HACER DE LA DIFICULTAD UN CAMINO A LA ESPERANZA
14-abril-2020
La epidemia del
COVID-19 ha sumido al mundo en una crisis sanitaria, social y
económica de enormes proporciones que está teniendo un fuerte
impacto en el conjunto de la población y, en particular, en aquellas
personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Una
crisis que no acabará cuando termine el confinamiento, puesto que
esta epidemia no será la última. El cambio climático, si no
enderezamos el rumbo de forma decidida, favorecerá la aparición de
nuevas epidemias y producirá fenómenos que afectarán a sectores
muy amplios de la población; las sequías, las inundaciones de zonas
costeras, los cambios en el modelo productivo… se sumarán a la
desigualdad, la exclusión, la pobreza, el hambre, las guerras y sus
efectos o la precariedad de los sistemas sanitarios de la inmensa
mayoría de los países.
Esta crisis, que está poniendo en cuestión nuestra escala de
valores, nos confronta con la fragilidad de la existencia humana,
reordena las prioridades que hemos de establecer y nos invita a
pensar sobre la capacidad del mundo que hemos construido para dar
respuestas satisfactorias a los retos.
Esta crisis, que nos enfrenta a la realidad de lo que es esencial
para el mantenimiento de la vida, evidencia que solo podemos
protegernos si todos los demás lo están. Y, de golpe, entendemos
que el material sanitario no puede estar en manos de especuladores y
reparamos en la importancia de la sanidad pública, la atención
social comunitaria y la existencia de redes sociales, así como en la
necesidad de anticiparse a los problemas y la importancia del trabajo
de muchas personas cuya labor ha sido minusvalorada social y
económicamente, como las personas que trabajan en las residencias de
la tercera edad, las que trabajan en el campo, las cuidadoras a
domicilio, dependientes de supermercados, personal sanitario,
personal de limpieza y recogida de basuras…
Esta crisis, que constata la fragilidad o inexistencia de los
servicios sanitarios públicos y de atención social comunitaria en
la mayor parte del mundo, nos muestra las diferencias y similitudes
en los comportamientos de gobiernos y países ante una situación
inédita, inesperada, de proporciones mundiales. Hay quien intenta
optimizar los recursos y presta más atención a las personas más
vulnerables; quien hace gala de insensibilidad, irresponsabilidad e
insolidaridad manifiesta; quien opta por el egoísmo nacional por
encima del interés de la mayoría (como es el caso de la UE, que
pone su existencia en riesgo), o quien aprovecha la situación para
dar un giro autoritario.
Esta crisis, que también tiene una dimensión individual, nos
enfrenta a nuestros miedos e incertidumbres, a la enfermedad y la
muerte, a nuestra capacidad crítica y nos interroga sobre nuestro
lugar en esta situación.
Desde acciónenred Andalucía,sentimos orgullo de la
respuesta de nuestra sociedad a este reto. Una gran mayoría ha
desechado el camino del “sálvese quien pueda” y ha escogido el
apoyo mutuo, la responsabilidad, el ingenio ante las dificultades, la
exigencia a las instituciones para que estén a la altura de las
circunstancias y la solidaridad. Nuestra organización desea empujar
en esa dirección, focalizando nuestra acción solidaria en la
promoción del cumplimiento de las medidas de prevención, la
atención a algunos de los colectivos más desprotegidos (personas en
situación irregular, empleadas del hogar, personas que ejercen la
prostitución, extutelados, personas sin hogar) y la difusión de los
recursos existentes, trabajando en red con otros colectivos, junto
con la promoción de los buenos tratos, la resolución pacífica de
conflictos y la corresponsabilidad en las relaciones de convivencia y
el combate de las fake news y el fomento del pensamiento
crítico.
Llamamos al conjunto de la sociedad a sumarse a este esfuerzo, a
perseverar en las actitudes responsables y solidarias, a no dejarse
seducir por mensajes que pretenden aprovecharse del miedo y la
incertidumbre para alimentar el alarmismo o las salidas de corte
autoritario e insolidario. Estos mensajes adolecen de falta de
realismo y empatía, desprecian las dificultades y límites
existentes, buscan chivos expiatorios ante situaciones que nos
desbordan y poco contribuyen a avivar la unidad y solidaridad frente
a la epidemia.
Se ha dicho de forma repetida en estos días que, momentos como los que estamos viviendo, sacan lo mejor y lo peor de las personas. Despleguemos nuestra mejor versión, a nivel individual y social. Pongamos freno a lo peor. En ese camino nos encontraremos.
DEFENDER LA CULTURA DEL DIÁLOGO
18-diciembre-2019
Existe
un relato recurrente que establece la capacidad de alcanzar consensos políticos
como una cualidad de nuestro sistema democrático actual, al menos en sus
orígenes, en la transición. En virtud de esa interpretación, nuestra democracia
hizo gala de unas altas dosis de consenso y capacidad de acuerdos para, en
aquellas circunstancias, construir un escenario político nuevo, de carácter
democrático, acorde a los intereses generales de diferentes sectores de la
sociedad española.
Al
margen de la consideración que nos suscite esa visión, lo cierto es que una
mirada a los procesos electorales en España señalan más bien una tendencia a la
configuración de mayorías absolutas propensas a la constitución de ejecutivos
que pudieran gobernar con las manos libres durante sus respectivas legislaturas,
alejándonos así de las dinámicas del acuerdo y la negociación política en el
comienzo y desarrollo de las legislaturas. Ya sea porque el resultado de las
elecciones dio de por sí la mayoría absoluta a una candidatura determinada, o porque
se produjeron pactos previos con formaciones minoritarias del ámbito de alguna
comunidad autónoma, lo cierto es que la aspiración de los partidos ha sido
siempre la de configurar mayorías absolutas preestablecidas a priori, que no
exigieran acuerdos posteriores en el conjunto de los asuntos del Estado.
Esta
aspiración resulta cada vez más difícil de alcanzar, a tenor de resultados de las
últimas citas electorales. La ruptura del bipartidismo con la irrupción de
nuevos partidos en el tablero político ha puesto en evidencia la necesaria
recuperación de esta cultura del consenso para alcanzar la gobernabilidad. En
ese sentido, los hechos acontecidos a lo largo de los últimos meses han puesto
de relieve una preocupante ausencia de cultura política en lo que respecta a la
capacidad de acuerdos y logro de consensos para los asuntos de interés general.
Esto ha dejado en desamparo a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad,
ante la imposibilidad de realizar políticas que afronten los problemas
cotidianos de importantes grupos sociales, que demandan atención.
Particularmente preocupante resulta la inacción institucional en materias como
pensiones, asilo y refugio, educación, violencia sexista, sanidad o emergencia
climática, entre otras. La sensación en gran parte de la ciudadanía es que podría
existir un acuerdo amplio en torno a necesarias y urgentes medidas sociales,
pero éstas se han aparcado en aras de la búsqueda de mayorías electorales cuasi
absolutas o cálculos electoralistas, pareciendo que se hubiera olvidado el
verdadero significado de la negociación política o la práctica parlamentaria.
Esta
práctica cortoplacista, huidiza de los pactos con quienes no piensan exactamente
como tú o no aceptan tus reglas, no tiene sólo consecuencias prácticas sobre
los problemas cotidianos de la gente. La ausencia de diálogo tiene que ver
también con las dificultades para llegar a amplios consensos sociales sobre
cuestiones de fondo o relevantes para la mayoría social, lo que supone un claro
indicador de la calidad democrática de nuestro sistema político. Nos referimos
a cuestiones como la educación integral, la dependencia, las políticas de
reconocimiento y articulación territorial del Estado, el sistema de pensiones, el
papel de la religión en el espacio público, el propio sistema electoral, etc.
Estas dificultades revelan, a su vez, los obstáculos para construir imaginarios
compartidos por valores comunes para el conjunto de la sociedad, que le den
solidez y estabilidad. La falta de diálogo político permea en la sociedad,
produciendo cada vez una mayor polarización, acrecentando la confrontación en
detrimento de la convivencia y condenando nuestra vida democrática a un continuo
estado de interinidad y crispación donde todo vale (mentir, distorsionar la
realidad, prevalencia de los intereses partidistas sobre los del conjunto de la
sociedad, ausencia de autocrítica).
Las noticias de un rápido, e inconcluso aún, acuerdo para un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidad Podemos podrían señalar una incipiente ruptura en esta dinámica. A la espera de conocer el desenlace de esta ya larga historieta, nos parece positivo que distintos actores políticos reconozcan la necesidad de llegar a acuerdos basados en políticas que tengan como objetivo llevar a cabo las medidas económicas y sociales necesarias. Es hora de reconocer que la política en beneficio de la sociedad implica necesariamente dialogar entre diferentes para llegar a acuerdos comunes para el conjunto de la ciudadanía.
Diciembre 2019
EDITORIAL: Exclusión y desigualdad en España. Urgencia social contra la pobreza
26-julio-2019
En
España la pobreza se hereda. Cuanto mayor es la desigualdad menos
movilidad social hay y menor es la igualdad de oportunidades. La OCDE estima que
cualquier español que nazca en una familia con bajos ingresos tardará cuatro
generaciones, 120 años, en conseguir un nivel de renta medio. No sólo somos el
cuarto país más desigual de la UE, sino que, tras Bulgaria, somos el
segundo país europeo en el que la distancia entre ricos y personas empobrecidas
ha aumentado más. Tras la crisis y a pesar de la recuperación, la sociedad se
polariza a costa de un adelgazamiento de las clases medias.
La
exclusión social en España es un fenómeno estructural, aumenta en las épocas de
recesión y no se recupera suficientemente en las épocas de bonanza. Tras diez
años del inicio de la crisis y pasado lo peor, conviven una cierta mejoría de
una parte importante de la población más afectada por la crisis (49%) con un
recrudecimiento de la situación de las personas más débiles. La recuperación está
siendo asimétrica, no llega a los hogares que peor están, hay un empeoramiento
de las personas más vulnerables. La
exclusión social severa se cronifica.
Según
el VIII informe Foessa, en 2018 hay más de 4 millones de personas que sufren
exclusión severa (8% de la población), lo que supone un 44% más que en 2007. Dos
de cada diez personas en exclusión severa es población extracomunitaria. El
perfil que definía y define la exclusión severa se caracteriza por algunas de
estas dimensiones: baja cualificación,
hogares encabezados por mujeres o pertenencia a minorías.
En
la Encuesta de Condiciones de Vida de 2018, la tasa AROPE (población en riesgo de pobreza o exclusión social)
afecta al 26,1% de la población
residente en España, frente al 26,6% registrado en 2017. En Andalucía la tasa
AROPE se sitúa en el 38,2%. .
Por
nacionalidad, el porcentaje de personas por debajo del umbral de riesgo de
pobreza o exclusión social es del 23,1% para los españoles, del 47,7% para los
extranjeros de la UE y del 56,0% para las personas extracomunitaria. La
población extracomunitaria está sobrerrepresentada en los espacios de la
exclusión severa y moderada, mientras que se encuentra infrarrepresentada en la
integración plena.
La
edad, junto con el género, son factores determinantes del mayor riesgo de
exclusión social. Casi un tercio de los menores y jóvenes, y de mujeres entre
16 y 30 años, se encuentran en riesgo de pobreza. Según
Save the Children, la tasa de pobreza que afecta a la población infantil es
mayor que la que afecta a cualquier otro grupo de edad en España, afecta a un
26,8% de los menores en España, 2,1 millones de niños y niñas. La
incidencia de la pobreza infantil es prácticamente el triple en los hogares de
origen inmigrante que en los hogares de origen no inmigrante.
Los hogares sustentados por mujeres (hogares
monoparentales y mujeres solas en su mayoría), están especialmente
sobrerrepresentados en la exclusión social. Un 42,9 % de las familias
monoparentales en España están en riesgo de pobreza, y es- tas familias están
mayoritariamente encabezadas por una mujer sola. Entre ellas, destaca por su
gravedad la situación de familias jóvenes con menores, tener hijos es un
importante factor de riesgo de pobreza. La tasa de exclusión social severa de
los hogares monoparentales ha continuado en ascenso, hasta llegar al 14,4% en
2018.
Por
otro lado, el 30% de las personas con discapacidad se encuentran en situación
de exclusión social.
La exclusión social
es consecuencia de los procesos desigualdad que se consolidan. La
desigualdad ya no se ciñe a la dimensión monetaria sino que es multidimensional
(mercado de trabajo, vivienda, salud, educación, desigualdad de género …) y
permite explicar la diferente incidencia de la exclusión social.
Entre
las causas de la exclusión y la desigualdad, en la actualidad, destaca la mala calidad del empleo
(temporales, precarios, salarios bajos…), más allá del desempleo, que ha
disminuido. La mayor parte de la población excluida tiene empleos
“normalizados” (restauración, servicio doméstico o limpieza). Sin embargo, el
14% de las personas que trabajan no pueden vivir de su sueldo. Son los
trabajadores pobres.
En
segundo lugar, los problemas de acceso y mantenimiento de la vivienda que sigue
afectando al 11% de la población española (en 2018 se produjeron más de 37.000
desahucios y el precio del alquiler ha aumentado un 30%).
En
tercer lugar, hay que sumar la desigual incidencia de las políticas
redistributivas (más favorables en los mayores y en menor medida en la gente
joven) y el insuficiente resultado de las transferencias sociales para
disminuir la pobreza, que están infradotadas.
El nivel educativo también se ha mostrado en este tiempo como un
factor protector frente a la exclusión, aunque se está debilitando. Los
jóvenes con estudios superiores tienen en el último trimestre de 2018 una tasa
de paro 12 puntos menor que los que poseen estudios secundarios y 19 puntos
menor que los que cursaron niveles inferiores. A
mayor nivel educativo, menores son las tasas de exclusión social y, en
particular, de exclusión social severa.
Es
fácil deducir de las causas de la exclusión que hay una juvenilización de la
pobreza, con un claro empeoramiento de los jóvenes emancipados. Esto puede
considerarse uno de los principales cambios estructurales en el patrón de la
pobreza en España. La larga crisis ha desencadenado que al agotamiento de los
mecanismos de protección social se sume el debilitamiento del colchón familiar. Cabe destacar que más de seis de
cada diez hogares excluidos severos no tienen actualmente ninguna prestación, a
lo que hay que sumar los problemas de aislamiento social de los sectores más
excluidos que han aumentado.
La
exclusión social también se refleja en la política. La participación política
está condicionada por la desigualdad, a mayor grado de exclusión menor
participación en las elecciones, mayor abstención. La brecha entre ciudadanos
no es solo en términos económicos sino que se traslada también al plano
político.
Si
la exclusión social es un proceso
multidimensional, las estrategias para combatirla tienen que ser mantenidas en
el tiempo y deben estar dirigidas a cada uno de los ámbitos que se han
señalado. España tiene mucho margen para mejorar, actuando tanto sobre las
causas de la exclusión con la puesta en marcha de medidas como: derogar la
reforma laboral, aumentar el salario mínimo, asegurar un empleo digno; ampliar
el parque de vivienda social y el alquiler asequible; y aumentar la inversión
en protección social. Especialmente bajo es el gasto en familias e infancia y
en la lucha contra la exclusión social. Para ello, es esencial que se priorice
siempre, como elemento vertebrador de la política social y económica, la
atención hacia aquellos sectores de la población que son más vulnerables. Sólo
de este modo será posible reducir los niveles de desigualdad y pobreza que
afectan a este país y garantizar unas condiciones de vida dignas para el
conjunto de la sociedad.
