Irene

La velocidad de la tragedia en Gaza no tiene precedentes en los conflictos recientes; el alcance de la destrucción tampoco: viviendas, universidades, mezquitas, iglesias, edificios comerciales, infraestructuras de agua y alcantarillado, carreteras, hospitales y otras instalaciones médicas, bibliotecas, escuelas, fábricas de alimentos y centros de ayuda, ambulancias, campos de cultivo, centros de la ONU…

Entre los muertos (más de 32.500), cerca del 70 % son mujeres y niños (más de 12.000 niños y 7.000 mujeres). Durante este tiempo han sido asesinados más niños y niñas en Palestina que en todos los conflictos del mundo en los últimos cuatro años.

Un número desconocido de personas permanecen bajo los escombros. Casi dos millones de palestinos (el 85% de la población de Gaza) están desplazados, muchos de ellos de forma definitiva puesto que Israel ha destruido el 60% de las viviendas. Más de 89 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados. Aproximadamente 1.400.000 de personas sobreviven hacinadas en Rafah, al sur de Gaza.

Hay 380.000 personas que se encuentran en la fase 5 de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, es decir, la hambruna. Israel está haciendo uso del hambre como arma de guerra contra la población civil. Según la OMS, el 90% de los niños menores de dos años y el 95% de las mujeres embarazadas y lactantes «se enfrentan a una grave pobreza alimentaria». Israel ha violado el artículo 23 del Cuarto Convenio de Ginebra, el artículo 54 del protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 y la Resolución 2417 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en 2018. En todos ellos se condena el uso del hambre y la inanición de la población civil como arma de guerra.

¿Cuántas líneas rojas más se va a saltar el Gobierno de Netanyahu sin que la comunidad internacional se sienta obligada a actuar? Es difícil imaginar qué más violaciones de todo tipo puede llevar a cabo Israel. Ha ignorado los múltiples llamamientos de diferentes organismos de la ONU (de Unicef, del relator para los DD.HH., del secretario general…) para que no se bombardee de manera indiscriminada, se permita la entrada de ayuda humanitaria, se acabe el bloqueo, se ponga fin a las órdenes de evacuación masiva o se respete el trabajo de la ONU, entre otros. Tampoco ha hecho caso de la Orden de 26 de enero de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), como respuesta a la denuncia de Sudáfrica por actos genocidas, que impuso a Tel Aviv una serie de demandas provisionales, como la adopción de las medidas necesarias para prevenir los actos del artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Ante la indiferencia de Israel, Sudáfrica pidió nuevas y urgentes medidas el pasado 6 de marzo donde expresaba que «La amenaza de hambruna se ha materializado. El tribunal tiene que actuar ya para detener una inminente tragedia…». Sin embargo, Israel sigue ignorando dos meses después lo establecido por la CIJ y, tras la denuncia por genocidio, el Estado hebreo no ha cumplido ninguna de las demandas que le hizo el organismo judicial. Al contrario, ha redoblado sus objetivos y ataques y mostrado su desprecio por la CIJ.

Tras cerca de seis meses de guerra y cuatro intentos fallidos, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 25 de marzo la Resolución 2728 en la que se exige el alto el fuego inmediato y duradero y lo vincula, aunque no lo condiciona, a la llegada de la ayuda humanitaria y a la liberación sin condiciones de los rehenes todavía en manos de Hamás y de la yihad. El alto el fuego se limita al mes del Ramadán que finaliza el 9 de abril. ¿Lo va a respetar Israel? Parece que tampoco pues ha seguido atacando la Franja de Gaza y las declaraciones de su primer ministro siguen desafiando a la comunidad internacional. Una resolución que EE.UU. cuestiona que sea de obligado cumplimiento por parte de Israel y de esta manera encubre a su aliado. Es lamentable que la UE, debido a su división, haya sido reticente a pedir un alto el fuego.

Debemos a Hannah Arendt la diferencia entre culpabilidad y responsabilidad. La culpa es individual, personal y de ella siempre se derivan consecuencias morales y legales. En cambio, la responsabilidad es política y colectiva y proviene de la pertenencia a comunidades políticas. En este caso, la pertenencia a la llamada comunidad internacional (la ONU, el derecho internacional, el derecho humanitario…) implica que nos sentimos concernidos por lo que hace o le hacen a un miembro de esta comunidad.

Está claro quiénes son los culpables: Netanyahu y su gobierno, que deberían responder ante los tribunales internacionales por los actos (ya sean crímenes de guerra, contra la humanidad o de genocidio) que están cometiendo. Pero la comunidad internacional es responsable políticamente de lo que está ocurriendo y se debe preguntar si está haciendo todo lo necesario para frenar a Israel. Es obvio que la respuesta es «NO». Ha tardado cerca de seis meses en sacar una resolución de alto el fuego sobre la que se duda si es vinculante o no para Israel. Hay múltiples medidas que se pueden tomar para frenar al Estado hebreo y que no se han tomado —bloqueo de exportaciones de armas, retirada de la ayuda económica, retirada de embajadores, sanciones, boicot en el deporte o la cultura…— que podrían conseguir el aislamiento de Israel y doblegarlo. Especialmente grave es la responsabilidad de EE.UU. que otorga 3.800 millones de dólares anuales en asistencia militar a Israel y ha autorizado en los últimos días la transferencia de miles de millones de dólares en bombas (más de 2.300 bombas de más de 500 kilos) y aviones de combate (25 cazas). La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ha pedido a EE.UU. que ponga fin a todo el apoyo militar, financiero y político que viene prestando a Israel. Esto debería extenderse a todos los estados de la UE, siguiendo el ejemplo de países como Canadá.

Como denuncia Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ha quedado de manifiesto el doble rasero de Occidente a la hora de actuar frente a la invasión de Ucrania por parte de Rusia (con todo tipo de medidas contra Rusia) y la pasividad frente a los sufrimientos palestinos. Ese doble rasero no solo aísla a Europa y EE.UU. del resto del mundo, sino que cuestiona la legalidad internacional y debilita aún más el ya frágil orden internacional y sus instituciones.

Para las sociedades que observamos con horror la envergadura de los crímenes y el apoyo o la inacción de tantos gobiernos, siempre nos quedará, como escribió Primo Levi, «la facultad de negar nuestro consentimiento». Y presionar a nuestros gobiernos para que actúen de manera decidida con todo lo que tengan a su alcance es también nuestra responsabilidad.

La maldición de Auschwitz no puede justificar lo que hace Israel ni su derecho absoluto a la defensa. Israel ha pasado de ser víctima a victimario.