Velada solidaria con Palestina
Os esperamos en esta velada que organizamos desde acciónenred Andalucía para mostrar nuestro absoluto rechazo a las acciones de Israel, para seguir pidiendo un alto el fuego ya y para aportar, en la medida de lo posible, un granito de arena ante la insoportable masacre en Palestina.
Todo lo recaudado se destinará al fondo de emergencias de Médicos Sin Fronteras.
Mil gracias a lxs artistas por sumarse y a toda la gente que lo va a hacer posible. ¡No faltéis!
Viernes 19 abril 19:30 h, en nuestro local en C/Enriqueta Lozano 7 bajo (Granada)
Entrada solidaria 10 € y fila 0 si no puedes venir pero quieres colaborar haciendo una aportación en la cuenta: Triodos ES12 1491 0001 2130 0011 5314 (concepto Palestina).
Editorial: Israel, de victima a victimario
La velocidad de la tragedia en Gaza no tiene precedentes en los conflictos recientes; el alcance de la destrucción tampoco: viviendas, universidades, mezquitas, iglesias, edificios comerciales, infraestructuras de agua y alcantarillado, carreteras, hospitales y otras instalaciones médicas, bibliotecas, escuelas, fábricas de alimentos y centros de ayuda, ambulancias, campos de cultivo, centros de la ONU…
Entre los muertos (más de 32.500), cerca del 70 % son mujeres y niños (más de 12.000 niños y 7.000 mujeres). Durante este tiempo han sido asesinados más niños y niñas en Palestina que en todos los conflictos del mundo en los últimos cuatro años.
Un número desconocido de personas permanecen bajo los escombros. Casi dos millones de palestinos (el 85% de la población de Gaza) están desplazados, muchos de ellos de forma definitiva puesto que Israel ha destruido el 60% de las viviendas. Más de 89 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados. Aproximadamente 1.400.000 de personas sobreviven hacinadas en Rafah, al sur de Gaza.
Hay 380.000 personas que se encuentran en la fase 5 de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, es decir, la hambruna. Israel está haciendo uso del hambre como arma de guerra contra la población civil. Según la OMS, el 90% de los niños menores de dos años y el 95% de las mujeres embarazadas y lactantes «se enfrentan a una grave pobreza alimentaria». Israel ha violado el artículo 23 del Cuarto Convenio de Ginebra, el artículo 54 del protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 y la Resolución 2417 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en 2018. En todos ellos se condena el uso del hambre y la inanición de la población civil como arma de guerra.
¿Cuántas líneas rojas más se va a saltar el Gobierno de Netanyahu sin que la comunidad internacional se sienta obligada a actuar? Es difícil imaginar qué más violaciones de todo tipo puede llevar a cabo Israel. Ha ignorado los múltiples llamamientos de diferentes organismos de la ONU (de Unicef, del relator para los DD.HH., del secretario general…) para que no se bombardee de manera indiscriminada, se permita la entrada de ayuda humanitaria, se acabe el bloqueo, se ponga fin a las órdenes de evacuación masiva o se respete el trabajo de la ONU, entre otros. Tampoco ha hecho caso de la Orden de 26 de enero de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), como respuesta a la denuncia de Sudáfrica por actos genocidas, que impuso a Tel Aviv una serie de demandas provisionales, como la adopción de las medidas necesarias para prevenir los actos del artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Ante la indiferencia de Israel, Sudáfrica pidió nuevas y urgentes medidas el pasado 6 de marzo donde expresaba que «La amenaza de hambruna se ha materializado. El tribunal tiene que actuar ya para detener una inminente tragedia…». Sin embargo, Israel sigue ignorando dos meses después lo establecido por la CIJ y, tras la denuncia por genocidio, el Estado hebreo no ha cumplido ninguna de las demandas que le hizo el organismo judicial. Al contrario, ha redoblado sus objetivos y ataques y mostrado su desprecio por la CIJ.
Tras cerca de seis meses de guerra y cuatro intentos fallidos, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 25 de marzo la Resolución 2728 en la que se exige el alto el fuego inmediato y duradero y lo vincula, aunque no lo condiciona, a la llegada de la ayuda humanitaria y a la liberación sin condiciones de los rehenes todavía en manos de Hamás y de la yihad. El alto el fuego se limita al mes del Ramadán que finaliza el 9 de abril. ¿Lo va a respetar Israel? Parece que tampoco pues ha seguido atacando la Franja de Gaza y las declaraciones de su primer ministro siguen desafiando a la comunidad internacional. Una resolución que EE.UU. cuestiona que sea de obligado cumplimiento por parte de Israel y de esta manera encubre a su aliado. Es lamentable que la UE, debido a su división, haya sido reticente a pedir un alto el fuego.
Debemos a Hannah Arendt la diferencia entre culpabilidad y responsabilidad. La culpa es individual, personal y de ella siempre se derivan consecuencias morales y legales. En cambio, la responsabilidad es política y colectiva y proviene de la pertenencia a comunidades políticas. En este caso, la pertenencia a la llamada comunidad internacional (la ONU, el derecho internacional, el derecho humanitario…) implica que nos sentimos concernidos por lo que hace o le hacen a un miembro de esta comunidad.
Está claro quiénes son los culpables: Netanyahu y su gobierno, que deberían responder ante los tribunales internacionales por los actos (ya sean crímenes de guerra, contra la humanidad o de genocidio) que están cometiendo. Pero la comunidad internacional es responsable políticamente de lo que está ocurriendo y se debe preguntar si está haciendo todo lo necesario para frenar a Israel. Es obvio que la respuesta es «NO». Ha tardado cerca de seis meses en sacar una resolución de alto el fuego sobre la que se duda si es vinculante o no para Israel. Hay múltiples medidas que se pueden tomar para frenar al Estado hebreo y que no se han tomado —bloqueo de exportaciones de armas, retirada de la ayuda económica, retirada de embajadores, sanciones, boicot en el deporte o la cultura…— que podrían conseguir el aislamiento de Israel y doblegarlo. Especialmente grave es la responsabilidad de EE.UU. que otorga 3.800 millones de dólares anuales en asistencia militar a Israel y ha autorizado en los últimos días la transferencia de miles de millones de dólares en bombas (más de 2.300 bombas de más de 500 kilos) y aviones de combate (25 cazas). La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ha pedido a EE.UU. que ponga fin a todo el apoyo militar, financiero y político que viene prestando a Israel. Esto debería extenderse a todos los estados de la UE, siguiendo el ejemplo de países como Canadá.
Como denuncia Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ha quedado de manifiesto el doble rasero de Occidente a la hora de actuar frente a la invasión de Ucrania por parte de Rusia (con todo tipo de medidas contra Rusia) y la pasividad frente a los sufrimientos palestinos. Ese doble rasero no solo aísla a Europa y EE.UU. del resto del mundo, sino que cuestiona la legalidad internacional y debilita aún más el ya frágil orden internacional y sus instituciones.
Para las sociedades que observamos con horror la envergadura de los crímenes y el apoyo o la inacción de tantos gobiernos, siempre nos quedará, como escribió Primo Levi, «la facultad de negar nuestro consentimiento». Y presionar a nuestros gobiernos para que actúen de manera decidida con todo lo que tengan a su alcance es también nuestra responsabilidad.
La maldición de Auschwitz no puede justificar lo que hace Israel ni su derecho absoluto a la defensa. Israel ha pasado de ser víctima a victimario.
EDITORIAL: 500.000 firmas para 500.000 personas esenciales
En este año 2022 se ha impulsado la campaña #Esenciales para presentar una Iniciativa Legislativa Popular que permita llevar al Congreso de los Diputados la regularización de las personas que se encuentran en situación administrativa irregular en nuestro país. El objetivo de esta ILP es conseguir una regularización general y extraordinaria que afectaría a 500.000 personas migrantes, para lo que se requiere de 500.000 firmas de apoyo.
La existencia de medio millón de migrantes que viven en la ilegalidad en España es una situación que ningún Estado de derecho debería admitir. La irregularidad en la que se encuentran estas personas es perjudicial para toda la sociedad. En primer lugar, para quienes sufren esta realidad ya que se ven obligadas a vivir sin derechos, lo que les condena a una situación de marginalidad e indefensión que ninguna sociedad democrática debe tolerar. En segundo lugar, perdemos la sociedad en su conjunto, privándonos de la aportaciones de todo tipo (económicas, fiscales, …) que realizarían estas personas si no se encontraran despojados de sus derechos. Además, estas personas no son tenidas en cuenta a la hora de planificar los servicios públicos y sus necesidades porque quedan fuera del radar de las instituciones, como ha evidenciado la emergencia epidemiológica sanitaria que vivimos actualmente con graves consecuencias para todos.
Las situaciones de irregularidad que se producen están relacionadas con causas diversas. Una de las más importantes tiene que ver con las necesidades de mano de obra de la economía informal, es decir, mano de obra precaria y flexible que encuentra en la inmigración irregular una de las ofertas más atractivas. En nuestro caso, se suma la existencia de un mercado de trabajo irregular donde la persona recién llegada puede trabajar sin permiso en la agricultura, principalmente los hombres, y en el servicio doméstico, las mujeres, mientras esperan poder regularizar su situación. A ello, se añaden también unas vías de acceso regular muy restrictivas y con condiciones muy difíciles de cumplir.
Hay dos falsos mitos asociados a la irregularidad de las personas migrantes que necesitamos desmontar. Uno de ellos es la creencia de que la mayor parte entra en patera, cuando la inmensa mayoría lo hacen por Barajas y en condiciones de legalidad, con un visado de turista . Y otro, que las regularizaciones conllevan un efecto llamada, lo que ya se ha evidenciado como falso ya que los procesos de regularización que se han impulsado no han supuesto un aumento de la llegada de más migrantes. Es más bien el mercado el que actúa intensificando o debilitando los flujos migratorios.
Por otro lado, la pandemia ha puesto de manifiesto una doble situación injusta y contradictoria entre sí para la población migrante. A la vez que se les ha marginado de todas las medidas de protección, su trabajo ha sido esencial para que la vida de los demás continúe. Es decir, por un lado, la pandemia ha dejado al descubierto situaciones que habían sido invisibilizadas, mostrando que estas personas están en desventaja y con mayor vulnerabilidad con respecto al resto de la sociedad, tanto por verse delegada la cobertura de las vacunas y ayudas sociales, como por la incidencia que la pandemia ha tenido en el aumento de la irregularidad sobrevenida, especialmente en los casos de solicitantes de protección internacional que ven denegadas sus solicitudes. Y, por otro lado, se ha demostrado que estas personas son esenciales para el mantenimiento de sectores imprescindibles como el del cuidado de personas mayores, dependientes, agricultura… Seguramente este sea un elemento que explica por qué más del 70% de la ciudadanía ve bien un proceso de regularización extraordinaria.
Hacer regularizaciones no es algo que contravenga ninguna normativa legal ni en España (se han hecho 6 procesos de regularizaciones) ni en Europa (43 programas de regularización entre 1996 y 2008). Sin embargo, la regularización que se plantea en esta ocasión es singular por dos razones. Una, por el contexto, la pandemia ha mostrado lo imprescindibles que han sido en los momentos más duros y lo siguen siendo en la actualidad y es de justicia reconocerlo a través de este mecanismo legal y, otra, porque proviene del mundo de las ONGs y asociaciones de migrantes con amplio respaldo del mundo asociativo. Es la primera vez que se propone una ILP para que se lleve a cabo una regularización extraordinaria. Ello supone un esfuerzo importante para las asociaciones implicadas (más de 600) tanto para la recogida de firmas, 500.000, como para llevar el debate a la sociedad y hacer llegar la necesidad de esta regularización.
Por todo ello, desde acciónenred Andalucía nos hemos sumado de forma activa a esta iniciativa y hemos habilitado nuestros locales de Sevilla (C/ Curtidurias 15) y de Granada (C/ Enriqueta Lozano 7 bajo) como puntos fijos para la recogida de firmas. Porque son muchas las razones para apoyar esta ILP, acércate y apoya con tu firma.
WEB ESENCIALES: https://esenciales.info/