MIGRACIONES Y CRISIS HUMANITARIA EN EL MEDITERRÁNEO
28-agosto-2019
La actual política migratoria de los países europeos y de la propia Unión Europea tiene como principal objetivo el cierre de fronteras y el bloqueo a la libre circulación de personas. Al mismo tiempo, la falta de alternativas en dichas políticas migratorias obliga a la entrada clandestina al continente y, por tanto, empuja a miles de personas a arriesgar su vida en una frontera o en el mar. En el primer semestre del año 2019 más de 800 personas han perdido la vida en el Mediterráneo, siendo el de menor intentos de cruzarlo en los últimos 3 años, por lo tanto no hay una crisis de llegadas como auguran sino una crisis de muertes y omisión de socorro.
Son muchos los factores de expulsión que llevan a una persona a la decisión de dejar su país, todos relacionados con la pobreza, la desigualdad, la violencia, la discriminación, el cambio climático y la mala gobernanza. La respuesta por parte de los Estados miembros a las corrientes migratorias, ha sido hasta ahora, aumentar progresivamente los obstáculos a la movilidad con políticas de represión y disuasión que ponen el foco en la seguridad de las fronteras y no en dar trato humano a los migrantes y proteger sus derechos.
Las actuales políticas migratorias de los países europeos son un claro ejemplo al tener como principales pilares la militarización, la disuasión y la externalización del control de las fronteras. La eliminación de misiones de búsqueda y rescate de personas en el mar, la criminalización de la solidaridad, el cierre de los puertos a las embarcaciones que salvan vidas en el mar, la brutalidad policial en las fronteras, el pago de millones de euros a países como Libia, Turquía o Marruecos para que bloqueen en sus fronteras a las personas migrantes forman parte de esta táctica de amenaza directa para impedir que estas personas lleguen a los países europeos.
Frente a las operaciones de salvamento y asistencia humanitaria como el “Mare Nostrum”, que en tan solo 18 meses logró rescatar a casi 100.000 personas migrantes, recuperar 499 cuerpos y detener a 728 traficantes; actualmente la UE prioriza la gestión y guarda de fronteras a través de una muy limitada acción de la agencia europea Frontex, aunque la evolución del presupuesto de esta Agencia ha ido incrementándose en estos años para centrarse en la vigilancia de las fronteras, mientras que el presupuesto para Salvamento Marítimo se congela e incluso se reduce. El rescate de personas en el mar es una labor imprescindible e indigna la omisión al socorro por parte de la Unión Europea, dejando morir a cientos de personas que intentan cruzar el Mediterráneo. Los Estados han de garantizar la ayuda a cualquier persona en peligro en el mar, sin distinguir por razones de la nacionalidad, el estatus particular del individuo o las circunstancias en las que se encuentra.
Ante este grave incumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados con relación a proporcionar socorro y ayuda humanitaria y la crisis de gobernabilidad de la UE, son las organizaciones de la sociedad civil las que salvan vidas. ONGs formadas por ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea que representan todo aquello que motivó e ilusionó el proyecto europeo de unión en sus inicios: dignidad humana, solidaridad y conciencia social y que ahora ni la UE ni los gobiernos de sus países integrantes parecen recordar ni practicar. Por ello, se debe reconocer el trabajo encomiable y vital que hacen. Sin embargo, la criminalización y persecución de estas organizaciones forma parte de la táctica de disuasión seguida por los Estados, que pretenden poner fin a sus acciones aduciendo que el salvamento crea un factor de atracción, llegando a tipificar como delito esta acción. Una UE en la que no sea básica la protección de la vida de cualquier ser humano es una Unión Europea que no está pensada
para las personas y, por tanto, pone en peligro el concepto de derechos sociales que proclamaba en los años de su fundación para todas y todos.
Como ha señalado el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes “La imposición de limitaciones a la movilidad es parte del problema y no de la solución. La trágica muerte de migrantes en tránsito ha puesto clara y visiblemente de manifiesto la continua ineficacia de la gestión de las fronteras… La única solución es adoptar políticas migratorias bien gestionadas que faciliten la movilidad de las personas migrantes y proporcionen a los Estados los controles de fronteras que necesitan”.
Las fronteras internacionales no pueden convertirse en zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de los derechos humanos. Los Estados tienen derecho a ejercer su jurisdicción en sus fronteras internacionales, pero deben hacerlo conforme a sus obligaciones en esta materia. Los Gobiernos no cumplen la obligación de proteger el derecho a la vida con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, realizando violaciones sistemáticas de los derechos humanos en sus fronteras, pisoteando el derecho al asilo, la protección de menores de edad y de víctimas de trata, y negando la ciudadanía a millones de personas que son despojadas de sus derechos por el hecho de no tener su situación administrativa en regla.
Por todo ello, sin hacer una lectura limitada y cortoplacista, se debe tener una gobernanza migratoria respetuosa con los derechos humanos de las personas y que garantice la movilidad humana. Ante la dramática situación de miles de personas que mueren en el mar, la Unión Europea no puede permanecer impasible y debe llevar a cabo una acción más sólida, más predecible y coordinada, con principios, valores e identidad.
Las entidades firmantes, ante esta situación, que no se trata de un hecho novedoso, y al auge e influencia del populismo xenófobo queremos apelar a la responsabilidad y solidaridad de los Estados para que promuevan una política migratoria que proteja los derechos humanos y libertades fundamentales en materia de asistencia y acogida, que combata las causas reales de las migraciones y construya convivencia.
Entidades firmantes del comunicado:
• AcciónEnRed Andalucía
• Almería Acoge
• AME Valencia
• APDH (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía)
• ASAD (Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo)
• Asamblea Feminista Unitaria Granada
• ASCUA (Asociación Solidaria de Cooperantes Universitarios Andaluza)
• ASNUCI (Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad)
• ASPA (Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz)
• Asociación AYUMEN de Ayuda al menor de Córdoba
• Asociación de Venezolanos Amigos del Mundo (AVAM)
• Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes
• Asociación Primero Vivienda Granada
• CIC-BATÁ
• Colegio Profesional de Educadores/as Sociales Extremandura
• Comité Oscar Romero de Cádiz
• Comunidades Cristianas Populares de Andalucía
• Comunidades Cristianas Populares de Granada
• CONGRA (Coordinadora Granadina de ONGDs)
• Ecos do Sur
• Emigrados Sin Fronteras
• Entreculturas
• Federación Andalucía Acoge
• Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Bizkaia Fedaib
• Federación de SOS Racismo
• Federación Red Acoge
• Foro Galego de Inmigración
• Fundación Centro Persona y Justicia
• Fundación Cruz Blanca
• Fundación Sevilla Acoge
• Grupo Cristiano de Acción y Reflexión de Cádiz
• Irídia, Centro por la Defensa de los Derechos Humanos
• Jóvenes pensionistas
• Las organizaciones sociales de redes Interculturales
• Madre Coraje
• Mujeres del Mundo Cádiz Conil
• Munduko Emakumeak Mujeres del Mundo Babel
• Ojos del Sur
• Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia
• Oxfam Intermón Granada
• Plataforma Ciudadana Zona Norte de Granada.
• Plataforma metropolitana de Granada para la defensa de las pensiones públicas
• PROEMAID (Asociación Professional Emergency Aid)
• Provivienda
• Proyecto Iusmigrante
• PSICABIS (Asociación Psicología para el cambio y el bienestar social)
• Red de Economía Alternativa y Solidaria de la región de Murcia.
• Red Educativa El Varco del Exilio
• Red Granadina por el Refugio y la Acogida (Redgra)
• Salud Entre Culturas
• Semillas de Esperanza
• Senderos de Maíz
• Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)
• Sindicato de Periodistas de Andalucía
• Unión Provincial de CCOO-Granada
• Vejer Sin Fronteras
EDITORIAL: Exclusión y desigualdad en España. Urgencia social contra la pobreza
26-julio-2019
En
España la pobreza se hereda. Cuanto mayor es la desigualdad menos
movilidad social hay y menor es la igualdad de oportunidades. La OCDE estima que
cualquier español que nazca en una familia con bajos ingresos tardará cuatro
generaciones, 120 años, en conseguir un nivel de renta medio. No sólo somos el
cuarto país más desigual de la UE, sino que, tras Bulgaria, somos el
segundo país europeo en el que la distancia entre ricos y personas empobrecidas
ha aumentado más. Tras la crisis y a pesar de la recuperación, la sociedad se
polariza a costa de un adelgazamiento de las clases medias.
La
exclusión social en España es un fenómeno estructural, aumenta en las épocas de
recesión y no se recupera suficientemente en las épocas de bonanza. Tras diez
años del inicio de la crisis y pasado lo peor, conviven una cierta mejoría de
una parte importante de la población más afectada por la crisis (49%) con un
recrudecimiento de la situación de las personas más débiles. La recuperación está
siendo asimétrica, no llega a los hogares que peor están, hay un empeoramiento
de las personas más vulnerables. La
exclusión social severa se cronifica.
Según
el VIII informe Foessa, en 2018 hay más de 4 millones de personas que sufren
exclusión severa (8% de la población), lo que supone un 44% más que en 2007. Dos
de cada diez personas en exclusión severa es población extracomunitaria. El
perfil que definía y define la exclusión severa se caracteriza por algunas de
estas dimensiones: baja cualificación,
hogares encabezados por mujeres o pertenencia a minorías.
En
la Encuesta de Condiciones de Vida de 2018, la tasa AROPE (población en riesgo de pobreza o exclusión social)
afecta al 26,1% de la población
residente en España, frente al 26,6% registrado en 2017. En Andalucía la tasa
AROPE se sitúa en el 38,2%. .
Por
nacionalidad, el porcentaje de personas por debajo del umbral de riesgo de
pobreza o exclusión social es del 23,1% para los españoles, del 47,7% para los
extranjeros de la UE y del 56,0% para las personas extracomunitaria. La
población extracomunitaria está sobrerrepresentada en los espacios de la
exclusión severa y moderada, mientras que se encuentra infrarrepresentada en la
integración plena.
La
edad, junto con el género, son factores determinantes del mayor riesgo de
exclusión social. Casi un tercio de los menores y jóvenes, y de mujeres entre
16 y 30 años, se encuentran en riesgo de pobreza. Según
Save the Children, la tasa de pobreza que afecta a la población infantil es
mayor que la que afecta a cualquier otro grupo de edad en España, afecta a un
26,8% de los menores en España, 2,1 millones de niños y niñas. La
incidencia de la pobreza infantil es prácticamente el triple en los hogares de
origen inmigrante que en los hogares de origen no inmigrante.
Los hogares sustentados por mujeres (hogares
monoparentales y mujeres solas en su mayoría), están especialmente
sobrerrepresentados en la exclusión social. Un 42,9 % de las familias
monoparentales en España están en riesgo de pobreza, y es- tas familias están
mayoritariamente encabezadas por una mujer sola. Entre ellas, destaca por su
gravedad la situación de familias jóvenes con menores, tener hijos es un
importante factor de riesgo de pobreza. La tasa de exclusión social severa de
los hogares monoparentales ha continuado en ascenso, hasta llegar al 14,4% en
2018.
Por
otro lado, el 30% de las personas con discapacidad se encuentran en situación
de exclusión social.
La exclusión social
es consecuencia de los procesos desigualdad que se consolidan. La
desigualdad ya no se ciñe a la dimensión monetaria sino que es multidimensional
(mercado de trabajo, vivienda, salud, educación, desigualdad de género …) y
permite explicar la diferente incidencia de la exclusión social.
Entre
las causas de la exclusión y la desigualdad, en la actualidad, destaca la mala calidad del empleo
(temporales, precarios, salarios bajos…), más allá del desempleo, que ha
disminuido. La mayor parte de la población excluida tiene empleos
“normalizados” (restauración, servicio doméstico o limpieza). Sin embargo, el
14% de las personas que trabajan no pueden vivir de su sueldo. Son los
trabajadores pobres.
En
segundo lugar, los problemas de acceso y mantenimiento de la vivienda que sigue
afectando al 11% de la población española (en 2018 se produjeron más de 37.000
desahucios y el precio del alquiler ha aumentado un 30%).
En
tercer lugar, hay que sumar la desigual incidencia de las políticas
redistributivas (más favorables en los mayores y en menor medida en la gente
joven) y el insuficiente resultado de las transferencias sociales para
disminuir la pobreza, que están infradotadas.
El nivel educativo también se ha mostrado en este tiempo como un
factor protector frente a la exclusión, aunque se está debilitando. Los
jóvenes con estudios superiores tienen en el último trimestre de 2018 una tasa
de paro 12 puntos menor que los que poseen estudios secundarios y 19 puntos
menor que los que cursaron niveles inferiores. A
mayor nivel educativo, menores son las tasas de exclusión social y, en
particular, de exclusión social severa.
Es
fácil deducir de las causas de la exclusión que hay una juvenilización de la
pobreza, con un claro empeoramiento de los jóvenes emancipados. Esto puede
considerarse uno de los principales cambios estructurales en el patrón de la
pobreza en España. La larga crisis ha desencadenado que al agotamiento de los
mecanismos de protección social se sume el debilitamiento del colchón familiar. Cabe destacar que más de seis de
cada diez hogares excluidos severos no tienen actualmente ninguna prestación, a
lo que hay que sumar los problemas de aislamiento social de los sectores más
excluidos que han aumentado.
La
exclusión social también se refleja en la política. La participación política
está condicionada por la desigualdad, a mayor grado de exclusión menor
participación en las elecciones, mayor abstención. La brecha entre ciudadanos
no es solo en términos económicos sino que se traslada también al plano
político.
Si
la exclusión social es un proceso
multidimensional, las estrategias para combatirla tienen que ser mantenidas en
el tiempo y deben estar dirigidas a cada uno de los ámbitos que se han
señalado. España tiene mucho margen para mejorar, actuando tanto sobre las
causas de la exclusión con la puesta en marcha de medidas como: derogar la
reforma laboral, aumentar el salario mínimo, asegurar un empleo digno; ampliar
el parque de vivienda social y el alquiler asequible; y aumentar la inversión
en protección social. Especialmente bajo es el gasto en familias e infancia y
en la lucha contra la exclusión social. Para ello, es esencial que se priorice
siempre, como elemento vertebrador de la política social y económica, la
atención hacia aquellos sectores de la población que son más vulnerables. Sólo
de este modo será posible reducir los niveles de desigualdad y pobreza que
afectan a este país y garantizar unas condiciones de vida dignas para el
conjunto de la sociedad.
Participamos en los encuentros con personas refugiadas de AAHR-No Borders
24-julio-2019
Desde el mes de enero venimos participando en el intercambio lingüístico con personas refugiadas que ha impulsado la Asociación de Ayuda Humanitaria al Refugiado-No Borders en nuestro local en Sevilla.
Se trata de un
espacio de encuentro semanal con personas en su mayoría jóvenes de diferentes
nacionalidades y en diferentes situaciones administrativas (personas
refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes regulares, en situación irregular,…)
provenientes de más de una decena de países (Costa de Marfil, Guinea Bissau y
Conakry, Nigeria, Camerún, Congo, Gambia, Mali, Senegal, Siria, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto…). Del mismo
modo, han participado personas voluntarias autóctonas, uruguayas, francesas,
italianas, alemanas,…
Los encuentros brindan la oportunidad del intercambio y aprendizaje de nuestro
idioma. Esta herramienta les ayude en su periplo vital y nos permite compartir diferentes
lenguas.
Las sesiones han estado dinamizadas por voluntariado de
AAHR-No Borders que iban proponiendo situaciones cotidianas a las que se podrían
enfrentar estas personas, por ejemplo, en un restaurante, en el bus, al alquilar un apartamento, en el
médico, etc.
Una experiencia de aprendizaje y conocimiento mutuo estimulante
y muy enriquecedora para todas las personas que han participado y con la que
esperamos seguir colaborando desde Acciónenred
Andalucía.