Apoyo a la Huelga Educativa del 4M
4-marzo-2020
Desde Accionenred apoyamos las movilizaciones convocadas por los sectores educativos donde se ponen de manifiesto las dificultades de la actual Consejería de Educación para afrontar los problemas reales de la educación en nuestra comunidad.
El recién aprobado decreto de escolarización, presentado como la posibilidad de ejercer la libertad en la elección de centros, no sólo no resuelve un problema inexistente, pues el 95% de las familias acceden al centro que solicitan, sino que centra el problema de la educación andaluza en la falta de acceso a la enseñanza concertada, que no es tal. Además no afronta, ni resuelve, la falta de plazas públicas en ciertas zonas ni los problemas que tiene el sistema actual en las zonas limítrofes de las áreas de influencia (donde una familia puede no tener acceso a un colegio situado en la acera de enfrente de su casa).
La educación pública debe garantizar la igualdad de posibilidades para
todas las familias, tanto en el acceso a la educación como a los recursos
necesarios para llevar a cabo el proceso
educativo. Desde la Consejería no se afrontan los grandes retos educativos
andaluces, ni se plantean ninguna de las soluciones que los diferentes sectores
educativos públicos (sindicatos de profesorado, federación de AMPAS y alumnado)
están reclamando hace tiempo. Las medidas más solicitadas son la bajada de
ratio en las aulas, más atención al alumnado con necesidades educativas
especiales, apoyo a los centros de compensatoria, estabilidad y formación del
profesorado, y otras que tienen que ver con más inversión en la red de centros
públicos andaluces.
En paralelo, la enseñanza concertada, como subsidiaria,
debe ir siendo sustituida, paulatinamente, por una más amplia y mejor dotada
red de escuelas públicas. Mientras tanto, la administración educativa tiene que
velar porque la enseñanza concertada asegure el acceso gratuito e igualitario a
una plaza educativa sostenida con fondos públicos, asegurándose de no fomentar
la segregación escolar entre familias en función de sus recursos económicos.
Por ello, animamos a participar en las manifestaciones convocadas por la comunidad educativa para hoy 4 de marzo en diferentes puntos de Andalucía.
8M Día de las Mujeres: MÁS FEMINISMO, MÁS DEMOCRACIA, ¡MÁS MEJOR!
2-marzo-2020
Este 8 de marzo el movimiento feminista, junto con organizaciones sociales y humanitarias, vuelve a manifestarse para reclamar más igualdad, más libertad y más justicia social.
Ya está bien de precariedad laboral y de salarios bajos. Es hora de exigir unas políticas públicas de creación de empleo y de lucha contra la pobreza, que alcanza, en particular, a tantos menores y familias monoparentales. Estas políticas que demandamos han de estar orientadas especialmente a los colectivos más excluidos, como las trabajadoras domésticas y cuidadoras a domicilio, las migradas, las gitanas, las trabajadoras sexuales, las transexuales…
Una vez más, este 8 de marzo decimos basta a un modelo social que exige a las mujeres ser superwoman, haciendo recaer sobre ellas en exclusiva el trabajo doméstico y los cuidados de los hijos y de las personas mayores. Exigimos medidas de conciliación entre la vida laboral y la familiar, como permisos de paternidad/maternidad más largos e intransferibles, aumento y promoción de la red de escuelas infantiles públicas (especialmente de 0 a 3 años), comedores y servicios de apoyo al cuidado de hijos e hijas y dotación real de más recursos a la Ley de Dependencia. Medidas que son imprescindibles para avanzar hacia un nuevo modelo social más igualitario y humano en el que mujeres, hombres y todas las personas nos corresponsabilicemos de los cuidados y compartamos tareas y tiempos.
Mostramos de nuevo nuestro profundo rechazo a todas las violencias interpersonales. Decimos ¡basta! a la insoportable violencia sexista contra las mujeres o contra personas que no se someten a la norma heterosexual (gais, lesbiana, bisexuales, asexuales…) o a la imposición binaria de género (transexuales, intersexuales, etc.). Reiteramos que la única manera eficaz de acabar con estas violencias es la educación. Una educación que prevenga la violencia sexista, pero que también esté encaminada a reparar el daño ocasionado a las víctimas y a reeducar a las personas que han perpetrado la agresión. Una educación integral, basada en los derechos humanos, que incluya la sexualidad (eterna asignatura pendiente en nuestro país) y que permita ampliar la autonomía y los márgenes de libertad de las personas. Una educación que sea respetuosa con las distintas formas de vivir la sexualidad y la diversidad de orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género. La educación ha estado siempre en el punto de mira de la derecha. En el pasado, el PP logró suprimir la asignatura de Educación para la Ciudadanía y, en la actualidad, la Junta de Andalucía intenta imponer el veto parental, es decir, que los progenitores puedan impedir que su hija o hijo reciba en la escuela educación sobre las normas de convivencia de las que nos dotamos. El veto parental es un grave atentado al derecho de los niños y niñas a ser educados en los valores de igualdad y libertad consensuados en nuestra sociedad. Asimismo, supone una agresión a la escuela pública, que es la encargada de garantizar el aprendizaje de dichos valores y normas. Por ello, este 8 de marzo queremos denunciar las pretensiones sexistas, racistas y antidemocráticas de una extrema derecha rancia que presiona para debilitar nuestros consensos y erosionar una no muy boyante cultura democrática.
Por todo lo anterior, resulta imprescindible la defensa de una cultura de igualdad, libertad, solidaridad, respeto a la diversidad y pluralidad que alimente el diálogo y el afrontamiento pacífico de los conflictos como cemento de nuestra convivencia. Son mejoras, no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad. Por eso, sobran los motivos para que unas y otros nos sumemos a las movilizaciones que propone el movimiento feminista y contribuyamos a esa mejor sociedad, más democrática y justa.
APC "Desigualdad y pobreza"
El reciente informe publicado por Save de Children (enero 2020) vuelve a poner de manifiesto el alcance y la dimensión que los procesos de pobreza, exclusión y desigualdad tiene en nuestro país, los cuales nos dejan como el segundo país de Europa con mayor pobreza infantil. Algo que nos debe remover, indignarnos y actuar.
Después de los años duros de la crisis, diversos informes, entre ellos los realizados por la Fundación FOESSA, que pasa por ser uno de los estudios más serios y rigurosos que se elaboran sobre pobreza y desigualdad en nuestro país, concluyen que el trabajo no es suficiente para que muchas familias salgan de los procesos de exclusión en los que se ven inmersos, mientras las desigualdades siguen aumentando.
En el informe de 2007, previo a la crisis, se puso “sobre la mesa que el 16,6% de la población española se encontraba en el espacio de la exclusión social”. Estos datos ponían de relieve como nuestro modelo social, incluso en momentos de crecimiento económico, no estaba siendo capaz de incluir a parte importante de la sociedad. La posterior crisis económica intensificó esta realidad, acelerando y haciendo más visibles unas dinámicas sociales empobrecedoras que afectan a todas las personas pero que golpea más intensamente a sectores concretos que permanecen en una “situación de permanente vulnerabilidad”.
Según las conclusiones del VIII Informe FOESSA, en la actualidad nos encontramos ante un panorama muy preocupante con: aumento de la desigualdad, debilidad en los sistemas de gobierno europeos, erosión de las instituciones públicas, gestión insolidaria de la crisis y actitudes reactivas y xenófobas.
La actual mejora de la economía no está siendo suficiente para abordar el problema. La exclusión social se cifraba en 2018 en el 18,4% (dos puntos por encima que en 2007) y la precariedad ha aumentado. Los servicios públicos fundamentales como sanidad, educación y dependencia; han sufrido importantes recortes durante la crisis y se ha deteriorado la calidad de los mismos. Los servicios sociales reciben una creciente presión por la mayor demanda, y las políticas de vivienda no han estado a la altura para garantizar ese derecho.
El nuevo gobierno recién formado ha anunciado algunas medidas, y algunas de ellas ya las ha puesto en práctica, como la subida del salario mínimo. Se han comprometido a luchar contra la precariedad laboral. Que ciertamente es un problema grave, ya que tener empleo no es suficiente para que muchas familias salgan de los procesos de exclusión en los que se ven inmersos.
Por todo ello, desde Acciónenred Andalucía consideramos fundamental profundizar sobre las políticas publicas de inclusión que se puedan impulsar para tratar de estrechar las brechas de desigualdad en nuestra sociedad. No es admisible que en sociedades modernas, democráticas y solidarias como la nuestra que convivamos con estos niveles de pobreza y desigualdad.
Para reflexionar sobre estas cuestiones, desde acciónenred Andalucía hemos celebrado dos Aulas de Pensamiento Crítico en paralelo, una en Sevilla el 19 de febrero y otra en Granada el 20 de febrero, que nos han permitido conocer mejor la situación de pobreza y desigualdad en España, analizar cuáles son las dificultades más importantes a las que nos enfrentamos para lograr romper con las dinámicas de exclusión social y reflexionar sobre las políticas públicas e iniciativas cívicas que puedan ser más eficaces e interesantes para mejorar la integración y la inclusión social.
Para ello, hemos contado con la colaboración de Miguel Laparra, en ambas aulas, Doctor en sociología y profesor en la Facultad de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Navarra, que ha participado en la elaboración de multitud de informes en torno a diversos componentes de la exclusión y la desigualdad, como el informe FOESSA; y ha sido Vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra introduciendo reformas importantes en políticas de empleo, vivienda social, programas de inclusión y de atención a la infancia y la dependencia, entre otras. En sus intervenciones, puso de relieve a través de las conclusiones de sus investigaciones y de su experiencia política, cuáles son los rasgos principales de la exclusión en España, así como la certeza de que eliminar la exclusión severa es algo posible si hay voluntad política. Para ello, se hace imprescindible aumentar la dotación presupuestaria del gasto social para aumentar la cobertura de las políticas de garantía de ingresos, y explicitó como, según los estudios de la experiencia en Navarra, por cada euro invertido en políticas sociales retornan 1,02€ a la sociedad.
En Sevilla, contamos también con Mª del Mar González, profesora, doctora e investigadora en la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, especialista en integración familiar y de la infancia y Comisionada para el Polígono Sur de Sevilla en la anterior legislatura. A través de su intervención nos permitió aterrizar en experiencias concretas sobre políticas de inclusión que han resultado más eficaces y sobre aquellas necesidades que no están siendo afrontadas por la administración pública en una realidad como la del Polígono Sur de Sevilla.
En Granada, intervino Luisa Mª Maeso Torres, directoria de Cáritas Diocesana de Granada, que hizo una radiografía precisa de la situación de exclusión en Granada según los estudios por regiones del informe FOESSA. Sorprendió conocer como las situaciones de exclusión no es algo exclusivo de barrios con menor renta como Almanjayar, sino que se extendía de una forma sorprendentemente homogénea por toda la ciudad.
Dos sesiones muy enriquecedoras, a las que asistieron más de 100 personas y que se desarrollaron en el marco de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Granada, marco habitual de nuestro Aula de Pensamiento Crítico.