Este 23J ¡MÓJATE Y VOTA!
Todavía estamos digiriendo y analizando los resultados de las últimas elecciones municipales y autonómicas del 28M cuando nos encontramos a las puertas de otra cita electoral: las elecciones generales del 23J convocadas por sorpresa por el presidente del gobierno al albur de los resultados municipales.
Sin hacer aquí un análisis profundo de los resultados y porqués de las pasadas elecciones, la bajada del apoyo de las opciones progresistas han supuesto una acaparación de poder municipal y autonómico en manos del PP de dimensiones importantes. En ausencia de una mayoría alternativa, en muchas de las autonomía y los ayuntamientos de las ciudades más importantes se ha propiciado una alianza, ya no velada, entre PP y Vox, con la consiguiente entrada del partido de ultraderecha o de sus medidas en sus gobiernos. En Andalucía, el PP se ha convertido en el regidor de todas las capitales de provincia y otras ciudades importantes, arrebatando también la mayoría de las diputaciones.
En este contexto, desde acciónenred Andalucía consideramos fundamental fomentar una apuesta decidida por los derechos humanos, así como la lucha por la profundización de nuestra democracia, sus valores, mecanismos y procedimientos. Más aún en el caso de esta próxima cita electoral, puesto que el modelo regresivo propuesto por PP y Vox amenaza los avances sociales conseguidos en los últimos años, aun no consolidados, y acercaría a España a los postulados más reaccionarios en Europa, espoleados por el auge ultraderechista.
Las próximas elecciones generales del 23 de julio no son unas elecciones cualesquiera. En acciónenred Andalucía nunca hemos creído que el miedo o aversión a la ultra derecha deba ser el motor principal que guie nuestras acciones sociales y políticas, y que una actitud propositiva y realista, pensar en lo que podemos hacer, es una mejor receta para animar al cambio. Sin embargo, esto no debe cegarnos a las evidencias, por vía de los hechos, que apuntan al gran efecto negativo que un cambio a la derecha en nuestro país puede traer para la ciudadanía y la sociedad a corto, medio y largo plazo. Traemos apuntes de 3 asuntos que ocupan la mayoría de nuestra acción social y creemos que son de vital importancia:
- Igualdad y diversidad. Con sus peros y fallos, el movimiento feminista y las políticas de igualdad y diversidad en España en los últimos años han sido referentes mundiales y han andado un camino apoyado por una gran mayoría social. Pero ningún derecho o avance está garantizado de por vida. En la totalidad de acuerdos llevados a cabo hasta ahora por VOX y PP para gobernar ayuntamientos y autonomías se han introducido medidas que cuestionan las políticas de igualdad, negacionistas de la violencia sexista y contra las leyes LGTBI.
- Inmigración. La gran cruzada de la ultraderecha en Europa es establecer la inmigración como la causante de todos los problemas. Los bulos y políticas intolerantes impulsadas por estos partidos impiden la consideración de políticas más solidarias y humanitarias y del fenómeno migratorio como consecuente a nuestras sociedades.
- Cambio climático. La ultraderecha en España y Europa se está definiendo cada vez más como negacionista del cambio climático. En los acuerdos de gobierno con el PP, deliberadamente VOX está pidiendo responsabilidades en medioambiente, medio rural o transporte urbano con la declarada intención de revertir las medidas frente al cambio climático y de movilidad sostenible e impulsar en cambio la caza, el uso indiscriminado del territorio y el uso del coche. Lo que es aún peor, el PP ha propuesto como medida de gobierno el freno al apoyo de las energías renovables e incremento de las nucleares, algo que va en contra de toda la política europea y las recomendaciones científicas y económicas. Las políticas propuestas por la derecha en torno al cambio climático suponen un retroceso con consecuencias difíciles de prever.
La participación en estas elecciones es crucial y es uno de los elementos más controvertidos, por la fecha en la que están convocadas las elecciones, el 23 de julio, en pleno periodo vacacional para muchos. Desde acciónenred Andalucía queremos animar a la participación masiva en estas elecciones, y a hacerlo por las políticas que mejoran la vida de las personas y promueven una sociedad más justa, más igualitaria, más sostenible y democrática. Animamos a reflexionar sobre la utilidad de nuestro voto en estas circunstancias y coyuntura mundial tan particular. Incluso si crees que el sistema político o electoral que tenemos no es el adecuado (y ciertamente es muy mejorable) y desearías cambiarlo, piensa en opciones desde las que ese cambio sería más posible. Nosotros no somos partidarios del “cuanto peor, mejor”, más bien del “cuanto mejor, mejor”.
Por último, aunque ciertamente mejorables y algo tímidas en algunos aspectos, las medidas llevadas a cabo por el gobierno de coalición en los últimos 4 años han tenido mucho de positivas y han permitido avances sociales importantes (Reforma Laboral, subida del salario mínimo y de las pensiones, aprobación del Ingreso Mínimo Vital, avances en derechos civiles y en favor de la igualdad y la diversidad) . Frente al discurso trumpista que intenta revertir en forma de revancha cualquier medida adoptada por el gobierno actual y el discurso triunfalista también esgrimido a veces, nosotros abogamos por una consolidación y avance de las medidas más positivas adoptadas y por valentía imaginativa para desarrollar políticas que hagan frente a los retos sociales con los que nos enfrentamos, como son la desigualdad y el cambio climático.
Por todo ello, desde acciónenred Andalucía queremos animar a la participación masiva en estas elecciones, y a hacerlo por las políticas que mejoran la vida de las personas y promueven una sociedad más justa, más igualitaria, más sostenible y democrática. Así que este verano MÓJATE. Vota convivencia, vota sanidad pública, vota comunidad, vota educación, vota cultura, vota libertad, … ¡TU VOTO IMPORTA!
EDITORIAL: El voto de la población migrante, el gran olvidado
En estas elecciones municipales de mayo será la cuarta ocasión que tendrán algunos ciudadanos no comunitarios desde el inicio de la democracia española para poder votar. La primera vez que lo pudieron hacer fue en 2011. Desde entonces, pueden ejercer el sufragio activo (sólo pueden votar), no así el pasivo (no son elegibles).
Desde entonces, la participación en las elecciones de estos colectivos es muy minoritaria, muy por debajo de la de las personas con nacionalidad española. También el interés que esta cuestión despierta en la sociedad ha ido decayendo. En este sentido, es pertinente hacer una reflexión al respecto para identificar cuáles son las causas y, sobre todo, las consecuencias de mantener al margen de los mecanismos democráticos a una parte tan significativa de nuestra población.
Es importante destacar que para poder hacer uso de este derecho se deben de cumplir tres requisitos. El primero y más importante es que sólo podrán optar a este derecho quienes sean nacionales de un país con el que España haya firmado un convenio o tratado de reciprocidad en materia de voto municipal, de manera que los españoles residentes en ese país tengan, también, el derecho de sufragio activo. El segundo, en importancia, es que tengan su tarjeta de residencia en vigor y que hayan residido legal e ininterrumpidamente en España en los últimos 5 años. En tercer lugar, deberán manifestar su voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo (condición común también para los votantes comunitarios) mediante su inscripción expresa en el Censo Electoral.
Por tanto, reciprocidad, residencia e inscripción en el censo electoral, son las tres condiciones para ejercitar este derecho.
Antes de las elecciones de mayo de 2011, el Gobierno español logró la ratificación por el Congreso de los acuerdos de reciprocidad con 12 países: Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Paraguay además de otros países con un número mucho menor de población residente en España (Noruega, Islandia, Cabo Verde) o realmente muy poco significativa (Trinidad y Tobago, Nueva Zelanda). Desde entonces, sólo se han añadido dos países más: Corea y Reino Unido, lo que da idea de lo los límites de esta vía.
En datos totales, en las elecciones de 2023 podrán participar 455.024 personas extranjeras, según el INE, de 13 países. En 2019 fueron 280.316. Esta diferencia tiene que ver con que en 2023 se ha incorporado también el Reino Unido, tras el Brexit.
Sin embargo, las cifras de participantes en las elecciones, inscritas en el censo electoral, están muy por debajo de estos números y la tendencia parece ser a la baja. Si en el 2011 se inscribieron cerca del 15% de los que podían votar, en 2015 lo hicieron un 7% y en 2019 un 6%, según un estudio del Diario.es. No sabemos de éstos cuántas acaban votando o se abstienen. Para estas elecciones, tal como están discurriendo las cosas, no es muy aventurado pronosticar que seguirá bajando en número de inscritos.
Se impone una pregunta, ¿por qué participan tan poco en las elecciones municipales los ciudadanos no comunitarios?
Lo que más limita la participación es el requisito de reciprocidad pues deja fuera a los colectivos más numerosos en España, como es la población marroquí y china, que juntas suponen cerca del 40% del total.
Además, el criterio de la reciprocidad tiene otros inconvenientes graves. Además, de ser injusto por no tratar a todos las personas por igual, genera agravios comparativos entre las diferentes nacionalidades. Es muy insuficiente desde el punto de vista democrático, pues además de excluir a los colectivos más numerosos, implica que el derecho al voto quede condicionado al lugar de nacimiento de una persona, de forma que el hecho de residir de forma estable en España no es determinante porque no da derecho a formar parte de la comunidad política.
Asimismo, el tercer requisito, la inscripción obligatoria en el Censo Electoral, acaba constituyendo otro filtro disuasorio del ejercicio al derecho a voto ya que los plazos para inscribirse están muy alejados de la campaña electoral (terminaron el 15 de enero). Un momento en el que no hay candidaturas ni ambiente electoral que pueda estimular la participación. Tampoco la falta de información de la Administración y la poca atención prestada por partidos políticos y ONGs ayuda a promover las inscripciones.
Es, por tanto, la aplicación combinada de los tres requisitos (reciprocidad, residencia previa e inscripción en el censo) lo que explica la poca participación de las personas migrantes en las elecciones municipales.
Se impone una reflexión sobre los requisitos (en especial la reciprocidad) que condicionan la participación política de esta parte de nuestra población. La reciprocidad se introdujo en la Constitución española en una época en que España era un país de emigrantes, pensando en los españoles que estaban fuera. De ahí vienen sus limitaciones. Ahora somos un país de inmigrantes y la norma muestra graves carencias para adaptarse a este nuevo contexto. Por ello, la mayoría de los estudiosos consideran la norma un obstáculo insalvable y la reforma del artículo 13. 2 de la Constitución parece la única solución posible.
Si queremos seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria y democrática es necesario situar la residencia como un requisito principal para los derechos políticos y de acceso a la ciudadanía. Es necesario situar en el debate público la importancia de esta cuestión y recuperar la relevancia que tuvo en otros momentos con campañas como “aquí vivo, aquí voto”.
EDITORIAL: Una mirada crítica con la Ley del “solo sí es sí”
El pasado mes de septiembre se aprobó con amplia mayoría parlamentaria la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del «solo sí es sí». El revuelo jurídico y político sobre las penas que se ha generado tras su entrada en vigor no debería distraernos de una reflexión pausada sobre dicha ley.
En el ámbito legislativo era necesario hacer adaptaciones no contempladas en la LO 1/2004, es decir, la Ley Integral contra la Violencia de Género (LIVG), para incluir otras formas de violencia contra las mujeres más allá del marco de la pareja, como la sexual. Por otra parte, los juicios de La Manada crearon una alarma social relacionada con la tutela judicial que motivaron fuertes movilizaciones feministas y avivaron el debate sobre la necesidad de un mayor amparo para las víctimas de violencia sexual.
En este contexto, la norma se gesta poniendo el foco en las agresiones sexuales y primando el derecho penal, a pesar de que lleve por nombre Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Durante el trámite legislativo los dos ejes centrales del debate han sido el consentimiento formulado como «solo sí es sí» y la eliminación de la distinción entre violación y abuso, unificando en un tipo único básico de «agresión sexual» con agravantes.
En primer lugar, la definición del consentimiento se ha ido modificando en el transcurso de los debates de la ley[1]. El consentimiento es un precepto ético básico en las relaciones sexuales entre personas. No parece que el cambio pueda mejorar lo establecido con anterioridad en este tipo de delitos que ya se basaban en la prestación del libre consentimiento. Desde luego, no resuelve los problemas probatorios en el ámbito penal de este tipo de agresiones pues seguirá recayendo sobre la víctima poder demostrar que ha sido una relación no consentida. Por otra parte, no conviene ignorar que los obstáculos para denunciar y para poder atender adecuadamente este problema están directamente relacionados con que el 70-80 % de agresiones sexuales se produce en el marco de la familia y el entorno cercano a la víctima. En ese sentido, la idea en el imaginario colectivo del asalto en una esquina por parte de un desconocido o de las violaciones grupales como prototipo desenfoca el problema, legitima el abuso penal en la norma y dificulta orientar los recursos hacia la realidad de la violencia sexual. En algunos sectores feministas —desde la perspectiva de ensanchar los márgenes de libertad de las personas y en particular de las mujeres a quienes se les niega capacidad de agencia, de deseo e iniciativa sexual— se han formulado también críticas a que las conductas han quedado rígidamente atrapadas en el «solo sí es sí», ignorando las muy variadas formas de expresar lo que queremos y lo que no queremos en el ámbito sexual.
En segundo lugar, la unificación en un solo tipo básico de agresión sexualque hace esta ley ha supuesto ampliar los tipos punitivos, creando el delito de acoso callejero y ampliando el de acoso genérico[2]. Esta expansión punitiva sirve para justificar el supuesto proteccionismo estatal frente a la autonomía de las mujeres. Considerar punible «cualquier» comportamiento no consentido, uniformando como delito comportamientos que van desde «un tocamiento espontáneo protagonizado por desconocido en la vía pública» (tocar el culo, por ejemplo) hasta la violación múltiple, sirve para justificar la respuesta punitiva pero no para avanzar en el tratamiento diferenciado que la diversidad de conductas y situaciones realmente existentes requiere. La consideración de que todo es delito no será lo que consiga aminorar la violencia sexual, pero sí contribuye a individualizar un problema que es social y en el que solo podremos avanzar si hacemos retroceder los avales sexistas que lo potencian y sostienen. Por ello, habría que garantizar las medidas educativas y preventivas, así como el acompañamiento y el acceso a recursos psicosociales y económicos para las víctimas de agresiones sexuales.
La ley del «solo sí es sí» contiene una parte no insignificante de medidas como las citadas, que apuntan a problemas estructurales de esta violencia: educativas, formación de operadores (jurídicos, policiales, etc.), sensibilización, recursos de reparación (que incluye al Estado, no solo al agresor), investigación, derechos para las víctimas (de información, asistencia jurídica gratuita…) y medidas psicosociales y económicas, centro de crisis de 24 h, etc. Recursos importantes pero que en su mayoría estaban ya en la LIVG cuya implementación ha sido muy deficiente a diferencia de las medidas penales. Nada hay en la actual ley que permita pensar que no correrá la misma suerte.
Por nuestra parte, pondremos empeño en que sea esta vertiente de la ley la que se implemente y, paralelamente, mantendremos una perspectiva crítica que contribuya a modificar lo más negativo de esta norma y sus posibles efectos sociales. Además de la expansión punitiva y la individualización del problema que venimos cuestionando, esta ley se basa en un ideario feminista que, a nuestro entender, refuerza los estereotipos de hombre victimario, sujeto y deseante y mujer víctima, objeto, pasiva y necesitada de tutela estatal para enfrentarse a cualquier comportamiento sexista, aunque sea de menor gravedad. Mantiene también una posición abolicionista que empuja a las trabajadoras sexuales hacia la clandestinidad y empeora las condiciones de vida de las más excluidas, por ejemplo, incluyendo en los «ilícitos de la publicidad la que promueva la prostitución».
En resumen, la ley ha desaprovechado la oportunidad para que sea realmente una ley de libertad sexual y para dar un cambio de rumbo respecto a la expansión punitiva de la LIVG. Por ejemplo, resolviendo problemas de las mujeres más excluidas como las migrantes indocumentadas, que siguen en riesgo de ser expulsadas del país tras sufrir una agresión sexual, o las trabajadoras sexuales privadas de cualquier derecho y a quienes esta ley sigue marginando, o incluyendo medidas como la mediación para los casos menos graves y priorizando y asegurando medidas tan urgentes y necesarias como la educación sexual y la implicación ciudadana.
Por todo ello, será necesario mantener una actitud crítica ante esta nueva norma que haga frente al populismo punitivo.
[1] Finalmente queda así: Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona.
[2] En el anterior CP se exigía que el acoso pudiese causar una alteración grave de la vida de la víctima. Con la actual ley bastará una alteración de cualquier tipo de su vida cotidiana.
