EDITORIAL: Exclusión y desigualdad en España. Urgencia social contra la pobreza




26-julio-2019

En España la pobreza se hereda.  Cuanto mayor es la desigualdad menos movilidad social hay y menor es la igualdad de oportunidades. La OCDE estima que cualquier español que nazca en una familia con bajos ingresos tardará cuatro generaciones, 120 años, en conseguir un nivel de renta medio. No sólo somos el cuarto país más desigual de la UE, sino que, tras Bulgaria, somos el segundo país europeo en el que la distancia entre ricos y personas empobrecidas ha aumentado más. Tras la crisis y a pesar de la recuperación, la sociedad se polariza a costa de un adelgazamiento de las clases medias.

La exclusión social en España es un fenómeno estructural, aumenta en las épocas de recesión y no se recupera suficientemente en las épocas de bonanza. Tras diez años del inicio de la crisis y pasado lo peor, conviven una cierta mejoría de una parte importante de la población más afectada por la crisis (49%) con un recrudecimiento de la situación de las personas más débiles. La recuperación está siendo asimétrica, no llega a los hogares que peor están, hay un empeoramiento de las personas más vulnerables. La exclusión social severa se cronifica.

Según el VIII informe Foessa, en 2018 hay más de 4 millones de personas que sufren exclusión severa (8% de la población), lo que supone un 44% más que en 2007. Dos de cada diez personas en exclusión severa es población extracomunitaria. El perfil que definía y define la exclusión severa se caracteriza por algunas de estas dimensiones: baja cualificación, hogares encabezados por mujeres o pertenencia a minorías.

En la Encuesta de Condiciones de Vida de 2018, la tasa AROPE (población en riesgo de pobreza o exclusión social) afecta al 26,1% de la población residente en España, frente al 26,6% registrado en 2017. En Andalucía la tasa AROPE se sitúa en el 38,2%. .

Por nacionalidad, el porcentaje de personas por debajo del umbral de riesgo de pobreza o exclusión social es del 23,1% para los españoles, del 47,7% para los extranjeros de la UE y del 56,0% para las personas extracomunitaria. La población extracomunitaria está sobrerrepresentada en los espacios de la exclusión severa y moderada, mientras que se encuentra infrarrepresentada en la integración plena.

La edad, junto con el género, son factores determinantes del mayor riesgo de exclusión social. Casi un tercio de los menores y jóvenes, y de mujeres entre 16 y 30 años, se encuentran en riesgo de pobreza. Según Save the Children, la tasa de pobreza que afecta a la población infantil es mayor que la que afecta a cualquier otro grupo de edad en España, afecta a un 26,8% de los menores en España, 2,1 millones de niños y niñas. La incidencia de la pobreza infantil es prácticamente el triple en los hogares de origen inmigrante que en los hogares de origen no inmigrante.  

Los hogares sustentados por mujeres (hogares monoparentales y mujeres solas en su mayoría), están especialmente sobrerrepresentados en la exclusión social. Un 42,9 % de las familias monoparentales en España están en riesgo de pobreza, y es- tas familias están mayoritariamente encabezadas por una mujer sola. Entre ellas, destaca por su gravedad la situación de familias jóvenes con menores, tener hijos es un importante factor de riesgo de pobreza. La tasa de exclusión social severa de los hogares monoparentales ha continuado en ascenso, hasta llegar al 14,4% en 2018.

Por otro lado, el 30% de las personas con discapacidad se encuentran en situación de exclusión social.

La exclusión social es consecuencia de los procesos desigualdad que se consolidan. La desigualdad ya no se ciñe a la dimensión monetaria sino que es multidimensional (mercado de trabajo, vivienda, salud, educación, desigualdad de género …) y permite explicar la diferente incidencia de la exclusión social.

Entre las causas de la exclusión y la desigualdad, en la actualidad,  destaca la mala calidad del empleo (temporales, precarios, salarios bajos…), más allá del desempleo, que ha disminuido. La mayor parte de la población excluida tiene empleos “normalizados” (restauración, servicio doméstico o limpieza). Sin embargo, el 14% de las personas que trabajan no pueden vivir de su sueldo. Son los trabajadores pobres.

En segundo lugar, los problemas de acceso y mantenimiento de la vivienda que sigue afectando al 11% de la población española (en 2018 se produjeron más de 37.000 desahucios y el precio del alquiler ha aumentado un 30%).

En tercer lugar, hay que sumar la desigual incidencia de las políticas redistributivas (más favorables en los mayores y en menor medida en la gente joven) y el insuficiente resultado de las transferencias sociales para disminuir la pobreza, que están infradotadas.

El nivel educativo también se ha mostrado en este tiempo como un factor protector frente a la exclusión, aunque se está debilitando. Los jóvenes con estudios superiores tienen en el último trimestre de 2018 una tasa de paro 12 puntos menor que los que poseen estudios secundarios y 19 puntos menor que los que cursaron niveles inferiores. A mayor nivel educativo, menores son las tasas de exclusión social y, en particular, de exclusión social severa.

Es fácil deducir de las causas de la exclusión que hay una juvenilización de la pobreza, con un claro empeoramiento de los jóvenes emancipados. Esto puede considerarse uno de los principales cambios estructurales en el patrón de la pobreza en España. La larga crisis ha desencadenado que al agotamiento de los mecanismos de protección social se sume el debilitamiento del colchón familiar. Cabe destacar que más de seis de cada diez hogares excluidos severos no tienen actualmente ninguna prestación, a lo que hay que sumar los problemas de aislamiento social de los sectores más excluidos que han aumentado.

La exclusión social también se refleja en la política. La participación política está condicionada por la desigualdad, a mayor grado de exclusión menor participación en las elecciones, mayor abstención. La brecha entre ciudadanos no es solo en términos económicos sino que se traslada también al plano político.

Si la exclusión social es un proceso multidimensional, las estrategias para combatirla tienen que ser mantenidas en el tiempo y deben estar dirigidas a cada uno de los ámbitos que se han señalado. España tiene mucho margen para mejorar, actuando tanto sobre las causas de la exclusión con la puesta en marcha de medidas como: derogar la reforma laboral, aumentar el salario mínimo, asegurar un empleo digno; ampliar el parque de vivienda social y el alquiler asequible; y aumentar la inversión en protección social. Especialmente bajo es el gasto en familias e infancia y en la lucha contra la exclusión social. Para ello, es esencial que se priorice siempre, como elemento vertebrador de la política social y económica, la atención hacia aquellos sectores de la población que son más vulnerables. Sólo de este modo será posible reducir los niveles de desigualdad y pobreza que afectan a este país y garantizar unas condiciones de vida dignas para el conjunto de la sociedad.

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