Salvar a Doñana, un reto global inexcusable
El Parque Nacional de Doñana es uno de los espacios naturales de mayor biodiversidad de Europa y África. Es Patrimonio de la Humanidad, Reserva de la Biosfera de la UNESCO, humedal de importancia internacional de la Convención de Ramsar, así como Zona de Especial Protección para las Aves y Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000 de la Unión Europea. Sin embargo, el estado de conservación del Doñana es lamentable. Los datos recopilados por la Estación Biológica de Doñana (CSIC) son desoladores.
El problema del agua en Doñana no es nuevo. Ya antes de que se declarase Parque Nacional en 1969 se había empezado a actuar en el entorno con consecuencias negativas. Posteriormente, con la intención declarada de hacer compatible la actividad agrícola con la conservación del patrimonio natural, se implementó el Plan Almonte-Marismas, cuyas siguientes modificaciones se hicieron en detrimento del Parque. El Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD), elaborado por la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), entró en vigor en febrero de 2004. A cambio de regularizar buena parte de lo ya usurpado, se intentó frenar el robo masivo de agua y la roturación de zonas forestales, y se establecieron limitaciones de suelos agrícolas de regadío y secano. En el POTAD se recogía la necesidad de la redacción de un plan especial para la ordenación de las zonas de cultivo en regadío, y es así como surge en 2014 el llamado Plan de la Fresa. Éste actúa sobre 64.457 hectáreas, de las que se consideraron regables 9.340 hectáreas que llevaban funcionando como terreno agrícola desde antes de 2004. El resto de terreno que no cumpliese esos requisitos y figurase como forestal en la Ley de 1992 quedaba al margen de la regularización. Este plan tampoco se ha cumplido. Se está imponiendo una agricultura intensiva e insostenible de cultivos de regadío de frutos rojos y otras como el almendro. Y se está haciendo con conversiones de suelos forestales a agrícolas. Las más de 3.000 hectáreas de cultivos ilegales, y más de 1.000 pozos ilegales de los que se extrae el agua en la actualidad, han ido contribuyendo al desgaste del acuífero 27 del que se nutre el Parque y que se encuentra al nivel más bajo desde que hay registro. A lo largo de todo este proceso, la comunidad científica ha venido reclamando la limitación de la superficie de regadío, sin que sus advertencias fuesen tenidas en cuenta por las administraciones competentes. Numerosos documentos demuestran que el deterioro era de sobra conocido pero, ni la CHG actuó declarando el acuífero sobreexplotado, ni se tramitaron los expedientes con celeridad.
El pasado marzo se presentó en el Parlamento Andaluz una proposición de ley para reordenar las zonas agrícolas en el entorno del Parque Nacional de Doñana en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva). El 12 de abril se aprobó con los votos de PP y Vox su tramitación por la vía de urgencia. La nueva proposición de ley implica que explotaciones que han estado extrayendo agua de los acuíferos de manera ilegal quedarían reconocidas como tierras de regadío y con derechos de agua (no se indica la superficie que se pretende legalizar, aunque en una propuesta anterior de 2022 sí se recogía la extensión de 1.400 ha). Es decir, se pretende legalizar una actividad ilegal sin garantizar los recursos, ya que no hay agua disponible. Para que las aguas superficiales a las que hace referencia la proposición lleguen a la zona deberían acometerse obras hidráulicas bajo competencia del Gobierno Central que permitieran materializar el transvase de la cuenca del Tinto, el Odiel y el Piedras a la cuenca del Guadalquivir. Esto fue aprobado en 2018 y en el texto de la norma se señala que las aguas trasvasadas solo podrán ser destinadas al riego de los suelos agrícolas regables determinados por el Plan de la Fresa y en ningún caso se podrán destinar a la creación de nuevos regadíos o a modificaciones de características de los existentes que impliquen un incremento de la superficie regable. Puede verse como la nueva proposición de ley contiene graves incongruencias y contradicciones: en ella se afirma que hay una perfecta comunión entre espacios protegidos y agricultura, y se ofrece un recurso que no está disponible, el agua, que además no es competencia de quien la propone.
La proposición de ley ha suscitado la oposición frontal de la comunidad científica respaldada por un informe de la Estación Biológica de Doñana. El presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes de Castro, calificó el texto de “muy pobre”, elaborado sin análisis previos, sin debate, sin participación y con intenciones electorales. Además, la Comisión Europea ha amenazado a España con multas millonarias y el Gobierno de España ha advertido que la llevará al Tribunal Constitucional por invadir sus competencias en agua. Colectivos ecologistas y sociales han manifestado su rechazo a la propuesta con actos y movilizaciones. Finalmente, para evitar impactos electorales negativos, se congeló la tramitación de la proposición de ley hasta después de las elecciones municipales del 28 de mayo. La población del entorno de Doñana se encuentra dividida y crispada ante las falsas expectativas que se ofrecen en la proposición. El PP supo sacar ventaja de la situación y las elecciones supusieron un vuelco a su favor en el poder municipal en la provincia de Huelva. En los meses de mayo y junio se ha conocido en España la existencia de una campaña de boicot a la fresa de Huelva en Alemania, uno de los mayores importadores. Ante esta campaña y las referencias a ella hechas por miembros del Gobierno Central, Interfresa (patronal de la fresa de Huelva y primera organización interprofesional agroalimentaria andaluza) ha apelado a la responsabilidad política y ha sostenido que es falso que la industria esté expoliando los recursos hídricos de Doñana. También ha salido al paso el presidente del Gobierno Andaluz, Juan Manuel Moreno, por las críticas a la proposición de ley, reforzadas por el boicot, enviando una carta a Pedro Sánchez pidiendo que cese la campaña de acoso a los freseros de Huelva.
Tras el 28 M, los grupos parlamentarios del PP y Vox excluyeron de la lista de comparecientes en la tramitación de la ley de regadíos de Doñana del 13 de junio a la comunidad científica y vetaron en particular a Miguel Delibes de Castro. Finalmente, ante la oleada de críticas, se permitió su comparecencia. También en junio, la comisión del Parlamento Andaluz que tramita la iniciativa recibió un informe técnico negativo de la CHG. La aprobación de la ley se espera para después de las elecciones generales del 23 de julio, aunque el PP especula con la fecha para evitar un posible recurso de inconstitucionalidad del Gobierno.
La situación de Doñana es de emergencia y la nueva ley solo puede empeorarla. Puede verse como hasta hoy la acción de las administraciones ha sido, primero, permisiva con el expolio, y, después, tendente a regularizar lo ilegal. El actual modelo centrado en beneficios a corto plazo debe ser sustituido por un nuevo esquema que pueda asegurar la sostenibilidad de la comarca a largo plazo y hacer frente a los nuevos retos globales, entre los que hay que destacar el cambio climático. El nuevo modelo debe guiarse por criterios científicos e incluir actuaciones que solucionen los principales problemas de Doñana, ligados a los recursos hídricos, los usos del suelo, la conservación de las especies, la recuperación del estuario del Guadalquivir y de los sistemas costeros y marinos. Hay que salvar Doñana sin olvidar la calidad de vida de la población de la comarca, y es necesario romper con la falsa lógica de que ésta va de la mano de los intereses de la patronal agraria, que implican la explotación ilimitada de recursos y el beneficio cortoplacista. Ante todo, las administraciones públicas deberían evitar la aprobación de leyes con aparentes soluciones simples y mágicas que generan falsas expectativas.