Búsqueda del bien común frente a los efectos de la pandemia




06 julio 20

Hace más de tres meses del inicio del confinamiento. En este tiempo han pasado demasiadas cosas. Desde la llamada “gripe española” no se producía una pandemia con esta intensidad y extensión, originando una crisis sanitaria difícil de olvidar. La pandemia ha parado el mundo, está teniendo un elevado impacto y está generando una crisis económica cuyos efectos aún hoy son difíciles de calcular en cuanto a gravedad y que anuncia una crisis social en términos de desempleo, pobreza y bienestar.

España ha sido uno de los países europeos más afectado por el coronavirus, tanto por el número de personas fallecidas e infectadas como por el colapso sanitario. Las heridas, angustias y miedos generados por lo vivido serán difícil de sanar, sobre todo para las personas que han perdido a sus seres queridos sin poder despedirse de ellos y para el personal sanitario, al que nunca acabaremos de reconocer su valía y descomunal esfuerzo. Igualmente, hay que reconocer el comportamiento ejemplar de la mayoría de la ciudadanía, así como las múltiples iniciativas de solidaridad.

Al final del desconfinamiento, y pasado lo peor de la pandemia, podemos mirar atrás y analizar lo ocurrido con el propósito de extraer algunas enseñanzas, entre otras razones, para prepararnos mejor ante una posible segunda oleada del virus. Podemos decir que todos los gobiernos reaccionaron más o menos tarde, seguramente debido a lo inédito de la situación, a pesar de las advertencias científicas sobre este riesgo. Es probable que muchas de las decisiones improvisadas, cortoplacistas y, en algunos casos, erróneas tengan que ver con la falta de conocimiento sobre cómo proceder ante el virus, la dificultad de trasladar las evidencias científicas del momento a decisiones políticas y la debilidad de nuestro sistema sanitario, resultado de unos años de intenso recorte de las inversiones en salud. A esto habría que añadir las carencias detectadas en nuestro sistema autonómico, como la falta de coordinación en la toma de decisiones, que están detrás de algunas de las críticas al gobierno por parte de los responsables de las CCAA. A pesar de ello, aceptar que hay países que han estado mejor preparados que otros para combatir la pandemia y que la han gestionado mejor formaría parte de un debate razonable en el espacio público, que serviría para revisar lo que hemos hecho y mejorarlo.

Sin embargo, esta mirada retrospectiva no puede obviar que la situación obligaba al gobierno a tomar decisiones complejas en las que era difícil compatibilizar las diferentes perspectivas sobre un mismo asunto, las distintas consideraciones contradictorias en muchos casos, los intereses encontrados… y que, en la mayoría de los casos, las decisiones en entornos de complejidad son trágicas (asunto de la UCI/respiradores, dilema entre salud y economía…). No obstante, todo ello no exime de la obligación de tratar de acertar con lo que es mejor en cada caso. La exigencia de responsabilidades ha de tener siempre en cuenta estas tensiones y quienes deciden tienen la responsabilidad de mejorar los procedimientos de la decisión.

Casi desde el principio, la derecha y extrema derecha han puesto en marcha un tipo de crítica que sólo buscaba la polarización y el rédito político. En sus críticas al gobierno, se han guiado por dos principios ajenos a tratar de buscar soluciones frente a la pandemia: uno, la supuesta ilegitimidad de este gobierno, que vienen planteando desde el mismo momento de su formación, y otro, una crítica cuyo objetivo es buscar culpables de lo que está ocurriendo, como si la pandemia fuera un castigo y no una enfermedad. La estrategia de la derecha responde al objetivo de desgastar y trasformar la crisis sanitaria, primero, y económica, después, en una crisis política que acabe con el gobierno y le obligue a convocar elecciones al no poder aprobar los presupuestos. Descalificar en bloque la gestión del gobierno es su obsesión. Esta táctica se va haciendo cada vez más insoportable y cuenta con la complicidad de determinados sectores de la judicatura y de la Guardia Civil, por no nombrar a determinados medios de comunicación. Paradójicamente, el ruido va creciendo a la par que el PP pierde aliados.

Desde muy pronto, la derecha ha intentado trasladar a la ciudadanía este discurso para que desconfíen de lo que hace el gobierno. Para que los miedos, incertidumbres y malestares se transformen en indignación contra el gobierno. Ha intentado desde el inicio que la polarización política se traduzca en polarización social. En vez de fomentar la cooperación ha buscado el enfrentamiento y la división. Es verdad que los insultos, el linchamiento social y la manipulación relacionada con las restricciones de determinados derechos derivadas del estado de alarma no son del agrado de una mayoría social. Sin embargo, en situaciones de incertidumbre y caos, los bulos y las fake news pueden fomentar esas actitudes y la polarización al servicio de posiciones poco democráticas.

Toca ahora, tras la destrucción provocada por el coronavirus, reconstruir. A diferencia de lo que ocurrió en 2008, tanto Europa como el gobierno español han tomado medidas para paliar los efectos inmediatos: ERTE, IMV, ayudas a autónomos y empresas, al alquiler, a las hipotecas, pagos de luz… forman parte del catálogo de iniciativas para que “nadie quede atrás” y que los daños económicos se contengan. El papel de la UE es determinante en este sentido, porque sin su ayuda no podemos salir bien de esta situación. Por ello, la envergadura de los fondos librados (más de tres billones de euros), con los cambios políticos en la UE que esto implica, es una buena y esperanzadora noticia.

Todos los pronósticos y todos los índices apuntan que la crisis socioeconómica será muy intensa en España, mayor que en el promedio de la zona euro. Los responsables políticos tienen la ineludible obligación de abordar nuestros problemas estructurales, que la pandemia ha acentuado. Entre estos problemas destacan los relacionados con la desigualdad, la conciliación, los problemas del mercado de trabajo, nuestra debilidad industrial y excesiva dependencia del turismo… además del problema de la corrupción y las necesarias reformas institucionales.

Nos sumamos a otras muchas voces que piden que recuperación económica, justicia social y transición ecológica vayan de la mano. Como dice el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans: «Sería un gran error invertir dinero en la economía del siglo XX, porque se perderá dentro de cinco o diez años. Si no hay sostenibilidad ambiental no hay sostenibilidad económica o social”. Darnos sentido como sociedad y abrirnos a nuevos futuros de crecimiento sostenible y equidad debería ser el objetivo.

Por todo ello, es fundamental un gran acuerdo para la reconstrucción entre todos los actores políticos, económicos y sociales. El esfuerzo continuo durante un tiempo largo para salir de la crisis va a requerir de mucha colaboración y cooperación. Será fundamental poner por delante los bienes comunes (salud, educación…) y la cohesión social (bienestar, igualdad, diálogo, participación…), no solo para que nadie se quede atrás, sino también para que la democracia no salga erosionada y no aumente la desafección política.

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