EDITORIAL: 500.000 firmas para 500.000 personas esenciales
En este año 2022 se ha impulsado la campaña #Esenciales para presentar una Iniciativa Legislativa Popular que permita llevar al Congreso de los Diputados la regularización de las personas que se encuentran en situación administrativa irregular en nuestro país. El objetivo de esta ILP es conseguir una regularización general y extraordinaria que afectaría a 500.000 personas migrantes, para lo que se requiere de 500.000 firmas de apoyo.
La existencia de medio millón de migrantes que viven en la ilegalidad en España es una situación que ningún Estado de derecho debería admitir. La irregularidad en la que se encuentran estas personas es perjudicial para toda la sociedad. En primer lugar, para quienes sufren esta realidad ya que se ven obligadas a vivir sin derechos, lo que les condena a una situación de marginalidad e indefensión que ninguna sociedad democrática debe tolerar. En segundo lugar, perdemos la sociedad en su conjunto, privándonos de la aportaciones de todo tipo (económicas, fiscales, …) que realizarían estas personas si no se encontraran despojados de sus derechos. Además, estas personas no son tenidas en cuenta a la hora de planificar los servicios públicos y sus necesidades porque quedan fuera del radar de las instituciones, como ha evidenciado la emergencia epidemiológica sanitaria que vivimos actualmente con graves consecuencias para todos.
Las situaciones de irregularidad que se producen están relacionadas con causas diversas. Una de las más importantes tiene que ver con las necesidades de mano de obra de la economía informal, es decir, mano de obra precaria y flexible que encuentra en la inmigración irregular una de las ofertas más atractivas. En nuestro caso, se suma la existencia de un mercado de trabajo irregular donde la persona recién llegada puede trabajar sin permiso en la agricultura, principalmente los hombres, y en el servicio doméstico, las mujeres, mientras esperan poder regularizar su situación. A ello, se añaden también unas vías de acceso regular muy restrictivas y con condiciones muy difíciles de cumplir.
Hay dos falsos mitos asociados a la irregularidad de las personas migrantes que necesitamos desmontar. Uno de ellos es la creencia de que la mayor parte entra en patera, cuando la inmensa mayoría lo hacen por Barajas y en condiciones de legalidad, con un visado de turista . Y otro, que las regularizaciones conllevan un efecto llamada, lo que ya se ha evidenciado como falso ya que los procesos de regularización que se han impulsado no han supuesto un aumento de la llegada de más migrantes. Es más bien el mercado el que actúa intensificando o debilitando los flujos migratorios.
Por otro lado, la pandemia ha puesto de manifiesto una doble situación injusta y contradictoria entre sí para la población migrante. A la vez que se les ha marginado de todas las medidas de protección, su trabajo ha sido esencial para que la vida de los demás continúe. Es decir, por un lado, la pandemia ha dejado al descubierto situaciones que habían sido invisibilizadas, mostrando que estas personas están en desventaja y con mayor vulnerabilidad con respecto al resto de la sociedad, tanto por verse delegada la cobertura de las vacunas y ayudas sociales, como por la incidencia que la pandemia ha tenido en el aumento de la irregularidad sobrevenida, especialmente en los casos de solicitantes de protección internacional que ven denegadas sus solicitudes. Y, por otro lado, se ha demostrado que estas personas son esenciales para el mantenimiento de sectores imprescindibles como el del cuidado de personas mayores, dependientes, agricultura… Seguramente este sea un elemento que explica por qué más del 70% de la ciudadanía ve bien un proceso de regularización extraordinaria.
Hacer regularizaciones no es algo que contravenga ninguna normativa legal ni en España (se han hecho 6 procesos de regularizaciones) ni en Europa (43 programas de regularización entre 1996 y 2008). Sin embargo, la regularización que se plantea en esta ocasión es singular por dos razones. Una, por el contexto, la pandemia ha mostrado lo imprescindibles que han sido en los momentos más duros y lo siguen siendo en la actualidad y es de justicia reconocerlo a través de este mecanismo legal y, otra, porque proviene del mundo de las ONGs y asociaciones de migrantes con amplio respaldo del mundo asociativo. Es la primera vez que se propone una ILP para que se lleve a cabo una regularización extraordinaria. Ello supone un esfuerzo importante para las asociaciones implicadas (más de 600) tanto para la recogida de firmas, 500.000, como para llevar el debate a la sociedad y hacer llegar la necesidad de esta regularización.
Por todo ello, desde acciónenred Andalucía nos hemos sumado de forma activa a esta iniciativa y hemos habilitado nuestros locales de Sevilla (C/ Curtidurias 15) y de Granada (C/ Enriqueta Lozano 7 bajo) como puntos fijos para la recogida de firmas. Porque son muchas las razones para apoyar esta ILP, acércate y apoya con tu firma.
WEB ESENCIALES: https://esenciales.info/
Editorial: Y tras la COP26 de Glasgow ¿qué hacemos?
20-diciembre-2021
Tras 26 años de COP (Conferencia
de las Partes), la primera fue en 1994, los niveles de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) no han dejado de crecer a nivel mundial.
En 1992, en la Cumbre de la Tierra o también conocida como Cumbre de Río, se estableció la creación de la Convención Mundial de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, a la que se acogieron 196 países. Cuando esto ocurrió todavía no había tantas certezas de la influencia del papel humano en las emisiones de gases de efecto invernadero. El panel de expertos sobre cambio climático (IPCC) ya había emitido su primer informe en 1990 y el objetivo de dicha Convención Mundial era “estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que impida interferencias antropógenas (inducidas por humanos) peligrosas en el sistema climático".
Casi 30 años después, y con unos GEI que siguen en un aumento, cerramos la COP26 de Glasgow con la sensación de que todo sigue igual, y nada o poco cambia.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, inició la reunión recordando que el objetivo marcado en el Acuerdo de París era no superar los 1,5ºC pero que, según el último informe del IPCC, nos dirigíamos directamente a un aumento mayor de 2,7ºC a final de siglo, algo catastrófico, sino realizábamos un giro inmediato en nuestras políticas de combustibles fósiles. Para acercarnos al objetivo deseado debemos reducir un 45% nuestras emisiones de CO2 antes del 2030, dentro de 8 años.
Tras 15 días reunidos, el Pacto Climático de Glasgow, firmado por casi
200 países, es el primero de este tipo que prevé explícitamente la
reducción del uso y explotación del carbón, el combustible fósil que más gases
de efecto invernadero genera, y la reducción de los subsidios a los
combustibles fósiles ineficientes. La propuesta inicial era la eliminación, no
la reducción, pero India, al final de la negociación, exigió el cambio de
objetivo.
Otro elemento clave ha sido solicitar a los países actualizar a más tardar el año entrante, 2022,
sus metas de reducción de carbono para 2030. También fue incluido en el texto
final la promesa, no la obligación, de entregar más dinero a los países en
desarrollo para ayudarles a adaptarse a los impactos climáticos. Se hace
énfasis en la necesidad de "aumentar significativamente el apoyo" a
los países en desarrollo más allá de los 100.000 millones de dólares al año
comprometidos en París.
Otros acuerdos parciales fueron el que establecieron Estados Unidos y China. Los dos países anunciaron un acuerdo conjunto para hacer más a favor de reducir las emisiones esta década, y China se comprometió por primera vez a desarrollar un plan para reducir el metano, un potente gas de efecto invernadero, muy asociado a la agricultura, ganadería y gestión de residuos.
Los líderes de más de 100 países, incluidos Brasil,
China, Rusia y Estados Unidos, prometieron poner
fin a la deforestación para 2030.
Todas estas promesas podrían
sonar bien hace unos años, pero la situación de emergencia en la que nos
encontramos hace pensar que son insuficientes. Principalmente por su falta de
concreción de plazos y cuantías, la falta de obligatoriedad y el
desconocimiento de la procedencia de los
fondos para llevarlas a cabo.
No queda definido cuántas emisiones debe recortar cada país durante la próxima década y con cuánta rapidez. Se revisará de nuevo en la COP27, en Egipto. Otro año más perdido. Quién otorgará a los países en desarrollo los fondos que necesitan para recurrir a energías menos contaminantes y enfrentar los desastres del clima cada vez más extremos es otro de los temas candentes que ha quedado sin resolver. Y quién compensará los daños producidos por el cambio climático en los países o áreas más vulnerables ha quedado en el aire.
Mientras, la sociedad civil organizada y no organizada ha asistido expectante al desenlace de esta cumbre. Organizaciones sociales y ecologistas, movimientos climáticos (especialmente de jóvenes), científicos y personas de a pie, todavía albergábamos alguna esperanza en que la ansiada COP26 fuera el arranque definitivo hacia un cambio en el modelo, hacia un descenso de las emisiones de GEI a nivel mundial, hacia la eliminación del carbón como combustible fósil de referencia y reducción de los restantes, hacia una transición energética y ecológica real y palpable.
Greta
Thunberg, Vanessa
Nakate, y otras jóvenes activistas climáticas han liderado las
movilizaciones por el clima que se han producido en Glasgow y en más de 200
ciudades del mundo. El lema de los
jóvenes en la cumbre de Glasgow, “not
more blablabla”, deja claro cuáles son las sensaciones y conclusiones de la
reunión.
Los resultados no son los esperados, no se ha producido el compromiso real que la sociedad, o parte de ella, deseábamos. Tendremos que esperar a 2022, para intentarlo de nuevo. Mientras esto ocurre debemos, a pesar de la desesperanza, mantenernos activos, unidos y comprometidos. Las organizaciones que estamos en esta causa debemos establecer lazos más fuertes, generar más movilización y conciencia y trabajar en el ámbito educativo con los jóvenes y sus familias, apoyando sus iniciativas. Los jóvenes ya han demostrado y siguen demostrando que este problema les interesa.
Es nuestra responsabilidad seguir instando a los gobiernos (desde municipales a estatales) a que cumplan sus obligaciones con la ciudadanía. Porque no estamos hablando de “Salvar el Planeta, ni salvar a las ballenas”, estamos poniendo en jaque la continuidad de nuestra especie, la posibilidad de una vida humana que pueda ser vivida dignamente.
Cientos de organizaciones y
personas siguen poniendo en marcha múltiples y diversas acciones que reducen la
contaminación, reducen los residuos y los impactos y generan una forma de vida
más acorde con nuestro planeta y sus recursos. Cooperativas energéticas,
ecohuertos urbanos y escolares, pequeñas empresas de reciclaje y reutilización,
iniciativas para movilidad sostenible, redes de apoyo a personas vulnerables,
iniciativas ciudadanas de revegetación de los espacios, sistemas para reducir
el desperdicio alimentario masivo, y muchas otras acciones son necesarias en
nuestras vidas, y nos marcan una senda a seguir, nos alientan para creer que el
cambio de modelo es posible, no sólo desde el ámbito institucional, sino desde
el ámbito ciudadano.
Por todo ello, desde accionenred Andalucía, seguiremos trabajando y movilizando, creando espacios de encuentro, favoreciendo intercambios, acercándonos a los jóvenes para recoger sus inquietudes y dándole altavoz a las múltiples iniciativas que nos dicen que la transición ecológica es posible. Queremos seguir transmitiendo a la ciudadanía que hay esperanza, que millones de personas ya están en el camino y que, independientemente de lo que se acuerde en las esferas institucionales, seguimos apoyando y trabajando por la transición hacia un modelo más justo y respetuoso con nuestro planeta y con las personas.
EDITORIAL: Exclusión y desigualdad en España. Urgencia social contra la pobreza
26-julio-2019
En
España la pobreza se hereda. Cuanto mayor es la desigualdad menos
movilidad social hay y menor es la igualdad de oportunidades. La OCDE estima que
cualquier español que nazca en una familia con bajos ingresos tardará cuatro
generaciones, 120 años, en conseguir un nivel de renta medio. No sólo somos el
cuarto país más desigual de la UE, sino que, tras Bulgaria, somos el
segundo país europeo en el que la distancia entre ricos y personas empobrecidas
ha aumentado más. Tras la crisis y a pesar de la recuperación, la sociedad se
polariza a costa de un adelgazamiento de las clases medias.
La
exclusión social en España es un fenómeno estructural, aumenta en las épocas de
recesión y no se recupera suficientemente en las épocas de bonanza. Tras diez
años del inicio de la crisis y pasado lo peor, conviven una cierta mejoría de
una parte importante de la población más afectada por la crisis (49%) con un
recrudecimiento de la situación de las personas más débiles. La recuperación está
siendo asimétrica, no llega a los hogares que peor están, hay un empeoramiento
de las personas más vulnerables. La
exclusión social severa se cronifica.
Según
el VIII informe Foessa, en 2018 hay más de 4 millones de personas que sufren
exclusión severa (8% de la población), lo que supone un 44% más que en 2007. Dos
de cada diez personas en exclusión severa es población extracomunitaria. El
perfil que definía y define la exclusión severa se caracteriza por algunas de
estas dimensiones: baja cualificación,
hogares encabezados por mujeres o pertenencia a minorías.
En
la Encuesta de Condiciones de Vida de 2018, la tasa AROPE (población en riesgo de pobreza o exclusión social)
afecta al 26,1% de la población
residente en España, frente al 26,6% registrado en 2017. En Andalucía la tasa
AROPE se sitúa en el 38,2%. .
Por
nacionalidad, el porcentaje de personas por debajo del umbral de riesgo de
pobreza o exclusión social es del 23,1% para los españoles, del 47,7% para los
extranjeros de la UE y del 56,0% para las personas extracomunitaria. La
población extracomunitaria está sobrerrepresentada en los espacios de la
exclusión severa y moderada, mientras que se encuentra infrarrepresentada en la
integración plena.
La
edad, junto con el género, son factores determinantes del mayor riesgo de
exclusión social. Casi un tercio de los menores y jóvenes, y de mujeres entre
16 y 30 años, se encuentran en riesgo de pobreza. Según
Save the Children, la tasa de pobreza que afecta a la población infantil es
mayor que la que afecta a cualquier otro grupo de edad en España, afecta a un
26,8% de los menores en España, 2,1 millones de niños y niñas. La
incidencia de la pobreza infantil es prácticamente el triple en los hogares de
origen inmigrante que en los hogares de origen no inmigrante.
Los hogares sustentados por mujeres (hogares
monoparentales y mujeres solas en su mayoría), están especialmente
sobrerrepresentados en la exclusión social. Un 42,9 % de las familias
monoparentales en España están en riesgo de pobreza, y es- tas familias están
mayoritariamente encabezadas por una mujer sola. Entre ellas, destaca por su
gravedad la situación de familias jóvenes con menores, tener hijos es un
importante factor de riesgo de pobreza. La tasa de exclusión social severa de
los hogares monoparentales ha continuado en ascenso, hasta llegar al 14,4% en
2018.
Por
otro lado, el 30% de las personas con discapacidad se encuentran en situación
de exclusión social.
La exclusión social
es consecuencia de los procesos desigualdad que se consolidan. La
desigualdad ya no se ciñe a la dimensión monetaria sino que es multidimensional
(mercado de trabajo, vivienda, salud, educación, desigualdad de género …) y
permite explicar la diferente incidencia de la exclusión social.
Entre
las causas de la exclusión y la desigualdad, en la actualidad, destaca la mala calidad del empleo
(temporales, precarios, salarios bajos…), más allá del desempleo, que ha
disminuido. La mayor parte de la población excluida tiene empleos
“normalizados” (restauración, servicio doméstico o limpieza). Sin embargo, el
14% de las personas que trabajan no pueden vivir de su sueldo. Son los
trabajadores pobres.
En
segundo lugar, los problemas de acceso y mantenimiento de la vivienda que sigue
afectando al 11% de la población española (en 2018 se produjeron más de 37.000
desahucios y el precio del alquiler ha aumentado un 30%).
En
tercer lugar, hay que sumar la desigual incidencia de las políticas
redistributivas (más favorables en los mayores y en menor medida en la gente
joven) y el insuficiente resultado de las transferencias sociales para
disminuir la pobreza, que están infradotadas.
El nivel educativo también se ha mostrado en este tiempo como un
factor protector frente a la exclusión, aunque se está debilitando. Los
jóvenes con estudios superiores tienen en el último trimestre de 2018 una tasa
de paro 12 puntos menor que los que poseen estudios secundarios y 19 puntos
menor que los que cursaron niveles inferiores. A
mayor nivel educativo, menores son las tasas de exclusión social y, en
particular, de exclusión social severa.
Es
fácil deducir de las causas de la exclusión que hay una juvenilización de la
pobreza, con un claro empeoramiento de los jóvenes emancipados. Esto puede
considerarse uno de los principales cambios estructurales en el patrón de la
pobreza en España. La larga crisis ha desencadenado que al agotamiento de los
mecanismos de protección social se sume el debilitamiento del colchón familiar. Cabe destacar que más de seis de
cada diez hogares excluidos severos no tienen actualmente ninguna prestación, a
lo que hay que sumar los problemas de aislamiento social de los sectores más
excluidos que han aumentado.
La
exclusión social también se refleja en la política. La participación política
está condicionada por la desigualdad, a mayor grado de exclusión menor
participación en las elecciones, mayor abstención. La brecha entre ciudadanos
no es solo en términos económicos sino que se traslada también al plano
político.
Si
la exclusión social es un proceso
multidimensional, las estrategias para combatirla tienen que ser mantenidas en
el tiempo y deben estar dirigidas a cada uno de los ámbitos que se han
señalado. España tiene mucho margen para mejorar, actuando tanto sobre las
causas de la exclusión con la puesta en marcha de medidas como: derogar la
reforma laboral, aumentar el salario mínimo, asegurar un empleo digno; ampliar
el parque de vivienda social y el alquiler asequible; y aumentar la inversión
en protección social. Especialmente bajo es el gasto en familias e infancia y
en la lucha contra la exclusión social. Para ello, es esencial que se priorice
siempre, como elemento vertebrador de la política social y económica, la
atención hacia aquellos sectores de la población que son más vulnerables. Sólo
de este modo será posible reducir los niveles de desigualdad y pobreza que
afectan a este país y garantizar unas condiciones de vida dignas para el
conjunto de la sociedad.
