21M. Convivir para construir
21-marzo-2020
España es un país de convivencia e integración. En la últimas décadas más de 6 millones de personas migrantes se han incorporado en nuestra sociedad sin que se hayan producido graves problemas de integración. Con el paso de los años, todas estas personas han pasado a formar parte activa de nuestras sociedades, creando sus familias, participando en el tejido productivo y económico, enriqueciendo nuestra cultura, rejuveneciendo nuestra población... A día de hoy, la población extranjera supone ya en torno a un 14% de la población total.
Si nos fijamos en los más jóvenes, estamos hablando de casi un millón de hijos e hijas de personas migrantes y refugiadas, de los cuales la gran mayoría están ahora mismo insertos en las diversas etapas del sistema educativo. Menores y jóvenes que ya son compañeros de clase, de universidad y de trabajo y que cuentan con identidades mixtas que les permiten gozar de las ventajas de mantener vínculos con la cultura de sus padres, conseguir posicionarse con firmeza en la sociedad receptora y conocer las lenguas de ambos países.
Sin embargo, en los últimos tiempos hemos asistido a un lamentable crecimiento de posturas xenófobas que presentan la migración como una amenaza, condicionando la acción de los gobiernos, centrados más que nunca en reforzar el control de fronteras como respuesta al fenómeno migratorio irregular y alejándose de las necesarias políticas de integración y convivencia.
Por ello, creemos fundamental exigir a los gobiernos atender y apoyar las necesidades de esta población, especialmente a los más jóvenes. Debe cambiar la mirada instalada en el miedo y apostar por una visión en positivo que afronte la gestión de la creciente diversidad en nuestras sociedades, para así mejorar la cohesión social en el futuro.
Se deben desarrollar planes de integración que contemplen medidas pensando en estos jóvenes, medidas centradas tanto en la diversidad existente en los centros educativos como en dar respuesta a otro tipo de necesidades más generales y de carácter estructural que remuevan los obstáculos para una verdadera igualdad de oportunidades y que reduzcan la creciente brecha de desigualdad en nuestra sociedad.
En concreto creemos que estos planes deben contemplar:
- Mejorar la acogida en los centros educativos desarrollando planes de apoyo a los menores y jóvenes recién llegados de otros países.
- Dotar de recursos a los centros educativos para implementar planes de integración que favorezcan la convivencia y el reconocimiento de la diversidad desde el respeto a los derechos humanos.
- Promover medidas de conciliación familiar y derechos laborales para las personas que trabajan en los sectores laborales más precarios.
- Mejorar el sistema de acogida de los niños/as y jóvenes que migran solos, evitando que queden desamparados una vez cumplan los 18 años.
Solo de este modo conseguiremos construir sociedades más ricas y cohesionadas donde cada una de las personas que la conformamos nos sintamos parte fundamental, consolidando el sentimiento de pertenencia compartida y de confianza mutua de toda la ciudadanía.
acciónenred Andalucía
21 de marzo de 2020
Apoyo a la Huelga Educativa del 4M
4-marzo-2020
Desde Accionenred apoyamos las movilizaciones convocadas por los sectores educativos donde se ponen de manifiesto las dificultades de la actual Consejería de Educación para afrontar los problemas reales de la educación en nuestra comunidad.
El recién aprobado decreto de escolarización, presentado como la posibilidad de ejercer la libertad en la elección de centros, no sólo no resuelve un problema inexistente, pues el 95% de las familias acceden al centro que solicitan, sino que centra el problema de la educación andaluza en la falta de acceso a la enseñanza concertada, que no es tal. Además no afronta, ni resuelve, la falta de plazas públicas en ciertas zonas ni los problemas que tiene el sistema actual en las zonas limítrofes de las áreas de influencia (donde una familia puede no tener acceso a un colegio situado en la acera de enfrente de su casa).
La educación pública debe garantizar la igualdad de posibilidades para
todas las familias, tanto en el acceso a la educación como a los recursos
necesarios para llevar a cabo el proceso
educativo. Desde la Consejería no se afrontan los grandes retos educativos
andaluces, ni se plantean ninguna de las soluciones que los diferentes sectores
educativos públicos (sindicatos de profesorado, federación de AMPAS y alumnado)
están reclamando hace tiempo. Las medidas más solicitadas son la bajada de
ratio en las aulas, más atención al alumnado con necesidades educativas
especiales, apoyo a los centros de compensatoria, estabilidad y formación del
profesorado, y otras que tienen que ver con más inversión en la red de centros
públicos andaluces.
En paralelo, la enseñanza concertada, como subsidiaria,
debe ir siendo sustituida, paulatinamente, por una más amplia y mejor dotada
red de escuelas públicas. Mientras tanto, la administración educativa tiene que
velar porque la enseñanza concertada asegure el acceso gratuito e igualitario a
una plaza educativa sostenida con fondos públicos, asegurándose de no fomentar
la segregación escolar entre familias en función de sus recursos económicos.
Por ello, animamos a participar en las manifestaciones convocadas por la comunidad educativa para hoy 4 de marzo en diferentes puntos de Andalucía.
8M Día de las Mujeres: MÁS FEMINISMO, MÁS DEMOCRACIA, ¡MÁS MEJOR!
2-marzo-2020
Este 8 de marzo el movimiento feminista, junto con organizaciones sociales y humanitarias, vuelve a manifestarse para reclamar más igualdad, más libertad y más justicia social.
Ya está bien de precariedad laboral y de salarios bajos. Es hora de exigir unas políticas públicas de creación de empleo y de lucha contra la pobreza, que alcanza, en particular, a tantos menores y familias monoparentales. Estas políticas que demandamos han de estar orientadas especialmente a los colectivos más excluidos, como las trabajadoras domésticas y cuidadoras a domicilio, las migradas, las gitanas, las trabajadoras sexuales, las transexuales…
Una vez más, este 8 de marzo decimos basta a un modelo social que exige a las mujeres ser superwoman, haciendo recaer sobre ellas en exclusiva el trabajo doméstico y los cuidados de los hijos y de las personas mayores. Exigimos medidas de conciliación entre la vida laboral y la familiar, como permisos de paternidad/maternidad más largos e intransferibles, aumento y promoción de la red de escuelas infantiles públicas (especialmente de 0 a 3 años), comedores y servicios de apoyo al cuidado de hijos e hijas y dotación real de más recursos a la Ley de Dependencia. Medidas que son imprescindibles para avanzar hacia un nuevo modelo social más igualitario y humano en el que mujeres, hombres y todas las personas nos corresponsabilicemos de los cuidados y compartamos tareas y tiempos.
Mostramos de nuevo nuestro profundo rechazo a todas las violencias interpersonales. Decimos ¡basta! a la insoportable violencia sexista contra las mujeres o contra personas que no se someten a la norma heterosexual (gais, lesbiana, bisexuales, asexuales…) o a la imposición binaria de género (transexuales, intersexuales, etc.). Reiteramos que la única manera eficaz de acabar con estas violencias es la educación. Una educación que prevenga la violencia sexista, pero que también esté encaminada a reparar el daño ocasionado a las víctimas y a reeducar a las personas que han perpetrado la agresión. Una educación integral, basada en los derechos humanos, que incluya la sexualidad (eterna asignatura pendiente en nuestro país) y que permita ampliar la autonomía y los márgenes de libertad de las personas. Una educación que sea respetuosa con las distintas formas de vivir la sexualidad y la diversidad de orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género. La educación ha estado siempre en el punto de mira de la derecha. En el pasado, el PP logró suprimir la asignatura de Educación para la Ciudadanía y, en la actualidad, la Junta de Andalucía intenta imponer el veto parental, es decir, que los progenitores puedan impedir que su hija o hijo reciba en la escuela educación sobre las normas de convivencia de las que nos dotamos. El veto parental es un grave atentado al derecho de los niños y niñas a ser educados en los valores de igualdad y libertad consensuados en nuestra sociedad. Asimismo, supone una agresión a la escuela pública, que es la encargada de garantizar el aprendizaje de dichos valores y normas. Por ello, este 8 de marzo queremos denunciar las pretensiones sexistas, racistas y antidemocráticas de una extrema derecha rancia que presiona para debilitar nuestros consensos y erosionar una no muy boyante cultura democrática.
Por todo lo anterior, resulta imprescindible la defensa de una cultura de igualdad, libertad, solidaridad, respeto a la diversidad y pluralidad que alimente el diálogo y el afrontamiento pacífico de los conflictos como cemento de nuestra convivencia. Son mejoras, no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad. Por eso, sobran los motivos para que unas y otros nos sumemos a las movilizaciones que propone el movimiento feminista y contribuyamos a esa mejor sociedad, más democrática y justa.
