20J: 75 años después ¿Qué queda del derecho al asilo?

Cada 20 de junio se celebra el Día Mundial de las Personas Refugiadas, una fecha establecida en 2001 para conmemorar la firma de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobada en Ginebra en 1951. 75 años después podemos constatar que la salud del derecho al asilo no pasa por su mejor momento. 

La cifra de personas desplazadas forzosamente refleja una situación alarmante. En 2024, ACNUR estima que ya son 123,2 millones las personas desplazadas en el mundo. Y todo indica que la situación no mejorará en 2025: presenciamos el estallido de nuevos conflictos bélicos y la prolongación de muchos otros (56 conflictos armados en todo el mundo), ocupaciones territoriales, el avance de discursos antiinmigración en Europa y el endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos, influido por el retorno de Donald Trump a la presidencia y su enfoque restrictivo en materia migratoria.

En este clima hostil, el Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en 2024, marca un preocupante retroceso. Para junio de 2026, todos los gobiernos de la Unión Europea tendrán que haberlo incorporado a su legislación. El objetivo principal del pacto es claro: blindar las fronteras exteriores para que nadie llegue, expulsar rápidamente a quienes logren llegar y frenar así la llamada “inmigración indeseada”.

De este modo, las garantías para los solicitantes de protección internacional quedan muy mermadas ya que no se respeta el principio sagrado de no devolución de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (artículo 33). Es decir, una persona refugiada no debería ser devuelta al país en el que su vida o su libertad corren grave peligro. Asimismo, se aplica a los refugiados un nuevo paradigma, el de la “migración gestionada”, que es el que se emplea habitualmente para aquellos que migran con fines laborales. El concepto se basa en la premisa de que es posible prever, planificar y organizar los movimientos migratorios forzados y que, por tanto, pueden evitarse. 

También España tendrá que reformar su Ley de Asilo (2009) para adaptarla al Pacto de Inmigración y Asilo. La gran pregunta es: ¿Cuánto margen tiene España para resistirse a estas políticas que vulneran el Convenio de Ginebra?. En este sentido, se puede decir que la nueva ley de asilo marcará un antes y un después para los derechos humanos en España. 

En 2024, 167.366 personas solicitaron asilo en España (según CEAR). A pesar de esta cifra, la tasa de reconocimiento fue muy baja: un 18,5%, frente al 40% de la media europea. Aunque la mayoría de solicitantes proceden de América Latina, destaca el aumento del 700% de solicitudes desde Malí (10.673 personas en 2024).

La situación se ha complicado con la entrada en vigor, el 20 de mayo, del nuevo Reglamento de Extranjería, que va afectar negativamente a miles de solicitantes de asilo que, en caso de respuesta negativa, les va a penalizar de manera clara y cruel, pues los dejará en situación de irregularidad.

Ante este panorama, las esperanzas están puestas en la revitalización por parte del gobierno de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de personas migrantes, que esperemos tenga éxito. Para que esta prospere, la presión y la movilización de la sociedad civil será clave.