EDITORIAL: Exclusión y desigualdad en España. Urgencia social contra la pobreza
26-julio-2019
En
España la pobreza se hereda. Cuanto mayor es la desigualdad menos
movilidad social hay y menor es la igualdad de oportunidades. La OCDE estima que
cualquier español que nazca en una familia con bajos ingresos tardará cuatro
generaciones, 120 años, en conseguir un nivel de renta medio. No sólo somos el
cuarto país más desigual de la UE, sino que, tras Bulgaria, somos el
segundo país europeo en el que la distancia entre ricos y personas empobrecidas
ha aumentado más. Tras la crisis y a pesar de la recuperación, la sociedad se
polariza a costa de un adelgazamiento de las clases medias.
La
exclusión social en España es un fenómeno estructural, aumenta en las épocas de
recesión y no se recupera suficientemente en las épocas de bonanza. Tras diez
años del inicio de la crisis y pasado lo peor, conviven una cierta mejoría de
una parte importante de la población más afectada por la crisis (49%) con un
recrudecimiento de la situación de las personas más débiles. La recuperación está
siendo asimétrica, no llega a los hogares que peor están, hay un empeoramiento
de las personas más vulnerables. La
exclusión social severa se cronifica.
Según
el VIII informe Foessa, en 2018 hay más de 4 millones de personas que sufren
exclusión severa (8% de la población), lo que supone un 44% más que en 2007. Dos
de cada diez personas en exclusión severa es población extracomunitaria. El
perfil que definía y define la exclusión severa se caracteriza por algunas de
estas dimensiones: baja cualificación,
hogares encabezados por mujeres o pertenencia a minorías.
En
la Encuesta de Condiciones de Vida de 2018, la tasa AROPE (población en riesgo de pobreza o exclusión social)
afecta al 26,1% de la población
residente en España, frente al 26,6% registrado en 2017. En Andalucía la tasa
AROPE se sitúa en el 38,2%. .
Por
nacionalidad, el porcentaje de personas por debajo del umbral de riesgo de
pobreza o exclusión social es del 23,1% para los españoles, del 47,7% para los
extranjeros de la UE y del 56,0% para las personas extracomunitaria. La
población extracomunitaria está sobrerrepresentada en los espacios de la
exclusión severa y moderada, mientras que se encuentra infrarrepresentada en la
integración plena.
La
edad, junto con el género, son factores determinantes del mayor riesgo de
exclusión social. Casi un tercio de los menores y jóvenes, y de mujeres entre
16 y 30 años, se encuentran en riesgo de pobreza. Según
Save the Children, la tasa de pobreza que afecta a la población infantil es
mayor que la que afecta a cualquier otro grupo de edad en España, afecta a un
26,8% de los menores en España, 2,1 millones de niños y niñas. La
incidencia de la pobreza infantil es prácticamente el triple en los hogares de
origen inmigrante que en los hogares de origen no inmigrante.
Los hogares sustentados por mujeres (hogares
monoparentales y mujeres solas en su mayoría), están especialmente
sobrerrepresentados en la exclusión social. Un 42,9 % de las familias
monoparentales en España están en riesgo de pobreza, y es- tas familias están
mayoritariamente encabezadas por una mujer sola. Entre ellas, destaca por su
gravedad la situación de familias jóvenes con menores, tener hijos es un
importante factor de riesgo de pobreza. La tasa de exclusión social severa de
los hogares monoparentales ha continuado en ascenso, hasta llegar al 14,4% en
2018.
Por
otro lado, el 30% de las personas con discapacidad se encuentran en situación
de exclusión social.
La exclusión social
es consecuencia de los procesos desigualdad que se consolidan. La
desigualdad ya no se ciñe a la dimensión monetaria sino que es multidimensional
(mercado de trabajo, vivienda, salud, educación, desigualdad de género …) y
permite explicar la diferente incidencia de la exclusión social.
Entre
las causas de la exclusión y la desigualdad, en la actualidad, destaca la mala calidad del empleo
(temporales, precarios, salarios bajos…), más allá del desempleo, que ha
disminuido. La mayor parte de la población excluida tiene empleos
“normalizados” (restauración, servicio doméstico o limpieza). Sin embargo, el
14% de las personas que trabajan no pueden vivir de su sueldo. Son los
trabajadores pobres.
En
segundo lugar, los problemas de acceso y mantenimiento de la vivienda que sigue
afectando al 11% de la población española (en 2018 se produjeron más de 37.000
desahucios y el precio del alquiler ha aumentado un 30%).
En
tercer lugar, hay que sumar la desigual incidencia de las políticas
redistributivas (más favorables en los mayores y en menor medida en la gente
joven) y el insuficiente resultado de las transferencias sociales para
disminuir la pobreza, que están infradotadas.
El nivel educativo también se ha mostrado en este tiempo como un
factor protector frente a la exclusión, aunque se está debilitando. Los
jóvenes con estudios superiores tienen en el último trimestre de 2018 una tasa
de paro 12 puntos menor que los que poseen estudios secundarios y 19 puntos
menor que los que cursaron niveles inferiores. A
mayor nivel educativo, menores son las tasas de exclusión social y, en
particular, de exclusión social severa.
Es
fácil deducir de las causas de la exclusión que hay una juvenilización de la
pobreza, con un claro empeoramiento de los jóvenes emancipados. Esto puede
considerarse uno de los principales cambios estructurales en el patrón de la
pobreza en España. La larga crisis ha desencadenado que al agotamiento de los
mecanismos de protección social se sume el debilitamiento del colchón familiar. Cabe destacar que más de seis de
cada diez hogares excluidos severos no tienen actualmente ninguna prestación, a
lo que hay que sumar los problemas de aislamiento social de los sectores más
excluidos que han aumentado.
La
exclusión social también se refleja en la política. La participación política
está condicionada por la desigualdad, a mayor grado de exclusión menor
participación en las elecciones, mayor abstención. La brecha entre ciudadanos
no es solo en términos económicos sino que se traslada también al plano
político.
Si
la exclusión social es un proceso
multidimensional, las estrategias para combatirla tienen que ser mantenidas en
el tiempo y deben estar dirigidas a cada uno de los ámbitos que se han
señalado. España tiene mucho margen para mejorar, actuando tanto sobre las
causas de la exclusión con la puesta en marcha de medidas como: derogar la
reforma laboral, aumentar el salario mínimo, asegurar un empleo digno; ampliar
el parque de vivienda social y el alquiler asequible; y aumentar la inversión
en protección social. Especialmente bajo es el gasto en familias e infancia y
en la lucha contra la exclusión social. Para ello, es esencial que se priorice
siempre, como elemento vertebrador de la política social y económica, la
atención hacia aquellos sectores de la población que son más vulnerables. Sólo
de este modo será posible reducir los niveles de desigualdad y pobreza que
afectan a este país y garantizar unas condiciones de vida dignas para el
conjunto de la sociedad.
