EDITORIAL: 500.000 firmas para 500.000 personas esenciales

En este año 2022 se ha impulsado la campaña #Esenciales para presentar una Iniciativa Legislativa Popular que permita llevar al Congreso de los Diputados la regularización de las personas que se encuentran en situación administrativa irregular en nuestro país. El objetivo de esta ILP es conseguir una regularización general y extraordinaria que afectaría a 500.000 personas migrantes, para lo que se requiere de 500.000 firmas de apoyo.

La existencia de medio millón de migrantes que viven en la ilegalidad en España es una situación que ningún Estado de derecho debería admitir. La irregularidad en la que se encuentran estas personas es perjudicial para toda la sociedad. En primer lugar, para quienes sufren esta realidad ya que se ven obligadas a vivir sin derechos, lo que les condena a una situación de marginalidad e indefensión que ninguna sociedad democrática debe tolerar. En segundo lugar, perdemos la sociedad en su conjunto, privándonos  de la aportaciones de todo tipo (económicas, fiscales, …) que realizarían estas personas si no se encontraran despojados de sus derechos. Además, estas personas no son tenidas en cuenta a la hora de planificar los servicios públicos y sus necesidades porque quedan fuera del radar de las instituciones, como ha evidenciado la emergencia epidemiológica sanitaria que vivimos actualmente  con graves consecuencias para todos.     

Las situaciones de irregularidad que se producen están relacionadas con causas diversas. Una de las más importantes tiene que ver con las necesidades de mano de obra de la economía informal, es decir, mano de obra precaria y flexible que encuentra en la inmigración irregular una de las ofertas más atractivas. En nuestro caso, se suma la existencia de un mercado de trabajo irregular donde la persona recién llegada puede trabajar sin permiso en la agricultura, principalmente los hombres, y en el servicio doméstico, las mujeres, mientras esperan poder regularizar su situación. A ello, se añaden también unas vías de acceso regular muy restrictivas y con condiciones muy difíciles de cumplir. 

Hay dos falsos mitos asociados a la irregularidad de las personas migrantes que necesitamos desmontar. Uno de ellos es la creencia de que la mayor parte entra en patera, cuando  la inmensa mayoría lo hacen por Barajas y en condiciones de legalidad, con un visado de turista . Y otro, que las regularizaciones conllevan un efecto llamada, lo que ya se ha evidenciado como falso ya que los procesos de regularización que se han impulsado no han supuesto un aumento de la llegada de más migrantes. Es más bien el mercado el que actúa intensificando o debilitando los flujos migratorios. 

Por otro lado, la pandemia ha puesto de manifiesto una doble situación injusta y contradictoria entre sí para la población migrante. A la vez que se les ha marginado de todas las medidas de protección, su trabajo ha sido esencial para que la vida de los demás continúe. Es decir, por un lado, la pandemia ha dejado al descubierto situaciones que habían sido invisibilizadas, mostrando que estas personas están en desventaja y con mayor vulnerabilidad con respecto al resto de la sociedad, tanto por verse delegada la cobertura de las vacunas y ayudas sociales, como por la incidencia que la pandemia ha tenido en el aumento de la irregularidad sobrevenida, especialmente en los casos de solicitantes de protección internacional que ven denegadas sus solicitudes.  Y, por otro lado, se ha demostrado que estas personas son esenciales  para el mantenimiento de sectores imprescindibles como el del cuidado de personas mayores, dependientes, agricultura… Seguramente este sea un elemento que explica por qué más del 70% de la ciudadanía ve bien un proceso de regularización extraordinaria. 

Hacer regularizaciones no es algo que contravenga ninguna normativa legal ni en  España (se han hecho 6 procesos de regularizaciones) ni en  Europa (43 programas de regularización entre 1996 y 2008). Sin embargo, la regularización que se plantea en esta ocasión es singular por dos razones. Una, por el contexto, la pandemia ha mostrado lo imprescindibles que han sido en los momentos más duros y lo siguen siendo en la actualidad y es de justicia reconocerlo a través de este mecanismo legal y, otra, porque proviene del mundo de las ONGs y asociaciones de migrantes con amplio respaldo del mundo asociativo. Es la primera vez que se propone una ILP para que se lleve a cabo una regularización extraordinaria. Ello supone un esfuerzo importante para las asociaciones implicadas (más de 600) tanto para la recogida de firmas, 500.000,  como para llevar el debate a la sociedad y hacer llegar la necesidad de esta regularización. 

Por todo ello, desde acciónenred Andalucía nos hemos sumado de forma activa a esta iniciativa y hemos habilitado nuestros locales de Sevilla (C/ Curtidurias 15) y de Granada (C/ Enriqueta Lozano 7 bajo) como puntos fijos para la recogida de firmas. Porque son muchas las razones para apoyar esta ILP, acércate y apoya con tu firma.

WEB ESENCIALES: https://esenciales.info/


Editorial: Europa traiciona sus valores: solidaridad y derechos humanos

Las políticas que sigue la UE con los movimientos migratorios son una de las expresiones más importantes del desconcierto que vive Europa, pues traiciona lo que son algunos de sus valores fundadores como la solidaridad y la defensa de los derechos humanos.

Aunque la reforma en profundidad de las políticas migratorias y del sistema de asilo está sobre la mesa, de manera urgente tras la llamada “crisis de los refugia- dos”, todo parece indicar que no se avanzará por la profunda división que hay entre los países europeos.

Mientras tanto, la UE sigue tomando medidas encaminadas a frenar la llegada de migrantes y refugiados. Para ello, sigue un enfoque de emergencia y seguridad, centrado en proteger el territorio y las fronteras (SIVE, Frontex y construcción de muros y vallas), combatir la inmigración irregular (expulsión y retorno) e impedir que las personas refugiadas lleguen a nuestras fronteras (acuerdo con Turquía y Libia).

La externalización de nuestras fronteras a través de acuerdo con terceros países, que en su mayoría son países que no respetan los derechos humanos, se está convirtiendo en el pilar fundamental de Europa en materia de inmigración/refugio. Se externaliza así el derecho al asilo y se va construyendo una “Europa fortaleza”. Los acuerdos de readmisión, los centros de  detención y los  vergonzosos acuerdos con Turquía y de Italia con Libia, respaldados por la Unión Europea, son ejemplos de esta externalización.

Además, la Unión Europea utiliza la financiación de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) para controlar los flujos migratorios, desvirtuando el sentido de estos fondos.

Las consecuencias de estas políticas nos sitúan en una caída peligrosa hacia “la banalización del mal” en Europa, provocan un mayor riesgo para los refugiados e inmigrantes y dan más juego a los traficantes y sus negocios.

A estas alturas ya nadie duda que la escalada de muertes y desapariciones en el Mediterráneo, en los últimos años, representa uno de los mayores desastres humanitarios en la historia de la Unión Europea. De acuerdo con los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Mediterráneo se ha convertido en la región con mayor número de personas desaparecidas a nivel mundial (65% de todas las muertes en rutas marítimas en 2016).

Aunque las llegadas a través del Mediterráneo están disminuyendo, las muertes siguen aumentando porque las vías de acceso son cada vez más peligrosas. Los datos muestran que desde 2015 la tasa de mortalidad de migrantes y refugiados ha aumentado significativamente hasta alcanzar alrededor de 35 muertes/desapariciones por cada 1.000 llegadas en 2017. En lo que llevamos de 2018, lejos de disminuir, parece que la tendencia va al alza.

Como advierte la ONU, las muertes seguirán aumentando por el hostigamiento de algunos gobiernos a las ONGs y personas que se dedican a salvar a migrantes y refugiados de una muerte casi segura en el Mediterráneo, acusándoles de trata y tráfico de personas (Médicos sin Fronteras, Proactiva Open Arms, Proem-Aid, Helena Maleno…). Esta persecución se repite por toda Europa. Casos como el de la ONG alemana Jugend Retter, el del cura eritreo Mussei Zerai o el del francés Cédric Herrou condenado a una multa y meses de prisión por ayudar a cruzar la frontera entre Francia e Italia se suman a la lista de investigados o condenados.

La situación en España no es mejor, ni en relación a los refugiados ni al control de sus fronteras.  La frontera sur española es actualmente la tercera vía de entrada a Europa de personas migrantes y refugiadas por el mar Mediterráneo (después de Grecia e Italia). El número de llegadas por vía marítima se ha triplicado durante 2017, siendo un año récord.

La situación de Ceuta y Melilla es especialmente grave, los CETI están por encima de su capacidad de acogida, a los solicitantes de asilo se les restringe ilegalmente la libertad de circulación y el sistema de identificación de MENA y víctimas de tratas es totalmente ineficaz. Desde que en 1990 se construyera las primeras vallas fronterizas, en Ceuta y Melilla, no han parado de reforzarse, la instalación de concertinas es un ejemplo. Hay una práctica sistemática de devoluciones en “caliente”, que son ilegales y violan el derecho de asilo. En este sentido, el pasado día 3 de octubre de 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, condenó a España por las devoluciones en caliente a Marruecos de dos personas en la valla de Melilla sin ser identificadas.

Numerosas ONGs han denunciado que la Unión Europea y España no han cumplido sus compromisos de acogida de refugiados después de dos años de la entrada en vigor del acuerdo entre Bruselas y Turquía para abordar la crisis migratoria. Si la UE apenas ha logrado acoger una de cada cuatro personas a las que se comprometió, España entre reubicadas y reasentadas apenas supera el 11% de cumplimiento de estos acuerdos (1.983 de 17.000).

Durante el año 2017, los veintiocho Estados de la Unión Europea concedieron protección a más de 538.000 personas, de las que solo 4.700 llegaron a nuestro país, el 0,9%.  Un tercio provenían de Siria. Ello significa que el Gobierno concedió en 2017 protección internacional a un 40% menos de solicitantes de asilo que en 2016. España rechazó dos de cada tres solicitudes de asilo en 2017, según CEAR.

Además el sistema de acogida español recibe a las personas refugiadas pero no las integra y al final del proceso de acompañamiento quedan a su suerte con problemas económicos graves, falta de trabajo y dificultad para acceder a una vivienda.

Esta descoordinación en la acogida, como han denunciado las ONGs y ACNUR,  se extiende también: a la recepción de pateras (las instalaciones portuarias y lugares en que permanecen detenidas estas personas no reúnen las condiciones adecuadas, se dificulta la identificación de las mujeres que podrían ser víctimas de trata…); a los CIES (como la situación vivida con el encierro de inmigrantes argelinos en la cárcel de Archidona); y a los MENA a los que no se aplica el Protocolo Marco de Menores Extranjeros no Acompañados (no siempre se hacen entrevistas ni las exploraciones físicas).

No podemos dejar de celebrar las medidas tomadas por el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, como son la acogida del Aquarius, las declaraciones del ministro del Interior de retirar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla o el cierre del CIE de Canarias. También, nos parece muy positivo que se haya incorporado la palabra “inmigración” al ministerio de Trabajo, Inmigración y Seguridad Social. Compartimos la ilusión y la esperanza de tantas personas en que el nuevo gobierno pueda iniciar una nueva época.

Confiamos en que la llegada de este gobierno sea una ocasión extraordinaria para, de manera inmediata, poner fin a algunas de las medidas que más atentan contra los derechos humanos y tratar de acabar con la descoordinación que existe en el sistema de acogida.

Cumplir con las cuotas de reubicación y reasentados de refugiados comprometidas por España con la UE; establecer vías seguras de solicitud de asilo a través de las embajadas, visados humanitarios; acabar con las llamadas devoluciones en caliente; cerrar los CIES y, mientras tanto, reformarlos para que se respeten los derechos humanos; restablecer la tarjeta sanitaria para los inmigrantes irregulares; adoptar un Plan de Acción a nivel Estatal para dar respuesta adecuada al incremento de llegadas de personas a las costas españolas y que ponga fin a la descoordinación, elaboración del Reglamento de desarrollo de la Ley de asilo, volver a retomar el Fondo de Integración de Inmigrantes… son algunas de las medidas que se podrían empezar a tomar y muchas ONGs y especialistas estamos de acuerdo en que el nuevo gobierno debería trabajar por ellas.

24 de junio de 2018


Editorial: ¡A por todas!

Lanzamos nuestro segundo boletín aún embriagadas por la magnitud que ha tenido la huelga feminista del 8 de marzo.

Desde acciónenred Andalucía nos hemos esforzado intensamente por contribuir al éxito de lo que ha sido una jornada de movilizaciones feministas sin precedentes.  Nos hemos implicado en los espacios donde se han vertebrado los preparativos de las movilizaciones, hemos lanzado una campaña de difusión propia  bajo el lema ¡A por todas! para fundamentar las razones que nos llamaban a la huelga y hemos desarrollado actividades de sensibilización para promover las movilizaciones.

Es todo un honor para las mujeres y hombres de nuestro colectivo  haber formado parte de esta gran marea violeta. Ni tan siquiera quienes olíamos su proyección, podíamos imaginar sus dimensiones.

Ahora, tras la resaca de este 8 de marzo, se hace necesario detenernos a reflexionar sobre los antecedentes y las claves de su alcance, la fisionomía de este fenómeno, los contenidos expresados y los retos a los que nos enfrentamos.

A lo largo de los últimos años, veníamos observando signos llamativos de cómo se estaba articulando y expresando el movimiento feminista en nuestro entorno y en el ámbito internacional. Las encuestas sobre valores eran contundentes en el caso español, particularmente en las generaciones más jóvenes. Más allá de estas mentalidades antisexistas, la sociedad civil con  el movimiento  feminista en cabeza, venía expresándose de manera multitudinaria: contra la reforma del derecho al  aborto de Gallardón, en el 7-N de 2015 contra las violencias machistas, “las manadas feministas” para apoyar a la víctima de la violación de Sanfermines o en los paros y movilizaciones el pasado 8 M de 2017. Unas movilizaciones, por otra parte, que no son ajenas a la impronta  que ha dejado en nuestra sociedad el 15-M.

Sin embargo, es evidente que estos hitos, las resonancias del #Metoo, la implicación de los medios de comunicación en la convocatoria, el apoyo de sectores y mujeres relevantes en el escenario público, el refuerzo por parte de un amplío espectro de partidos, sindicatos o entidades de la izquierda social, han sido claves pero no pueden agotar la explicación de las dimensiones que en España han tenido las movilizaciones feministas. Convendría, por tanto, estudiar con  mayor detenimiento los antecedentes y la propia historia del movimiento feminista en nuestro país  para comprender cómo hemos llegado hasta aquí.

Algunos elementos de la convocatoria han ayudado también a su impacto social: El hecho de apuntar a un horizonte más amplío de reivindicaciones que sintoniza especialmente con las generaciones más jóvenes, que encuentran un cauce de expresión para su descontento; una orientación que ha desbordado igualmente la agenda institucional, focalizada en la violencia y en la paridad; la propia definición de la huelga, no circunscrita a la esfera laboral sino centrada también en cuidados, estudiantil y de consumo; el notable activismo en las redes sociales, o la pluralidad de expresiones de protesta que se ofrecían bajo la denominación de “huelga”, han podido funcionar como elementos eficaces para la movilización.

En este sentido, la transversalidad del movimiento de la que da cuenta esta pluralidad generacional, el arraigo demostrado tanto en los entornos urbanos como en los rurales y, por supuesto, el gran impacto que ha tenido en el conjunto del país, nos brinda oportunidades excepcionales de intervención socio-políticas. Es necesario que las demandas expresadas encuentren una traducción real en la agenda política y se articulen cauces de expresión e intervención sociales adecuados para este amplío espectro social. Por su parte, las estructuras organizativas feministas se deben reconfigurar para dar cabida a los nuevos espacios que vienen emergiendo y para visibilizar la pluralidad del feminismo. Hay que seguir trazando hojas de ruta que transiten por la necesaria autotransformación de los individuos pero también por cambiar las mentalidades y estructuras sociales, políticas y económicas. Y, obviamente, este nuevo escenario nos da impulso para seguir defendiendo y fortaleciendo las exigencias emancipatorias que entraña ensanchar los márgenes de libertad y de igualdad para todas las personas.

Por todo ello, y por todo lo que está por venir, desde acciónenred Andalucía insistimos:

Ganando en igualdad, gana toda la sociedad. Así que… ¡a por todas!

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