2-marzo-2020

Este 8 de marzo el movimiento feminista, junto con organizaciones sociales y humanitarias, vuelve a manifestarse para reclamar más igualdad, más libertad y más justicia social.

Ya está bien de precariedad laboral y de salarios bajos. Es hora de exigir unas políticas públicas de creación de empleo y de lucha contra la pobreza, que alcanza, en particular, a tantos menores y familias monoparentales. Estas políticas que demandamos han de estar orientadas especialmente a los colectivos más excluidos, como las trabajadoras domésticas y cuidadoras a domicilio, las migradas, las gitanas, las trabajadoras sexuales, las transexuales…

Una vez más, este 8 de marzo decimos basta a un modelo social que exige a las mujeres ser superwoman, haciendo recaer sobre ellas en exclusiva el trabajo doméstico y los cuidados de los hijos y de las personas mayores. Exigimos medidas de conciliación entre la vida laboral y la familiar, como permisos de paternidad/maternidad más largos e intransferibles, aumento y promoción de la red de escuelas infantiles públicas (especialmente de 0 a 3 años), comedores y servicios de apoyo al cuidado de hijos e hijas y dotación real de más recursos a la Ley de Dependencia. Medidas que son imprescindibles para avanzar hacia un nuevo modelo social más igualitario y humano en el que mujeres, hombres y todas las personas nos corresponsabilicemos de los cuidados y compartamos tareas y tiempos.

Mostramos de nuevo nuestro profundo rechazo a todas las violencias interpersonales. Decimos ¡basta! a la insoportable violencia sexista contra las mujeres o contra personas que no se someten a la norma heterosexual (gais, lesbiana, bisexuales, asexuales…) o a la imposición binaria de género (transexuales, intersexuales, etc.). Reiteramos que la única manera eficaz de acabar con estas violencias es la educación. Una educación que prevenga la violencia sexista, pero que también esté encaminada a reparar el daño ocasionado a las víctimas y a reeducar a las personas que han perpetrado la agresión. Una educación integral, basada en los derechos humanos, que incluya la sexualidad (eterna asignatura pendiente en nuestro país) y que permita ampliar la autonomía y los márgenes de libertad de las personas. Una educación que sea respetuosa con las distintas formas de vivir la sexualidad y la diversidad de orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género. La educación ha estado siempre en el punto de mira de la derecha. En el pasado, el PP logró suprimir la asignatura de Educación para la Ciudadanía y, en la actualidad, la Junta de Andalucía intenta imponer el veto parental, es decir, que los progenitores puedan impedir que su hija o hijo reciba en la escuela educación sobre las normas de convivencia de las que nos dotamos. El veto parental es un grave atentado al derecho de los niños y niñas a ser educados en los valores de igualdad y libertad consensuados en nuestra sociedad. Asimismo, supone una agresión a la escuela pública, que es la encargada de garantizar el aprendizaje de dichos valores y normas. Por ello, este 8 de marzo queremos denunciar las pretensiones sexistas, racistas y antidemocráticas de una extrema derecha rancia que presiona para debilitar nuestros consensos y erosionar una no muy boyante cultura democrática.

Por todo lo anterior, resulta imprescindible la defensa de una cultura de igualdad, libertad, solidaridad, respeto a la diversidad y pluralidad que alimente el diálogo y el afrontamiento pacífico de los conflictos como cemento de nuestra convivencia. Son mejoras, no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad. Por eso, sobran los motivos para que unas y otros nos sumemos a las movilizaciones que propone el movimiento feminista y contribuyamos a esa mejor sociedad, más democrática y justa.

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