30-junio-2021
El calentamiento global causado por las emisiones de gases de efecto invernadero y los crecientes indicios del agotamiento de los combustibles fósiles han hecho que, con décadas de retraso, la transición energética ocupe por fin un lugar prioritario en la agenda política mundial. El futuro de la Humanidad depende sin duda de la sustitución de las energías fósiles por las renovables, que pueden ser la solución al problema energético por su distribución geográfica y por aprovechar flujos y recursos energéticos que la naturaleza renueva en una escala temporal humana. La legislación de muchos países se está adaptando a este escenario, especialmente en el seno de la Unión Europea, que se ha dotado del llamado Pacto Verde como la hoja de ruta hacia una economía sostenible. Es destacable la aprobación este año en España de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la primera de este tipo en nuestra historia. La importancia de las políticas ambientales europeas ha quedado también reflejada en el paquete de estímulo económico post-COVID19 NextGenerationEU, un tercio de cuyos fondos está destinado a la lucha contra el cambio climático. En principio, la adopción de la transición energética como prioridad política en Europa (y la reciente reintegración del gobierno de USA al consenso científico internacional) debe considerarse como muy positiva. Sin embargo, los condicionantes de los captadores de energías renovables (placas solares, aerogeneradores) y la forma en que estos se están desplegando en la práctica, ponen en duda la efectividad, sostenibilidad y equidad del modelo energético que se está configurando, en particular en España, a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima aprobado en marzo de 2021.
El modelo de transición energética, que mantiene el consumo energético actual sustituyendo fuentes de energías fósiles por renovables, fomenta un intenso desarrollo de infraestructuras sobredimensionadas para la producción centralizada de energía eléctrica y su evacuación mediante líneas de alta tensión. La construcción de estas infraestructuras está causando daños al equilibrio y cohesión del territorio, pone en peligro la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que esta nos ofrece, y supone un obstáculo para el desarrollo local sostenible. Un claro ejemplo es la proliferación de macroproyectos eólicos y fotovoltaicos a lo largo de la nueva línea de alta tensión de 400 kV Caparacena-Baza-La Ribina, incluyendo la planta proyectada en Caniles y Baza, con potencia de 250 MW y 703 hectáreas, que está encontrando la oposición de colectivos de vecinos, agricultores y empresarios y de los ayuntamientos.
Las expectativas creadas por la transición energética en España y la potencial rentabilidad de la inversión, han generado además una avalancha de proyectos por parte de grandes fondos y empresas, en lo que se considera una auténtica burbuja especulativa, con un total de solicitudes de instalación de potencia fotovoltaica que casi cuadriplica la máxima demanda eléctrica contemporánea. Es habitual que los macroproyectos se subdividan para burlar el control estatal, pasando las competencias al ámbito autonómico, donde la regulación es más laxa, como ocurre en Andalucía. Así pues, este modelo beneficia a grandes inversores y especuladores en detrimento de la eficiencia energética, la gestión democrática de los recursos y el territorio y el acceso a las energías limpias por parte de la ciudadanía.
Por si todo esto fuera poco, la intensificación de la demanda de materias primas para la construcción de plantas eólicas y solares, redes de distribución, sistemas de almacenamiento, etc. va a incrementar las ya abultadas emisiones de gases de efecto invernadero de la minería y sus impactos sobre los ecosistemas, y está reproduciendo relaciones políticas y económicas de corte extractivista y colonial con el mundo rural y las periferias. Por ejemplo, en Bolivia, Chile y Argentina, la extracción de litio requiere de un uso muy intensivo de agua dulce en una región de extrema aridez en la que una parte importante de la población depende directamente de una agricultura de subsistencia. Por otra parte son bien conocidas las condiciones inhumanas en las que se extrae el cobalto en la República Democrática del Congo. Es profundamente injusto que en la actual transición energética se lleven de nuevo la peor parte quienes menos se han beneficiado del desarrollo generado gracias al expolio de sus recursos naturales, quienes menos gases de efecto invernadero han emitido y quienes más están sufriendo las consecuencias del cambio climático, es decir, los habitantes del Sur global.
La transición energética no puede ser simplemente una transición tecnológica. Ha de ser una transformación de gran calado que responda a las necesidades presentes y futuras de la sociedad, y no a la actual promoción ilimitada de la oferta renovable. Ha de ser una transformación ecosocial en la que la apuesta por las energías renovables -especialmente por la fotovoltaica por su menor impacto- vaya ligada indisolublemente a la preservación de la biodiversidad, la ordenación del territorio, la equidad y la justicia social. Esto exige políticas efectivas de ahorro y eficiencia, en línea con el marco legislativo 2030 de la Unión Europea.
Los colectivos agrupados en la Alianza Energía y Territorio (ALIENTE) solicitan al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una planificación detallada que evite burbujas especulativas y facilite una distribución ordenada, acercando las fuentes al consumo y exigiendo dimensionamientos proporcionales al consumo cercano. También se demanda la regulación y promoción del autoconsumo (que debería jugar un papel clave y cuya contribución en la actualidad es residual), el fortalecimiento de los procedimientos de evaluación ambiental y una planificación territorial de la construcción de instalaciones que implante zonas de exclusión por motivos de preservación de la biodiversidad y de manejos agrícolas tradicionales del territorio. Estas medidas están respaldadas por la comunidad científica, como ilustra un reciente artículo en la revista Science liderado por investigadores del CSIC (https://science.sciencemag.org/content/370/6522/1282). ALIENTE está solicitando una paralización temporal de la autorización de nuevas industrias eólicas y fotovoltaicas hasta que se diseñe un plan de áreas de exclusión para la preservación de la biodiversidad y el paisaje. Por el contrario, Greenpeace rechaza una moratoria, aunque pide al Gobierno que haga una buena planificación para que no se dañe la biodiversidad y que las zonas rurales salgan beneficiadas de este proceso. Lo que buscan las moratorias temporales, sin embargo, no es obstaculizar el despliegue de las renovables, sino permitir una evaluación y planificación para que este no se lleve por delante el territorio y la biodiversidad y, además, evitar que se genere un rechazo social que aboque la transición energética al fracaso.
Desde acciónenred Andalucía, preocupados por la situación en zonas especialmente sensibles como son el norte de la provincia de Granada, el Valle del Almanzora y el desierto de Tabernas en Almería, el campo de Gibraltar en Cádiz, el Valle del Guadalhorce en Málaga, el Valle Medio del Guadalquivir en Córdoba, o el Aljarafe y el Campo de Tejada en Sevilla, por poner sólo algunos ejemplos, reclamamos que los gobiernos central y autonómico no hagan oídos sordos a estas demandas y negocien medidas de planificación y evaluación con los colectivos ecologistas y sociales y los municipios afectados para que estos territorios, de gran valor paisajístico, ecológico e histórico, no se conviertan en nuevas zonas de sacrificio.