Ni Ley Mordaza, ni mordaza maquillada

11-febrero-2022

La Ley Mordaza se ha empleado de manera recurrente desde su aprobación en 2015 para desmovilizar a organizaciones, activistas, periodistas y ciudadanía en general que se moviliza en la defensa de los derechos humanos.

Dentro de muy poco se va a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, pero tal y como se ha planteado la reforma, la protesta seguirá amordazada. El acuerdo de gobierno para la reforma de la ley ha llegado con bastantes años de retraso, pero lo que es peor, no eliminará los elementos más lesivos para los derechos humanos, siendo un maquillaje a la Ley Mordaza.

Con la actual propuesta de reforma la Ley de Seguridad Ciudadana seguirá suponiendo una mordaza frente a la protesta pacífica. El derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión seguirían gravemente amenazados al no modificar en profundidad o eliminar los artículos que de manera recurrente han afectado gravemente al ejercicio de estos derechos. 

Desde la aprobación de la Ley en 2015 hasta diciembre 2019, se impusieron cerca de 140.000 sanciones  en base únicamente a dos artículos: resistencia, desobediencia o negativa a identificarse" (36.6) y "faltas de respeto a la autoridad" (37.4), suponiendo el 70% del total de sanciones impuestas en materia de seguridad ciudadana. Ninguno de estos artículos es abordado por el acuerdo de reforma. La propuesta de reforma tampoco plantea eliminar el artículo relativo a la “difusión de imágenes” de actuaciones policiales (36.23). Las actuaciones policiales deben poder ser documentadas tanto por periodistas como por la ciudadanía en general.

La propuesta de reforma no reduce los amplios poderes discrecionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ni establece adecuados mecanismos de control y rendición de cuentas, dejando la puerta abierta a actuaciones arbitrarias. Tampoco se prohíbe el uso de pelotas de goma. Ni plantea eliminar el artículo 36.11, cuya aplicación supone que las mujeres que ejercen voluntariamente el trabajo sexual y las víctimas de trata se vean obligadas a ejercer la prostitución en lugares aislados, expuestas a mayores peligros de abusos. Ni plantea eliminar la aparente cobertura legal dada por la ley a las conocidas como devoluciones en caliente.

Por supuesto que no nos vamos a quedar calladas y nos vamos a movilizar. Por ello estamos impulsando movilizaciones para el 13 de febrero en todo el Estado español. Poco después se llegará a un acuerdo y vamos a empujar para que el resultado de la reforma sea una nueva ley que garantice el ejercicio de nuestros derechos y libertades. El reto es enorme, pero estamos convencidas de que si nos unimos, ¡podemos lograrlo!

Tenemos muchos motivos para salir a la calle a exigir que no queremos ninguna mordaza que vulnere nuestros derechos y libertadesHagamos que el 13 de febrero seamos miles en las calles dejando claro que queremos acabar de una vez por todas con las mordazas.

Es el momento, es nuestro momento. Participa e impulsa las movilizaciones.

¡Defendamos nuestros derechos ejerciéndolos!

¡#DESAMORDÁZATE!


20 universidades públicas organizan coordinadamente actividades de debate sobre trabajo sexual

17-octubre-2019

El pasado mes de septiembre se cancelaron las Jornadas sobre Trabajo Sexual en la Universidade da Coruña tras presiones públicas en redes sociales y presiones de carácter político. En aquel momento, las múltiples reacciones que causó la noticia se centraron en la idea de garantizar que la Universidad sea un espacio de libertad de discurso y debate necesarios para la producción de conocimiento y avances sociales.

Si bien la prostitución en nuestro país no recibe sanción penal, tampoco se considera actividad laboral, de tal modo que las personas trabajadoras del sexo están desprovistas de derechos y de herramientas jurídicas para, por ejemplo, combatir el estigma que acompaña a la actividad. Por el contrario, la trata con fines de explotación sexual claramente está perseguida y castigada ya que, como consecuencia de obligaciones internacionales contraídas por el Estado, está recogida como delito en nuestro Código Penal.

Teniendo en cuenta el debate en el seno del feminismo en torno a estas cuestiones y lo ocurrido en A Coruña, un grupo de personal académico de 20 universidades ha trabajado en la organización coordinada de los Debates Universitarios sobre Trabajo Sexual. La acción parte de la convicción de que en los debates públicos de toda sociedad democrática se han de poder ofrecer y representar los argumentos de las distintas posiciones, y han de incluir la voz de las personas trabajadoras sexuales que reclaman respeto y derechos. Los Debates son una oportunidad para estimular el encuentro, el diálogo y la interlocución de la sociedad con sus protagonistas. 

Las actividades tendrán lugar durante el curso 2019/2020, y se desarrollarán, por orden cronológico, en la Universidade da Coruña, Universidad de Cádiz, Universidad de Salamanca, Universidad de Sevilla (Derecho), Universidad Carlos III, Universidad de Oviedo, Universitat de Barcelona, Universidad del País Vasco (UPV-EHU), Universidad de Sevilla (Antropología), Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Granada, Universitat de Lleida, Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Almería (Humanidades), Universidad de Castilla La Mancha, Universitat de València (Ciencias sociales), Universidad de Zaragoza (FCSyT), Universitat Oberta de Catalunya, Universidad de Jaén, Universidad de Córdoba y Universitat Pompeu Fabra.