APC "Transición energética: oportunidades y riesgos"

El pasado 30 de noviembre retomamos las sesiones presenciales de nuestra Aula de Pensamiento Crítico también en Granada, que en esta ocasión versó sobre transición energética.

La transición energética es probablemente inevitable pero ha de hacerse con justicia. Las renovables ofrecen, por su naturaleza, una oportunidad única para democratizar y universalizar el acceso a la energía. Sin embargo, la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables y la electrificación de la economía están teniendo lugar dentro de las mismas lógicas extractivistas, especulativas y de perpetuo crecimiento. Hay un grave riesgo de que la transición energética descarrile debido a la limitación de los recursos minerales disponibles, los conflictos sociales generados por el control y explotación de estos, los daños irreversibles causados a la biodiversidad y al territorio por las megaplantas eólicas y fotovoltaicas, y el propio rechazo que finalmente podría despertar en la sociedad debido a estos efectos.

Por
otro lado, los desacuerdos y la frustración expresados por la mayoría de los
países tras la COP 26, reflejan una vez más la necesidad de la justicia
climática, es decir, que no paguen por los efectos del cambio climático quienes
menos responsabilidad tienen en su desencadenamiento.

Para debatir sobre las oportunidades y los riesgos de la transición energética, hemos realizado una nueva sesión de nuestro Aula de Pensamiento Crítico en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada, en la que unas 40 personas pudimos aprender y debatir a partir de las interesantes reflexiones de Irene Machuca, Rosario Alcantarilla y Rafael Martín.

Para aquellas que no pudisteis asistir o verla en directo, os dejamos aquí el video de la misma, ¡esperamos la disfrutéis tanto como nosotros!

https://www.youtube.com/embed/73KVMKnh28k


APC "Desigualdad y pobreza"

El reciente informe publicado por Save de Children (enero 2020) vuelve a poner de manifiesto el alcance y la dimensión que los procesos de pobreza, exclusión y desigualdad tiene en nuestro país, los cuales nos dejan como el segundo país de Europa con mayor pobreza infantil. Algo que nos debe remover, indignarnos y actuar.  

Después de los años duros de la crisis, diversos informes, entre ellos los realizados por la Fundación FOESSA, que pasa por ser uno de los estudios más serios y rigurosos que se elaboran sobre pobreza y desigualdad en nuestro país, concluyen que el trabajo no es suficiente para que muchas familias salgan de los procesos de exclusión en los que se ven inmersos, mientras las desigualdades siguen aumentando. 

En el informe de 2007, previo a la crisis, se puso “sobre la mesa que el 16,6% de la población española se encontraba en el espacio de la exclusión social”. Estos datos ponían de relieve como nuestro modelo social, incluso en momentos de crecimiento económico, no estaba siendo capaz de incluir a parte importante de la sociedad. La posterior crisis económica intensificó esta realidad, acelerando y haciendo más visibles unas dinámicas sociales empobrecedoras que afectan a todas las personas pero que golpea más intensamente a sectores concretos que permanecen en una “situación de permanente vulnerabilidad”.

Según las conclusiones del VIII Informe FOESSA, en la actualidad nos encontramos ante un panorama muy preocupante con: aumento de la desigualdad, debilidad en los sistemas de gobierno europeos, erosión de las instituciones públicas, gestión insolidaria de la crisis y actitudes reactivas y xenófobas.

La actual mejora de la economía no está siendo suficiente para abordar el problema. La exclusión social se cifraba en 2018 en el 18,4% (dos puntos por encima que en 2007) y la precariedad ha aumentado. Los servicios públicos fundamentales como sanidad, educación y dependencia; han sufrido importantes recortes durante la crisis y se ha deteriorado la calidad de los mismos. Los servicios sociales reciben una creciente presión por la mayor demanda, y las políticas de vivienda no han estado a la altura para garantizar ese derecho.

El nuevo gobierno recién formado ha anunciado algunas medidas, y algunas de ellas ya las ha puesto en práctica, como la subida del salario mínimo. Se han comprometido a luchar contra la precariedad laboral. Que ciertamente es un problema grave, ya que tener empleo no es suficiente para que muchas familias salgan de los procesos de exclusión en los que se ven inmersos.

Por todo ello, desde Acciónenred Andalucía consideramos fundamental profundizar sobre las políticas publicas de inclusión que se puedan impulsar para tratar de estrechar las brechas de desigualdad en nuestra sociedad. No es admisible que en sociedades modernas, democráticas y solidarias como la nuestra que convivamos con estos niveles de pobreza y desigualdad.

https://www.youtube.com/watch?v=ybcBtGUKaco

Para reflexionar sobre estas cuestiones, desde acciónenred Andalucía hemos celebrado dos Aulas de Pensamiento Crítico en paralelo, una en Sevilla el 19 de febrero y otra en Granada el 20 de febrero, que nos han permitido conocer mejor la situación de pobreza y desigualdad en España, analizar cuáles son las dificultades más importantes a las que nos enfrentamos para lograr romper con las dinámicas de exclusión social y reflexionar sobre las políticas públicas e iniciativas cívicas que puedan ser más eficaces e interesantes para mejorar la integración y la inclusión social.

Para ello, hemos contado con la colaboración de Miguel Laparra, en ambas aulas, Doctor en sociología y profesor en la Facultad de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Navarra, que ha participado en la elaboración de multitud de informes en torno a diversos componentes de la exclusión y la desigualdad, como el informe FOESSA; y ha sido Vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra introduciendo reformas importantes en políticas de empleo, vivienda social, programas de inclusión y de atención a la infancia y la dependencia, entre otras. En sus intervenciones, puso de relieve a través de las conclusiones de sus investigaciones y de su experiencia política, cuáles son los rasgos principales de la exclusión en España, así como la certeza de que eliminar la exclusión severa es algo posible si hay voluntad política. Para ello, se hace imprescindible aumentar la dotación presupuestaria del gasto social para aumentar la cobertura de las políticas de garantía de ingresos, y explicitó como, según los estudios de la experiencia en Navarra, por cada euro invertido en políticas sociales retornan 1,02€ a la sociedad. 

En Sevilla, contamos también con Mª del Mar González, profesora, doctora e investigadora en la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, especialista en integración familiar y de la infancia y Comisionada para el Polígono Sur de Sevilla en la anterior legislatura. A través de su intervención nos permitió aterrizar en experiencias concretas sobre políticas de inclusión que han resultado más eficaces y sobre aquellas necesidades que no están siendo afrontadas por la administración pública en una realidad como la del Polígono Sur de Sevilla.

En Granada, intervino  Luisa Mª Maeso Torres, directoria de Cáritas Diocesana de Granada, que hizo una radiografía precisa de la situación de exclusión en Granada según los estudios por regiones del informe FOESSA. Sorprendió conocer como las situaciones de exclusión no es algo exclusivo de barrios con menor renta como Almanjayar, sino que se extendía de una forma sorprendentemente homogénea por toda la ciudad. 

Dos sesiones muy enriquecedoras, a las que asistieron más de 100 personas y que se desarrollaron en el marco de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Granada, marco habitual de nuestro Aula de Pensamiento Crítico.


APC "El derecho a decidir al final de la vida"

El martes 10 de diciembre, Día internacional de los Derechos Humanos, aprendimos mucho de otro derecho fundamental que en nuestro país le está costando mucho hacerse un hueco. Toda persona tiene derecho a transitar en el final de su vida con libertad para tomar decisiones en torno a ella. Necesitamos una ley que de mayor seguridad jurídica a las personas que deciden hacer ese tránsito de forma autónoma y los profesionales que dan su apoyo y compañía para hacerlo.

Para reflexionar sobre esta cuestión, en acciónenred Andalucía celebramos nuestro Aula de Pensamiento Crítico en la Universidad de Granada en el que intervinieron Miguel Melguizo Jiménez, médico de familia y experto en bioética, y Luciana Ramírez Imedio, miembro de la asociación Derecho a Morir Dignamente.

La libertad para decidir el final de nuestra existencia siempre ha sido uno de los temas tabús en nuestra sociedad. Desde Ramón Sampedro hasta Ángel y María José recientemente, hay muchas personas (enfermos y facultativos) que esperan que salga adelante una ley, que ahora mismo está en el Congreso, que ampare y proteja a las personas que deciden poner por voluntad propia fin a su vida.

La eutanasia cuenta con un apoyo mayoritario entre la sociedad. En marzo de 2017, una encuesta de Metroscopia concluía que hasta el 84 % de los españoles estaban de acuerdo con que los médicos suministrasen alguna sustancia que "conduzca al fin de la vida" en casos de "enfermos incurables" que lo pidan.Países como Holanda y Bélgica, que permiten legalmente la eutanasia, también autorizan el suicidio asistido que, además, es legal en Suiza y en algunos estados de Estados Unidos como Oregón, Washington, Montana, Vermont, Colorado, California y Washington DC.

Durante el encuentro se produjo un espacio de reflexión y debate muy enriquecedor. Muchas gracias a Luciana y Miguel por ayudarnos a entender mejor lo que significa.