EDITORIAL: La prioridad nacional, cuando el bienestar deja de ser universal
La llamada “prioridad nacional” empezó a adquirir relevancia pública en el mes de abril con el acuerdo entre PP y VOX para investir a María Guardiola como presidenta de Extremadura. Desde entonces, se ha extendido a Aragón, Castilla-León y finalmente, también, a Andalucía con la entrada de VOX en el gobierno y un acuerdo de 150 medidas. Además de la incorporación en los presupuestos en la Comunidad Valenciana.
Como es conocido, el pacto firmado en Extremadura y que se replica para el resto de comunidades, también para Andalucía, viene recogido así: “Promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. Este mismo principio se aplicará para el acceso a la vivienda protegida y el alquiler social en el pacto firmado en Andalucía.
La prioridad nacional no habla solo de economía o gestión, sino de quién merece la protección del Estado. Vincula bienestar social con pertenencia nacional, no con residencia o necesidad.
La justificación de este principio es la supuesta escasez de recursos para sostener el Estado del bienestar. Desde esta perspectiva, la acción política debería evitar el colapso de servicios públicos ya tensionados como la sanidad, la educación o el acceso a la vivienda. Para ello, VOX sitúa la línea de exclusión en la nacionalidad española y el PP la desplaza hacia un concepto más difuso como el “arraigo”.
Conviene recordar que la “prioridad nacional” no es una invención de VOX, sino una seña de identidad de toda la extrema derecha europea desde hace décadas. Fue utilizada por primera vez, hace medio siglo, por el Frente Nacional francés y ha sido asumido como propio por el conjunto de la extrema derecha europea. Lemas como “primero los neerlandeses” o “primero los alemanes” han sido empleados por el Partido de la Libertad (PVV) o Alternativa por Alemania (Afd). En España, ideas similares han sido defendidas por grupos como España 2000 o por Hogar Social. No obstante, quien logró mayor éxito electoral con este planteamiento fue Josep Anglada, cuya Plataforma per Catalunya obtuvo 67 concejales en las elecciones municipales de 2011 con el lema “Primer, els de casa”.
Este enfoque también conecta con la corriente del “nativismo”, muy presente en ciertos sectores del movimiento MAGA en Estados Unidos, que combina nacionalismo y xenofobia, así como con el concepto de “welfare chauvinism” (chovinismo del bienestar), surgido en los países escandinavos y que ha influido no sólo en la extrema derecha del norte de Europa, sino también en sectores de la socialdemocracia.
¿Qué influencia tiene esta propuesta de VOX?
El mensaje de VOX cala más de lo que sectores de izquierda suponen. En el CIS de mayo se recoge que la propuesta de “prioridad nacional” es apoyada por el 44, 6% de los encuestados. Es decir, casi la mitad están de acuerdo o muy de acuerdo con que las políticas sociales se inspiren en este principio.
La propuesta de VOX está llena de supuestos implícitos que conectan con ideas, sentimientos y percepciones de la gente vinculadas tanto a la construcción histórica de los Estados nación como a la experiencia de crisis del Estado del bienestar. Son estos supuestos los que hacen que esta pueda aparecer como algo normal, natural (primaria), para algunos sectores de la población no necesariamente alineados con los principios de la extrema derecha.
En la iniciativa de VOX se contraponen dos concepciones de nación. Por un lado, una nación de carácter étnico, excluyente y particularista, donde la solidaridad se limita al grupo de pertenencia. Por otro, una nación democrática, construida, cívica, e inclusiva, basada en la ciudadanía y con proyección universalista. Para legitimar la primera, se construye un cierto paralelismo entre nación étnica (comunidad imaginada) y familia y amigos para presentar la prioridad nacional como algo normal. Es decir, en determinadas situaciones, nos comportamos sintiendo que tenemos “obligaciones especiales” hacia los familiares o amigos por los vínculos afectivos o relacionales que tenemos con ellos. Es lo que quería decir Le Pen (padre) cuando dijo “Yo quiero más a mis hijas que a mis sobrinas, y más a mis sobrinas que a mis primas, y más a mis primas que a mis vecinas” para justificar la idea de preferencia nacional de los franceses frente a las personas extranjeras.
Contrarrestar estos sentimientos no es fácil y acusar de racistas a las personas que los compartan no parece buena idea. También parece insuficiente decir que la propuesta no es constitucional, aunque sea verdad.
No se puede obviar la contradicción inherente a los Estados nación entre la lógica más excluyente y la lógica más universalista que atraviesa nuestro sistema político. Tras la Segunda Guerra Mundial, con la descolonización y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta tensión basculó en favor del universalismo. La idea de prioridad nacional es un retroceso en derechos respecto de los regímenes de protección social europeos construidos en la posguerra. Los llamados sistemas “universalistas” basados en la ciudadanía y la igualdad y no en la pertenencia a un grupo étnico determinado o nacionalidad. Una tendencia reforzada por la legislación internacional. En estos sistemas de redistribución, el criterio fundamental no es la nacionalidad del solicitante, sino sus necesidades. Hoy, esa conquista está en riesgo.
Junto a la concepción étnica de la comunidad política, el otro debate que se plantea es la relación entre Estado del bienestar y migración. La propuesta de VOX parte de suponer que existe una presión excesiva por parte de la población inmigrante (invasión) sobre los recursos públicos, alimentando la percepción de escasez. La respuesta es priorizar a los nacionales. Este enfoque no es nuevo, en otras ocasiones se ha expresado bajo la forma de inmigrantes “deseados” (los que aportan) o “no deseados” (son más un gasto). Aunque el debate adoptaba un formato técnico, de balance fiscal, conseguía hacer del Estado del bienestar un mecanismo de regulación migratoria, determinando cuántos inmigrantes podía acoger un país.
Sin embargo, lo que ahora se propone no es mejorar el sistema sino fragmentar el ya frágil principio de igualdad, estableciendo una jerarquía de derechos sociales en función de la pertenencia nacional que ahondaría la desigualdad existente. De tal forma que habrá ciudadanos de primera (la de los españoles), y una ciudadanía de segunda, la de las personas extranjeras y sus descendientes.
Además, VOX echa por la borda los esfuerzos que han hecho las personas migrantes en su proceso de integración y todos los años que llevan viviendo en España. Desprecia e ignora que los esquemas de bienestar son los principales mecanismos institucionales que intervienen en la integración social de las personas inmigradas y que el modo de entender la ciudadanía y la nacionalidad lo conforman, no solo las reglas de admisión y pertenencia a esta comunidad, sino también el trato y las oportunidades de inclusión que reciben los extranjeros asentados en el territorio nacional.
La "prioridad nacional", en cambio, congela al inmigrante en una identidad de origen permanente e inalterable, como si de un estamento estanco se tratara. Queda relegado a una posición inferior de forma estructural. No importa si aprende la lengua, si cotiza, si escolariza a sus hijos, si se integra en los códigos del país.
Aunque es fácil desmontar con datos estas ideas, no convendría obviar las transformaciones demográficas que está experimentando la sociedad española en este primer cuarto del XXI tanto por su intensidad como por su rapidez, y que no tienen parangón en ningún país europeo. Cambios que si no van acompañado de un refuerzo adecuado de los servicios públicos pueden generar tensiones y malestar social.
Además de los efectos nefastos señalados, la propuesta tanto de VOX como del PP no deja de presentar algunas paradojas difíciles de sostener.
¿Va a obligar VOX a los españoles que están en paro a trabajar en sectores con escasez de mano de obra, como el campo, restauración, el trabajo del hogar o del cuidado?. ¿La prioridad nacional también significa esto?
¿Puede un partido como Aliança Catalana acabar aplicando en Cataluña los principios de “prioridad nacional” y arraigo para discriminar al resto de los españoles?.
¿Se puede discriminar a aquellos españoles que por las razones que sean se desplacen a otras CCAA y su arraigo sea menor que el de otros españoles?
Algo parecido a la paradoja anterior es lo que ha ocurrido al admitir el TSJC a trámite una demanda contra el Gobierno de Canarias por su “prioridad nacional” en el tema del acceso a la vivienda pública, al exigir “residir en la Comunidad Autónoma de Canarias y acreditar una residencia ininterrumpida de al menos 12 años, o bien de 15 años si la residencia ha sido interrumpida”.
Es decir, ¿qué impediría que ese mismo criterio se volviera contra los propios españoles en otros contextos?
De lo que estamos hablando es de qué proyecto de sociedad y de país queremos construir. Está en juego qué modelo de convivencia queremos, así como los valores que van a guiar nuestras políticas, nuestras instituciones y nuestras relaciones como ciudadanos. Si uno, que avance en igualdad, inclusión, solidaridad como principio básico de cohesión social y que no deje a nadie atrás independientemente de su origen, condición social o circunstancias personales. U otro, que consolide privilegios en función de la pertenencia a determinados grupos, que profundice las desigualdades y que sea discriminatorio y racista.
Curso de formación «Violencia sexista: estrategias de acompañamiento desde la ciudadanía»
Entre febrero y marzo de 2026, hemos celebrado en nuestro local de la calle Curtidurías de Sevilla el curso presencial «Violencia sexista: estrategias de acompañamiento desde la ciudadanía». Con una duración de 15 horas repartidas en cinco sesiones, el curso buscaba dotar a la ciudadanía de conocimientos prácticos sobre el alcance de la violencia sexista y las estrategias para hacerle frente, partiendo de la convicción de que el acompañamiento, entendido como herramienta emancipadora que sitúa a la víctima en el centro de su propio proceso, es una responsabilidad compartida. El curso fue completamente gratuito y contó con la participación de 38 personas inscritas, siendo impartido por 9 docentes entre los que se encontraban compañeras de acciónenred como María Antonia Caro, Belén González, María Izquierdo, Mercedes Perez o Lidia Delgado, y personas colaboradoras de entidades amigas como Jesús Moreno e Irene Cintas de la Fundación Iniciativa Social, Pablo García de Aleppo Abogados o Sandrá Millán del Servicio de Atención a Víctimas .
A lo largo de las sesiones, las participantes abordaron contenidos como la justicia restaurativa, los recursos comunitarios frente a la violencia sexista, la relación entre la violencia homofóbica y la sexista, o el papel del código penal en su erradicación. La metodología combinó exposiciones con dinámicas participativas que favorecieron el intercambio de experiencias y la reflexión colectiva, generando, según el propio grupo, un espacio seguro y cercano donde reconectar con «lo humano» y desarrollar una mirada comunitaria frente al individualismo.
La sesión de evaluación final confirmó el impacto formativo del curso. Además de las sesiones presenciales, las participantes tuvieron acceso a materiales complementarios —lecturas, películas, artículos y otros recursos— que enriquecieron el proceso de aprendizaje. A través de diversas dinámicas participativas, la valoración general fue muy positiva: la gran mayoría afirmó comprender mejor qué es la violencia sexista, sentirse capaz de acompañar a alguien que la haya sufrido y conocer recursos reales para ofrecer a quien los necesite. De forma destacada, casi todas las participantes señalaron que su mirada respecto a la responsabilidad personal frente a la violencia sexista ha cambiado. Entre las cosas que el grupo se llevó de la experiencia destacaron la presencialidad, la esperanza, herramientas para transmitir lo aprendido en su entorno cercano y una imagen renovada del feminismo.
EDITORIAL: 500.000 firmas para 500.000 personas esenciales
En este año 2022 se ha impulsado la campaña #Esenciales para presentar una Iniciativa Legislativa Popular que permita llevar al Congreso de los Diputados la regularización de las personas que se encuentran en situación administrativa irregular en nuestro país. El objetivo de esta ILP es conseguir una regularización general y extraordinaria que afectaría a 500.000 personas migrantes, para lo que se requiere de 500.000 firmas de apoyo.
La existencia de medio millón de migrantes que viven en la ilegalidad en España es una situación que ningún Estado de derecho debería admitir. La irregularidad en la que se encuentran estas personas es perjudicial para toda la sociedad. En primer lugar, para quienes sufren esta realidad ya que se ven obligadas a vivir sin derechos, lo que les condena a una situación de marginalidad e indefensión que ninguna sociedad democrática debe tolerar. En segundo lugar, perdemos la sociedad en su conjunto, privándonos de la aportaciones de todo tipo (económicas, fiscales, …) que realizarían estas personas si no se encontraran despojados de sus derechos. Además, estas personas no son tenidas en cuenta a la hora de planificar los servicios públicos y sus necesidades porque quedan fuera del radar de las instituciones, como ha evidenciado la emergencia epidemiológica sanitaria que vivimos actualmente con graves consecuencias para todos.
Las situaciones de irregularidad que se producen están relacionadas con causas diversas. Una de las más importantes tiene que ver con las necesidades de mano de obra de la economía informal, es decir, mano de obra precaria y flexible que encuentra en la inmigración irregular una de las ofertas más atractivas. En nuestro caso, se suma la existencia de un mercado de trabajo irregular donde la persona recién llegada puede trabajar sin permiso en la agricultura, principalmente los hombres, y en el servicio doméstico, las mujeres, mientras esperan poder regularizar su situación. A ello, se añaden también unas vías de acceso regular muy restrictivas y con condiciones muy difíciles de cumplir.
Hay dos falsos mitos asociados a la irregularidad de las personas migrantes que necesitamos desmontar. Uno de ellos es la creencia de que la mayor parte entra en patera, cuando la inmensa mayoría lo hacen por Barajas y en condiciones de legalidad, con un visado de turista . Y otro, que las regularizaciones conllevan un efecto llamada, lo que ya se ha evidenciado como falso ya que los procesos de regularización que se han impulsado no han supuesto un aumento de la llegada de más migrantes. Es más bien el mercado el que actúa intensificando o debilitando los flujos migratorios.
Por otro lado, la pandemia ha puesto de manifiesto una doble situación injusta y contradictoria entre sí para la población migrante. A la vez que se les ha marginado de todas las medidas de protección, su trabajo ha sido esencial para que la vida de los demás continúe. Es decir, por un lado, la pandemia ha dejado al descubierto situaciones que habían sido invisibilizadas, mostrando que estas personas están en desventaja y con mayor vulnerabilidad con respecto al resto de la sociedad, tanto por verse delegada la cobertura de las vacunas y ayudas sociales, como por la incidencia que la pandemia ha tenido en el aumento de la irregularidad sobrevenida, especialmente en los casos de solicitantes de protección internacional que ven denegadas sus solicitudes. Y, por otro lado, se ha demostrado que estas personas son esenciales para el mantenimiento de sectores imprescindibles como el del cuidado de personas mayores, dependientes, agricultura… Seguramente este sea un elemento que explica por qué más del 70% de la ciudadanía ve bien un proceso de regularización extraordinaria.
Hacer regularizaciones no es algo que contravenga ninguna normativa legal ni en España (se han hecho 6 procesos de regularizaciones) ni en Europa (43 programas de regularización entre 1996 y 2008). Sin embargo, la regularización que se plantea en esta ocasión es singular por dos razones. Una, por el contexto, la pandemia ha mostrado lo imprescindibles que han sido en los momentos más duros y lo siguen siendo en la actualidad y es de justicia reconocerlo a través de este mecanismo legal y, otra, porque proviene del mundo de las ONGs y asociaciones de migrantes con amplio respaldo del mundo asociativo. Es la primera vez que se propone una ILP para que se lleve a cabo una regularización extraordinaria. Ello supone un esfuerzo importante para las asociaciones implicadas (más de 600) tanto para la recogida de firmas, 500.000, como para llevar el debate a la sociedad y hacer llegar la necesidad de esta regularización.
Por todo ello, desde acciónenred Andalucía nos hemos sumado de forma activa a esta iniciativa y hemos habilitado nuestros locales de Sevilla (C/ Curtidurias 15) y de Granada (C/ Enriqueta Lozano 7 bajo) como puntos fijos para la recogida de firmas. Porque son muchas las razones para apoyar esta ILP, acércate y apoya con tu firma.
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