2026

“Educados en la convicción de que la vida es el más alto bien y la muerte la mayor desgracia, nos hemos convertido en testigos y víctimas de un terror peor que el de la muerte —y sin haber sido capaces de descubrir un ideal más elevado que la vida” —. Hannah Arendt, “Nosotros, los refugiados”.

Cada año, desde 2001, el 20 de junio se celebra el Día Mundial de las Personas  Refugiadas, fecha que conmemora el aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Este año coincide con la entrada en vigor del PEMA (Pacto Europeo de Migración y Asilo) y la reciente aprobación del Reglamento sobre el procedimiento fronterizo de retorno de la Unión Europea.

El PEMA y sus directivas han sido ampliamente criticadas por organizaciones sociales por su falta de ambición en materia de acogida e integración. Lejos de reforzar un enfoque humanitario, priorizan el control de las fronteras asociadas a una obsesión securitaria poco respetuosa con los derechos humanos. El objetivo es claro: impedir la llegada de personas migrantes mediante la externalización de fronteras y, en caso de que consigan acceder al territorio europeo, acelerar al máximo su devolución. 

Para que este procedimiento tenga éxito, más allá de los acuerdos con los países de origen, que con frecuencia se muestran reticentes, nace el Reglamento de Retorno, última pieza, por ahora, del PEMA. Esta normativa permite trasladar a países situados fuera de la Unión Europea, principalmente ubicados en África y Asia a través de acuerdos con “terceros países seguros”, la gestión de las solicitudes de asilo, así como la devolución de las personas cuyas peticiones de asilo se hayan visto denegadas y de todas aquellas sobre las que recaiga una orden de expulsión. Todas estas personas podrán ser enviadas a centros de deportación (llamados eufemísticamente “hubs de retorno”) fuera de las fronteras de la UE, ubicados en países como Albania, Ruanda o Uganda.

Las protestas de centenares de ONG y los manifiestos publicados en toda Europa se han sucedido durante los últimos meses alertando de una clara regresión en materia de derechos humanos. Entre las críticas más reiteradas destaca el hecho de que las personas podrán ser deportadas a países que ni siquiera conocen y con los que no mantienen ningún vínculo. También podrán ser expulsadas familias con menores. Asimismo, desaparecen excepciones médicas y familiares que anteriormente podían frenar una expulsión, al tiempo que se eliminan importantes salvaguardias relacionadas con el principio de no devolución, el interés superior del menor y la protección de la vida familiar y privada. 

Además, se amplían los plazos de detención hasta un máximo de treinta meses, con posibilidad de prórroga, y no existen mecanismos independientes de supervisión en los centros situados fuera de la UE. Todo ello aumenta el riesgo de que estas instalaciones se conviertan de facto en cárceles donde miles de migrantes, en la mayoría de los casos sin vínculos con el país receptor, queden atrapados en un limbo jurídico sin acceso efectivo a protección internacional ni a recursos legales. Las ONGs también advierten de que esta externalización se está llevando a cabo en países con graves vulneraciones de derechos fundamentales y que, por tanto, difícilmente pueden considerarse “países seguros”. Medidas que cada vez recuerdan más a los abusos asociados al ICE de Donald Trump en EEUU.

Sin embargo, ni la aplicación plena del PEMA a partir de junio del 2026 ni el Reglamento de Retorno les parecerá suficiente a numerosos países que están presionando para endurecer aún más las políticas migratorias. Así lo muestran las decisiones adoptadas por varios países (Austria, Alemania, Suecia y los Países Bajos) que han introducido restricciones a la reagrupación familiar de las personas refugiadas para evitar el crecimiento de la inmigración por esta vía.

A ello se suma la presión política de nueve Estados miembros (Dinamarca, Italia, Austria,  Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Bélgica) que, en mayo de 2025, cuestionaron el papel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por considerar que limita su capacidad de control migratorio. En paralelo, la Comisión Europea ha explorado incluso vías de colaboración con el régimen talibán afgano para facilitar deportaciones, una deriva que ilustra hasta qué punto se están desplazando los límites políticos y éticos.

Actualmente, las cifras de personas en situación irregular en la UE, de cruces ilegales y de solicitantes de asilo disminuyeron en 2025 respecto a años anteriores, y las previsiones apuntan a que esta tendencia continuará durante 2026. En cambio, la cantidad de retornos ejecutados ha aumentado con respecto a 2024, hasta situarse en el 28%, con la clara intención de seguir incrementando esta cifra. El objetivo es seguir aumentado esta cifra.

La lectura que hace Bruselas de estos números es que esta evolución responde a la eficacia de la nueva arquitectura migratoria (PEMA). Por ello, resulta previsible que el camino elegido sea el de seguir endureciendo las políticas migratorias, en un contexto marcado por el auge de discursos xenófobos y racistas promovidos por la extrema derecha.

España no es ajena a esta realidad. Aunque el número de solicitudes de asilo continúa creciendo —con un aumento del 2,5% en 2024 hasta alcanzar las 167.366—, el país se sitúa muy por debajo de la media europea en reconocimiento de protección internacional: mientras la tasa media de reconocimiento en la UE alcanza el 46,6%, en España apenas llega al 18,5%. Detrás de estas cifras se encuentran miles de personas que buscan protección internacional y cuya posibilidad de reconstruir una vida segura depende en gran medida de las decisiones adoptadas por los Estados europeos.

Todo ello ocurre, además, en un contexto global marcado por conflictos armados, crisis humanitarias y el impacto creciente de la emergencia climática. A las guerras en Sudán, el Sahel, Ucrania o Asia Occidental se suma el implacable genocidio en Palestina, en un contexto que sigue forzando el desplazamiento de millones de personas. Conviene recordar que cerca del 70% de las personas refugiadas son acogidas en países vecinos a los de origen y solo una minoría llega a Europa. 

Ante esta realidad, cabe preguntarse qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando nos volvemos indiferentes al sufrimiento ajeno. ¿Cómo participamos de estas tragedias cuando olvidamos las historias que escuchamos, las imágenes que vemos…? ¿Cómo nos ubicamos cuando somos incapaces de imaginar a la persona concreta, sus esperanzas, sus sueños y la angustia de sus familias?.

Con estas normativas, la UE normaliza los procesos por los cuales despojamos a los otros de la humanidad compartida y los convertimos en sujetos para los cuales no tenemos responsabilidad alguna y no nos sentimos interpelados por lo que les pueda pasar.  

La respuesta de Europa ante esta realidad no puede consistir en seguir cerrándose y levantar murallas físicas, legales y morales. Debemos asumir las responsabilidades que se desprenden de la universalidad moral que proclamamos, proteger la dignidad humana y respetar la legislación internacional que decimos defender. 

Área Andaluza de Migraciones de Acciónenred Andalucía