De Luto por las más de 900 personas muertas en el Mediterráneo

acciónenred se suma a los manifiestos "Por el fin del Genocidio Migratorio en el Mediterráneo" y "Por una solución europea urgente a la crisis humanitaria en el Mediterráneo", en respuesta a los últimos 900 muertos de esta semana y los tantos que mueren, en menor número pero igual dolor, en el mismo mar.

Manifiesto: Por el fin del Genocidio Migratorio en el Mediterráneo.

La Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, junto con múltiples organizaciones de defensa de los derechos humanos, condenamos el Genocidio Migratorio que se está produciendo en el Mar Mediterráneo y denunciamos:

Que las personas que han perdido la vida tenían diversos motivos para emprender su viaje; entre éstos, huir de conflictos políticos, bélicos y de la propia pobreza. Lejos de ser fenómenos “naturales”, están directamente relacionados con la política exterior de la Unión Europea y sus intereses comerciales.

Que la Unión Europea define a estas personas como “inmigrantes ilegales” para no tener que aceptar las implicaciones de lo que realmente son: potenciales refugiados, niños y niñas, víctimas de diversos conflictos.

Que la mayoría de las personas que se han ahogado deberían haber estado amparadas por la legislación y los tratados de protección internacionales suscritos por los países de la Unión Europea. Ante la imposibilidad de cursar cualquier tipo de solicitud, se ven obligadas a arrojarse al mar para, una vez llegadas a Europa, tratar de conseguir este reconocimiento.

Que la UE ha renunciado a su orientación más humanitaria y respetuosa con los Derechos Humanos para darle, en cambio, una orientación bélica a todo lo que tiene que ver con las migraciones. La mayor responsable de este enfoque es la Agencia Frontex. La Agencia entiende el intento de acceso de las personas como un “riesgo” (literalmente) de violación de las Fronteras. Se dedican millones de euros a sufragar tecnología militar de vigilancia y, en cambio, no se destina ninguna medida al salvamento de personas. Recordamos que la Agencia Frontex ha pasado de tener un presupuesto anual de 5 millones de euros en su origen (2004) a más de 80 millones por año en 2015. El Estado Español destinó en el último lustro casi 290 millones de euros a sellar las fronteras españolas y menos de 10 millones a la acogida de refugiados, una de las ratios más desiguales de la Unión Europea. También ha pagado 50 millones de euros a Marruecos para que construya una nueva valla de concertinas. No faltan recursos, sino voluntad política.

Que la tecnología de Frontex es capaz de localizar las embarcaciones, pero resulta absolutamente incapaz de salvar a las personas. Por prioridades políticas, se invierte el dinero en el control de personas pero no en su salvamento.

Que el Ministro de Interior, Fernández Diaz, es responsable directo de legitimar estas muertes, pues considera que salvar vidas en el Mediterráneo puede generar un efecto llamada. Es decir, según el Ministro, hay personas que hoy tienen que morir para que un posible efecto (sin una relación causal clara) sea evitado. El verdadero efecto llamada no es Salvamento Marítimo. Más bien estamos ante un efecto directo de expulsión, consecuencia de las políticas Europeas en África. Afirmaciones como las del Ministro deberían tener consecuencias legales.

Que no es tolerable aceptar que “otra embarcación se ha hundido”: hay toda una cadena de responsabilidades que han de ser investigadas, esclarecidas y, en su caso, juzgadas. Se ha de evitar que vuelva a suceder, mejorando los protocolos de salvamento.

Que es inadmisible la hipocresía del Presidente del Gobierno cuando indica que “Ya no valen las palabras, hay que actuar” en relación a las muertes del Mediterráneo. Desgraciadamente, naufragios como éste suelen servir para lanzar medidas que dotan de más medios a Frontex sin cambiar un ápice su errática concepción de las migraciones (como una amenaza y un riesgo) y su lógica bélica. En otras ocasiones, se han dado respuestas de intervención directa en los países de origen: bien condicionando sus “ayudas al desarrollo” a la colaboración en la represión de las migraciones o bien con intervenciones diplomático-militares que generan aún más desplazados. Ambas opciones suponen precarizar aún más la experiencia migratoria y aumentar los naufragios en el Mediterráneo, el mar más mortífero del mundo.

Que es necesaria la inversión en un programa europeo de salvamento marítimo acorde a la envergadura del problema, paralela a una reducción de la financiación de programas, operaciones y tecnologías que militarizan la frontera.

Que se hace necesaria la realización de un programa de identificación y memoria de las víctimas, y de repatriación de los cuerpos a sus familias.

La tragedia como género literario hace referencia a cómo los personajes son enfrentados contra el destino de los dioses con resultados de muerte o infortunio. Lo que ha ocurrido el domingo en las aguas del mediterráneo, sin embargo, está lejos de poder considerarse como tal: no son tragedias inevitables, es una responsabilidad de la Unión Europea

Por el fin de las muertes en el Mediterráneo.

Por el fin del Genocidio Migratorio #GenocidioMigratorio

POR UNA SOLUCIÓN EUROPEA URGENTE A LA CRISIS HUMANITARIA EN EL MEDITERRÁNEO

La exigencia de ayuda humanitaria inmediata y de corresponsabilidad de todos los países que forman parte de la UE para implementar medios legales y materiales que garanticen la acogida de los miles de refugiados y emigrantes que huyen de las guerras y persecuciones que asolan al sur-este mediterráneo, es unánime entre la mayor parte de las ONG y acciónenred se suma a ellas. Por eso compartimos este comunicado de Migreurop.

700 personas desaparecidas en el mediterráneo que se suman a las 400 de disparan las dimensiones de una tragedia humanitaria que no tiene límite. Ante esta situación la Unión Europea y sus Estados miembro lejos de aportar soluciones que pongan fin a este drama humano evaden su responsabilidad poniendo el acento en las mafias y los traficantes y ofreciendo como solución el refuerzo de FRONTEX cuyo objetivo no es salvar vidas humanas.

Ante la falta de vías legales y seguras de llegada, la Unión Europea no deja más opción a estas personas, muchas de las cuales huyen de conflictos y graves violaciones de derechos humanos que acudir a las mafias para llegar a las costas europeas y solicitar asilo Algunos responsables políticos de países como España han ido más allá cuestionando puesta en marcha de operaciones efectivas de rescate para evitar un supuesto “efecto llamada” obviando su obligación de salvar vidas así como el hecho de que el número de llegadas va a seguir incrementándose ante el recrudecimiento de conflictos.

MigreuropLas soluciones aportadas hasta ahora han puesto únicamente el foco en el blindaje de las fronteras, de la mano de Frontex, cuyo único resultado es, a la vista está, aumentar el número de muertes.

Al mismo tiempo, se lanza el mensaje de que la estabilización de la situación en Libia, tal vez con medios militares, acabaría con estas llegadas. Además de falso, el mensaje es claro, serían las autoridades libias quienes se encargarían de hacer de gendarmes para impedir el acceso de quienes huyen de las guerras de Siria, Eritrea, Sudán… o de quienes buscan un futuro mejor en Europa.

Plantear el debate de lo ocurrido estos días en el Mediterráneo en estos términos sitúa a Europa fuera de sus valores fundacionales de respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos y de los valores morales y éticos imprescindibles para la convivencia. Por ello, la Unión Europea debe:
- Poner en marcha de forma inmediata medidas centradas en el rescate de las personas en riesgo de naufragio así como el establecimiento de un mecanismo permanente que impida este drama.
- Actuar acorde con los principios establecidos sobre derecho de asilo dando acceso a la protección y a una acogida digna a aquellas personas merecedoras de protección internacional
- Reformar sus políticas migratorias, abriendo vías de migración legal y segura desde los países de origen. En tanto estas medidas no sean una realidad, la responsabilidad de estas muertes recaerá sobre quienes en la Unión Europea deciden unas políticas que hacen imposible el fin del drama humanitario que se vive en el Mediterráneo.


Campaña para impedir las devoluciones sumarias

Varias organizaciones de derechos humanos han iniciado una campaña de envío de cartas a los miembros de la Comisión de Interior del Parlamento para que voten en contra (o retiren en caso del grupo parlamentario popular) la enmienda con régimen especial para Ceuta y Melilla. La carta se dirige a los portavoces de cada grupo de la comisión de interior, que es donde se está tramitando la ley y cuyo debate da comienzo esta semana.

En las cartas, dirigidas a cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios, las organizaciones firmantes instan a votar en contra -o a retirarla en caso del grupo popular, promotor de la enmienda- la modificación propuesta a la normativa española de extranjería que permitiría las devoluciones sumarias desde Ceuta y Melilla, vulnerando así las normas europeas e internacionales de derechos humanos.

El pasado 22 de octubre, el grupo popular presentó una enmienda a la ley de Seguridad Ciudadana, que modificaría la ley de Extranjería y que establece que los extranjeros encontrados en la frontera de ambos enclaves serán rechazados para impedir su entrada ilegal. Esta enmienda podría dar lugar a expulsiones sumarias y colectivas de migrantes, impidiendo el acceso a un recurso efectivo. La enmienda permitiría rechazarles sin detallar cómo se llevaría a cabo la expulsión y sin establecer ninguna salvaguardia procesal. Asimismo, tanto las personas migrantes como las solicitantes de asilo se podrían ver expuestas al riesgo de ser sometidas a torturas o trato cruel en Marruecos.

Las organizaciones promotoras de esta iniciativa y firmantes de estas cartas son Human Rights Watch, Rights International Spain, Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Federación acciónenred, Federación de Asociaciones de S.O.S Racismo, Fundación Abogacía Española, Fundación PRODEIN y Red Acoge. Puedes ver la carta dirigida al grupo parlamentario popular en este enlace:

Carta_Grupo_PP_Re_gimen_Especial_LOEX


Pide a Gallardón que no declare expulsable al 12% de la población

Desde la ONG acciónenred de Andalucía os animamos a que participéis en la campaña que hemos iniciado contra el proyecto de reforma del Código Penal que quiere aprobar el gobierno del P.P y auspiciada por el Ministro Gallardón. Difunde por favor entre tus contactos para conseguir el máximo número de firmas.

FIRMA AQUÍ

Accede al documento explicativo que hemos elaborado, pinchando en el enlace de abajo:

Documento-campaña.CódigoPenal

El proyecto de Reforma del Código Penal que ha presentado el ministro Gallardón contempla la expulsión de los extranjeros en situación regular condenados por delitos menos graves.

El artículo 88 del proyecto establece que “las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español”.

Si finalmente sale adelante esta desafortunada propuesta una persona inmigrante inserta en la sociedad española y con autorización para residir y trabajar puede ser expulsada por apropiarse de cartas o correos electrónicos de otra (delitos contra la intimidad), apoderarse sin violencia ni intimidación de bienes superiores a 1.000 euros (nuevo delito de hurto en el proyecto), calumniar a alguien o menudear con drogas, hechos que, sin dejar de ser legal o moralmente reprochables, no revisten una gravedad o generan un daño social compatible y proporcionado con los efectos aflictivos que la medida de expulsión ocasiona.

Incluso la propuesta de reforma abre la posibilidad de la expulsión cuando el hecho delictivo se comete sin que la persona extranjera haya tenido la verdadera intención de delinquir o de causar un mal a otra, pues el anteproyecto no limita esta medida a los “delitos dolosos”, sino también a los cometidos por imprudencia o negligencia del autor. Esta punibilidad extraordinaria por razón de nacionalidad, puede llevar a la situación de que un nacional y un extranjero regular, que hayan participado y sido condenados por la comisión de un mismo delito, obtengan un resultado tan diferenciado como es la puesta en libertad del español (por suspensión de la pena de prisión) y la expulsión, con prohibición de entrada de hasta 10 años y extinción de su autorización de residencia, del inmigrante.

Se prevé la posibilidad de que cumpla parte de la pena y después se proceda a la expulsión, por lo que la persona extranjera está sometida en este caso a una doble penalidad, pues una vez cumplida la parte de pena que se le ha impuesto discrecionalmente (que puede ser la totalidad si es superior a cinco años de prisión), se ejecutará una “segunda pena” en forma de expulsión y prohibición de entrada. Se renuncia además, a la reinserción social de la persona que delinque, que es constitucionalmente la finalidad del código penal según nuestra constitución.

Por último frustra los procesos de Integración, en cuanto considera expulsables casi a un 12% de la población, nos presenta a los inmigrantes como un cuerpo ajeno a nuestra sociedad, prescindible cuando no son instrumentalmente necesarios. Desprecia el grado de incrustación de esta población en nuestra sociedad, su aportación a la misma y el grado de esfuerzo que éstos realizan para conseguir su inserción social. La expulsión de extranjeros residentes por las mismas penas por las que un nacional sería puesto en libertad, además de profundamente injusta, tiene terribles consecuencias sobre estos procesos de integración, no sólo de la persona directamente afectada, sino también de sus familias.

¡POR TODO ELLO FIRMA LA PETICIÓN!