de los votos y la izquierda suma el 36 %. En las elecciones de 2015 la derecha representaba al 36% de los electores y la izquierda representaba al 57%. Es a partir de 2018 cuando se da el cambio a favor de la derecha, tendencia que se consolida en estas elecciones.
Con estos resultados, Andalucía regresa a un momento político anterior a la crisis del bipartidismo, de los indignados del 15M. Da la impresión de que se cierra un ciclo de cambio. En las elecciones andaluzas de 2012, la suma de PSOE y PP fue el 80,2% del voto. En 2015, bajó al 62% y en 2018 se produjo un mínimo histórico, el 48,7%. En las elecciones del pasado domingo, la suma de PP y PSOE recupera posiciones, pues los dos grandes partidos llegan al 67,2%. Veremos si es algo coyuntural o no.
Éxito de la derecha
La imagen televisiva de celebración del PP de su mayoría absoluta la misma noche de las elecciones es todo un símbolo de lo que representa hoy el PP. Entre la gente que estaba celebrando la victoria predominaban las banderas andalucistas, acompañadas de las banderas españolas. El andalucismo ha dejado de ser patrimonio de la izquierda. El PP es tan autonomista como el PSOE. Moreno Bonilla ha puesto especial énfasis en cuidar la autoestima de los andaluces que ha sido siempre un valor político seguro.
La tesis de Norberto Bobbio puede resumir el relato de moderación y estabilidad que ha sabido construirse Juanma Moreno: “La moderación es la nueva radicalidad frente al populismo. Las formas en políticas son fondo, no solo estrategia. En estos tiempos duros de los arrogantes, la moderación y la templanza pueden ser la mejor arma para resistirlos y derrotarlos”.
Fracaso de la izquierda
Es más fácil explicar el éxito que la derrota. Hay acuerdo, entre los analistas, en las razones de la victoria del PP, mientras que las razones de la derrota de la izquierda son menos claras, más allá de lo que han evidenciado los resultados como que la división les perjudica y que la abstención es mayoritariamente de izquierda.
La izquierda en su conjunto necesita hacer una reflexión en profundidad sobre las causas de la crisis que atraviesa y que deben ir más allá del análisis electoral. Necesita entender los cambios de todo tipo que vienen aconteciendo en Andalucía: cambios generacionales (más del 50% de la población ha nacido después del referéndum del 28 de febrero de 1980), cambios de mentalidad, cambios socioeconómicos, cambios demográficos, cambios en el mundo rural,… Cambios, en definitiva, que hacen que el discurso de la izquierda planteada en términos de miedo a la derecha ya no funcione o de defensa del andalucismo frente al latifundismo suene extraño a las generaciones que no vivieron el 28F. Es decir, la izquierda se aleja del sentir mayoritario de la sociedad andaluza que no se mueve, tanto, en claves tan ideologizadas y que corresponde a otra Andalucía y a otro tiempo. Se está desconectando de las mayorías sociales.
Creemos que esta reflexión también debe afectar al conjunto del espacio social “progresista” y a las llamadas políticas de identidad y sus efectos más allá de los grupos referenciales.
Junto a estos aspectos propios de Andalucía, es necesario preguntarse por qué, a pesar de todas las medidas que está tomando el Gobierno de España, muchas de ellas con un contenido evidente de carácter social, no se traducen en apoyo social y electoral. ¿Falla el relato? ¿son insuficientes? ¿hay mucho ruido en el gobierno de coalición?
El binomio pobreza/abstención no es nuevo, pero sí lo es que el espacio de exclusión severa y moderada no deja de aumentar. Los estudios de Cáritas y la Fundación FOESSA alertan del aumento de la exclusión severa en Andalucía hasta 1,1 millón, y de 2,2 millones si hablamos de exclusión moderada, y con ello la desconexión de este sector de la población de la política y la abstención de los más humildes que llega hasta el 50% en algunos barrios. Si la izquierda no suma por el espacio de las clases medias y la gente con una situación más precaria se abstiene, el espacio de la izquierda no deja de reducirse.
Las elecciones andaluzas desde su convocatoria han tenido también una lectura en clave estatal. Por un lado, el PP ha querido extrapolar las victorias en las elecciones autonómicas de Madrid, Castilla-León y ahora Andalucía al resto de España y a las elecciones generales. Veremos qué pasa en 2023, un año cargado de elecciones: municipales, autonómicas y generales.
La otra lectura en clave estatal está ligada al proyecto de Yolanda Díaz y su relación con la coalición Por Andalucía. Su implicación ha ido a más durante la campaña, sobre todo al final. Sin embargo, los resultados obtenidos por Por Andalucía no permiten ser muy optimistas de cara al proyecto de unidad que encabeza Yolanda y (está por ver) que las desavenencias con Podemos no vayan a más.
Esperemos que los grupos de izquierda de los que depende el proyecto dejen de poner piedras en el camino y sean conscientes de que para que la izquierda pueda gobernar en España es necesario, además de que el PSOE saque un buen resultado, que lo haga también el espacio a su izquierda. Y ahora lo único que puede generar algo de simpatía es que ese espacio se presente unido, de lo contrario el fracaso está servido.
EDITORIAL: 500.000 firmas para 500.000 personas esenciales
En este año 2022 se ha impulsado la campaña #Esenciales para presentar una Iniciativa Legislativa Popular que permita llevar al Congreso de los Diputados la regularización de las personas que se encuentran en situación administrativa irregular en nuestro país. El objetivo de esta ILP es conseguir una regularización general y extraordinaria que afectaría a 500.000 personas migrantes, para lo que se requiere de 500.000 firmas de apoyo.
La existencia de medio millón de migrantes que viven en la ilegalidad en España es una situación que ningún Estado de derecho debería admitir. La irregularidad en la que se encuentran estas personas es perjudicial para toda la sociedad. En primer lugar, para quienes sufren esta realidad ya que se ven obligadas a vivir sin derechos, lo que les condena a una situación de marginalidad e indefensión que ninguna sociedad democrática debe tolerar. En segundo lugar, perdemos la sociedad en su conjunto, privándonos de la aportaciones de todo tipo (económicas, fiscales, …) que realizarían estas personas si no se encontraran despojados de sus derechos. Además, estas personas no son tenidas en cuenta a la hora de planificar los servicios públicos y sus necesidades porque quedan fuera del radar de las instituciones, como ha evidenciado la emergencia epidemiológica sanitaria que vivimos actualmente con graves consecuencias para todos.
Las situaciones de irregularidad que se producen están relacionadas con causas diversas. Una de las más importantes tiene que ver con las necesidades de mano de obra de la economía informal, es decir, mano de obra precaria y flexible que encuentra en la inmigración irregular una de las ofertas más atractivas. En nuestro caso, se suma la existencia de un mercado de trabajo irregular donde la persona recién llegada puede trabajar sin permiso en la agricultura, principalmente los hombres, y en el servicio doméstico, las mujeres, mientras esperan poder regularizar su situación. A ello, se añaden también unas vías de acceso regular muy restrictivas y con condiciones muy difíciles de cumplir.
Hay dos falsos mitos asociados a la irregularidad de las personas migrantes que necesitamos desmontar. Uno de ellos es la creencia de que la mayor parte entra en patera, cuando la inmensa mayoría lo hacen por Barajas y en condiciones de legalidad, con un visado de turista . Y otro, que las regularizaciones conllevan un efecto llamada, lo que ya se ha evidenciado como falso ya que los procesos de regularización que se han impulsado no han supuesto un aumento de la llegada de más migrantes. Es más bien el mercado el que actúa intensificando o debilitando los flujos migratorios.
Por otro lado, la pandemia ha puesto de manifiesto una doble situación injusta y contradictoria entre sí para la población migrante. A la vez que se les ha marginado de todas las medidas de protección, su trabajo ha sido esencial para que la vida de los demás continúe. Es decir, por un lado, la pandemia ha dejado al descubierto situaciones que habían sido invisibilizadas, mostrando que estas personas están en desventaja y con mayor vulnerabilidad con respecto al resto de la sociedad, tanto por verse delegada la cobertura de las vacunas y ayudas sociales, como por la incidencia que la pandemia ha tenido en el aumento de la irregularidad sobrevenida, especialmente en los casos de solicitantes de protección internacional que ven denegadas sus solicitudes. Y, por otro lado, se ha demostrado que estas personas son esenciales para el mantenimiento de sectores imprescindibles como el del cuidado de personas mayores, dependientes, agricultura… Seguramente este sea un elemento que explica por qué más del 70% de la ciudadanía ve bien un proceso de regularización extraordinaria.
Hacer regularizaciones no es algo que contravenga ninguna normativa legal ni en España (se han hecho 6 procesos de regularizaciones) ni en Europa (43 programas de regularización entre 1996 y 2008). Sin embargo, la regularización que se plantea en esta ocasión es singular por dos razones. Una, por el contexto, la pandemia ha mostrado lo imprescindibles que han sido en los momentos más duros y lo siguen siendo en la actualidad y es de justicia reconocerlo a través de este mecanismo legal y, otra, porque proviene del mundo de las ONGs y asociaciones de migrantes con amplio respaldo del mundo asociativo. Es la primera vez que se propone una ILP para que se lleve a cabo una regularización extraordinaria. Ello supone un esfuerzo importante para las asociaciones implicadas (más de 600) tanto para la recogida de firmas, 500.000, como para llevar el debate a la sociedad y hacer llegar la necesidad de esta regularización.
Por todo ello, desde acciónenred Andalucía nos hemos sumado de forma activa a esta iniciativa y hemos habilitado nuestros locales de Sevilla (C/ Curtidurias 15) y de Granada (C/ Enriqueta Lozano 7 bajo) como puntos fijos para la recogida de firmas. Porque son muchas las razones para apoyar esta ILP, acércate y apoya con tu firma.
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