Jornadas de reflexión en defensa de la sanidad pública

Desde la Mesa de Trabajo en Defensa de la Sanidad Pública, un conjunto de profesionales de la salud, colectivos sociales y ciudadanos preocupados ante el desmantelamiento progresivo del sistema sanitario público en nuestro país, tenemos como objetivo prioritario convertirnos en un foco de información, debate y denuncia de los factores que, tras la aplicación del Real Decreto 16/2012 de reforma del sistema nacional de salud, pudieran afectar al acceso de la población a una sanidad de calidad, pública y universal.

Para lograr nuestro fin, hemos organizado las I Jornadas de Reflexión por la Defensa de la Sanidad Pública, en las que se partirá de una visión global de la sanidad como derecho fundamental y se hablará de la sanidad pública vs sanidad privada, para luego centrarnos en la situación que se vive en nuestra ciudad, Granada, y finalmente ver las alternativas a la privatización que propone la sociedad civil.

Os invitamos a todos y a todas a participar en este espacio, a aprender, expresar vuestras opiniones y debatir.

Las jornadas tendrán lugar el SÁBADO 16 DE MARZO en el SALÓN DE ACTOS del HOSPITAL DE REHABILITACIÓN Y TRAUMATOLOGÍA de Granada.

¡Os esperamos a todos y a todas!

 

Para más información sobre la mesa, podéis visitar nuestro blog: http://mdspgranada.blogspot.com.es/ o escribirnos a la siguiente dirección de correo electrónico:mdspgranada@gmail.com

Miembros de la Mesa de Trabajo en Defensa de la Sanidad Pública

AA.VV del Zaidín, AA.VV. del Bajo Albaicín, Acciónenred, ADF Asociación de Disminuidos/as Físicos, APDHA: Asociación pro-derechos humanos de Andalucía, Asociación de Madres y Padres de la Escuela Infantil Arlequín, Asociación de padres y madres del CEIP Gómez Moreno, Asociación Mujeres en acción del Zaidín, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, ASPA Asociación Andaluza por la Paz y la Solidaridad, ASPAYM Asociación de Parapléjicos/as y Grandes Discapacitado/as – Granada, EQUO, El Llano acoge, FACUA Asociación de Consumidores en Acción de Granada, FEGRADI Federación Granadina de personas con discapacidad. Agrupa a 38 asociaciones de usuarios con diferentes patologías (Parkinson, Espondilitis, relacionadas con la coagulación, Ictus, Lupus, Hemofilia, Fibromialgia, Enfermedades renales, musculares, Fibrosis quística…) y con diferente grado de discapacidad, Granada acoge, Granada Laica, Grupo de Salud 15-M, IFMSA, IUCA, Médicos del Mundo, Médicos mundi, NOS, Plataforma contra la crisis, Sindicato de Sanidad de CC.OO, Sindicato de Sanidad de UGT, Surgente-Granada

 


sanidad privada versus sanidad pública. Cineforum y fiesta solidaria.

Organiza: mesa de trabajo en defensa de la sanidad pública de Granada.

A las 20,30 Cineforum: Proyección de vídeos activistas y documentales realizados contra la reforma sanitaria y los procesos de privatización de la sanidad pública.

Y después, ¡Fiesta Solidaria!

Más información en:

http://mdspgranada.blogspot.com.es/


UN PASO EN LA DEFENSA DE UNA SANIDAD PÚBLICA, UNIVERSAL Y EQUITATIVA.

La reciente resolución de Tribunal Constitucional acordando el levantamiento de la suspensión del decreto del Gobierno Vasco, en lo referente al reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria pública a los y las extranjeras en situación irregular, la hemos de considerar de especial interés tanto por sus efectos a corto plazo (pues posibilita el acceso al sistema de salud pública a personas especialmente vulnerables a las que la reforma sanitaria había excluido), como por la tendencia a garantizar el Derecho a la Salud como Derecho Fundamental que contiene su argumentación jurídica. Pese a consistir sólo en la eliminación de una medida cautelar, derivada del conflicto de competencias que el Gobierno de Rajoy planteó frente el decreto que regula las prestaciones sanitarias en Euskadi, supone un verdadero toque de atención al ejecutivo y un cuestionamiento de fondo de una reforma sanitaria dirigida a desdibujar el carácter solidario y equitativo de nuestro sistema de salud pública.

Como es sabido, la normativa estatal niega la tarjeta sanitaria a los inmigrantes adultos sin autorización de residencia a partir de septiembre del 2012, admitiendo sólo que reciban asistencia sanitaria de urgencias en caso de enfermedad grave o accidente, reconociéndoles únicamente cobertura sanitaria a los menores de edad en situación irregular y a las inmigrantes embarazadas para proseguir con la gestación. Frente a esta nueva regulación, criticada tanto por el ángulo legal como por ser éticamente rechazable desde muy distintos sectores sociales y profesionales, algunas comunidades autónomas como la andaluza o la catalana se han mostrado dispuestas a mantener el carácter universal de la asistencia sanitaria, reconociendo con mayor o menor extensión las prestaciones sanitarias a los extranjeros y extranjeras “sin papeles” y presentando recursos de inconstitucionalidad contra la reforma.

En el caso del Gobierno Vasco, la exclusión sanitaria de los inmigrantes en situación irregular se intentó sortear mediante un decreto que reconocía la tarjeta sanitaria a este colectivo siempre que acreditase un año de empadronamiento en la comunidad autónoma (anteriormente sólo se pedían tres meses) y además impedía la aplicación del nuevo copago farmacéutico en esa autonomía. El mencionado decreto fue recurrido por el Gobierno Central ante el Tribunal Constitucional y es ahora cuando este alto tribunal, sin entrar en el fondo de la cuestión, reconoce que frente a los argumentos de un eventual ahorro económico, esgrimidos por el Gobierno Central, ha de prevalecer tanto el derecho a la salud y a la integridad física de la persona individual, sea inmigrante irregular o no, como la prevención del riesgos que para la salud del conjunto de la sociedad supone la segregación sanitaria de un colectivo tan amplio y vulnerable. Además en la fundamentación del Tribunal Constitucional se puede vislumbrar uno de los argumentos que desde los sectores más críticos con la reforma se ha formulado, el de que la derivación a los servicios de urgencias de estos enfermos excluidos va a ser económicamente mucho más costosa que la atención primaria. Así el Constitucional manifiesta literalmente que “la Abogacía del Estado no concreta esos perjuicios [económicos de la atención a los extranjeros irregulares], seguramente porque ello no sea posible, entre otras razones, al poder darse la eventualidad de que se produzca sencillamente una transferencia de gasto desde la atención primaria a la atención de urgencias”.

Desde acciónenred –Andalucía no podemos más que felicitarnos tanto por esta decisión del Tribunal Constitucional, como también por la que levanta la suspensión cautelar de la subasta de medicamentos con la que la Junta de Andalucía pretende abaratar el gasto farmacéutico (medida contraria a los intereses de las grandes farmacéuticas y también recurrida por el Gobierno), y esperamos que sea el preludio de futuras resoluciones en las que se reconozca el derecho a una sanidad pública, universal y equitativa como derecho humano consustancial a la dignidad del individuo, que no puede ser violentado por las medidas injustas, inhumanas y fuertemente ideologizadas del gobierno de turno.