Una nueva tragedia en la frontera sur del Mediterráneo, esta vez en Ceuta, nos sacudió el pasado 6 de febrero. Aquel día 15 personas murieron mientras intentaban alcanzar a nado la playa del Tarajal en Ceuta. A la tragedia se suman esta vez las circunstancias en las que se han producido estas dolorosas muertes, que han puesto en evidencia numerosas irregularidades y una vulneración de los derechos humanos.

Desde acciónenred Andalucía exigimos una investigación judicial sobre la actuación de la Guardia Civil en estos hechos, ya que las imágenes y los testimonios recogidos muestran claramente cómo se ha utilizado material antidisturbios contra las personas que llegaban nadando hasta la costa, ya en aguas españolas, así como las deportaciones ilegales realizadas con la devolución en caliente de los que lograron alcanzar territorio español, contraviniendo la legislación nacional e internacional.

Los testigos y las asociaciones de derechos humanos que trabajan en la zona han denunciado el lanzamiento de pelotas de goma a personas exhaustas en el mar, información ratificada por las imágenes emitidas por numerosos medios de comunicación. Se trata de un hecho muy grave que supone la violación de la legalidad vigente, además de ser una barbarie antihumanitaria que constituye una vuelta de tuerca más en una política desquiciada de protección de las fronteras tras la reciente recolocación en la valla de Melilla de una concertina –alambre con cuchillas-.

En este caso no basta con lamentar una más de la ya larga lista de tragedias que ocurren en el Mediterráneo y que ponen de manifiesto las limitaciones de las políticas de inmigración ante la enorme desigualdad entre ambas orillas. Hay unos responsables directos y unos responsables políticos por haber ordenado o permitido o, en todo caso, ocultado o justificado esas prácticas. La comparecencia del Ministro del Interior en el Parlamento ha desautorizado la información dada por el Director General de la Guardia Civil, por lo que exigimos que le destituya inmediatamente de su cargo. Exigimos, igualmente, transparencia en la información de los hechos y que los causantes de los mismos sean retirados de sus puestos y juzgados.