NI UN PASO ATRÁS EN DERECHOS A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.

La llegada del Partido Popular al gobierno central está significando un grave retroceso en los derechos a la salud sexual y reproductiva. Un retroceso inscrito en una escalada de recortes sociales sin precedentes en la democracia española. A la reforma laboral, le siguen las graves limitaciones en el derecho a la salud de las personas dependientes, jubiladas, indocumentadas y la revisión de las prestaciones cubiertas por la cartera básica de servicios del sistema público de salud, hasta ahora universal. Reformas que lesionan gravemente derechos básicos y que afectan de forma particular a los sectores más vulnerables.

Respecto al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, aunque todavía no se han concretado las medidas, el Ministro de Justicia ha reiterado un discurso en el que aboga porque la maternidad sea el destino obligado y central de todas las mujeres, al margen de su decisión, y en el que anuncia la derogación de la LO 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, para volver a una despenalización parcial del delito de aborto en determinados supuestos. A las declaraciones de Gallardón se suman las de la Ministra de Sanidad anunciando su intención de revisar la expedición sin receta de la píldora poscoital y de excluir de la cartera básica de servicios las interrupciones voluntarias del embarazo, dejando éstas de ser gratuitas.

Lo anterior situaría a España en una de las regulaciones del aborto más restrictivas de la Unión Europea, alejándose aún más de las recomendaciones de la OMS, del Parlamento Europeo (Resolución 2001/2128 INI) y de las normativas de los países de nuestro entorno, que regulan el aborto como un derecho dentro de unos plazos determinados. Una opción que dejaría en la desprotección más absoluta a muchas mujeres con embarazos no deseados y especialmente a las que están en situación de mayor vulnerabilidad social (por ejemplo, las jóvenes de 16 y 17 años que no puedan obtener el consentimiento de sus tutores, o las que carezcan de recursos económicos o las inmigrantes que no tengan acceso a la seguridad social). Supondría también agravar la inseguridad jurídica de mujeres y profesionales sanitarios, como sucedía antes de la entrada en vigor de la ley actual.

La práctica del aborto demuestra que su número no depende de la forma en que éste se regule, sino sobre todo de la extensión y calidad de la educación sexual y de la facilidad de acceso a los métodos anticonceptivos. Diferentes tratados de la ONU confirman que las leyes restrictivas no reducen la tasa de abortos pero sí aumentan los riesgos para la salud y la vida de las mujeres (en 2008, la mortalidad materna mundial por aborto fue de 43.000 mujeres). Esas estrategias que atentan contra los derechos a la salud sexual y reproductiva de la mujeres son crueles, resultan fallidas y solo se justifican en el empeño por limitar su derecho a decidir en un asunto tan importante para su vida.

Por todo ello, desde acciónenred te animamos a acudir a las movilizaciones convocadas el jueves 21 de junio.

En Sevilla: a las 20,30 horas en Plaza Nueva.

En Granada: a las 20,00 horas en Fuente de las Batallas.

En Huelva: a las 20,00 horas en la Plaza San Pedro.

En Cádiz: a las 20,00 horas desde San Juan de Dios.

 

Y en otras muchas localidades de España. ¡Súmate y participa!

Además continuamos con la recogida de firmas contra la derogación de la actual ley de plazos. Pincha aquí para informarte y firmar.