10D "Con los derechos no se juega"
Hoy, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, desde acciónenred Andalucía queremos expresar
nuestra preocupación por el retroceso que se está produciendo en Europa en el
respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, de manera
particular, en materia de migración y asilo.
En estas últimas semanas, hemos asistido a una serie de acontecimientos,
tanto a nivel europeo como español, que evidencian una intolerable falta de
respeto con los derechos de las personas migrantes y refugiadas. El nuevo Pacto
sobre Migración y Asilo de la Comisión Europea, las devoluciones en caliente, que siguen siendo ilegales pues no se están llevando a
cabo con las debidas garantías procedimentales que exige el Tribunal
Constitucional, así como la lamentable acogida que se ha ofrecido a
miles de personas migrantes en Canarias, son hechos que suponen un grave
atropello a las garantías que deben proteger a estas personas.
Este año, la ONU vincula el aniversario a los efectos de la
pandemia y especialmente a las consecuencias que tiene sobre los países más
pobres, que va a suponer un salto atrás en los avances que se estaban
produciendo para combatir la pobreza a nivel mundial. En nuestro país los
sectores que se van a empobrecer como efecto de la pandemia son muchos pero,
sin duda, uno de los colectivos más afectados será la población inmigrante por
su situación especialmente precaria en el mercado de trabajo y, en
general, por su vulnerabilidad social, así como las personas refugiadas. Otro
de los efectos del aumento de la pobreza provocado por la COVID -19, es el
incremento de los flujos migratorios. La llegada de migrantes a Canarias en
estos meses es un ejemplo de ello, aunque no sea el único factor
explicativo.
A nadie se le escapa que la actuación de los gobiernos europeos
en materia migratoria está demasiadas veces orientada por criterios que
responden a un juego político, de equilibrio y de equilibristas, para
satisfacer los deseos de los países más contrarios a acoger a personas
migrantes y refugiadas y que ya tiene un largo recorrido en el seno de la UE,
condicionando las políticas migratorias y usando los derechos humanos como moneda de cambio. Una
situación que está imposibilitando una política común e integral en materia de
migraciones y asilo basada en el cumplimiento de los derechos humanos y que
garantice la responsabilidad compartida y la solidaridad entre los países de la
Unión Europea en la gestión de los flujos migratorios.
Las políticas europeas para gestionar estos flujos no pueden
estar condicionadas, de manera casi exclusiva, por el fortalecimiento de las
fronteras exteriores que tienen como objetivo evitar que lleguen a Europa
inmigrantes y refugiados, aunque ello suponga acostumbrarnos a ver como mueren
cada día cientos de personas en el Mediterráneo y, en los casos en los que
estas personas consiguen llegar a nuestras costas, poner en marcha una serie de
mecanismos para expulsarlos. La externalización de las fronteras, las políticas
de devolución y retorno y los mecanismos de control en fronteras, están guiadas
con demasiada frecuencia por criterios que no respetan los Derechos Humanos.
Asimismo, los países del Sur tampoco podemos convertirnos en
los guardianes de las fronteras europeas. La política seguida por el Gobierno
de España en Canarias, bloqueando el traslado a la península de los
inmigrantes, se explica por las presiones europeas que quieren evitar que estas
personas puedan llegar a sus territorios, aunque ello suponga un trato denigrante y contrario a los valores
europeos y españoles, convirtiendo a Canarias en una nueva “Moria”.
Por todo ello, exigimos el blindaje de los derechos humanos en el seno de la Unión Europea y su obligado cumplimiento por parte de todos los Estados miembros. Con los derechos humanos no se juega, no se negocia, son un imperativo legal y moral de nuestras sociedades.
VÍDEO: https://youtu.be/tihhrGVhfIY
DOSSIER: http://www.accionenred-andalucia.org/dosier-derechos-humanos-y-migraciones/
Editorial: Europa traiciona sus valores: solidaridad y derechos humanos
Las políticas que sigue la UE con los movimientos migratorios son una de las expresiones más importantes del desconcierto que vive Europa, pues traiciona lo que son algunos de sus valores fundadores como la solidaridad y la defensa de los derechos humanos.
Aunque la reforma en profundidad de las políticas migratorias y del sistema de asilo está sobre la mesa, de manera urgente tras la llamada “crisis de los refugia- dos”, todo parece indicar que no se avanzará por la profunda división que hay entre los países europeos.
Mientras tanto, la UE sigue tomando medidas encaminadas a frenar la llegada de migrantes y refugiados. Para ello, sigue un enfoque de emergencia y seguridad, centrado en proteger el territorio y las fronteras (SIVE, Frontex y construcción de muros y vallas), combatir la inmigración irregular (expulsión y retorno) e impedir que las personas refugiadas lleguen a nuestras fronteras (acuerdo con Turquía y Libia).
La externalización de nuestras fronteras a través de acuerdo con terceros países, que en su mayoría son países que no respetan los derechos humanos, se está convirtiendo en el pilar fundamental de Europa en materia de inmigración/refugio. Se externaliza así el derecho al asilo y se va construyendo una “Europa fortaleza”. Los acuerdos de readmisión, los centros de detención y los vergonzosos acuerdos con Turquía y de Italia con Libia, respaldados por la Unión Europea, son ejemplos de esta externalización.
Además, la Unión Europea utiliza la financiación de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) para controlar los flujos migratorios, desvirtuando el sentido de estos fondos.
Las consecuencias de estas políticas nos sitúan en una caída peligrosa hacia “la banalización del mal” en Europa, provocan un mayor riesgo para los refugiados e inmigrantes y dan más juego a los traficantes y sus negocios.
A estas alturas ya nadie duda que la escalada de muertes y desapariciones en el Mediterráneo, en los últimos años, representa uno de los mayores desastres humanitarios en la historia de la Unión Europea. De acuerdo con los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Mediterráneo se ha convertido en la región con mayor número de personas desaparecidas a nivel mundial (65% de todas las muertes en rutas marítimas en 2016).
Aunque las llegadas a través del Mediterráneo están disminuyendo, las muertes siguen aumentando porque las vías de acceso son cada vez más peligrosas. Los datos muestran que desde 2015 la tasa de mortalidad de migrantes y refugiados ha aumentado significativamente hasta alcanzar alrededor de 35 muertes/desapariciones por cada 1.000 llegadas en 2017. En lo que llevamos de 2018, lejos de disminuir, parece que la tendencia va al alza.
Como advierte la ONU, las muertes seguirán aumentando por el hostigamiento de algunos gobiernos a las ONGs y personas que se dedican a salvar a migrantes y refugiados de una muerte casi segura en el Mediterráneo, acusándoles de trata y tráfico de personas (Médicos sin Fronteras, Proactiva Open Arms, Proem-Aid, Helena Maleno…). Esta persecución se repite por toda Europa. Casos como el de la ONG alemana Jugend Retter, el del cura eritreo Mussei Zerai o el del francés Cédric Herrou condenado a una multa y meses de prisión por ayudar a cruzar la frontera entre Francia e Italia se suman a la lista de investigados o condenados.
La situación en España no es mejor, ni en relación a los refugiados ni al control de sus fronteras. La frontera sur española es actualmente la tercera vía de entrada a Europa de personas migrantes y refugiadas por el mar Mediterráneo (después de Grecia e Italia). El número de llegadas por vía marítima se ha triplicado durante 2017, siendo un año récord.
La situación de Ceuta y Melilla es especialmente grave, los CETI están por encima de su capacidad de acogida, a los solicitantes de asilo se les restringe ilegalmente la libertad de circulación y el sistema de identificación de MENA y víctimas de tratas es totalmente ineficaz. Desde que en 1990 se construyera las primeras vallas fronterizas, en Ceuta y Melilla, no han parado de reforzarse, la instalación de concertinas es un ejemplo. Hay una práctica sistemática de devoluciones en “caliente”, que son ilegales y violan el derecho de asilo. En este sentido, el pasado día 3 de octubre de 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, condenó a España por las devoluciones en caliente a Marruecos de dos personas en la valla de Melilla sin ser identificadas.
Numerosas ONGs han denunciado que la Unión Europea y España no han cumplido sus compromisos de acogida de refugiados después de dos años de la entrada en vigor del acuerdo entre Bruselas y Turquía para abordar la crisis migratoria. Si la UE apenas ha logrado acoger una de cada cuatro personas a las que se comprometió, España entre reubicadas y reasentadas apenas supera el 11% de cumplimiento de estos acuerdos (1.983 de 17.000).
Durante el año 2017, los veintiocho Estados de la Unión Europea concedieron protección a más de 538.000 personas, de las que solo 4.700 llegaron a nuestro país, el 0,9%. Un tercio provenían de Siria. Ello significa que el Gobierno concedió en 2017 protección internacional a un 40% menos de solicitantes de asilo que en 2016. España rechazó dos de cada tres solicitudes de asilo en 2017, según CEAR.
Además el sistema de acogida español recibe a las personas refugiadas pero no las integra y al final del proceso de acompañamiento quedan a su suerte con problemas económicos graves, falta de trabajo y dificultad para acceder a una vivienda.
Esta descoordinación en la acogida, como han denunciado las ONGs y ACNUR, se extiende también: a la recepción de pateras (las instalaciones portuarias y lugares en que permanecen detenidas estas personas no reúnen las condiciones adecuadas, se dificulta la identificación de las mujeres que podrían ser víctimas de trata…); a los CIES (como la situación vivida con el encierro de inmigrantes argelinos en la cárcel de Archidona); y a los MENA a los que no se aplica el Protocolo Marco de Menores Extranjeros no Acompañados (no siempre se hacen entrevistas ni las exploraciones físicas).
No podemos dejar de celebrar las medidas tomadas por el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, como son la acogida del Aquarius, las declaraciones del ministro del Interior de retirar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla o el cierre del CIE de Canarias. También, nos parece muy positivo que se haya incorporado la palabra “inmigración” al ministerio de Trabajo, Inmigración y Seguridad Social. Compartimos la ilusión y la esperanza de tantas personas en que el nuevo gobierno pueda iniciar una nueva época.
Confiamos en que la llegada de este gobierno sea una ocasión extraordinaria para, de manera inmediata, poner fin a algunas de las medidas que más atentan contra los derechos humanos y tratar de acabar con la descoordinación que existe en el sistema de acogida.
Cumplir con las cuotas de reubicación y reasentados de refugiados comprometidas por España con la UE; establecer vías seguras de solicitud de asilo a través de las embajadas, visados humanitarios; acabar con las llamadas devoluciones en caliente; cerrar los CIES y, mientras tanto, reformarlos para que se respeten los derechos humanos; restablecer la tarjeta sanitaria para los inmigrantes irregulares; adoptar un Plan de Acción a nivel Estatal para dar respuesta adecuada al incremento de llegadas de personas a las costas españolas y que ponga fin a la descoordinación, elaboración del Reglamento de desarrollo de la Ley de asilo, volver a retomar el Fondo de Integración de Inmigrantes… son algunas de las medidas que se podrían empezar a tomar y muchas ONGs y especialistas estamos de acuerdo en que el nuevo gobierno debería trabajar por ellas.
24 de junio de 2018
