De Luto por las más de 900 personas muertas en el Mediterráneo
acciónenred se suma a los manifiestos "Por el fin del Genocidio Migratorio en el Mediterráneo" y "Por una solución europea urgente a la crisis humanitaria en el Mediterráneo", en respuesta a los últimos 900 muertos de esta semana y los tantos que mueren, en menor número pero igual dolor, en el mismo mar.
Manifiesto: Por el fin del Genocidio Migratorio en el Mediterráneo.
La Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, junto con múltiples organizaciones de defensa de los derechos humanos, condenamos el Genocidio Migratorio que se está produciendo en el Mar Mediterráneo y denunciamos:
Que las personas que han perdido la vida tenían diversos motivos para emprender su viaje; entre éstos, huir de conflictos políticos, bélicos y de la propia pobreza. Lejos de ser fenómenos “naturales”, están directamente relacionados con la política exterior de la Unión Europea y sus intereses comerciales.
Que la Unión Europea define a estas personas como “inmigrantes ilegales” para no tener que aceptar las implicaciones de lo que realmente son: potenciales refugiados, niños y niñas, víctimas de diversos conflictos.
Que la mayoría de las personas que se han ahogado deberían haber estado amparadas por la legislación y los tratados de protección internacionales suscritos por los países de la Unión Europea. Ante la imposibilidad de cursar cualquier tipo de solicitud, se ven obligadas a arrojarse al mar para, una vez llegadas a Europa, tratar de conseguir este reconocimiento.
Que la UE ha renunciado a su orientación más humanitaria y respetuosa con los Derechos Humanos para darle, en cambio, una orientación bélica a todo lo que tiene que ver con las migraciones. La mayor responsable de este enfoque es la Agencia Frontex. La Agencia entiende el intento de acceso de las personas como un “riesgo” (literalmente) de violación de las Fronteras. Se dedican millones de euros a sufragar tecnología militar de vigilancia y, en cambio, no se destina ninguna medida al salvamento de personas. Recordamos que la Agencia Frontex ha pasado de tener un presupuesto anual de 5 millones de euros en su origen (2004) a más de 80 millones por año en 2015. El Estado Español destinó en el último lustro casi 290 millones de euros a sellar las fronteras españolas y menos de 10 millones a la acogida de refugiados, una de las ratios más desiguales de la Unión Europea. También ha pagado 50 millones de euros a Marruecos para que construya una nueva valla de concertinas. No faltan recursos, sino voluntad política.
Que la tecnología de Frontex es capaz de localizar las embarcaciones, pero resulta absolutamente incapaz de salvar a las personas. Por prioridades políticas, se invierte el dinero en el control de personas pero no en su salvamento.
Que el Ministro de Interior, Fernández Diaz, es responsable directo de legitimar estas muertes, pues considera que salvar vidas en el Mediterráneo puede generar un efecto llamada. Es decir, según el Ministro, hay personas que hoy tienen que morir para que un posible efecto (sin una relación causal clara) sea evitado. El verdadero efecto llamada no es Salvamento Marítimo. Más bien estamos ante un efecto directo de expulsión, consecuencia de las políticas Europeas en África. Afirmaciones como las del Ministro deberían tener consecuencias legales.
Que no es tolerable aceptar que “otra embarcación se ha hundido”: hay toda una cadena de responsabilidades que han de ser investigadas, esclarecidas y, en su caso, juzgadas. Se ha de evitar que vuelva a suceder, mejorando los protocolos de salvamento.
Que es inadmisible la hipocresía del Presidente del Gobierno cuando indica que “Ya no valen las palabras, hay que actuar” en relación a las muertes del Mediterráneo. Desgraciadamente, naufragios como éste suelen servir para lanzar medidas que dotan de más medios a Frontex sin cambiar un ápice su errática concepción de las migraciones (como una amenaza y un riesgo) y su lógica bélica. En otras ocasiones, se han dado respuestas de intervención directa en los países de origen: bien condicionando sus “ayudas al desarrollo” a la colaboración en la represión de las migraciones o bien con intervenciones diplomático-militares que generan aún más desplazados. Ambas opciones suponen precarizar aún más la experiencia migratoria y aumentar los naufragios en el Mediterráneo, el mar más mortífero del mundo.
Que es necesaria la inversión en un programa europeo de salvamento marítimo acorde a la envergadura del problema, paralela a una reducción de la financiación de programas, operaciones y tecnologías que militarizan la frontera.
Que se hace necesaria la realización de un programa de identificación y memoria de las víctimas, y de repatriación de los cuerpos a sus familias.
La tragedia como género literario hace referencia a cómo los personajes son enfrentados contra el destino de los dioses con resultados de muerte o infortunio. Lo que ha ocurrido el domingo en las aguas del mediterráneo, sin embargo, está lejos de poder considerarse como tal: no son tragedias inevitables, es una responsabilidad de la Unión Europea
Por el fin de las muertes en el Mediterráneo.
Por el fin del Genocidio Migratorio #GenocidioMigratorio
POR UNA SOLUCIÓN EUROPEA URGENTE A LA CRISIS HUMANITARIA EN EL MEDITERRÁNEO
La exigencia de ayuda humanitaria inmediata y de corresponsabilidad de todos los países que forman parte de la UE para implementar medios legales y materiales que garanticen la acogida de los miles de refugiados y emigrantes que huyen de las guerras y persecuciones que asolan al sur-este mediterráneo, es unánime entre la mayor parte de las ONG y acciónenred se suma a ellas. Por eso compartimos este comunicado de Migreurop.
700 personas desaparecidas en el mediterráneo que se suman a las 400 de disparan las dimensiones de una tragedia humanitaria que no tiene límite. Ante esta situación la Unión Europea y sus Estados miembro lejos de aportar soluciones que pongan fin a este drama humano evaden su responsabilidad poniendo el acento en las mafias y los traficantes y ofreciendo como solución el refuerzo de FRONTEX cuyo objetivo no es salvar vidas humanas.
Ante la falta de vías legales y seguras de llegada, la Unión Europea no deja más opción a estas personas, muchas de las cuales huyen de conflictos y graves violaciones de derechos humanos que acudir a las mafias para llegar a las costas europeas y solicitar asilo Algunos responsables políticos de países como España han ido más allá cuestionando puesta en marcha de operaciones efectivas de rescate para evitar un supuesto “efecto llamada” obviando su obligación de salvar vidas así como el hecho de que el número de llegadas va a seguir incrementándose ante el recrudecimiento de conflictos.
MigreuropLas soluciones aportadas hasta ahora han puesto únicamente el foco en el blindaje de las fronteras, de la mano de Frontex, cuyo único resultado es, a la vista está, aumentar el número de muertes.
Al mismo tiempo, se lanza el mensaje de que la estabilización de la situación en Libia, tal vez con medios militares, acabaría con estas llegadas. Además de falso, el mensaje es claro, serían las autoridades libias quienes se encargarían de hacer de gendarmes para impedir el acceso de quienes huyen de las guerras de Siria, Eritrea, Sudán… o de quienes buscan un futuro mejor en Europa.
Plantear el debate de lo ocurrido estos días en el Mediterráneo en estos términos sitúa a Europa fuera de sus valores fundacionales de respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos y de los valores morales y éticos imprescindibles para la convivencia. Por ello, la Unión Europea debe:
Poner en marcha de forma inmediata medidas centradas en el rescate de las personas en riesgo de naufragio así como el establecimiento de un mecanismo permanente que impida este drama.
Actuar acorde con los principios establecidos sobre derecho de asilo dando acceso a la protección y a una acogida digna a aquellas personas merecedoras de protección internacional
Reformar sus políticas migratorias, abriendo vías de migración legal y segura desde los países de origen. En tanto estas medidas no sean una realidad, la responsabilidad de estas muertes recaerá sobre quienes en la Unión Europea deciden unas políticas que hacen imposible el fin del drama humanitario que se vive en el Mediterráneo.
Por el derecho a la salud
POR EL DERECHO A LA SALUD. POR UNA ATENCIÓN SANITARIA UNIVERSAL.
Hace pocos días, el Gobierno sorprendía con una rectificación parcial de su tristemente famoso RD 16/2012 sobre la reforma del sistema nacional de salud que dejó sin cobertura sanitaria a más de 800.000 personas que no cuentan con permiso de residencia. Pero el plan del Ministro de Sanidad Alonso no incluye la devolución de la tarjeta sanitaria sino la expedición de un documento de un año de duración que da acceso a la asistencia primaria en función de algunos requisitos (tiempo mínimo de empadronamiento, nivel de renta...). Sin embargo, estas personas seguirán teniendo un acceso muy limitado, ya que no podrán ser derivadas a un médico especialista, no tendrán historial médico y pagarán el precio total de los medicamentos.
Además de responder a un claro objetivo electoralista, la medida es totalmente insuficiente. La justificación del Gobierno se basa en la descongestión de las urgencias y otras explicaciones técnicas pero no aborda el problema fundamental: la ruptura de la sanidad universal en nuestro país y el derecho a la salud de todas las personas. El decreto anterior ha demostrado ser, además de profundamente injusto, un auténtico fracaso. No ha conseguido los supuestos “ahorros” que prometía, ha saturado las urgencias, ha puesto en peligro la salud pública al excluir a miles de personas.
Durante este tiempo, acciónenred junto a numerosas ONGs, instituciones europeas, organismos internacionales y todos los partidos políticos, a excepción del PP y Ciudadanos, han denunciado reiteradamente este decreto. Exigimos, por tanto, al Gobierno que garantice en igualdad el derecho a la salud de todas las personas, lo que supone la devolución de la tarjeta sanitaria y todo lo que ello conlleva. Y que deje de jugar a hacer cálculos electoralistas cuando se trata de la salud pública y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Contra el estado de excepción de los derechos humanos Ceuta y Melilla
La Federación acciónenred se suma al comunicado suscrito por 150 entidades sociales:
CONTRA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CEUTA Y MELILLA.
Esta tarde ha sido aprobada, en el Congreso de los Diputados, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana tras pasar el trámite de aprobación de la misma en el Senado. Esta Ley, que contempla recortes en los derechos y libertades del conjunto de la ciudadanía, mantiene la Disposición Transitoria Única que introduce una Adicional Décima en la Ley de Extranjería ya introducida en el anterior trámite parlamentario y que no viene sino a tratar de dar amparo a las devoluciones ilegales en las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla que vienen siendo practicadas cada vez más abiertamente por el Ministerio del Interior.
La gran mayoría de entidades que trabajamos por los derechos humanos y los derechos de las personas migrantes apelamos hace unos meses al humanitarismo de los miembros del Grupo Popular en el Congreso y en el Senado. Pero nuestra petición parece haber caído en saco roto, al igual que las múltiples manifestaciones que han realizado organismos nacionales e internacionales, juristas y el resto de formaciones políticas con representación parlamentaria que apuntaban a que la enmienda es contraria a diversos tratados internacionales, la normativa comunitaria, la constitución y principios básicos de nuestro estado de derecho.
Se ha consumado ya el uso retorcido de la actividad legislativa que pretende colocar una decisión política y una actuación administrativa por encima de la propia Constitución, la normativa Comunitaria y de los derechos humanos. En definitiva, si la práctica de las devoluciones ilegales que acontecen en Ceuta y en Melilla es alejada a la Ley, acerquemos la Ley a esta práctica.
La enmienda ha sufrido determinadas modificaciones que han terminado resultando más de contenido estético que ético. Se introduce una referencia a que dicha práctica ilegal que se pretende legalizar, el rechazo “a fin de impedir su entrada ilegal en España” de quienes han saltado la valla, sin procedimiento administrativo alguno, ni derecho a la defensa, se realizará respetando la normativa internacional de los derechos humanos y protección internacional, para indicar posteriormente que las solicitudes de protección internacional “se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos”.
¿Se permitirá con ello que a los que intenta acceder a España por otras vías distintas a los pasos fronterizos como la valla o las embarcaciones, solicitar asilo en España?, ¿Se permitirá el acceso a estos puntos fronterizos españoles por parte de la policía marroquí de potenciales demandantes de asilo?.¿Estas personas serán rechazadas sin ningún tipo de desarrollo normativo de este procedimiento?, ¿sin que tengan derecho a un Juez , a la defensa y a la asistencia de letrado?, ¿sin poder acogerse a determinadas figuras de protección que la Ley les reconoce?
Algunas de estas preguntas parecen haber sido ya respondidas por el Ministro del Interior, el Sr. Fernández Díaz, excluyendo del derecho de asilo al conjunto de la población subsahariana que intenta acceder a nuestro país de manera irregular, como si se tratara de un área geográfica donde no existiesen conflictos bélicos y los regímenes democráticos floreciesen. O como si el derecho de asilo se adquiriese por la forma de entrada en nuestro país.
Las 150 entidades sociales firmantes hemos mirado muchas, muchísimas veces a los ojos de estos migrantes, sus heridas, sus traumas, sus persecuciones. Por ello no vamos a mirar hacia otro lado dejando que la vergüenza por esta práctica ilegal con la que oscurecen nuestro nombre nos desanime. No vamos a permitir que en nuestro país existan zonas de excepción a los derechos humanos por mucho que se empeñen en legalizarlas.
Madrid, 26 de Marzo de 2015
Portavoces: José María Trillo 607 478 499 Javier Baeza 605085570
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