EDITORIAL: 500.000 firmas para 500.000 personas esenciales
En este año 2022 se ha impulsado la campaña #Esenciales para presentar una Iniciativa Legislativa Popular que permita llevar al Congreso de los Diputados la regularización de las personas que se encuentran en situación administrativa irregular en nuestro país. El objetivo de esta ILP es conseguir una regularización general y extraordinaria que afectaría a 500.000 personas migrantes, para lo que se requiere de 500.000 firmas de apoyo.
La existencia de medio millón de migrantes que viven en la ilegalidad en España es una situación que ningún Estado de derecho debería admitir. La irregularidad en la que se encuentran estas personas es perjudicial para toda la sociedad. En primer lugar, para quienes sufren esta realidad ya que se ven obligadas a vivir sin derechos, lo que les condena a una situación de marginalidad e indefensión que ninguna sociedad democrática debe tolerar. En segundo lugar, perdemos la sociedad en su conjunto, privándonos de la aportaciones de todo tipo (económicas, fiscales, …) que realizarían estas personas si no se encontraran despojados de sus derechos. Además, estas personas no son tenidas en cuenta a la hora de planificar los servicios públicos y sus necesidades porque quedan fuera del radar de las instituciones, como ha evidenciado la emergencia epidemiológica sanitaria que vivimos actualmente con graves consecuencias para todos.
Las situaciones de irregularidad que se producen están relacionadas con causas diversas. Una de las más importantes tiene que ver con las necesidades de mano de obra de la economía informal, es decir, mano de obra precaria y flexible que encuentra en la inmigración irregular una de las ofertas más atractivas. En nuestro caso, se suma la existencia de un mercado de trabajo irregular donde la persona recién llegada puede trabajar sin permiso en la agricultura, principalmente los hombres, y en el servicio doméstico, las mujeres, mientras esperan poder regularizar su situación. A ello, se añaden también unas vías de acceso regular muy restrictivas y con condiciones muy difíciles de cumplir.
Hay dos falsos mitos asociados a la irregularidad de las personas migrantes que necesitamos desmontar. Uno de ellos es la creencia de que la mayor parte entra en patera, cuando la inmensa mayoría lo hacen por Barajas y en condiciones de legalidad, con un visado de turista . Y otro, que las regularizaciones conllevan un efecto llamada, lo que ya se ha evidenciado como falso ya que los procesos de regularización que se han impulsado no han supuesto un aumento de la llegada de más migrantes. Es más bien el mercado el que actúa intensificando o debilitando los flujos migratorios.
Por otro lado, la pandemia ha puesto de manifiesto una doble situación injusta y contradictoria entre sí para la población migrante. A la vez que se les ha marginado de todas las medidas de protección, su trabajo ha sido esencial para que la vida de los demás continúe. Es decir, por un lado, la pandemia ha dejado al descubierto situaciones que habían sido invisibilizadas, mostrando que estas personas están en desventaja y con mayor vulnerabilidad con respecto al resto de la sociedad, tanto por verse delegada la cobertura de las vacunas y ayudas sociales, como por la incidencia que la pandemia ha tenido en el aumento de la irregularidad sobrevenida, especialmente en los casos de solicitantes de protección internacional que ven denegadas sus solicitudes. Y, por otro lado, se ha demostrado que estas personas son esenciales para el mantenimiento de sectores imprescindibles como el del cuidado de personas mayores, dependientes, agricultura… Seguramente este sea un elemento que explica por qué más del 70% de la ciudadanía ve bien un proceso de regularización extraordinaria.
Hacer regularizaciones no es algo que contravenga ninguna normativa legal ni en España (se han hecho 6 procesos de regularizaciones) ni en Europa (43 programas de regularización entre 1996 y 2008). Sin embargo, la regularización que se plantea en esta ocasión es singular por dos razones. Una, por el contexto, la pandemia ha mostrado lo imprescindibles que han sido en los momentos más duros y lo siguen siendo en la actualidad y es de justicia reconocerlo a través de este mecanismo legal y, otra, porque proviene del mundo de las ONGs y asociaciones de migrantes con amplio respaldo del mundo asociativo. Es la primera vez que se propone una ILP para que se lleve a cabo una regularización extraordinaria. Ello supone un esfuerzo importante para las asociaciones implicadas (más de 600) tanto para la recogida de firmas, 500.000, como para llevar el debate a la sociedad y hacer llegar la necesidad de esta regularización.
Por todo ello, desde acciónenred Andalucía nos hemos sumado de forma activa a esta iniciativa y hemos habilitado nuestros locales de Sevilla (C/ Curtidurias 15) y de Granada (C/ Enriqueta Lozano 7 bajo) como puntos fijos para la recogida de firmas. Porque son muchas las razones para apoyar esta ILP, acércate y apoya con tu firma.
WEB ESENCIALES: https://esenciales.info/
Editorial: Y tras la COP26 de Glasgow ¿qué hacemos?
20-diciembre-2021
Tras 26 años de COP (Conferencia
de las Partes), la primera fue en 1994, los niveles de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) no han dejado de crecer a nivel mundial.
En 1992, en la Cumbre de la Tierra o también conocida como Cumbre de Río, se estableció la creación de la Convención Mundial de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, a la que se acogieron 196 países. Cuando esto ocurrió todavía no había tantas certezas de la influencia del papel humano en las emisiones de gases de efecto invernadero. El panel de expertos sobre cambio climático (IPCC) ya había emitido su primer informe en 1990 y el objetivo de dicha Convención Mundial era “estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que impida interferencias antropógenas (inducidas por humanos) peligrosas en el sistema climático".
Casi 30 años después, y con unos GEI que siguen en un aumento, cerramos la COP26 de Glasgow con la sensación de que todo sigue igual, y nada o poco cambia.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, inició la reunión recordando que el objetivo marcado en el Acuerdo de París era no superar los 1,5ºC pero que, según el último informe del IPCC, nos dirigíamos directamente a un aumento mayor de 2,7ºC a final de siglo, algo catastrófico, sino realizábamos un giro inmediato en nuestras políticas de combustibles fósiles. Para acercarnos al objetivo deseado debemos reducir un 45% nuestras emisiones de CO2 antes del 2030, dentro de 8 años.
Tras 15 días reunidos, el Pacto Climático de Glasgow, firmado por casi
200 países, es el primero de este tipo que prevé explícitamente la
reducción del uso y explotación del carbón, el combustible fósil que más gases
de efecto invernadero genera, y la reducción de los subsidios a los
combustibles fósiles ineficientes. La propuesta inicial era la eliminación, no
la reducción, pero India, al final de la negociación, exigió el cambio de
objetivo.
Otro elemento clave ha sido solicitar a los países actualizar a más tardar el año entrante, 2022,
sus metas de reducción de carbono para 2030. También fue incluido en el texto
final la promesa, no la obligación, de entregar más dinero a los países en
desarrollo para ayudarles a adaptarse a los impactos climáticos. Se hace
énfasis en la necesidad de "aumentar significativamente el apoyo" a
los países en desarrollo más allá de los 100.000 millones de dólares al año
comprometidos en París.
Otros acuerdos parciales fueron el que establecieron Estados Unidos y China. Los dos países anunciaron un acuerdo conjunto para hacer más a favor de reducir las emisiones esta década, y China se comprometió por primera vez a desarrollar un plan para reducir el metano, un potente gas de efecto invernadero, muy asociado a la agricultura, ganadería y gestión de residuos.
Los líderes de más de 100 países, incluidos Brasil,
China, Rusia y Estados Unidos, prometieron poner
fin a la deforestación para 2030.
Todas estas promesas podrían
sonar bien hace unos años, pero la situación de emergencia en la que nos
encontramos hace pensar que son insuficientes. Principalmente por su falta de
concreción de plazos y cuantías, la falta de obligatoriedad y el
desconocimiento de la procedencia de los
fondos para llevarlas a cabo.
No queda definido cuántas emisiones debe recortar cada país durante la próxima década y con cuánta rapidez. Se revisará de nuevo en la COP27, en Egipto. Otro año más perdido. Quién otorgará a los países en desarrollo los fondos que necesitan para recurrir a energías menos contaminantes y enfrentar los desastres del clima cada vez más extremos es otro de los temas candentes que ha quedado sin resolver. Y quién compensará los daños producidos por el cambio climático en los países o áreas más vulnerables ha quedado en el aire.
Mientras, la sociedad civil organizada y no organizada ha asistido expectante al desenlace de esta cumbre. Organizaciones sociales y ecologistas, movimientos climáticos (especialmente de jóvenes), científicos y personas de a pie, todavía albergábamos alguna esperanza en que la ansiada COP26 fuera el arranque definitivo hacia un cambio en el modelo, hacia un descenso de las emisiones de GEI a nivel mundial, hacia la eliminación del carbón como combustible fósil de referencia y reducción de los restantes, hacia una transición energética y ecológica real y palpable.
Greta
Thunberg, Vanessa
Nakate, y otras jóvenes activistas climáticas han liderado las
movilizaciones por el clima que se han producido en Glasgow y en más de 200
ciudades del mundo. El lema de los
jóvenes en la cumbre de Glasgow, “not
more blablabla”, deja claro cuáles son las sensaciones y conclusiones de la
reunión.
Los resultados no son los esperados, no se ha producido el compromiso real que la sociedad, o parte de ella, deseábamos. Tendremos que esperar a 2022, para intentarlo de nuevo. Mientras esto ocurre debemos, a pesar de la desesperanza, mantenernos activos, unidos y comprometidos. Las organizaciones que estamos en esta causa debemos establecer lazos más fuertes, generar más movilización y conciencia y trabajar en el ámbito educativo con los jóvenes y sus familias, apoyando sus iniciativas. Los jóvenes ya han demostrado y siguen demostrando que este problema les interesa.
Es nuestra responsabilidad seguir instando a los gobiernos (desde municipales a estatales) a que cumplan sus obligaciones con la ciudadanía. Porque no estamos hablando de “Salvar el Planeta, ni salvar a las ballenas”, estamos poniendo en jaque la continuidad de nuestra especie, la posibilidad de una vida humana que pueda ser vivida dignamente.
Cientos de organizaciones y
personas siguen poniendo en marcha múltiples y diversas acciones que reducen la
contaminación, reducen los residuos y los impactos y generan una forma de vida
más acorde con nuestro planeta y sus recursos. Cooperativas energéticas,
ecohuertos urbanos y escolares, pequeñas empresas de reciclaje y reutilización,
iniciativas para movilidad sostenible, redes de apoyo a personas vulnerables,
iniciativas ciudadanas de revegetación de los espacios, sistemas para reducir
el desperdicio alimentario masivo, y muchas otras acciones son necesarias en
nuestras vidas, y nos marcan una senda a seguir, nos alientan para creer que el
cambio de modelo es posible, no sólo desde el ámbito institucional, sino desde
el ámbito ciudadano.
Por todo ello, desde accionenred Andalucía, seguiremos trabajando y movilizando, creando espacios de encuentro, favoreciendo intercambios, acercándonos a los jóvenes para recoger sus inquietudes y dándole altavoz a las múltiples iniciativas que nos dicen que la transición ecológica es posible. Queremos seguir transmitiendo a la ciudadanía que hay esperanza, que millones de personas ya están en el camino y que, independientemente de lo que se acuerde en las esferas institucionales, seguimos apoyando y trabajando por la transición hacia un modelo más justo y respetuoso con nuestro planeta y con las personas.
APC "Desigualdad y pobreza"
El reciente informe publicado por Save de Children (enero 2020) vuelve a poner de manifiesto el alcance y la dimensión que los procesos de pobreza, exclusión y desigualdad tiene en nuestro país, los cuales nos dejan como el segundo país de Europa con mayor pobreza infantil. Algo que nos debe remover, indignarnos y actuar.
Después de los años duros de la crisis, diversos informes, entre ellos los realizados por la Fundación FOESSA, que pasa por ser uno de los estudios más serios y rigurosos que se elaboran sobre pobreza y desigualdad en nuestro país, concluyen que el trabajo no es suficiente para que muchas familias salgan de los procesos de exclusión en los que se ven inmersos, mientras las desigualdades siguen aumentando.
En el informe de 2007, previo a la crisis, se puso “sobre la mesa que el 16,6% de la población española se encontraba en el espacio de la exclusión social”. Estos datos ponían de relieve como nuestro modelo social, incluso en momentos de crecimiento económico, no estaba siendo capaz de incluir a parte importante de la sociedad. La posterior crisis económica intensificó esta realidad, acelerando y haciendo más visibles unas dinámicas sociales empobrecedoras que afectan a todas las personas pero que golpea más intensamente a sectores concretos que permanecen en una “situación de permanente vulnerabilidad”.
Según las conclusiones del VIII Informe FOESSA, en la actualidad nos encontramos ante un panorama muy preocupante con: aumento de la desigualdad, debilidad en los sistemas de gobierno europeos, erosión de las instituciones públicas, gestión insolidaria de la crisis y actitudes reactivas y xenófobas.
La actual mejora de la economía no está siendo suficiente para abordar el problema. La exclusión social se cifraba en 2018 en el 18,4% (dos puntos por encima que en 2007) y la precariedad ha aumentado. Los servicios públicos fundamentales como sanidad, educación y dependencia; han sufrido importantes recortes durante la crisis y se ha deteriorado la calidad de los mismos. Los servicios sociales reciben una creciente presión por la mayor demanda, y las políticas de vivienda no han estado a la altura para garantizar ese derecho.
El nuevo gobierno recién formado ha anunciado algunas medidas, y algunas de ellas ya las ha puesto en práctica, como la subida del salario mínimo. Se han comprometido a luchar contra la precariedad laboral. Que ciertamente es un problema grave, ya que tener empleo no es suficiente para que muchas familias salgan de los procesos de exclusión en los que se ven inmersos.
Por todo ello, desde Acciónenred Andalucía consideramos fundamental profundizar sobre las políticas publicas de inclusión que se puedan impulsar para tratar de estrechar las brechas de desigualdad en nuestra sociedad. No es admisible que en sociedades modernas, democráticas y solidarias como la nuestra que convivamos con estos niveles de pobreza y desigualdad.
Para reflexionar sobre estas cuestiones, desde acciónenred Andalucía hemos celebrado dos Aulas de Pensamiento Crítico en paralelo, una en Sevilla el 19 de febrero y otra en Granada el 20 de febrero, que nos han permitido conocer mejor la situación de pobreza y desigualdad en España, analizar cuáles son las dificultades más importantes a las que nos enfrentamos para lograr romper con las dinámicas de exclusión social y reflexionar sobre las políticas públicas e iniciativas cívicas que puedan ser más eficaces e interesantes para mejorar la integración y la inclusión social.
Para ello, hemos contado con la colaboración de Miguel Laparra, en ambas aulas, Doctor en sociología y profesor en la Facultad de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Navarra, que ha participado en la elaboración de multitud de informes en torno a diversos componentes de la exclusión y la desigualdad, como el informe FOESSA; y ha sido Vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra introduciendo reformas importantes en políticas de empleo, vivienda social, programas de inclusión y de atención a la infancia y la dependencia, entre otras. En sus intervenciones, puso de relieve a través de las conclusiones de sus investigaciones y de su experiencia política, cuáles son los rasgos principales de la exclusión en España, así como la certeza de que eliminar la exclusión severa es algo posible si hay voluntad política. Para ello, se hace imprescindible aumentar la dotación presupuestaria del gasto social para aumentar la cobertura de las políticas de garantía de ingresos, y explicitó como, según los estudios de la experiencia en Navarra, por cada euro invertido en políticas sociales retornan 1,02€ a la sociedad.
En Sevilla, contamos también con Mª del Mar González, profesora, doctora e investigadora en la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, especialista en integración familiar y de la infancia y Comisionada para el Polígono Sur de Sevilla en la anterior legislatura. A través de su intervención nos permitió aterrizar en experiencias concretas sobre políticas de inclusión que han resultado más eficaces y sobre aquellas necesidades que no están siendo afrontadas por la administración pública en una realidad como la del Polígono Sur de Sevilla.
En Granada, intervino Luisa Mª Maeso Torres, directoria de Cáritas Diocesana de Granada, que hizo una radiografía precisa de la situación de exclusión en Granada según los estudios por regiones del informe FOESSA. Sorprendió conocer como las situaciones de exclusión no es algo exclusivo de barrios con menor renta como Almanjayar, sino que se extendía de una forma sorprendentemente homogénea por toda la ciudad.
Dos sesiones muy enriquecedoras, a las que asistieron más de 100 personas y que se desarrollaron en el marco de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Granada, marco habitual de nuestro Aula de Pensamiento Crítico.
