El pasado noviembre se cumplió el 30 aniversario de la sonada aparición del primer cadáver de un inmigrante que trataba de llegar a la costa española. Desde entonces, ya no es noticia la desaparición de miles las personas en el Mediterráneo, la frontera más mortífera del mundo. Desde enero de 2018, al menos 2.500 personas se han ahogado en este mar. Ante esta trágica situación, queremos señalar 6 cuestiones clave que en los últimos meses están incrementando la inhumanidad de la política migratoria en la frontera de nuestro país y de Europa:
– Salvamento Marítimo, ciego y a la deriva.
Salvamento Marítimo, ente público encargado de la seguridad marítima en aguas españolas, rescató a casi 50.000 migrantes de 2.338 pateras en 2018. Sin embargo sus aviones tienen los radares averiados desde hace más de cinco meses, una herramienta necesaria para encontrar las embarcaciones que piden auxilio. El Gobierno no muestra voluntad de equiparlo eficazmente ni de mantener su condición de empresa civil y pública. Simultáneamente a este recorte de inversión y abandono en tecnología de uso humanitario, empresas privadas como las francesas Safran, Thales y Airbus, la italiana Finmeccanica o la española Indra, están haciendo su agosto con contratos multimillonarios para suministrar equipos y tecnología de vigilancia de fronteras. Curiosamente, como informa el Trasnational Institute, son estas mismas empresas las que suministran armamento a los países en guerra de los que huyen las personas migrantes que llegan a nuestras costas.
– Apagón informativo sobre los rescates, que nadie se entere.
Hasta hace poco, Salvamento Marítimo ofrecía a diario detallada información sobre los rescates realizados y las cifras de migrantes salvados a través de las redes sociales o de comunicados a la prensa. Pero un giro en su estrategia de comunicación ha hecho desaparecer esta información. La opacidad se impone. Dejar de publicar los únicos datos oficiales de los que se dispone sobre muertes y rescates responde a una directriz interesada de ocultamiento de una realidad incómoda, considerada electoralmente perniciosa.
– Devoluciones, en «caliente» y en «mojado».
Mientras mantiene la práctica de las devoluciones «en caliente», a pesar de haber sido condenado por ello por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Gobierno se encuentra en proceso de negociación con Marruecos para que Salvamento Marítimo traslade directamente a sus puertos las embarcaciones que sean rescatadas más cerca de las costas marroquíes que de las españolas. Estas devoluciones colectivas «en mojado» también contravienen la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Y sin embargo el Gobierno avanza con su plan. Por lo pronto ya ha embarcado Guardias Civiles en el barco «Clara Campoamor» de Salvamento Marítimo, un preludio de lo que seguramente venga después.
– Barcos de rescate, amarrados a puerto.
Es conocida la reciente decisión del Gobierno de no permitir que los barcos ‘Aita Mari’ y ‘Open Arms’ realicen labores humanitarias de rescate de migrantes en el Mediterráneo. Esta actitud está en consonancia con la de los Gobiernos europeos que ejercen también una presión inusitada sobre organizaciones que realizan misiones de búsqueda y rescate para salvar vidas en el Mediterráneo. Varios estados miembros de la UE han impedido el desembarco de personas rescatadas. Esto vulnera de forma vergonzosa los derechos humanos de las personas que necesitan auxilio en el mar y el convenio internacional sobre derecho del mar. Este convenio obliga, a los países firmantes, a llevar a las personas en peligro rescatadas en el mar a un lugar seguro donde se les pueda ofrecer protección. Esto, sin embargo, no parece importar ni a Europa ni al gobierno español: mientras el año pasado eran cinco las organizaciones europeas que realizan operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo, hoy no hay más que una.
– Concertinas, pongámoslas un poco más allá.
El Gobierno de España se comprometió a retirar las concertinas de Ceuta y Melilla durante el primer trimestre de este año, las mismas que ordenó instalar Zapatero en 2005. Pero lo cierto es que se trata más de una cuestión cosmética que de preocupación por los daños que producen a las personas migrantes: se retirarán las concertinas pero subirán la valla cuatro metros más y, sobre todo, Marruecos ya ha comenzado a instalar en su lado un nuevo vallado coronado por concertinas, financiado con…, dinero de nuestra Unión Europea.
– Ser activista humanitario en la frontera, un delito.
Los activistas humanitarios que luchan por la supervivencia de los migrantes en el mar son criminalizados. Se les lanzan acusaciones de connivencia con las redes de traficantes de personas. Son acusaciones estigmatizadoras que, a pesar de la falta de fundamento, van calando en la población. Casi 50 activistas han sido procesados bajo leyes de inmigración o contra el tráfico de personas en los últimos dos años. La peor consecuencia de este demoledor acoso es el temor a ser perseguidos y condenados, que les lleva a limitar o cesar su actividad humanitaria.
Europa y España no pueden seguir poniendo el control migratorio por encima de la defensa de los derechos humanos en nuestras fronteras. No pueden seguir dando alas al discurso del odio hacia las personas migrantes. Hay que seguir manteniendo un servicio público de rescate de calidad, dotado suficientemente. La población tiene derecho a saber qué está sucediendo en nuestras fronteras, en el mar que baña nuestras costas. No se pueden mantener retenidos los barcos de rescate, imprescindibles para salvar vidas. Ni España ni Europa deben pactar con países que no son seguros, que hacen el trabajo sucio contra los emigrantes, mientras España y Europa se maquillan con un discurso de defensa de los derechos humanos. Salvar vidas no es un delito. Por eso, los candidatos y las candidatas a las múltiples convocatorias electorales que se avecinan deberían incluir de forma prioritaria este tema en sus discursos y sus programas. Las políticas migratorias actualmente en vigor ensombrecen la imagen de Europa y España como referentes de democracia, libertad, igualdad y defensa de los derechos humanos.
ENTIDADES SOCIALES QUE FIRMAN EL ARTÍCULO
Acciónenred de Andalucía, Alianza por la Solidaridad, Asoc. AKIBA, Asoc. Dar Al Anwar, Asoc. EDICOMA, Asoc. Granadina Verdad, Justicia y Reparación, Asoc. para la Igualdad y la Solidaridad, Asoc. Primero Vivienda Granada, Asoc. Pro Derechos Humanos de Andalucía, Asoc. Venezolanos Amigos del Mundo, Asoc. Andaluza por la Solidaridad y la Paz, Centro Socio Cultural Zaidín, Comunidades Cristianas Populares de Granada y Andalucía, Consejo Municipal de las Migraciones del Ayuntamiento de Granada, Coordinadora Granadina de ONGDS, Entreculturas Granada, Federación Andalucía Acoge, Fundación Centro Persona y Justicia, Fundación Vivienda Digna, Granada Acoge, Jaén Acoge, Málaga Acoge, Ojos del Sur, Oxfam-Intermón Granada, Plataforma Zona Norte, PSICABIS, Red Granadina por el Refugio y la Acogida, Semillas de Esperanza, Senderos de Maíz.
SINDICATOS Y PARTIDOS QUE APOYAN
C.C.O.O Granada, Izquierda Unida, Podemos Granada y U.G.T.