Editorial: Andalucía tras las elecciones del 2 de diciembre
El hecho más destacable tras las elecciones autonómicas andaluzas es que se ha configurado un nuevo bloque de alianzas entre los partidos conservadores (PP, Ciudadanos, VOX) que ha permitido, por primera vez en la historia de nuestra comunidad autónoma, la configuración de un gobierno de derechas en Andalucía.
En acciónenred Andalucía consideramos muy preocupante esta situación: los partidos que hoy sustentan el gobierno andaluz hacen del adelgazamiento del sistema de bienestar, de la intolerancia, la exclusión y el retroceso en las libertades y derechos el núcleo central de su propuesta política. Las perniciosas consecuencias sociales de esto son imprevisibles. Por ello, consideramos imprescindible abrir un período de reflexión para explicarnos cómo ha acontecido tal giro en nuestro autogobierno y qué tipo de alternativas pueden proponerse.
Avanzando algunas ideas, creemos que en un primer análisis es necesario llamar la atención sobre tres fenómenos que han permitido la situación actual: la pérdida de apoyo electoral a los partidos de la izquierda, el incremento de la abstención y el aumento del voto a las opciones de derechas.
Así, si comparamos con los resultados de las elecciones autonómicas de 2015, los partidos progresistas han perdido cerca de 700.000 votos (más de 400.000 el PSOE y unos 280.000 la suma de Podemos, Izquierda Unida y otros partidos menores). Este fenómeno está relacionado con factores múltiples. Pueden destacarse, en el caso del PSOE, su desgaste tras 36 años en el poder, sus gravísimos casos de corrupción, las poco ejemplares y nada edificantes luchas internas de poder y el caciquismo de la actual dirección andaluza, que sigue aferrada al sillón derrota tras derrota. En el caso de Adelante Andalucía las causas son también variadas. Parece evidente que la confluencia entre IU y Podemos no está aportando los resultados que se esperaban, que Podemos está acusando un serio desgaste desde su aparición en 2014 y que los problemas internos de este partido no han sido un gran aliciente para la movilización del voto progresista. Probablemente,la incapacidad de estos partidos en el año 2015 para formar gobierno en Andalucía y la decisión de Susana Díaz de apoyarse en la derecha (Ciudadanos) han pasado factura en términos de apoyo popular electoral. Entonces se perdió una oportunidad para hacer las cosas de otra manera. En 2015 las izquierdas podían sumar 67 diputados frente a los 42 que sumaban las derechas. En 2018 se ha invertido la situación (las derechas suman 59 escaños, las izquierdas 50). En nuestra opinión, los partidos políticos de izquierdas debieran reflexionar seriamente sobre su incapacidad manifiesta para llegar a acuerdos que permitan la configuración de gobiernos que ayuden a nuestra sociedad a afrontar sus graves problemas y a contrarrestar las alternativas reactivas de la derecha.
Junto a todo esto, parece también claro que la abstención ha jugado un papel significativo. La participación electoral ha sido la segunda más baja en la historia de las elecciones autonómicas; casi 42 de cada 100 andaluces han preferido no votar en estas elecciones. Se han abstenido 2.602.546 millones de andaluces, en torno al 41,35%; unos 400.000 mil más que en 2015. Además, se ha registrado el doble de papeletas nulas que en 2015 (de 41.000 a 81.000), hecho que probablemente esté conectado con la creciente desafección política. Esta abstención ha tenido principalmente dos consecuencias: ha afectado principalmente a los partidos de izquierda (la abstención refleja en gran parte la desmovilización del voto de la izquierda) y ha revalorizado el voto a la derecha (por las características de nuestro sistema electoral, partidos como VOX han necesitado menos votos para conseguir escaños en determinadas circunscripciones).
El tercer hecho preocupante al que nos referíamos, junto a la pérdida de apoyo electoral a la izquierda y el crecimiento de la abstención, es el ascenso del apoyo a la derecha. Aunque el Partido Popular acusa una seria bajada en votos con respecto a 2015, la suma de PP, Ciudadanos y Vox es de más de 1,8 millones, un récord histórico para las derechas en Andalucía, cuyo tope estaba en los 1,7 millones que obtuvo el PP en 2008. El porcentaje de voto a la derecha es también el mejor obtenido en unas autonómicas en Andalucía (un 49,94%). Es decir, la suma de las derechas saca su mejor resultado tanto en votos como en porcentaje en todas las elecciones andaluzas. El voto de la derecha se ha movilizado en Andalucía. De hecho, sólo dos partidos han mejorado con respecto a 2015: Ciudadanos y VOX.
Ni que decir tiene que, independientemente de la responsabilidad de los partidos, la propia ciudadanía es también responsable de aquello que vota o no vota, y de su decisión de votar o no votar (ambas actitudes legítimas) en un tiempo de incertidumbre como el que vivimos. En la conjunción de nuestra propia responsabilidad como sujetos políticos y la de aquellos que dicen representarnos están las claves que explican el resultado electoral.
Creemos que lo sucedido en Andalucía refleja algunas problemáticas que afectan de manera general a toda España. Entre ellas es necesario destacar en este momento al menos las siguientes: la situación de crisis de representación política que vive el país, el enquistamiento del conflicto entre el gobierno español y las fuerzas soberanistas catalanas, y la activación de un discurso que pretende erosionar consensos sociales en materias sociales clave como la inmigración y la igualdad de género.
Así, por un lado, nos encontramos con lo que podría concebirse como una profunda crisis de representación política que afecta a los sistemas de partidos en toda Europa. Ésta hunde sus raíces en el profundo desprestigio de los partidos políticos tradicionales. Este hecho es de larga data y se ha incrementado como resultado de la decisión de las élites políticas tradicionales europeas de aplicar medidas de austeridad como mecanismo para afrontar la crisis económica. Amplios sectores de la población se han sentido abandonados por los partidos políticos. En este contexto, han surgido nuevas opciones políticas, algunas progresistas, otras conservadoras, que pugnan con los partidos tradicionales por ofrecer alternativas. Andalucía no es ajena a esta realidad internacional.
Por otro lado, es necesario reflexionar también sobre los efectos perniciosos del permanente conflicto territorial e identitario que se vive en España con respecto a Cataluña. Es razonable inferir que el enquistamiento de este conflicto, y la incapacidad mostrada por las fuerzas políticas para llegar a acuerdos, ha activado pulsiones conservadoras de carácter nacionalista en determinados espacios del electorado.
En nuestra opinión, las fuerzas políticas nacionalistas (españolas y catalanas) han jugado irresponsablemente a activar estos sentimientos identitarios, entendidos como incompatibles y mutuamente excluyentes, para confrontar a sus adversarios políticos, exacerbando los desencuentros y animando a la sociedad a entrar en una espiral de antagonismo que fomenta la intolerancia y el desacuerdo. Esta realidad bien pudiera haber servido de caldo de cultivo proclive al voto a las opciones políticas que con más estridencia y demagogia dicen defender los intereses generales de España. Además, ha podido desmovilizar a una parte del electorado que usualmente vota a las izquierdas pero que, sin embargo, no se ha sentido satisfecha con las alternativas ofrecidas para solventar la cuestión territorial y plurinacional en España.
Asimismo, junto a esta confrontación, las tres derechas, con diferentes intensidades, han articulado el mismo juego, animados por la competencia por el mismo espacio electoral, con respecto a otras cuestiones sociales sensibles que afectan a las identidades, como es el caso del recrudecimiento del discurso contra los migrantes, contra la diversidad sexual y la igualdad género. No es casualidad que uno de los principales objetivos del discurso de los líderes de la derecha sea atacar la movilización feminista, como hemos tenido ocasión de comprobar en el juego mediático orquestado entre las fuerzas de las derechas en torno al proceso de investidura del nuevo presidente de la Junta de Andalucía.
En resumen, las derechas en España han decidido orientar su actividad política hacia la erosión de valores sociales que venían permitiendo normas de convivencia y amplios consensos en torno a problemas complejos como el régimen autonómico, la integración intercultural o la violencia de género. Tristemente, Andalucía será el “laboratorio de pruebas” de esta estrategia compartida entre las tres derechas, que pretende extenderse por todo el país.
Ante esta situación, desde Acciónenred-Andalucía creemos necesaria la activación de un proceso de seria y honesta reflexión sobre las causas y las actitudes a adoptar ante la nueva situación. Un proceso que debe abrirse en la sociedad en general y entre las fuerzas progresistas en particular para afrontar la oleada de conservadurismo que nos azota, que mueva a los responsables políticos a depositar la mirada en el futuro de nuestras sociedades, y se encamine a establecer amplios consensos para conseguir mejorar la vida de la gente y profundizar nuestra democracia.
Hay que construir certezas y alternativas integradoras y motivadoras para la ciudadanía, que se resistan al resguardo en el miedo al diferente, al encastillamiento en la intolerancia y en las identidades excluyentes, y que fomente lo mejor de nuestros valores, fruto de siglos de conquistas sociales: democracia, derechos humanos, libertad, igualdad, solidaridad y la búsqueda y protección del bienestar y el bien común.
acciónenred Andalucía, 20 enero 2019
Editorial: “Ciudades habitables, ciudades sostenibles”
Desde accionenred Andalucía hemos emprendido en el último curso, 2017-2018, un acercamiento a los movimientos sociales que claman por una ciudad más verde, más habitable y más pensada para la ciudadanía en la ciudad de Sevilla.
El 55% de la población mundial viven en las ciudades y se estima que en 2050 este porcentaje será en torno al 65%. La gestión de las ciudades, que recae principalmente en los ayuntamientos, requiere de una mirada muy cercana, muy pensada para resolver y facilitar la vida de las personas, donde la ciudadanía sea el centro y la habitabilidad sea el componente esencial.
La habitabilidad hace mención a una serie de aspectos como son la salud ambiental, la presencia de zonas verdes, la sensación de naturalidad, la movilidad basada en transporte público asequible y desplazamientos sin motor, el acceso al agua, la reducción de residuos y la adecuada gestión de los mismos, la limpieza de las calles y plazas, las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, el uso y disfrute de los espacios públicos, la seguridad, la gobernabilidad y otras cuestiones referentes al bienestar del ciudadano.
Desde acciónenred Andalucía apostamos por unas ciudades donde:
- La calidad de la atmósfera sea alta y se reduzcan a cero los episodios de contaminación atmosférica por partículas, Ozono troposférico, NO2 y SO2. La Organización Mundial de la Salud cifra en unas 15.000 las muertes prematuras en España por esta causa, especialmente en las ciudades. El tráfico es el principal causante de esta situación.
- La movilidad en la ciudad sea verdaderamente sostenible. Para ello, deben incrementarse de forma considerable los transportes intermodales con precios asequibles para la población, con una inversión acorde con las posibilidades de la ciudad, y que conlleven una reducción del tráfico entre el 15-30% en los próximos 5 años. La promoción e inversión en medios como tranvía, metrobus o metro ligero en superficie están siendo las medidas principalmente adoptadas en ciudades europeas con reconocimiento en sostenibilidad (Nantes, Burdeos, Barcelona, Friburgo,..)
- Se fomenten los desplazamientos a pie y en bicicleta. Ello es factible invirtiendo en seguridad para estos vehículos, aumentando los carriles bici hasta zonas no accesibles e invirtiendo en conservación de los existentes. La promoción de la bicicleta es también dependiente de la existencia de corredores verdes que producen sombra y animan al uso de la bicicleta como medio principal de transporte.
- Se aumenten las zonas verdes hasta alcanzar los 50m2 por persona como ya disponen en muchas ciudades Verdes Europeas.
- Los espacios públicos sean seguros, amplios, verdes, con suficiente sombra, fuentes y listos para ser disfrutados por todas las edades. La peatonalización de calles de la ciudad transitadas a pie y la reducción del acceso del tráfico a los centros urbanos facilita el disfrute del espacio público.
- Se realice un plan de conservación de la biodiversidad, especialmente en nuestros parques y jardines y zonas arboladas. En muchas ciudades europeas se identifican los árboles, los arbustos, se cuidan los alcorques, se mantienen adecuadamente los árboles para evitar su tala. La tala de 500 árboles que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, en este mes de julio de 2018 muestra un abandono del cuidado de los árboles de esta ciudad en los últimos años.
- Se aumente la eficiencia en el uso del agua y la recogida de agua de lluvia y su uso para riegos.
- Se reduzca la producción de residuos y se fomente la recogida selectiva y el posterior reciclaje, informando a la población del destino de los residuos que recoge. El fomento de espacio de compostaje en parques y jardines implicaría a la ciudadanía en la gestión de sus residuos.
- Se disminuya el nivel de ruido en la ciudad. Esta medida tiene una alta relación con el tráfico en la ciudad, especialmente en las zonas céntricas y congestionadas.
Todas las medidas planteadas anteriormente son necesarias para mitigar el cambio climático y adaptarnos a los aumentos de temperatura previstos para las próximas décadas, que en el mejor de los casos será de 4ºC de media en el 2100.
Sevilla se ha postulado en los dos últimos años a Capital Verde Europea, el prestigioso galardón que otorga la Comisión Europea desde 2010. En ambas convocatorias no ha pasado el primer corte. Esto nos hace pensar que todavía estamos lejos de ser considerada una Ciudad Verde. Para serlo debemos incidir en todas las cuestiones anteriormente planteadas.
Desde hace unos meses varias organizaciones, entre las que nos encontramos, hemos iniciado un espacio de reflexión y acción donde reclamar al Ayuntamiento de Sevilla una ciudad más habitable, más verde y más saludable. Estamos reclamando que se proponga un Plan de Acción de Cambio Climático y Energía Sostenible real y acorde con las necesidades de la ciudad, y que se desarrolle un modelo de ciudad que realmente apueste por la energía limpia, los espacios habitables y la ciudad saludable que deseamos. Este curso seguiremos en esa causa y, a ser posible, haciéndola extensible a otras ciudades andaluzas.
Editorial: Europa traiciona sus valores: solidaridad y derechos humanos
Las políticas que sigue la UE con los movimientos migratorios son una de las expresiones más importantes del desconcierto que vive Europa, pues traiciona lo que son algunos de sus valores fundadores como la solidaridad y la defensa de los derechos humanos.
Aunque la reforma en profundidad de las políticas migratorias y del sistema de asilo está sobre la mesa, de manera urgente tras la llamada “crisis de los refugia- dos”, todo parece indicar que no se avanzará por la profunda división que hay entre los países europeos.
Mientras tanto, la UE sigue tomando medidas encaminadas a frenar la llegada de migrantes y refugiados. Para ello, sigue un enfoque de emergencia y seguridad, centrado en proteger el territorio y las fronteras (SIVE, Frontex y construcción de muros y vallas), combatir la inmigración irregular (expulsión y retorno) e impedir que las personas refugiadas lleguen a nuestras fronteras (acuerdo con Turquía y Libia).
La externalización de nuestras fronteras a través de acuerdo con terceros países, que en su mayoría son países que no respetan los derechos humanos, se está convirtiendo en el pilar fundamental de Europa en materia de inmigración/refugio. Se externaliza así el derecho al asilo y se va construyendo una “Europa fortaleza”. Los acuerdos de readmisión, los centros de detención y los vergonzosos acuerdos con Turquía y de Italia con Libia, respaldados por la Unión Europea, son ejemplos de esta externalización.
Además, la Unión Europea utiliza la financiación de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) para controlar los flujos migratorios, desvirtuando el sentido de estos fondos.
Las consecuencias de estas políticas nos sitúan en una caída peligrosa hacia “la banalización del mal” en Europa, provocan un mayor riesgo para los refugiados e inmigrantes y dan más juego a los traficantes y sus negocios.
A estas alturas ya nadie duda que la escalada de muertes y desapariciones en el Mediterráneo, en los últimos años, representa uno de los mayores desastres humanitarios en la historia de la Unión Europea. De acuerdo con los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Mediterráneo se ha convertido en la región con mayor número de personas desaparecidas a nivel mundial (65% de todas las muertes en rutas marítimas en 2016).
Aunque las llegadas a través del Mediterráneo están disminuyendo, las muertes siguen aumentando porque las vías de acceso son cada vez más peligrosas. Los datos muestran que desde 2015 la tasa de mortalidad de migrantes y refugiados ha aumentado significativamente hasta alcanzar alrededor de 35 muertes/desapariciones por cada 1.000 llegadas en 2017. En lo que llevamos de 2018, lejos de disminuir, parece que la tendencia va al alza.
Como advierte la ONU, las muertes seguirán aumentando por el hostigamiento de algunos gobiernos a las ONGs y personas que se dedican a salvar a migrantes y refugiados de una muerte casi segura en el Mediterráneo, acusándoles de trata y tráfico de personas (Médicos sin Fronteras, Proactiva Open Arms, Proem-Aid, Helena Maleno…). Esta persecución se repite por toda Europa. Casos como el de la ONG alemana Jugend Retter, el del cura eritreo Mussei Zerai o el del francés Cédric Herrou condenado a una multa y meses de prisión por ayudar a cruzar la frontera entre Francia e Italia se suman a la lista de investigados o condenados.
La situación en España no es mejor, ni en relación a los refugiados ni al control de sus fronteras. La frontera sur española es actualmente la tercera vía de entrada a Europa de personas migrantes y refugiadas por el mar Mediterráneo (después de Grecia e Italia). El número de llegadas por vía marítima se ha triplicado durante 2017, siendo un año récord.
La situación de Ceuta y Melilla es especialmente grave, los CETI están por encima de su capacidad de acogida, a los solicitantes de asilo se les restringe ilegalmente la libertad de circulación y el sistema de identificación de MENA y víctimas de tratas es totalmente ineficaz. Desde que en 1990 se construyera las primeras vallas fronterizas, en Ceuta y Melilla, no han parado de reforzarse, la instalación de concertinas es un ejemplo. Hay una práctica sistemática de devoluciones en “caliente”, que son ilegales y violan el derecho de asilo. En este sentido, el pasado día 3 de octubre de 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, condenó a España por las devoluciones en caliente a Marruecos de dos personas en la valla de Melilla sin ser identificadas.
Numerosas ONGs han denunciado que la Unión Europea y España no han cumplido sus compromisos de acogida de refugiados después de dos años de la entrada en vigor del acuerdo entre Bruselas y Turquía para abordar la crisis migratoria. Si la UE apenas ha logrado acoger una de cada cuatro personas a las que se comprometió, España entre reubicadas y reasentadas apenas supera el 11% de cumplimiento de estos acuerdos (1.983 de 17.000).
Durante el año 2017, los veintiocho Estados de la Unión Europea concedieron protección a más de 538.000 personas, de las que solo 4.700 llegaron a nuestro país, el 0,9%. Un tercio provenían de Siria. Ello significa que el Gobierno concedió en 2017 protección internacional a un 40% menos de solicitantes de asilo que en 2016. España rechazó dos de cada tres solicitudes de asilo en 2017, según CEAR.
Además el sistema de acogida español recibe a las personas refugiadas pero no las integra y al final del proceso de acompañamiento quedan a su suerte con problemas económicos graves, falta de trabajo y dificultad para acceder a una vivienda.
Esta descoordinación en la acogida, como han denunciado las ONGs y ACNUR, se extiende también: a la recepción de pateras (las instalaciones portuarias y lugares en que permanecen detenidas estas personas no reúnen las condiciones adecuadas, se dificulta la identificación de las mujeres que podrían ser víctimas de trata…); a los CIES (como la situación vivida con el encierro de inmigrantes argelinos en la cárcel de Archidona); y a los MENA a los que no se aplica el Protocolo Marco de Menores Extranjeros no Acompañados (no siempre se hacen entrevistas ni las exploraciones físicas).
No podemos dejar de celebrar las medidas tomadas por el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, como son la acogida del Aquarius, las declaraciones del ministro del Interior de retirar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla o el cierre del CIE de Canarias. También, nos parece muy positivo que se haya incorporado la palabra “inmigración” al ministerio de Trabajo, Inmigración y Seguridad Social. Compartimos la ilusión y la esperanza de tantas personas en que el nuevo gobierno pueda iniciar una nueva época.
Confiamos en que la llegada de este gobierno sea una ocasión extraordinaria para, de manera inmediata, poner fin a algunas de las medidas que más atentan contra los derechos humanos y tratar de acabar con la descoordinación que existe en el sistema de acogida.
Cumplir con las cuotas de reubicación y reasentados de refugiados comprometidas por España con la UE; establecer vías seguras de solicitud de asilo a través de las embajadas, visados humanitarios; acabar con las llamadas devoluciones en caliente; cerrar los CIES y, mientras tanto, reformarlos para que se respeten los derechos humanos; restablecer la tarjeta sanitaria para los inmigrantes irregulares; adoptar un Plan de Acción a nivel Estatal para dar respuesta adecuada al incremento de llegadas de personas a las costas españolas y que ponga fin a la descoordinación, elaboración del Reglamento de desarrollo de la Ley de asilo, volver a retomar el Fondo de Integración de Inmigrantes… son algunas de las medidas que se podrían empezar a tomar y muchas ONGs y especialistas estamos de acuerdo en que el nuevo gobierno debería trabajar por ellas.
24 de junio de 2018
