Los presupuestos andaluces confirman el retroceso en políticas sociales acordado por las tres derechas




18-julio-2019

Los presupuestos aprobados por el Parlamento de Andalucía ayer suponen la confirmación de una grave estocada a los derechos y libertades conquistados a lo largo de los últimos 40 años de democracia en Andalucía.

Desde accionenred Andalucía consideramos que la aprobación de los actuales presupuestos implican la ratificación de las medidas contenidas en el “Acuerdo para avanzar hacia una nueva política presupuestaria en Andalucía 2019-2020”, firmado entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, el pasado 13 de junio. Medidas que suponen una severa erosión de los principios democráticos que guían nuestra sociedad. En particular, las que hacen referencia a la igualdad de género, a las personas migrantes y las que se relacionan con memoria histórica, son expresión de una ideología muy conservadora que, de hacerse efectivas, contribuirían a deteriorar nuestra vida y nuestra convivencia.

1.- Retroceso en políticas de igualdad

Observamos con preocupación varias de las medidas pactadas entre los tres partidos de derechas por su incidencia en las políticas de igualdad, orientadas claramente a provocar un retroceso en avances sociales que estaban asentándose en nuestra sociedad.Lo anterior puede constatarse en la medida número 2 de dicho pacto, que pretende modificar la nomenclatura de las políticas de igualdad excluyendo la noción de “transversalidad de género”. Esta propuesta está claramente inserta en un movimiento conservador y reaccionario que pretende convertir una categoría analítica (la noción de “género”) en una mera opción ideológica. Lo relevante de la categoría de “género” es que  hace referencia a los comportamientos y significados culturales adjudicados como roles antagónicos y jerarquizados, ocupando las mujeres una posición subalterna. Adoptar esta perspectiva de género es esencial para identificar y poder erradicar las diferentes manifestaciones de discriminación, exclusión y violencia que padecen las mujeres y todas aquellas personas que no se someten a los roles de género impuestos.

La propuesta de PP, C´s y VOX pretende ignorar esta realidad, enmascarando lo que es su opción ideológica que impide seguir afianzando la igualdad y la libertad entre mujeres y hombres y entre todas las personas.

La medida número 9, versa sobre la creación de un teléfono de atención a las víctimas de lo que denomina “violencia intrafamiliar”. Sin duda debe ser bienvenido todo aquello que suponga ampliar los recursos de atención a una de las violencias más comunes, las que se producen en el ámbito intrafamiliar, y en todas las direcciones –de padres y madres a hijos e hijas, entre hermanos, de hijos o hijas hacia sus progenitores, de mujeres a hombres,  hacia las personas mayores o dependientes-. Ahora bien, esto puede ser positivo siempre y cuando se trate de un recurso más y no persiga sustituir los actuales teléfonos de atención para casos de violencia de género. Como se ha razonado anteriormente, la violencia sexista  por sus especificidades (causas, contexto social de desigual,  etc) precisa de una atención especializada, con perspectiva de género. Las declaraciones desde el PP, C,s y particularmente de VOX negando la existencia de estas especificidades nos hacen temer que de lo que están hablando es de sustituir un recurso por otro. 

En el mismo sentido que las anteriores, se plantea la medida número 10, denominada “Atención a las mujeres embarazadas con dificultades” dirigida a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo. Básicamente esta medida lo que persigue es  “asesorar” a las mujeres que deciden abortar sobre posibles alternativas.  Pero  la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo ya regula la entrega obligatoria de información sobre los recursos existentes por lo que si se tratase de informar de ellos, este servicio es innecesario.  Una vez más, se pone en evidencia que el objetivo es una intromisión intolerable en la vida de las mujeres, que pretende limitar su libertad y su derecho a decidir.

Si de verdad lo que preocupa es la natalidad, hay que atender a las familias que tienen hijos e hijas y cuentan con dificultades o están en situación de pobreza,  a aquellas que quieren ser madres y no pueden por falta de recursos, colectivos de cuya situación da cuenta el VIII Informe FOESSA (2019)  o el estudio de Save the Children “Mas solas que nunca” (2015).

El problema de las mujeres que deciden abortar forzadas por las circunstancias, no está en la información, sino en la inexistencia de alternativas reales. Sin embargo, las medidas no se orientan a combatir la pobreza infantil, a apoyar a las familias, en particular, las monomarentales, que son las que están en peor situación, o a posibilitar que puedan ser madres el elevado volumen de mujeres que por falta de condiciones no pueden, como se evidencia en todas las estadísticas.

La experiencia práctica en comunidades como la de Madrid son una muestra de cómo este recurso en manos de asociaciones anti-aborto, sin controles públicos y con amparo institucional, es utilizado para culpabilizar y entrometerse en las decisiones de las mujeres.

En el apartado “Plan de infraestructuras de Centros de Atención a la Dependencia”, se habla de “reformar, adaptar y mejorar las infraestructuras” pero no de ampliar  y diversificar los recursos humanos y públicos existentes, absolutamente insuficientes. La atención a este problema es urgente y necesaria para garantizar una vida digna de las personas dependientes y aliviar la sobrecarga de muchos cuidadores, en su mayoría mujeres.

2.- Retroceso en el respeto a los derechos humanos a través de la política migratoria

El apartado 4, dedicado a las medidas con incidencia presupuestaria en los ejercicios 2019-2020, se plantea una propuesta de convenio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de migración irregular que se formula como: 

“Tramitación de una propuesta de convenio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante el cual se proceda al apoyo económico y de gestión de la administración de la Junta de Andalucía para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de inmigración irregular, de forma que se cree un órgano de coordinación en dicha Secretaría General para tal objetivo, y permita mejorar la coordinación con el resto de Consejerías y entidades de la Junta de Andalucía en las materias y objetivos que se desarrollen en el Convenio”.

Este acuerdo da carta blanca a algunos de los objetivos que planteaba VOX en su documento del 8 de enero  de 2019 (apartado 5, “Medidas contra la inmigración ilegal”) de exigencias para apoyar un Gobierno de PP y Cs en Andalucía. Es decir, se trata de colaborar con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados y terminar con el por ellos denominado “efecto llamada”, suprimiendo las ayudas a los inmigrantes en situación irregular administrativa. Este último objetivo se concreta además en detraer 600.000 euros de la partida destinada a las asociaciones relacionados con la promoción e inserción de personas inmigrantes y destinarlo a “edificios y construcciones judiciales”.

Más allá de la legalidad  y viabilidad de este acuerdo (ya que no es competencia de la Junta de Andalucía),lo que sí está consiguiendo VOX es marcar la agenda política del gobierno andaluz en aquellos temas que son el centro de su campaña. Es una victoria política de VOX. Es decir, una victoria del racismo del que hace gala la extrema derecha.

Frente al proyecto ideológico reaccionario de las tres derechas está la realidad. El fenómeno de la inmigración irregular en Andalucía es muy reducido, suponiendo menos de un 0,5% de la población andaluza. Sin embargo, este acuerdo lo sitúa como si fuera uno de los problemas principales de Andalucía. Con ello contribuyen a criminalizar la inmigración y usarlo como chivo expiatorio de nuestros males, sin fundamento alguno.

De este modo, en vez de fomentar los mejores valores sobre los que construir nuestra sociedad como son la solidaridad, convivencia, respeto por los DDHH…lo que hacen es fomentar el odio, la desconfianza, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno y  la violación de principios basados en los derechos humanos reconocidos internacionalmente.

3.-Retroceso en las políticas de memoria histórica.

La dimensión profundamente ideológica, en un sentido retrógrado y conservador, puede observarse también en las medidas propuestas para una revisión de las políticas de Memoria, así como en una iniciativa ideada para embellecer el pasado colonial de nuestro país.

Así, en la medida número 14, dedicada a cuestiones de Memoria Democrática, no sólo se pone bajo sospecha a las asociaciones memorialistas y su importante labor en busca de la verdad, la reparación y la justicia de las familias represaliadas durante la dictadura franquista, sino que se pretende restringir la capacidad de dichas asociaciones para realizar su labor reduciendo las subvenciones que reciben, incumpliendo con ello los compromisos adquiridos con las mismas por parte de la Junta de Andalucía.

Con respecto al pasado colonial español, referido a la conquista y colonización de América, se pretende, a través de la medida 31 (llamada “Programa 1492: un nuevo mundo”) blanquear el triste legado de dominación realizado por la Corona española en territorios americanos. Si bien es cierto que puede hablarse de una “Leyenda Negra” sobre el período, no es menos cierto que circunscribirlo todo a una mera “empresa innovadora y colonizadora”, cargada de “hazañas” científico-técnicas,  lanza una vergonzante cortina de humo sobre los muy perjudiciales efectos que la dominación española produjo sobre los pueblos indígenas americanos que cayeron bajo su yugo. Ensalzar la historia imperial española no es el mejor modo de engrandecer la historia de nuestro país, sino volver a épocas pasadas donde se justificaban actos lesivos con los derechos humanos bajo el paraguas de una supuesta labor “civilizadora” que ahonda sus raíces en lo peor de la historia de la dominación de unos pueblos por otros. Con ello se profundiza en el racismo, el etnocentrismo y la falta de respeto y consideración por sociedades y culturas que fueron sometidas a indignos procesos de sometimiento, esclavitud y explotación.

Las medidas regresivas no se agotan aquí y no está vinculadas tan sólo a los pactos con la ultraderecha. A modo de ilustración destacamos por ejemplo otras iniciativas impulsadas por el actual Gobierno andaluz como: “el apoyo a miembros de comunidades andaluzas en zonas con problemas en materia de inmersión lingüística” que contribuye a alimentar los esencialismos identitarios y el enfrentamiento en la cuestión lingüística catalana. En cuestiones medioambientales es especialmente llamativa la supresión de la actual Consejería de Medio Ambiente y su inclusión  en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible que relega el valor de la cuestión ambiental. En estos momentos en los que se plantean nuevos problemas energéticos, donde la extinción de especies está en su momento más álgido, donde la explotación del agua en el entorno de Doñana está en su peor momento y donde el cambio climático es el mayor reto al que se enfrenta la humanidad en los próximos años, parece necesaria una Consejería de Medio Ambiente consistente y con más recursos propios.

En definitiva, aunque no conocemos con detalle cómo incidirá en las políticas públicas que se implementen,  medidas que auguran retrocesos preocupantes en materia de igualdad, memoria e inmigración, entre otras cuestiones.

El retroceso democrático se percibe, además, en la desconfianza que destila hacia las organizaciones de la sociedad civil dedicadas al avance de la cultura de la solidaridad, la atención a las personas más vulnerables y la extensión de una cultura cívica. Estas medidas suponen sin lugar a dudas un proyecto ideológico profundamentereaccionario que busca imponer el propio criterio sin respetar la pluralidad de nuestras sociedades ni nuestros valores democráticos.

Desde acciónenred Andalucía insistimos en la necesidad de seguir reforzando un tejido social resistente y cohesionado que ponga freno al atropello de nuestros derechos y libertades y apueste por sociedades más solidarias, integradoras y tolerantes donde este tipo de políticas no tengan cabida.

acciónenred Andalucía, julio 2019

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