COMUNICADO: POR UNA ACOGIDA DIGNA
En los últimos meses, debido a diversos factores internacionales como el endurecimiento de la política migratoria italiana y el cierre de fronteras en Turquía, se ha producido un incremento de llegadas por vía marítima a las costas españolas. A pesar de que varias organizaciones nacionales e internacionales llevaban tiempo alertando de que se produciría esta reactivación de la vía migratoria por el Mediterráneo Occidental, las administraciones españolas responsables de acoger dignamente a las personas migrantes han dado muestra de una absoluta falta de previsión y están respondiendo a la situación con una improvisación preocupante.
Con la excusa de encontrarse desbordado por un incremento de las llegadas supuestamente inesperado, el gobierno anterior puso en marcha medidas de emergencia que, en algunos casos, atentaban incluso contra los Derechos Humanos, como el encierro de decenas de personas hace algunos meses en la cárcel de Archidona. También los centros de emergencia habilitados por la Junta de Andalucía para la acogida de menores extranjeros/as no acompañados/as muestran graves deficiencias que han sido denunciadas por distintas entidades sociales, como la falta de declaración en desamparo y tutela, el número insuficiente de educadores/as o la no escolarización de los/as menores.
Desde hace meses se están detectando graves irregularidades en la atención de las personas que llegan a nuestras costas con el único objetivo de labrarse un futuro digno y, aunque el nuevo gobierno central inauguró su mandato con la acogida del barco Acquarius, que parecía prometer un claro posicionamiento en Europa hacia políticas migratorias más humanas y respetuosas con los Derechos Humanos, la realidad que estamos presenciando en los puntos de acogida contradice esta declaración de intenciones.
La falta de medios dedicados a atender el incremento de llegadas por vía marítima, así como la escasa coordinación entre administraciones está dejando a miles de inmigrantes recién llegados/as sin recursos ni información sobre su situación, lo cual ha obligado a que la ciudadanía se organice para tratar de paliar su sufrimiento. Así, debido a la dejación por parte de las administraciones competentes, voluntarios y voluntarias de diferentes puntos de la geografía española se han organizado para crear una red de apoyo que ayude a estas personas a continuar con su proyecto migratorio, ya sea en España o en otro país europeo.
El diciembre pasado, decenas de personas enviadas desde Motril con la promesa de que serían atendidas por una ONG quedaron abandonadas en la estación de autobuses de Granada. Este hecho propició que un grupo de asociaciones instara al Ayuntamiento a activar un protocolo de emergencia con el cual hacer frente a este tipo de situaciones, el cual debía ser liderado por el propio Ayuntamiento y contaría con el apoyo voluntario de entidades y ciudadanía. Esta iniciativa se ha ido concretando en grupos de trabajo y en la cesión de plazas de acogida pertenecientes a entidades religiosas, de forma que la ciudad de Granada cuenta ya con la capacidad de hacer frente de forma coordinada a este tipo de llegadas colectivas. No obstante, las organizaciones y ciudadanos/as que han aceptado participar en este protocolo son muy conscientes de que se trata de un plan de emergencia que ha tenido que ponerse en marcha para no dejar a las personas inmigrantes en la situación de desamparo en la que han caído por culpa de la dejación de las administraciones responsables. Por este motivo, si bien se considera necesario el apoyo ciudadano, hay también una firme denuncia de las graves deficiencias que se detectan en la atención que reciben las personas que llegan hasta nuestras costas y una exigencia de que se dediquen más recursos humanos y materiales para asegurar una acogida adecuada.
En la atención de las llegadas colectivas a las costas españolas se están detectando numerosas deficiencias:
- Instalaciones inadecuadas: durante las primeras 72 horas que siguen a la llegada se lleva a cabo una primera atención en la que las personas están privadas de libertad. De forma totalmente improvisada se están habilitando para este fin instalaciones que no reúnen las condiciones mínimas y que no están legalmente destinadas para ello.
- Falta de personal: no se está realizando una atención jurídica individual adecuada y con los servicios de traducción necesarios. Asimismo, existen casos de enfermedades que no se han detectado y no se cuenta con personal que pueda brindar apoyo psicológico ni mediación.
- Desprotección de la infancia: se ha podido comprobar que en algunos casos se determina la edad con absoluta arbitrariedad, lo cual tiene como consecuencia que menores no acompañados/as acaben en recursos para mayores de edad o incluso en la calle. También se ha demostrado la presencia de niños/as y bebés en instalaciones deficientes, así como el hecho de que menores de edad hayan sido atados con bridas con el objeto de evitar su huida.
- Falta de acceso a la información: muchas personas declaran no haber tenido contacto con un intérprete, lo que conlleva que no conozcan ni siquiera cuál es la situación documental en que se encuentran, qué derechos tienen ni a qué recursos pueden acceder. Además, en gran cantidad de ocasiones no se les facilita su Número de Identificación de Extranjero (NIE) y éste tampoco se deja registrado en la orden de devolución que se les abre, de forma que no pueden acceder a ningún recurso de acogida y se dificulta enormemente que se trasladen a otras ciudades.
- Imposibilidad de detección de personas en situación de especial vulnerabilidad: la falta de una atención jurídica adecuada, así como la ausencia de intérpretes conlleva que en muchos casos no sea posible determinar si las personas atendidas son menores, víctimas de trata o potenciales solicitantes de Protección Internacional.
- Abandono y desamparo: a las personas que no son enviadas a Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ni a recursos de acogida humanitaria se las suele trasladar a otras ciudades de España sin recursos ni información sobre a dónde pueden acudir. Estos traslados se llevan a cabo sin coordinación alguna con las administraciones de las ciudades a las que llegan, por lo que sólo logran salir adelante gracias a la organización ciudadana, que está funcionando como una red de apoyo en diferentes localidades.
Las entidades abajo firmantes exigimos a las distintas administraciones que dediquen los medios económicos y humanos suficientes para garantizar una acogida digna y acorde a los Derechos Humanos:
Las ciudades que reciben a personas migrantes -y muy especialmente aquellas que se declararon “ciudades de acogida”- deben garantizar el acceso de estas personas a los recursos públicos, habilitando espacios para su acogida, acceso a la atención sanitaria y todas las intervenciones necesarias para posibilitar su inserción social.
La Junta de Andalucía debe garantizar la protección de los y las menores que llegan a su territorio sin acompañamiento, con instalaciones adecuadas, personal capacitado suficiente para su atención, la tramitación eficaz de la tutela y la escolarización de los/as menores en la mayor brevedad posible.
El gobierno central debe asegurar una acogida respetuosa con los derechos de las personas que llegan hasta nuestras costas, brindando instalaciones adecuadas, atención jurídica individualizada, servicio de traducción, atención sanitaria y psicológica suficiente, así como atención a situaciones de especial vulnerabilidad, dedicando mayores recursos económicos y humanos para atender la situación de desastre humanitario que se está produciendo en la Frontera Sur de Europa.
Asimismo, instamos al gobierno a presionar a la Unión Europea para que modifique su política migratoria y que, en lugar de dedicar enormes sumas a fortalecer y externalizar sus fronteras, así como a encerrar y expulsar a personas indocumentadas, busque fórmulas para atajar las causas de la inmigración y vías legales para que los y las migrantes puedan acceder de forma segura al continente europeo.
Entidades firmantes:
- · Acciónenred Granada
· AGAE (Asociación Granadina Amigos del Escultismo)
· Ajuntamiento Albaicín – Plataforma Vecinal Albayzín
· APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía)
· ASCUA (Asociación Solidaria de Cooperantes Universitarios Andaluza)
· Asociación Primero Vivienda Granada
· ASPA (Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz)
· AVAM (Asociación Venezolanos Amigos del Mundo)
· CCOO (Comisiones Obreras)
· Centro de Iniciativa para la Cooperación Bata Granada
· Círculo de Derechos Humanos. Podemos Granada
· Comunidades Cristianas Populares
· Comunidad Jesuitas Cartuja
· CVX Granada (Comunidad de Vida Cristiana)
· Dar Al Anwar
· Delegación Diocesana de Migraciones
· Delegación Diocesana de Misiones
· Diapó con África
· Entreculturas Granada
· Entre Sures
· Fundación Centro Persona y Justicia
· Fundación Vivienda Digna
· Granada Acoge
· Grupo San Francisco Granada
· Hermanitas de la Asunción
· Iberoamérica Migrante
· Izquierda Unida
· Médicos del Mundo
· Misioneros Claretianos
· Misioneros Combonianos
· Ojos del Sur
· Oxfam Intermón de Granada
· Párroco de Santa María Micaela
· PCMG (Plataforma de la Comunidad Musulmana de Granada)
· Plataforma Zona Norte
· Semillas de Esperanza
· Senderos de Maíz
· Setem (Servicio Tercer Mundo)
Editorial: Europa traiciona sus valores: solidaridad y derechos humanos
Las políticas que sigue la UE con los movimientos migratorios son una de las expresiones más importantes del desconcierto que vive Europa, pues traiciona lo que son algunos de sus valores fundadores como la solidaridad y la defensa de los derechos humanos.
Aunque la reforma en profundidad de las políticas migratorias y del sistema de asilo está sobre la mesa, de manera urgente tras la llamada “crisis de los refugia- dos”, todo parece indicar que no se avanzará por la profunda división que hay entre los países europeos.
Mientras tanto, la UE sigue tomando medidas encaminadas a frenar la llegada de migrantes y refugiados. Para ello, sigue un enfoque de emergencia y seguridad, centrado en proteger el territorio y las fronteras (SIVE, Frontex y construcción de muros y vallas), combatir la inmigración irregular (expulsión y retorno) e impedir que las personas refugiadas lleguen a nuestras fronteras (acuerdo con Turquía y Libia).
La externalización de nuestras fronteras a través de acuerdo con terceros países, que en su mayoría son países que no respetan los derechos humanos, se está convirtiendo en el pilar fundamental de Europa en materia de inmigración/refugio. Se externaliza así el derecho al asilo y se va construyendo una “Europa fortaleza”. Los acuerdos de readmisión, los centros de detención y los vergonzosos acuerdos con Turquía y de Italia con Libia, respaldados por la Unión Europea, son ejemplos de esta externalización.
Además, la Unión Europea utiliza la financiación de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) para controlar los flujos migratorios, desvirtuando el sentido de estos fondos.
Las consecuencias de estas políticas nos sitúan en una caída peligrosa hacia “la banalización del mal” en Europa, provocan un mayor riesgo para los refugiados e inmigrantes y dan más juego a los traficantes y sus negocios.
A estas alturas ya nadie duda que la escalada de muertes y desapariciones en el Mediterráneo, en los últimos años, representa uno de los mayores desastres humanitarios en la historia de la Unión Europea. De acuerdo con los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Mediterráneo se ha convertido en la región con mayor número de personas desaparecidas a nivel mundial (65% de todas las muertes en rutas marítimas en 2016).
Aunque las llegadas a través del Mediterráneo están disminuyendo, las muertes siguen aumentando porque las vías de acceso son cada vez más peligrosas. Los datos muestran que desde 2015 la tasa de mortalidad de migrantes y refugiados ha aumentado significativamente hasta alcanzar alrededor de 35 muertes/desapariciones por cada 1.000 llegadas en 2017. En lo que llevamos de 2018, lejos de disminuir, parece que la tendencia va al alza.
Como advierte la ONU, las muertes seguirán aumentando por el hostigamiento de algunos gobiernos a las ONGs y personas que se dedican a salvar a migrantes y refugiados de una muerte casi segura en el Mediterráneo, acusándoles de trata y tráfico de personas (Médicos sin Fronteras, Proactiva Open Arms, Proem-Aid, Helena Maleno…). Esta persecución se repite por toda Europa. Casos como el de la ONG alemana Jugend Retter, el del cura eritreo Mussei Zerai o el del francés Cédric Herrou condenado a una multa y meses de prisión por ayudar a cruzar la frontera entre Francia e Italia se suman a la lista de investigados o condenados.
La situación en España no es mejor, ni en relación a los refugiados ni al control de sus fronteras. La frontera sur española es actualmente la tercera vía de entrada a Europa de personas migrantes y refugiadas por el mar Mediterráneo (después de Grecia e Italia). El número de llegadas por vía marítima se ha triplicado durante 2017, siendo un año récord.
La situación de Ceuta y Melilla es especialmente grave, los CETI están por encima de su capacidad de acogida, a los solicitantes de asilo se les restringe ilegalmente la libertad de circulación y el sistema de identificación de MENA y víctimas de tratas es totalmente ineficaz. Desde que en 1990 se construyera las primeras vallas fronterizas, en Ceuta y Melilla, no han parado de reforzarse, la instalación de concertinas es un ejemplo. Hay una práctica sistemática de devoluciones en “caliente”, que son ilegales y violan el derecho de asilo. En este sentido, el pasado día 3 de octubre de 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, condenó a España por las devoluciones en caliente a Marruecos de dos personas en la valla de Melilla sin ser identificadas.
Numerosas ONGs han denunciado que la Unión Europea y España no han cumplido sus compromisos de acogida de refugiados después de dos años de la entrada en vigor del acuerdo entre Bruselas y Turquía para abordar la crisis migratoria. Si la UE apenas ha logrado acoger una de cada cuatro personas a las que se comprometió, España entre reubicadas y reasentadas apenas supera el 11% de cumplimiento de estos acuerdos (1.983 de 17.000).
Durante el año 2017, los veintiocho Estados de la Unión Europea concedieron protección a más de 538.000 personas, de las que solo 4.700 llegaron a nuestro país, el 0,9%. Un tercio provenían de Siria. Ello significa que el Gobierno concedió en 2017 protección internacional a un 40% menos de solicitantes de asilo que en 2016. España rechazó dos de cada tres solicitudes de asilo en 2017, según CEAR.
Además el sistema de acogida español recibe a las personas refugiadas pero no las integra y al final del proceso de acompañamiento quedan a su suerte con problemas económicos graves, falta de trabajo y dificultad para acceder a una vivienda.
Esta descoordinación en la acogida, como han denunciado las ONGs y ACNUR, se extiende también: a la recepción de pateras (las instalaciones portuarias y lugares en que permanecen detenidas estas personas no reúnen las condiciones adecuadas, se dificulta la identificación de las mujeres que podrían ser víctimas de trata…); a los CIES (como la situación vivida con el encierro de inmigrantes argelinos en la cárcel de Archidona); y a los MENA a los que no se aplica el Protocolo Marco de Menores Extranjeros no Acompañados (no siempre se hacen entrevistas ni las exploraciones físicas).
No podemos dejar de celebrar las medidas tomadas por el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, como son la acogida del Aquarius, las declaraciones del ministro del Interior de retirar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla o el cierre del CIE de Canarias. También, nos parece muy positivo que se haya incorporado la palabra “inmigración” al ministerio de Trabajo, Inmigración y Seguridad Social. Compartimos la ilusión y la esperanza de tantas personas en que el nuevo gobierno pueda iniciar una nueva época.
Confiamos en que la llegada de este gobierno sea una ocasión extraordinaria para, de manera inmediata, poner fin a algunas de las medidas que más atentan contra los derechos humanos y tratar de acabar con la descoordinación que existe en el sistema de acogida.
Cumplir con las cuotas de reubicación y reasentados de refugiados comprometidas por España con la UE; establecer vías seguras de solicitud de asilo a través de las embajadas, visados humanitarios; acabar con las llamadas devoluciones en caliente; cerrar los CIES y, mientras tanto, reformarlos para que se respeten los derechos humanos; restablecer la tarjeta sanitaria para los inmigrantes irregulares; adoptar un Plan de Acción a nivel Estatal para dar respuesta adecuada al incremento de llegadas de personas a las costas españolas y que ponga fin a la descoordinación, elaboración del Reglamento de desarrollo de la Ley de asilo, volver a retomar el Fondo de Integración de Inmigrantes… son algunas de las medidas que se podrían empezar a tomar y muchas ONGs y especialistas estamos de acuerdo en que el nuevo gobierno debería trabajar por ellas.
24 de junio de 2018
La ciudadanía pide menos coches y más árboles en Sevilla
Más de cuatrocientas personas se unieron este miércoles 20 de junio a la concentración Por El Clima de Sevilla, que junto con la plataforma Somos Migrantes han querido recordar que muchas migraciones están relacionadas con el clima. Según ACNUR, desde 2008, 21,5 millones de personas tienen que abandonar sus hogares cada año por causas relacionadas con el clima.
“Menos coches y más árboles”, son las peticiones urgentes de este colectivo. Estatuas de personajes ilustres de Sevilla, con mascarillas para protegerse del aire contaminado, han ilustrado en las calles y en las redes sociales la necesidad de mejorar la habitabilidad de nuestras calles.
La pasada semana, en Sevilla se alcanzaron niveles de contaminación de aire preocupantes para la salud. Esto es debido, en buena medida, al tráfico de vehículos, especialmente en el centro de Sevilla. Según el último informe de Ecologistas en Acción de 2017, en el casco antiguo los niveles de contaminación superaron hasta en nueve ocasiones los niveles de seguridad, y son los más altos de toda la ciudad.
Las organizaciones convocantes urgen al Alcalde a tomar medidas inmediatas para restringir el paso de vehículos al centro, lo que beneficiaría tanto a la calidad del aire y la salud de la ciudadanía como a la lucha por reducir las emisiones de gases que contribuyen al cambio climático. Estas mismas peticiones fueron ya escuchadas por el Alcalde en la reunión que mantuvo con este colectivo el pasado 8 de mayo, donde se comprometió a estudiar soluciones para implementar “cuanto antes”.
Más de 9.000 alcorques de la ciudad se encuentran actualmente vacíos, y las numerosas podas y apeos recientes no se están acompañando de campañas de replantación, por lo que la ciudad sigue perdiendo sombra verde.
Es urgente planificar la reposición y aumento de la masa vegetal de la ciudad de cara al otoño próximo. “Cada año que pasamos sin plantar árboles en las calles es un año perdido para el aumento de sombra para nuestros hijos e hijas” afirmaron desde esta movilización.
El colectivo Por El Clima de Sevilla lo integran 24 organizaciones:
Red Sevilla por el Clima, Ecologistas en Acción Sevilla, CCOO Sevilla, Greenpeace, FACUA Sevilla, Federación de Asociaciones de Vecinos de Sevilla, Acción en Red Andalucía, Plataforma por un nuevo modelo energético, Som Energía, A Contramano, Colegio de Geógrafos de Andalucía, Iniciativa Sevilla Abierta, Alianza por el Clima Sevilla, Subdirección Hábitat Sostenible de la ETSA, Escuelas de calor, ONCE Andalucía, Cáritas Sevilla, USTEA Sevilla, OxfamIntermón, Enlázate por la justicia (Manos Unidas, REDES), Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, Ingeniería sin Fronteras Andalucía, EcoEmprendedores por el Clima, Colegio de Ingenieros de Canales, Caminos y Puertos - Andalucía y Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Andalucía.
