UN PASO EN LA DEFENSA DE UNA SANIDAD PÚBLICA, UNIVERSAL Y EQUITATIVA.
La reciente resolución de Tribunal Constitucional acordando el levantamiento de la suspensión del decreto del Gobierno Vasco, en lo referente al reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria pública a los y las extranjeras en situación irregular, la hemos de considerar de especial interés tanto por sus efectos a corto plazo (pues posibilita el acceso al sistema de salud pública a personas especialmente vulnerables a las que la reforma sanitaria había excluido), como por la tendencia a garantizar el Derecho a la Salud como Derecho Fundamental que contiene su argumentación jurídica. Pese a consistir sólo en la eliminación de una medida cautelar, derivada del conflicto de competencias que el Gobierno de Rajoy planteó frente el decreto que regula las prestaciones sanitarias en Euskadi, supone un verdadero toque de atención al ejecutivo y un cuestionamiento de fondo de una reforma sanitaria dirigida a desdibujar el carácter solidario y equitativo de nuestro sistema de salud pública.
Como es sabido, la normativa estatal niega la tarjeta sanitaria a los inmigrantes adultos sin autorización de residencia a partir de septiembre del 2012, admitiendo sólo que reciban asistencia sanitaria de urgencias en caso de enfermedad grave o accidente, reconociéndoles únicamente cobertura sanitaria a los menores de edad en situación irregular y a las inmigrantes embarazadas para proseguir con la gestación. Frente a esta nueva regulación, criticada tanto por el ángulo legal como por ser éticamente rechazable desde muy distintos sectores sociales y profesionales, algunas comunidades autónomas como la andaluza o la catalana se han mostrado dispuestas a mantener el carácter universal de la asistencia sanitaria, reconociendo con mayor o menor extensión las prestaciones sanitarias a los extranjeros y extranjeras “sin papeles” y presentando recursos de inconstitucionalidad contra la reforma.
En el caso del Gobierno Vasco, la exclusión sanitaria de los inmigrantes en situación irregular se intentó sortear mediante un decreto que reconocía la tarjeta sanitaria a este colectivo siempre que acreditase un año de empadronamiento en la comunidad autónoma (anteriormente sólo se pedían tres meses) y además impedía la aplicación del nuevo copago farmacéutico en esa autonomía. El mencionado decreto fue recurrido por el Gobierno Central ante el Tribunal Constitucional y es ahora cuando este alto tribunal, sin entrar en el fondo de la cuestión, reconoce que frente a los argumentos de un eventual ahorro económico, esgrimidos por el Gobierno Central, ha de prevalecer tanto el derecho a la salud y a la integridad física de la persona individual, sea inmigrante irregular o no, como la prevención del riesgos que para la salud del conjunto de la sociedad supone la segregación sanitaria de un colectivo tan amplio y vulnerable. Además en la fundamentación del Tribunal Constitucional se puede vislumbrar uno de los argumentos que desde los sectores más críticos con la reforma se ha formulado, el de que la derivación a los servicios de urgencias de estos enfermos excluidos va a ser económicamente mucho más costosa que la atención primaria. Así el Constitucional manifiesta literalmente que “la Abogacía del Estado no concreta esos perjuicios [económicos de la atención a los extranjeros irregulares], seguramente porque ello no sea posible, entre otras razones, al poder darse la eventualidad de que se produzca sencillamente una transferencia de gasto desde la atención primaria a la atención de urgencias”.
Desde acciónenred –Andalucía no podemos más que felicitarnos tanto por esta decisión del Tribunal Constitucional, como también por la que levanta la suspensión cautelar de la subasta de medicamentos con la que la Junta de Andalucía pretende abaratar el gasto farmacéutico (medida contraria a los intereses de las grandes farmacéuticas y también recurrida por el Gobierno), y esperamos que sea el preludio de futuras resoluciones en las que se reconozca el derecho a una sanidad pública, universal y equitativa como derecho humano consustancial a la dignidad del individuo, que no puede ser violentado por las medidas injustas, inhumanas y fuertemente ideologizadas del gobierno de turno.
De la indignación de ayer a la de hoy
Transformaciones ideológicas en la izquierda alternativa en el último medio siglo en Europa occidental.
Eugenio del Río.
La indignación frente a una economía enloquecida y depredadora, que hace de la codicia su principio rector y que ha provocado la crisis actual, tiene antecedentes en el último medio siglo.
En el presente volumen se estudian las sucesivas oleadas ideológicas que han precedido a las movilizaciones actuales.
El libro toma como objeto las transformaciones de los universos ideológicos de las izquierdas alternativas europeas entre los años sesenta del siglo XX y el presente. En estas páginas subyace la convicción de que la esfera ideológica desempeña un papel de primer orden en la vida social y en las movilizaciones frente a las injusticias que la amenazan.
286 pp., 20 €
ISBN: 978-84-96266-41-4
Encuentros para el debate sobre la regulación del aborto
La Plataforma Mujeres en Plural de Granada, organiza estos encuentros para el debate, el próximo día 12 de diciembre, a partir de las 17,00 horas en la sede de la delegación del Instituto Andaluz de la Mujer de Granada.
Programa:
17,30 a 18,00
Presentación encuentros e introducción al debate.
18,00 a 19,30
Grupos de debate
19,30 a 20,30
Pleno para exposición de conclusiones. Lectura y aprobación de conclusiones.
Regulación del aborto.
El Ministro de Justicia, Alberto R. Gallardón y la Ministra de Sanidad, Ana Mato han anunciado su intención de derogar la Ley orgánica 2/2010 de 3 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo; para volver a una regulación del aborto como delito salvo algunos supuestos aún por delimitar. Es decir, el aborto dejaría de ser un derecho dentro de unos plazos para retrotraernos al pasado,con una versión empeorada de la despenalización parcial del aborto de 1985. Ello nos situaría junto a Irlanda, Polonia, Chipre...en una de las legislaciones más restrictivas de la Unión Europea.
Se ha negado el acceso a la atención anticonceptiva y al aborto a las inmigrantes indocumentadas. Y en sus declaraciones han ido hablando de anular el supuesto de malformaciones fetales como motivo de despenalización del aborto, de retirar el consentimiento a las jóvenes entre 16-18 años, de sacar la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo de la cartera de servicios que presta la Sanidad Pública... Retrocesos que sin duda, añadirán miedo, angustia e inseguridad jurídica a las mujeres con un embarazo no deseado y a los profesionales sanitarios. Afectando especialmente, a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, con menos recursos económicos y sociales para acudir a otros países de nuestro entorno en los que el aborto está regulado como un derecho.
Con el objetivo de promover el debate y reflexión sobre este proble ma, la Plataforma Mujeres, en plural que lleva más de cinco años luchando por el reconocimiento delderecho al aborto, ha organizado unos encuentros de debate con elobjeto de debatir sobre estos cambios que se pretenden y promover la implicación ciudadana en la defensa del derecho a la salud sexualy reproductiva.