La sentencia del Tribunal Supremo, una muestra más de que la salud universal no está garantizada
Nos sumamos a la iniciativa de Amnistía Internacional y REDER a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que pone en riesgo el acceso a la atención sanitaria para miles de personas que se han reagrupado de manera legal con sus familias en España.
Amnistía Internacional, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) -integrada por más de 300 organizaciones y entre las que está Médicos del Mundo¬, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Publica (FADSP) y Yo SÍ Sanidad Universal- lamentan la sentencia del Tribunal Supremo que da la razón al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), impidiendo así el acceso gratuito a la atención sanitaria a una mujer de nacionalidad cubana reagrupada legalmente por su hija.
Esta sentencia anula la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la que se declaraba su derecho a la atención sanitaria, tal y como han hecho otros tribunales superiores de diferentes comunidades autónomas para garantizar de manera efectiva el derecho a la salud a las personas reagrupadas legalmente en España.
“La sentencia supone la constatación de que la actual normativa sobre universalidad, el RD7/2018, no garantiza de manera absoluta la protección de todas las personas extranjeras que residen en España, como ya veníamos advirtiendo las organizaciones. Esta decisión ahonda en la exclusión sanitaria de las personas reagrupadas legalmente en España y da la espalda a las recomendaciones de mecanismos internacionales de protección de Naciones Unidas y del Consejo de Europa. Garantizar la sanidad universal significa que todas las personas que residen en España, independientemente de su nacionalidad y su situación administrativa, disfruten de su derecho a la salud, sin ningún tipo de trabas” asegura Marta Mendiola, responsable de derechos económicos, sociales y culturales en Amnistía Internacional España.
“La sentencia describe claramente cómo en 2012 se produjo una regresión en el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria, regresión que no ha sido plenamente revertida por el Real Decreto¬Ley 7/2018, particularmente en lo que respecta a las personas que llegan a España fruto de un proceso de reagrupación familiar. Esto evidencia que el tan anunciado regreso de la sanidad universal dista aún de ser una realidad para muchas personas que viven en España" declara José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo y portavoz de REDER.
“La sentencia recoge los argumentos del INSS, que más de 80 jueces han desmontado. Las familias quedan en una situación de inseguridad jurídica, sanitaria y vital grave, que se inició con la reforma del PP y que el decreto del PSOE no ha revertido. Nos acogemos al voto particular y al criterio de los jueces de lo social y continuaremos la vía jurídica, pues las familias no pueden permitirse dejar de luchar por su derecho a la asistencia sanitaria”, destaca Marta Pérez, portavoz de Yo SÍ Sanidad Universal.
Las organizaciones firmantes instan al nuevo Gobierno a que en la próxima legislatura corrija las lagunas de desprotección que contiene el Real Decreto 7/2018 y reforme la Ley de extranjería garantizando una verdadera y efectiva universalidad en el acceso al derecho a la salud. REDER es una red de colectivos, movimientos, organizaciones y personas implicadas en la defensa del acceso universal a la salud y la denuncia de su cumplimiento.
REDER está coordinado por un Grupo Motor integrado actualmente por ARI-PERU, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Púbica (FADSP), Médicos del Mundo, la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCAT), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la Sociedad Española de Salud Pública Administración Sanitaria (SESPAS). Además, forman parte de REDER más de 300 organizaciones sociales y profesionales como el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana (ODUSALUD), Andalucía Acoge, la Plataforma Salud Universal Aragón; la Rede Galega en Defensa do Dereito á Saúdade; la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia; la Plataforma “Ciudadanía contra la exclusión sanitaria” o la Red Transnacional de Mujeres (NetworkWoman). Para más información: www.reder162012.org
Por el derecho a la salud
POR EL DERECHO A LA SALUD. POR UNA ATENCIÓN SANITARIA UNIVERSAL.
Hace pocos días, el Gobierno sorprendía con una rectificación parcial de su tristemente famoso RD 16/2012 sobre la reforma del sistema nacional de salud que dejó sin cobertura sanitaria a más de 800.000 personas que no cuentan con permiso de residencia. Pero el plan del Ministro de Sanidad Alonso no incluye la devolución de la tarjeta sanitaria sino la expedición de un documento de un año de duración que da acceso a la asistencia primaria en función de algunos requisitos (tiempo mínimo de empadronamiento, nivel de renta...). Sin embargo, estas personas seguirán teniendo un acceso muy limitado, ya que no podrán ser derivadas a un médico especialista, no tendrán historial médico y pagarán el precio total de los medicamentos.
Además de responder a un claro objetivo electoralista, la medida es totalmente insuficiente. La justificación del Gobierno se basa en la descongestión de las urgencias y otras explicaciones técnicas pero no aborda el problema fundamental: la ruptura de la sanidad universal en nuestro país y el derecho a la salud de todas las personas. El decreto anterior ha demostrado ser, además de profundamente injusto, un auténtico fracaso. No ha conseguido los supuestos “ahorros” que prometía, ha saturado las urgencias, ha puesto en peligro la salud pública al excluir a miles de personas.
Durante este tiempo, acciónenred junto a numerosas ONGs, instituciones europeas, organismos internacionales y todos los partidos políticos, a excepción del PP y Ciudadanos, han denunciado reiteradamente este decreto. Exigimos, por tanto, al Gobierno que garantice en igualdad el derecho a la salud de todas las personas, lo que supone la devolución de la tarjeta sanitaria y todo lo que ello conlleva. Y que deje de jugar a hacer cálculos electoralistas cuando se trata de la salud pública y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
no más muertes de personas inmigrantes por desatención sanitaria
Desde acciónenred nos sumamos a la denuncia de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, y manifestamos nuestro rotundo rechazo al Real Decreto Ley Ley 16/2012.
Os dejamos aquí el comunicado que han elaborado:
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ante la muerte de un inmigrante no regularizado debida presuntamente a una deficiente atención derivada de su situación irregular, tiene que señalar:
1) Desde la FADSP cuando se aprobó el RD Ley 16/2012 ya denunciamos que de su aplicación de iba a generar desatención a los colectivos de personas en situación irregular, problemas de salud y previsiblemente muertes que podrían haberse evitado.
2) Este es el segundo caso en el que se produce un fallecimiento que se ha denunciado a resultas de problemas en la atención sanitaria en este grupo de población (el anterior en Valencia), pero no puede asegurarse que no se hayan producido mas casos que no se han conocido.
3) Desde el RD Ley existe una situación dramática de desatención sanitaria de este colectivo, porque aunque en el mismo se asegura, teóricamente, la atención en algunas circunstancias, existe mucha evidencia de que hay casos de negativa a la atención en urgencias, embarazadas y menores, así como el hecho de que frecuentemente se les pretende facturar y/o cobrar la atención recibida, y con mas frecuencia aún se les ponen todo tipo de trabas a la asistencia sanitaria, lo que dado el caso de que se trata de personas en situación irregular, que temen que el exigir sus derechos sea aprovechado para expulsarlos del país, hace que demoren y/o no acudan a los centros sanitarios cuando lo necesitan.
4) En el último caso denunciado, una muerte por tuberculosis, se trata de una muerte evitable y de un problema de salud pública que no ha sido atendido adecuadamente.
Desde la FADSP tenemos que seguir denunciando esta legislación inhumana, que cuesta vidas de personas, y exigir que por parte del Ministerio de Sanidad y de las CCAA se arbitren mecanismos para evitar que vuelvan a suceder hechos como estos.
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
5 de mayo de 2013
