En los últimos meses, debido a diversos factores internacionales como el endurecimiento de la política migratoria italiana y el cierre de fronteras en Turquía, se ha producido un incremento de llegadas por vía marítima a las costas españolas. A pesar de que varias organizaciones nacionales e internacionales llevaban tiempo alertando de que se produciría esta reactivación de la vía migratoria por el Mediterráneo Occidental, las administraciones españolas responsables de acoger dignamente a las personas migrantes han dado muestra de una absoluta falta de previsión y están respondiendo a la situación con una improvisación preocupante.
Con la excusa de encontrarse desbordado por un incremento de las llegadas supuestamente inesperado, el gobierno anterior puso en marcha medidas de emergencia que, en algunos casos, atentaban incluso contra los Derechos Humanos, como el encierro de decenas de personas hace algunos meses en la cárcel de Archidona. También los centros de emergencia habilitados por la Junta de Andalucía para la acogida de menores extranjeros/as no acompañados/as muestran graves deficiencias que han sido denunciadas por distintas entidades sociales, como la falta de declaración en desamparo y tutela, el número insuficiente de educadores/as o la no escolarización de los/as menores.
Desde hace meses se están detectando graves irregularidades en la atención de las personas que llegan a nuestras costas con el único objetivo de labrarse un futuro digno y, aunque el nuevo gobierno central inauguró su mandato con la acogida del barco Acquarius, que parecía prometer un claro posicionamiento en Europa hacia políticas migratorias más humanas y respetuosas con los Derechos Humanos, la realidad que estamos presenciando en los puntos de acogida contradice esta declaración de intenciones.
La falta de medios dedicados a atender el incremento de llegadas por vía marítima, así como la escasa coordinación entre administraciones está dejando a miles de inmigrantes recién llegados/as sin recursos ni información sobre su situación, lo cual ha obligado a que la ciudadanía se organice para tratar de paliar su sufrimiento. Así, debido a la dejación por parte de las administraciones competentes, voluntarios y voluntarias de diferentes puntos de la geografía española se han organizado para crear una red de apoyo que ayude a estas personas a continuar con su proyecto migratorio, ya sea en España o en otro país europeo.
El diciembre pasado, decenas de personas enviadas desde Motril con la promesa de que serían atendidas por una ONG quedaron abandonadas en la estación de autobuses de Granada. Este hecho propició que un grupo de asociaciones instara al Ayuntamiento a activar un protocolo de emergencia con el cual hacer frente a este tipo de situaciones, el cual debía ser liderado por el propio Ayuntamiento y contaría con el apoyo voluntario de entidades y ciudadanía. Esta iniciativa se ha ido concretando en grupos de trabajo y en la cesión de plazas de acogida pertenecientes a entidades religiosas, de forma que la ciudad de Granada cuenta ya con la capacidad de hacer frente de forma coordinada a este tipo de llegadas colectivas. No obstante, las organizaciones y ciudadanos/as que han aceptado participar en este protocolo son muy conscientes de que se trata de un plan de emergencia que ha tenido que ponerse en marcha para no dejar a las personas inmigrantes en la situación de desamparo en la que han caído por culpa de la dejación de las administraciones responsables. Por este motivo, si bien se considera necesario el apoyo ciudadano, hay también una firme denuncia de las graves deficiencias que se detectan en la atención que reciben las personas que llegan hasta nuestras costas y una exigencia de que se dediquen más recursos humanos y materiales para asegurar una acogida adecuada.
En la atención de las llegadas colectivas a las costas españolas se están detectando numerosas deficiencias:
- Instalaciones inadecuadas: durante las primeras 72 horas que siguen a la llegada se lleva a cabo una primera atención en la que las personas están privadas de libertad. De forma totalmente improvisada se están habilitando para este fin instalaciones que no reúnen las condiciones mínimas y que no están legalmente destinadas para ello.
- Falta de personal: no se está realizando una atención jurídica individual adecuada y con los servicios de traducción necesarios. Asimismo, existen casos de enfermedades que no se han detectado y no se cuenta con personal que pueda brindar apoyo psicológico ni mediación.
- Desprotección de la infancia: se ha podido comprobar que en algunos casos se determina la edad con absoluta arbitrariedad, lo cual tiene como consecuencia que menores no acompañados/as acaben en recursos para mayores de edad o incluso en la calle. También se ha demostrado la presencia de niños/as y bebés en instalaciones deficientes, así como el hecho de que menores de edad hayan sido atados con bridas con el objeto de evitar su huida.
- Falta de acceso a la información: muchas personas declaran no haber tenido contacto con un intérprete, lo que conlleva que no conozcan ni siquiera cuál es la situación documental en que se encuentran, qué derechos tienen ni a qué recursos pueden acceder. Además, en gran cantidad de ocasiones no se les facilita su Número de Identificación de Extranjero (NIE) y éste tampoco se deja registrado en la orden de devolución que se les abre, de forma que no pueden acceder a ningún recurso de acogida y se dificulta enormemente que se trasladen a otras ciudades.
- Imposibilidad de detección de personas en situación de especial vulnerabilidad: la falta de una atención jurídica adecuada, así como la ausencia de intérpretes conlleva que en muchos casos no sea posible determinar si las personas atendidas son menores, víctimas de trata o potenciales solicitantes de Protección Internacional.
- Abandono y desamparo: a las personas que no son enviadas a Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ni a recursos de acogida humanitaria se las suele trasladar a otras ciudades de España sin recursos ni información sobre a dónde pueden acudir. Estos traslados se llevan a cabo sin coordinación alguna con las administraciones de las ciudades a las que llegan, por lo que sólo logran salir adelante gracias a la organización ciudadana, que está funcionando como una red de apoyo en diferentes localidades.
Las entidades abajo firmantes exigimos a las distintas administraciones que dediquen los medios económicos y humanos suficientes para garantizar una acogida digna y acorde a los Derechos Humanos:
Las ciudades que reciben a personas migrantes -y muy especialmente aquellas que se declararon “ciudades de acogida”- deben garantizar el acceso de estas personas a los recursos públicos, habilitando espacios para su acogida, acceso a la atención sanitaria y todas las intervenciones necesarias para posibilitar su inserción social.
La Junta de Andalucía debe garantizar la protección de los y las menores que llegan a su territorio sin acompañamiento, con instalaciones adecuadas, personal capacitado suficiente para su atención, la tramitación eficaz de la tutela y la escolarización de los/as menores en la mayor brevedad posible.
El gobierno central debe asegurar una acogida respetuosa con los derechos de las personas que llegan hasta nuestras costas, brindando instalaciones adecuadas, atención jurídica individualizada, servicio de traducción, atención sanitaria y psicológica suficiente, así como atención a situaciones de especial vulnerabilidad, dedicando mayores recursos económicos y humanos para atender la situación de desastre humanitario que se está produciendo en la Frontera Sur de Europa.
Asimismo, instamos al gobierno a presionar a la Unión Europea para que modifique su política migratoria y que, en lugar de dedicar enormes sumas a fortalecer y externalizar sus fronteras, así como a encerrar y expulsar a personas indocumentadas, busque fórmulas para atajar las causas de la inmigración y vías legales para que los y las migrantes puedan acceder de forma segura al continente europeo.
Entidades firmantes:
- · Acciónenred Granada
· AGAE (Asociación Granadina Amigos del Escultismo)
· Ajuntamiento Albaicín – Plataforma Vecinal Albayzín
· APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía)
· ASCUA (Asociación Solidaria de Cooperantes Universitarios Andaluza)
· Asociación Primero Vivienda Granada
· ASPA (Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz)
· AVAM (Asociación Venezolanos Amigos del Mundo)
· CCOO (Comisiones Obreras)
· Centro de Iniciativa para la Cooperación Bata Granada
· Círculo de Derechos Humanos. Podemos Granada
· Comunidades Cristianas Populares
· Comunidad Jesuitas Cartuja
· CVX Granada (Comunidad de Vida Cristiana)
· Dar Al Anwar
· Delegación Diocesana de Migraciones
· Delegación Diocesana de Misiones
· Diapó con África
· Entreculturas Granada
· Entre Sures
· Fundación Centro Persona y Justicia
· Fundación Vivienda Digna
· Granada Acoge
· Grupo San Francisco Granada
· Hermanitas de la Asunción
· Iberoamérica Migrante
· Izquierda Unida
· Médicos del Mundo
· Misioneros Claretianos
· Misioneros Combonianos
· Ojos del Sur
· Oxfam Intermón de Granada
· Párroco de Santa María Micaela
· PCMG (Plataforma de la Comunidad Musulmana de Granada)
· Plataforma Zona Norte
· Semillas de Esperanza
· Senderos de Maíz
· Setem (Servicio Tercer Mundo)