Valencia nos recuerda que no estamos haciendo los deberes

El pasado noviembre se celebró en Baku, Azerbaiyán, la 29 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la conocida como COP29. La conferencia reunió a líderes mundiales, representantes de los 197 países o partes firmantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y a miembros de la sociedad civil, para acordar las medidas necesarias para hacer frente a la crisis climática. Esta vez las conversaciones se centraban en la consecución de un nuevo objetivo en materia de financiación climática, que permita a los países del sur global avanzar en medidas frente al cambio climático y aumente la aportación de los países más industrializados bajo la premisa de “quien contamina paga”. 

El día 29 de octubre, tan solo unos días antes, los efectos de una gota fría o depresión aislada en niveles altos (DANA) se hacían sentir en el este de España, provocando en varias localidades inundaciones masivas que causaron numerosos daños personales y materiales. A 3 de enero, la cifra provisional de fallecidos por el fenómeno alcanza las 232 personas. Los daños materiales y necesidades de reconstrucción tienen proporciones difíciles de cuantificar aún. 

Los expertos destacan que entre las consecuencias ya visibles del cambio climático están la alta frecuencia y mayor virulencia de fenómenos climatológicos extremos. Aproximadamente el 90% del calor adicional atrapado en la atmósfera por los gases de efecto invernadero es absorbido por los océanos. El Mediterraneo, por su particular situación geográfica, se está calentando a un ritmo más rápido que los océanos globales, con graves consecuencias para los ecosistemas marinos, las poblaciones costeras y los fenómenos climáticos extremos asociados.  El calentamiento de las aguas del Mediterraneo está incrementando el potencial destructor de las DANAs, ya que la mayor evaporación implica un aumento de la cantidad de vapor de agua en la atmósfera, que actúa como combustible para las tormentas, proporcionando mayor energía y potenciando las precipitaciones intensas y prolongadas. Eventos naturales como el de Valencia no pueden evitarse, pero el incremento del riesgo para la sociedad es consecuencia directa de soslayar la crisis climática, junto con la deficiente adaptación de las infraestructuras y la mala gestión, pasada y presente, del uso del suelo, que ha permitido la urbanización de zonas inundables. La necesidad de adoptar medidas, no ya de mitigación del cambio climático para evitar su agravamiento, sino de adaptación frente a él para que sus efectos sean menos devastadores y generadores de pobreza y desigualdad, es urgente.

Sin embargo, la deriva europea y mundial apunta a un auge de partidos e ideas de extrema derecha en lo político y el viraje de los partidos tradicionales a posturas menos ambiciosas en cuanto a medidas frente al cambio climático. La falta de una acción multilateral a la altura de la magnitud de la crisis climática queda patente en los acuerdos alcanzados en la COP29. Las organizaciones sociales involucradas en la cumbre coinciden en que los acuerdos alcanzados son insuficientes. La financiación comprometida para apoyar a las naciones en desarrollo (300.000 millones de dólares anuales hasta 2035) es limitada en comparación con las necesidades reales, y faltan compromisos más ambiciosos en la reducción de emisiones y la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. La COP29 estuvo marcada por una presencia e influencia desproporcionadas de los lobbies de la industria de hidrocarburos, que redujo la efectividad de las negociaciones y la capacidad de la cumbre para abordar de manera contundente la crisis climática.

La vuelta de Donald Trump a la presidencia de los EEUU, uno de los principales países emisores de gases de efecto invernadero, va a complicar enormemente en el futuro próximo  la consecución de acuerdos globales significativos en la lucha contra el cambio climático, en un momento en el que la comunidad científica considera ya inalcanzable el objetivo de 1,5 °C adoptado en la COP21 de París. Es previsible, además, un aumento del rechazo social a las medidas de mitigación y adaptación y a la financiación de estas en terceros países, debido al soporte institucional adicional que van a tener las ideas anticientíficas y aislacionistas, que ya son ampliamente difundidas, entre otros medios, desde redes sociales como X, propiedad del multimillonario Elon Musk, que también formará parte de la administración de Trump. En Europa, que tradicionalemente ha venido impulsando medidas más ambiciosas, el miedo al avance de partidos e ideas de corte nacionalista, conservador y xenofobo ha causado ralentización o modificación de varias iniciativas clave del Pacto Verde Europeo, entre ellas la aprobación del Reglamento de Deforestación de la UE, el bloqueo de la Ley de Restauración de la Naturaleza, la paralización de la propuesta de reducción del uso de pesticidas y la desprotección de especies amenazadas. Los líderes conservadores, influenciados por la extrema derecha, están impulsando una «moratoria» en la implementación de nuevas regulaciones ambientales, buscando retrasar la aplicación del Pacto Verde Europeo. La extrema derecha viene asociando hábilmente la defensa del medio ambiente con el elitismo y la desigualdad a través de una narrativa que busca conectar las políticas medioambientales con percepciones de desconexión entre las élites urbanas y las clases trabajadoras, mientras al mismo tiempo realiza una defensa cerrada de los intereses de la industria fósil y del extractivismo. Esto se manifiesta especialmente en áreas rurales y agrícolas, por su importancia estratégica como símbolo cultural, económico y político. Para ello, despliega un discurso populista, victimista e indentitario en el que se reinterpretan en clave nacionalista términos como soberanía alimentaria o soberanía energética, o directamente se lanzan campañas de desinformación y bulos en redes sociales, como se pudo ver en los días posteriores a la tragedia de la DANA.

La introducción de cambios sustanciales en el modelo de producción y consumo energético y la adopción de medidas de adaptación son de importancia capital para la resiliencia de las sociedades modernas. Aunque la transición verde enfrenta desafíos reales de equidad y accesibilidad, a los cuales las instituciones europeas no han hecho frente hasta ahora de forma efectiva, etiquetar estas políticas como elitistas o desiguales no refleja su intención ni sus beneficios potenciales. Es crucial que las políticas climáticas sean diseñadas con la justicia social en mente y que los sectores más afectados reciban el apoyo adecuado para adaptarse a los cambios. Desde los movimientos sociales y desde la sociedad civil debemos seguir empujando por la adopción urgente de ideas valientes y de calado que tengan en cuenta la desigual aportación y afectación de poblaciones desfavorecidas, es decir, por la Justicia Climática. En particular, hemos de confrontar el viraje de prioridades en la UE desde la lucha contra el cambio climático y la desigualdad hacia el reforzamiento de fronteras y el militarismo. Es esencial combatir las ideas negacionistas y anticientíficas, el aislacionismo y el nativismo, ya que solo la ciencia y la cooperación pueden ayudar a la humanidad a esquivar el peligro existencial que se cierne sobre ella.