Editorial: Y tras la COP26 de Glasgow ¿qué hacemos?
20-diciembre-2021
Tras 26 años de COP (Conferencia
de las Partes), la primera fue en 1994, los niveles de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) no han dejado de crecer a nivel mundial.
En 1992, en la Cumbre de la Tierra o también conocida como Cumbre de Río, se estableció la creación de la Convención Mundial de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, a la que se acogieron 196 países. Cuando esto ocurrió todavía no había tantas certezas de la influencia del papel humano en las emisiones de gases de efecto invernadero. El panel de expertos sobre cambio climático (IPCC) ya había emitido su primer informe en 1990 y el objetivo de dicha Convención Mundial era “estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que impida interferencias antropógenas (inducidas por humanos) peligrosas en el sistema climático".
Casi 30 años después, y con unos GEI que siguen en un aumento, cerramos la COP26 de Glasgow con la sensación de que todo sigue igual, y nada o poco cambia.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, inició la reunión recordando que el objetivo marcado en el Acuerdo de París era no superar los 1,5ºC pero que, según el último informe del IPCC, nos dirigíamos directamente a un aumento mayor de 2,7ºC a final de siglo, algo catastrófico, sino realizábamos un giro inmediato en nuestras políticas de combustibles fósiles. Para acercarnos al objetivo deseado debemos reducir un 45% nuestras emisiones de CO2 antes del 2030, dentro de 8 años.
Tras 15 días reunidos, el Pacto Climático de Glasgow, firmado por casi
200 países, es el primero de este tipo que prevé explícitamente la
reducción del uso y explotación del carbón, el combustible fósil que más gases
de efecto invernadero genera, y la reducción de los subsidios a los
combustibles fósiles ineficientes. La propuesta inicial era la eliminación, no
la reducción, pero India, al final de la negociación, exigió el cambio de
objetivo.
Otro elemento clave ha sido solicitar a los países actualizar a más tardar el año entrante, 2022,
sus metas de reducción de carbono para 2030. También fue incluido en el texto
final la promesa, no la obligación, de entregar más dinero a los países en
desarrollo para ayudarles a adaptarse a los impactos climáticos. Se hace
énfasis en la necesidad de "aumentar significativamente el apoyo" a
los países en desarrollo más allá de los 100.000 millones de dólares al año
comprometidos en París.
Otros acuerdos parciales fueron el que establecieron Estados Unidos y China. Los dos países anunciaron un acuerdo conjunto para hacer más a favor de reducir las emisiones esta década, y China se comprometió por primera vez a desarrollar un plan para reducir el metano, un potente gas de efecto invernadero, muy asociado a la agricultura, ganadería y gestión de residuos.
Los líderes de más de 100 países, incluidos Brasil,
China, Rusia y Estados Unidos, prometieron poner
fin a la deforestación para 2030.
Todas estas promesas podrían
sonar bien hace unos años, pero la situación de emergencia en la que nos
encontramos hace pensar que son insuficientes. Principalmente por su falta de
concreción de plazos y cuantías, la falta de obligatoriedad y el
desconocimiento de la procedencia de los
fondos para llevarlas a cabo.
No queda definido cuántas emisiones debe recortar cada país durante la próxima década y con cuánta rapidez. Se revisará de nuevo en la COP27, en Egipto. Otro año más perdido. Quién otorgará a los países en desarrollo los fondos que necesitan para recurrir a energías menos contaminantes y enfrentar los desastres del clima cada vez más extremos es otro de los temas candentes que ha quedado sin resolver. Y quién compensará los daños producidos por el cambio climático en los países o áreas más vulnerables ha quedado en el aire.
Mientras, la sociedad civil organizada y no organizada ha asistido expectante al desenlace de esta cumbre. Organizaciones sociales y ecologistas, movimientos climáticos (especialmente de jóvenes), científicos y personas de a pie, todavía albergábamos alguna esperanza en que la ansiada COP26 fuera el arranque definitivo hacia un cambio en el modelo, hacia un descenso de las emisiones de GEI a nivel mundial, hacia la eliminación del carbón como combustible fósil de referencia y reducción de los restantes, hacia una transición energética y ecológica real y palpable.
Greta
Thunberg, Vanessa
Nakate, y otras jóvenes activistas climáticas han liderado las
movilizaciones por el clima que se han producido en Glasgow y en más de 200
ciudades del mundo. El lema de los
jóvenes en la cumbre de Glasgow, “not
more blablabla”, deja claro cuáles son las sensaciones y conclusiones de la
reunión.
Los resultados no son los esperados, no se ha producido el compromiso real que la sociedad, o parte de ella, deseábamos. Tendremos que esperar a 2022, para intentarlo de nuevo. Mientras esto ocurre debemos, a pesar de la desesperanza, mantenernos activos, unidos y comprometidos. Las organizaciones que estamos en esta causa debemos establecer lazos más fuertes, generar más movilización y conciencia y trabajar en el ámbito educativo con los jóvenes y sus familias, apoyando sus iniciativas. Los jóvenes ya han demostrado y siguen demostrando que este problema les interesa.
Es nuestra responsabilidad seguir instando a los gobiernos (desde municipales a estatales) a que cumplan sus obligaciones con la ciudadanía. Porque no estamos hablando de “Salvar el Planeta, ni salvar a las ballenas”, estamos poniendo en jaque la continuidad de nuestra especie, la posibilidad de una vida humana que pueda ser vivida dignamente.
Cientos de organizaciones y
personas siguen poniendo en marcha múltiples y diversas acciones que reducen la
contaminación, reducen los residuos y los impactos y generan una forma de vida
más acorde con nuestro planeta y sus recursos. Cooperativas energéticas,
ecohuertos urbanos y escolares, pequeñas empresas de reciclaje y reutilización,
iniciativas para movilidad sostenible, redes de apoyo a personas vulnerables,
iniciativas ciudadanas de revegetación de los espacios, sistemas para reducir
el desperdicio alimentario masivo, y muchas otras acciones son necesarias en
nuestras vidas, y nos marcan una senda a seguir, nos alientan para creer que el
cambio de modelo es posible, no sólo desde el ámbito institucional, sino desde
el ámbito ciudadano.
Por todo ello, desde accionenred Andalucía, seguiremos trabajando y movilizando, creando espacios de encuentro, favoreciendo intercambios, acercándonos a los jóvenes para recoger sus inquietudes y dándole altavoz a las múltiples iniciativas que nos dicen que la transición ecológica es posible. Queremos seguir transmitiendo a la ciudadanía que hay esperanza, que millones de personas ya están en el camino y que, independientemente de lo que se acuerde en las esferas institucionales, seguimos apoyando y trabajando por la transición hacia un modelo más justo y respetuoso con nuestro planeta y con las personas.
APC "Desigualdad y pobreza"
El reciente informe publicado por Save de Children (enero 2020) vuelve a poner de manifiesto el alcance y la dimensión que los procesos de pobreza, exclusión y desigualdad tiene en nuestro país, los cuales nos dejan como el segundo país de Europa con mayor pobreza infantil. Algo que nos debe remover, indignarnos y actuar.
Después de los años duros de la crisis, diversos informes, entre ellos los realizados por la Fundación FOESSA, que pasa por ser uno de los estudios más serios y rigurosos que se elaboran sobre pobreza y desigualdad en nuestro país, concluyen que el trabajo no es suficiente para que muchas familias salgan de los procesos de exclusión en los que se ven inmersos, mientras las desigualdades siguen aumentando.
En el informe de 2007, previo a la crisis, se puso “sobre la mesa que el 16,6% de la población española se encontraba en el espacio de la exclusión social”. Estos datos ponían de relieve como nuestro modelo social, incluso en momentos de crecimiento económico, no estaba siendo capaz de incluir a parte importante de la sociedad. La posterior crisis económica intensificó esta realidad, acelerando y haciendo más visibles unas dinámicas sociales empobrecedoras que afectan a todas las personas pero que golpea más intensamente a sectores concretos que permanecen en una “situación de permanente vulnerabilidad”.
Según las conclusiones del VIII Informe FOESSA, en la actualidad nos encontramos ante un panorama muy preocupante con: aumento de la desigualdad, debilidad en los sistemas de gobierno europeos, erosión de las instituciones públicas, gestión insolidaria de la crisis y actitudes reactivas y xenófobas.
La actual mejora de la economía no está siendo suficiente para abordar el problema. La exclusión social se cifraba en 2018 en el 18,4% (dos puntos por encima que en 2007) y la precariedad ha aumentado. Los servicios públicos fundamentales como sanidad, educación y dependencia; han sufrido importantes recortes durante la crisis y se ha deteriorado la calidad de los mismos. Los servicios sociales reciben una creciente presión por la mayor demanda, y las políticas de vivienda no han estado a la altura para garantizar ese derecho.
El nuevo gobierno recién formado ha anunciado algunas medidas, y algunas de ellas ya las ha puesto en práctica, como la subida del salario mínimo. Se han comprometido a luchar contra la precariedad laboral. Que ciertamente es un problema grave, ya que tener empleo no es suficiente para que muchas familias salgan de los procesos de exclusión en los que se ven inmersos.
Por todo ello, desde Acciónenred Andalucía consideramos fundamental profundizar sobre las políticas publicas de inclusión que se puedan impulsar para tratar de estrechar las brechas de desigualdad en nuestra sociedad. No es admisible que en sociedades modernas, democráticas y solidarias como la nuestra que convivamos con estos niveles de pobreza y desigualdad.
Para reflexionar sobre estas cuestiones, desde acciónenred Andalucía hemos celebrado dos Aulas de Pensamiento Crítico en paralelo, una en Sevilla el 19 de febrero y otra en Granada el 20 de febrero, que nos han permitido conocer mejor la situación de pobreza y desigualdad en España, analizar cuáles son las dificultades más importantes a las que nos enfrentamos para lograr romper con las dinámicas de exclusión social y reflexionar sobre las políticas públicas e iniciativas cívicas que puedan ser más eficaces e interesantes para mejorar la integración y la inclusión social.
Para ello, hemos contado con la colaboración de Miguel Laparra, en ambas aulas, Doctor en sociología y profesor en la Facultad de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Navarra, que ha participado en la elaboración de multitud de informes en torno a diversos componentes de la exclusión y la desigualdad, como el informe FOESSA; y ha sido Vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra introduciendo reformas importantes en políticas de empleo, vivienda social, programas de inclusión y de atención a la infancia y la dependencia, entre otras. En sus intervenciones, puso de relieve a través de las conclusiones de sus investigaciones y de su experiencia política, cuáles son los rasgos principales de la exclusión en España, así como la certeza de que eliminar la exclusión severa es algo posible si hay voluntad política. Para ello, se hace imprescindible aumentar la dotación presupuestaria del gasto social para aumentar la cobertura de las políticas de garantía de ingresos, y explicitó como, según los estudios de la experiencia en Navarra, por cada euro invertido en políticas sociales retornan 1,02€ a la sociedad.
En Sevilla, contamos también con Mª del Mar González, profesora, doctora e investigadora en la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, especialista en integración familiar y de la infancia y Comisionada para el Polígono Sur de Sevilla en la anterior legislatura. A través de su intervención nos permitió aterrizar en experiencias concretas sobre políticas de inclusión que han resultado más eficaces y sobre aquellas necesidades que no están siendo afrontadas por la administración pública en una realidad como la del Polígono Sur de Sevilla.
En Granada, intervino Luisa Mª Maeso Torres, directoria de Cáritas Diocesana de Granada, que hizo una radiografía precisa de la situación de exclusión en Granada según los estudios por regiones del informe FOESSA. Sorprendió conocer como las situaciones de exclusión no es algo exclusivo de barrios con menor renta como Almanjayar, sino que se extendía de una forma sorprendentemente homogénea por toda la ciudad.
Dos sesiones muy enriquecedoras, a las que asistieron más de 100 personas y que se desarrollaron en el marco de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Granada, marco habitual de nuestro Aula de Pensamiento Crítico.
Los presupuestos andaluces confirman el retroceso en políticas sociales acordado por las tres derechas
18-julio-2019
Los presupuestos aprobados por el Parlamento de Andalucía ayer suponen la confirmación de una grave estocada a los derechos y libertades conquistados a lo largo de los últimos 40 años de democracia en Andalucía.
Desde accionenred Andalucía consideramos que la
aprobación de los actuales presupuestos implican la ratificación de las medidas
contenidas en el “Acuerdo para avanzar hacia una nueva política presupuestaria
en Andalucía 2019-2020”, firmado entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, el
pasado 13 de junio. Medidas que suponen una severa erosión de los principios
democráticos que guían nuestra sociedad. En particular, las que hacen
referencia a la igualdad de género, a las personas migrantes y las que se
relacionan con memoria histórica, son expresión de una ideología muy conservadora
que, de hacerse efectivas, contribuirían a deteriorar nuestra vida y nuestra
convivencia.
1.- Retroceso en políticas de igualdad
Observamos con preocupación varias de las medidas pactadas entre los tres partidos de derechas por su incidencia en las políticas de igualdad, orientadas claramente a provocar un retroceso en avances sociales que estaban asentándose en nuestra sociedad.Lo anterior puede constatarse en la medida número 2 de dicho pacto, que pretende modificar la nomenclatura de las políticas de igualdad excluyendo la noción de “transversalidad de género”. Esta propuesta está claramente inserta en un movimiento conservador y reaccionario que pretende convertir una categoría analítica (la noción de “género”) en una mera opción ideológica. Lo relevante de la categoría de “género” es que hace referencia a los comportamientos y significados culturales adjudicados como roles antagónicos y jerarquizados, ocupando las mujeres una posición subalterna. Adoptar esta perspectiva de género es esencial para identificar y poder erradicar las diferentes manifestaciones de discriminación, exclusión y violencia que padecen las mujeres y todas aquellas personas que no se someten a los roles de género impuestos.
La propuesta de PP, C´s y VOX pretende ignorar esta realidad, enmascarando lo que es su opción ideológica que impide seguir afianzando la igualdad y la libertad entre mujeres y hombres y entre todas las personas.
La medida número 9, versa sobre la creación de un teléfono de atención a las víctimas de lo que denomina “violencia intrafamiliar”. Sin duda debe ser bienvenido todo aquello que suponga ampliar los recursos de atención a una de las violencias más comunes, las que se producen en el ámbito intrafamiliar, y en todas las direcciones –de padres y madres a hijos e hijas, entre hermanos, de hijos o hijas hacia sus progenitores, de mujeres a hombres, hacia las personas mayores o dependientes-. Ahora bien, esto puede ser positivo siempre y cuando se trate de un recurso más y no persiga sustituir los actuales teléfonos de atención para casos de violencia de género. Como se ha razonado anteriormente, la violencia sexista por sus especificidades (causas, contexto social de desigual, etc) precisa de una atención especializada, con perspectiva de género. Las declaraciones desde el PP, C,s y particularmente de VOX negando la existencia de estas especificidades nos hacen temer que de lo que están hablando es de sustituir un recurso por otro.
En el mismo sentido que las anteriores, se plantea la medida número 10, denominada “Atención a las mujeres embarazadas con dificultades” dirigida a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo. Básicamente esta medida lo que persigue es “asesorar” a las mujeres que deciden abortar sobre posibles alternativas. Pero la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo ya regula la entrega obligatoria de información sobre los recursos existentes por lo que si se tratase de informar de ellos, este servicio es innecesario. Una vez más, se pone en evidencia que el objetivo es una intromisión intolerable en la vida de las mujeres, que pretende limitar su libertad y su derecho a decidir.
Si de verdad lo que preocupa es la natalidad, hay que atender a las familias que tienen hijos e hijas y cuentan con dificultades o están en situación de pobreza, a aquellas que quieren ser madres y no pueden por falta de recursos, colectivos de cuya situación da cuenta el VIII Informe FOESSA (2019) o el estudio de Save the Children “Mas solas que nunca” (2015).
El problema de las mujeres que deciden abortar forzadas por las circunstancias, no está en la información, sino en la inexistencia de alternativas reales. Sin embargo, las medidas no se orientan a combatir la pobreza infantil, a apoyar a las familias, en particular, las monomarentales, que son las que están en peor situación, o a posibilitar que puedan ser madres el elevado volumen de mujeres que por falta de condiciones no pueden, como se evidencia en todas las estadísticas.
La experiencia práctica en comunidades como la de Madrid son una muestra de cómo este recurso en manos de asociaciones anti-aborto, sin controles públicos y con amparo institucional, es utilizado para culpabilizar y entrometerse en las decisiones de las mujeres.
En el apartado “Plan de infraestructuras de Centros de Atención a la Dependencia”, se habla de “reformar, adaptar y mejorar las infraestructuras” pero no de ampliar y diversificar los recursos humanos y públicos existentes, absolutamente insuficientes. La atención a este problema es urgente y necesaria para garantizar una vida digna de las personas dependientes y aliviar la sobrecarga de muchos cuidadores, en su mayoría mujeres.
2.- Retroceso
en el respeto a los derechos humanos a través de la política migratoria
El apartado 4, dedicado a las medidas con incidencia presupuestaria en los ejercicios 2019-2020, se plantea una propuesta de convenio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de migración irregular que se formula como:
“Tramitación de una propuesta de convenio con las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado mediante el cual se proceda al apoyo económico y de
gestión de la administración de la Junta de Andalucía para el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de inmigración irregular, de forma que se cree
un órgano de coordinación en dicha Secretaría General para tal objetivo, y
permita mejorar la coordinación con el resto de Consejerías y entidades de la
Junta de Andalucía en las materias y objetivos que se desarrollen en el
Convenio”.
Este acuerdo da carta blanca a algunos de los objetivos que planteaba VOX en su documento del 8 de enero de 2019 (apartado 5, “Medidas contra la inmigración ilegal”) de exigencias para apoyar un Gobierno de PP y Cs en Andalucía. Es decir, se trata de colaborar con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados y terminar con el por ellos denominado “efecto llamada”, suprimiendo las ayudas a los inmigrantes en situación irregular administrativa. Este último objetivo se concreta además en detraer 600.000 euros de la partida destinada a las asociaciones relacionados con la promoción e inserción de personas inmigrantes y destinarlo a “edificios y construcciones judiciales”.
Más allá de la legalidad y viabilidad de este acuerdo (ya que no es competencia de la Junta de Andalucía),lo que sí está consiguiendo VOX es marcar la agenda política del gobierno andaluz en aquellos temas que son el centro de su campaña. Es una victoria política de VOX. Es decir, una victoria del racismo del que hace gala la extrema derecha.
Frente al proyecto ideológico reaccionario de las tres derechas está la realidad. El fenómeno de la inmigración irregular en Andalucía es muy reducido, suponiendo menos de un 0,5% de la población andaluza. Sin embargo, este acuerdo lo sitúa como si fuera uno de los problemas principales de Andalucía. Con ello contribuyen a criminalizar la inmigración y usarlo como chivo expiatorio de nuestros males, sin fundamento alguno.
De este modo, en vez de fomentar los mejores valores sobre los que construir nuestra sociedad como son la solidaridad, convivencia, respeto por los DDHH…lo que hacen es fomentar el odio, la desconfianza, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno y la violación de principios basados en los derechos humanos reconocidos internacionalmente.
3.-Retroceso en las políticas de
memoria histórica.
La dimensión profundamente ideológica, en un sentido retrógrado y conservador, puede observarse también en las medidas propuestas para una revisión de las políticas de Memoria, así como en una iniciativa ideada para embellecer el pasado colonial de nuestro país.
Así, en la medida número 14, dedicada a cuestiones de Memoria Democrática, no sólo se pone bajo sospecha a las asociaciones memorialistas y su importante labor en busca de la verdad, la reparación y la justicia de las familias represaliadas durante la dictadura franquista, sino que se pretende restringir la capacidad de dichas asociaciones para realizar su labor reduciendo las subvenciones que reciben, incumpliendo con ello los compromisos adquiridos con las mismas por parte de la Junta de Andalucía.
Con respecto al pasado colonial español, referido a la conquista y colonización de América, se pretende, a través de la medida 31 (llamada “Programa 1492: un nuevo mundo”) blanquear el triste legado de dominación realizado por la Corona española en territorios americanos. Si bien es cierto que puede hablarse de una “Leyenda Negra” sobre el período, no es menos cierto que circunscribirlo todo a una mera “empresa innovadora y colonizadora”, cargada de “hazañas” científico-técnicas, lanza una vergonzante cortina de humo sobre los muy perjudiciales efectos que la dominación española produjo sobre los pueblos indígenas americanos que cayeron bajo su yugo. Ensalzar la historia imperial española no es el mejor modo de engrandecer la historia de nuestro país, sino volver a épocas pasadas donde se justificaban actos lesivos con los derechos humanos bajo el paraguas de una supuesta labor “civilizadora” que ahonda sus raíces en lo peor de la historia de la dominación de unos pueblos por otros. Con ello se profundiza en el racismo, el etnocentrismo y la falta de respeto y consideración por sociedades y culturas que fueron sometidas a indignos procesos de sometimiento, esclavitud y explotación.
Las medidas regresivas no se agotan aquí y no está vinculadas tan sólo a los pactos con la ultraderecha. A modo de ilustración destacamos por ejemplo otras iniciativas impulsadas por el actual Gobierno andaluz como: “el apoyo a miembros de comunidades andaluzas en zonas con problemas en materia de inmersión lingüística” que contribuye a alimentar los esencialismos identitarios y el enfrentamiento en la cuestión lingüística catalana. En cuestiones medioambientales es especialmente llamativa la supresión de la actual Consejería de Medio Ambiente y su inclusión en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible que relega el valor de la cuestión ambiental. En estos momentos en los que se plantean nuevos problemas energéticos, donde la extinción de especies está en su momento más álgido, donde la explotación del agua en el entorno de Doñana está en su peor momento y donde el cambio climático es el mayor reto al que se enfrenta la humanidad en los próximos años, parece necesaria una Consejería de Medio Ambiente consistente y con más recursos propios.
En definitiva, aunque no conocemos con detalle cómo incidirá en las
políticas públicas que se implementen,
medidas que auguran retrocesos preocupantes en materia de igualdad,
memoria e inmigración, entre otras cuestiones.
El retroceso democrático se percibe, además,
en la desconfianza que destila hacia las organizaciones de la sociedad civil
dedicadas al avance de la cultura de la solidaridad, la atención a las personas
más vulnerables y la extensión de una cultura cívica. Estas medidas suponen sin
lugar a dudas un proyecto ideológico profundamentereaccionario que busca imponer el propio criterio sin respetar la
pluralidad de nuestras sociedades ni nuestros valores democráticos.
Desde acciónenred Andalucía
insistimos en la necesidad de seguir reforzando un tejido social resistente y
cohesionado que ponga freno al atropello de nuestros derechos y libertades y
apueste por sociedades más solidarias, integradoras y tolerantes donde este
tipo de políticas no tengan cabida.
acciónenred Andalucía, julio 2019
